La alianza comentó que es una práctica recurrente de la estatal, pues comentó que la petrolera acostumbra a utilizar esas «cuestiones básicas» para presionarles para que acepten las actividades contaminantes en su territorio. Además, aseguraron que esta decisión agravó el conflicto con la agrupación.

«Es la misma actitud que tomaron en el paro que duró los meses de diciembre, enero y febrero, hacen todo esto para condicionar», reza el comunicado.

También comentaron que, al ser Dicaro un pueblo de reciente contacto es deber del Estado ecuatoriano garantizar los derechos de la nacionalidad waorani y rechazaron que el Gobierno Nacional los haya mantenido «en el olvido» durante 38 años.

Finalmente, solicitaron a la oficina de Naciones Unidas en el Ecuador que intervenga de acuerdo a las responsabilidades que le compete garantizar los derechos de la comunidad.

Discordia entre Dicaro y Petroecuador

El 25 de diciembre, la comunidad se declaró en resistencia pacífica en su territorio, en las zonas de influencia de los bloques 16 y 67, en Orellana.

De acuerdo con los miembros de la agrupación, esta acción la toman con el afán de proteger su habitad de una presunta contaminación por la empresa Repsol-Petrolia y el ingreso no consultado de la estatal, detalla El Universo.

Dicaro exigió al Estado desde el inicio de la protesta que transparente toda la operación de la empresa privada que operó los bloques petroleros, pues al culminarse el plazo establecida, la petrolera tomó acción de manera inmediata.(N.J.C)

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«Por tratar de escapar de las bombas, cinco personas cayeron a la quebrada, uno de ellos murió», informó Morillo. Además, comentó que hubo siete detenidos, a quienes les golpearon y les obligaron a estar de rodillas y soportar la lluvia para liberarlos.

“Tenemos el reporte de que hay dos heridos de gravedad y una bomba cayó en la cara de uno de los manifestantes”, afirmó la dirigente.

Violaciones a Derechos Humanos

Durante una rueda de prensa, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos compartió información sobre las graves vulneraciones a derechos humanos cometidas en el marco del Paro Nacional.

Vivian Idrovo, coordinadora del organismo hizo un llamado a todas las instituciones democráticas a cumplir con su labor y recalcó las cifras alarmantes de vulneración de derechos durante las protestas.

¿Qué dijo la Policía?

«Esta madrugada, el Cuerpo de Bomberos comunicó a la Policía Nacional, que en el contexto de las movilizaciones, tres personas habrían caído a una quebrada, en el sector del redondel de Collas, Guayllabamba. Lamentablemente una persona falleció».

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El organismo publicó los siguientes datos:

Existen 39 vulneraciones de derechos humanos que han resultado en:

• 79 detenciones del 13 al 19 de junio del 2022

• 55 personas heridas del 14 al 19 de junio del 2022

Hasta el 19 de junio no se han registrado muertes, sin embargo, existe una cantidad considerable de personas heridas durante las manifestaciones.

A continuación, se detallan las provincias donde han sucedido las detenciones y se han registrado heridos:

• Azuay:  4 detenidos

• Cotopaxi: 19 detenidos

• Pichincha: 50 detenidos

• Sto. Domingo: 4 detenidos

• Sucumbíos: 2 detenidos

Personas heridas según provincia:

• Chimborazo: 11 heridos

• Cotopaxi: 20 heridos

• Imbabura: 5 heridos

• Pichincha: 8 heridos

• Sto. Domingo: 6 heridos

• Sucumbíos: 5 heridos

Durante estos siete días de movilizaciones se evidenció la fuerte represión con la que actuaron los miembros policiales en contra de los manifestantes y se exhorta al Gobierno para que detenga estas constantes violaciones a los derechos humanos.

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Los líderes indígenas y las federaciones, directamente afectadas por la extracción de petróleo, están solicitando a Citigroup que se comprometa a dejar el financiamiento en las actividades relacionadas con el petróleo y el gas de la Amazonía.

El grupo financiero ha sido cuestionado por su papel como el principal financista mundial de la actividad petrolera en la Amazonía.

En 2021, Citigroup publicó una política energética actualizada que descarta la financiación de petróleo y gas en el Ártico, pero el banco no ha asumido compromisos relacionados con la financiación de la industria petrolera en la Amazonía.

«Estamos pidiendo el fin de toda nueva extracción en nuestras tierras, y como afirman ahora nuestros antepasados y la ciencia, debemos mantener los combustibles fósiles bajo tierra”, expresó Nemo Andy, líder indígena Waorani.

Citigroup ha tenido la mayor participación financiera de un banco extranjero en empresas petroleras estatales que operan en la Amazonía. Sus clientes incluyen a Petrobras en Brasil; EcoPetrol en Colombia; PetroAmazonas/Petroecuador en Ecuador; y PetroPerú en Perú.

“El financiamiento de combustibles fósiles de Citigroup está arrasando la selva tropical, arrojando petróleo a las fuentes de agua locales y destruyendo nuestro clima. Esto tiene que parar ahora”, aseguró Péndale Marshall, activista climática.

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La Alianza sostiene que la «objeción parcial» del presidente construye un nuevo proyecto de Ley, que modifica en un 97% el proyecto original y desconoce todo el proceso democrático que se llevó a cabo para contruirla.

Asimismo, reitera que es peligroso que el presidente pueda influir en la formación de las leyes por el efecto nocivo que podría tener sobre la democracia.

La Alianza argumenta que en un Estado de Derecho, existen varios bienes jurídicos que estarían siendo sacrificados con el proceder del presidente. Y que la seguridad jurídica que debe primar en los procesos de formación de las leyes.

De igual forma, solicita a la jueza de la Corte Constitucional activar el control preventivo de constitucionalidad, para que la Corte pueda emitir su dictamen.

La Alianza también dice que el presidente Lasso expidió un veto ambigüo, pues su interpretación se estructura en razones de constitucionalidad sobre las que el mandatario no se pronunció en su oficio.

Igualmente, en el documento, las organizaciones señalan que el mandatario, en un uso abusivo de su poder como colegislador, generó un proyecto de ley alternativo al originalmente planteado en el Legislativo.

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