«La Procuraduría General del Estado envió al tribunal de ejecución de la Corte Nacional de Justicia la solicitud de inicio de la ejecución forzosa y orden de embargo de valores en cuentas bancarias. Entre ellos figura el expresidente Rafael Correa; el exvicepresidente, Jorge Glas; y, los exministros y exfuncionarios de su gobierno sentenciados dentro del caso Sobornos 2012-2016», informó el viernes Ecuavisa.

La justicia de Ecuador sentenció a 20 personas acusadas de formar parte de una estructura delictiva que pedía sobornos a contratistas del Estado para financiar las campañas de Alianza País (AP). Entre los sentenciados están Correa, Glas, varios de sus funcionarios y empresarios privados.

El 27 de mayo finalizó el plazo para que los sentenciados paguen la reparación al Estado por USD 14,7 millones fijado en la sentencia.

Ante el incumplimiento, dicha entidad estatal solicitó el embargo de las cuentas que figuran a nombre de 18 condenados. También pidió como la transferencia de estos valores a la cuenta del Consejo de la Judicatura y a la cuenta del Tesoro Nacional. Hasta el momento dos empresarios privados pagaron la parte proporcional de la reparación que les corresponde.

En el caso de un contratista fallecido hace dos meses, condenado dentro del mismo proceso, la Procuraduría solicitó que se notifique con la orden de pago a los herederos. Tras el embargo de las cuentas bancarias de los sentenciados, la Procuraduría solicitará la misma acción sobre los bienes muebles e inmuebles de los condenados. El fallo en el caso de sobornos quedó ratificado en última y definitiva instancia a mediados de septiembre. Un Tribunal de Casación de la CNJ negó los recursos de aclaración y apelación interpuestos por varios sentenciados. Correa y los demás implicados fueron sentenciados a 8 años de prisión. El expresidente reside en Bélgica desde 2017.

Fuente: Sputnik

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«Con el mismo convencimiento de nuestros principios, abrigamos el anhelo de que el candidato que se identifica como progresista y de izquierda, considere el plan de trabajo con el que Alianza PAIS hizo campaña en la primera vuelta», dice el comunicado.

El movimiento agrega que en ese plan se resumen propuestas para garantizar «los derechos de las mujeres, las libertades, la vida, el trabajo digno, la salud y educación como herramientas imprescindibles para lograr el desarrollo económico».

No apoyar a la derecha

La directiva de Alianza PAIS dijo que su apoyo no estará con la derecha ni con el interés de las élitess económicas.

«Estamos a puertas de la segunda vuelta en la que nuestra militancia, tras una profunda reflexión, ha inventariado la administración de Lenín Moreno como una irresponsable deslealtad con el pueblo ecuatoriano. Por haber gobernado con la derecha de los líderes Social Cristianos y de CREO. Estamos claros, Lasso significa el continuismo».

En el proceso que Alianza PAIS llama depuración política, se realizó un proceso disciplinario contra Lenín Moreno, lo que le llevó a renunciar a la presidencia del movimiento. En primera vuelta, Ximena Peña, la candidata de PAIS, alcanzó el 1,54% de los votos.

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“Esas Alianzas serían imposibles en lo nacional, pero llegan a ser posibles en lo local. Hay una dinámica diferente entre lo nacional y provincial. Hubo un tiempo donde Alianza PAIS tuvo acuerdos con partidos que tenían una ideología de centro izquierda”, indicó el candidato.

Hace poco en redes sociales apareció una imagen en la que ambos movimientos, (Construye y Alianza PAIS) compartían una pancarta de orden electoral, de allí surgen las interrogantes planteadas a Barriga por LA CALLE.

Sobre la imagen de Correa

Barrriga indicó que la imagen donde aparece el expresidente Rafael Correa no pertenece a la actual campaña electoral, por lo que la denuncia del exmandatario no tendría lugar, esto en referencia a los tuits del exmandatario denunciando un uso doloso de su imagen

“Es terrible. Eso para mí es algo decepcionante. He tenido una serie de ataques en redes sociales que dicen que robé las imágenes. Nada que ver. En la campaña el candidato debe ser candidato, no estratega, comunicador social, o publicista. Yo no tengo nada que ver en esas imágenes”, indicó el candidato.

De acuerdo con Barriga, la imagen pertenece a una campaña anterior. “Sobre esa denuncia, yo pregunté al director provincial del partido en Manabí que la confirme. La verdad es que es falsa. Es una imagen de hace varios atrás en una zona donde ya no existe ese espacio verde sino una gasolinera. No han dicho dónde está la imagen. La imagen de Correa es una imagen donde aparece mucho más joven”, explicó.

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“AP35 está sacando propaganda con mi imagen. Supongo que eso debe ser prohibido. En todo caso, recuerden que nos robaron AP35 y ahí se quedaron los TRAIDORES, que se vendieron a Moreno, nos persiguieron y destruyeron la Patria. Pronto recuperaremos AP35”, escribió el expresidente.

La imagen a la que alude Correa proviene de una cuenta de instagram llamada «centralrafaelcorreadmanta», cuyo contenido es privado. En la fotografía se observa una valla publicitaria con el slogan «Firme con el PAIS» y en el medio de varios ciudadanos la imagen del expresidente.

El sisma de Alianza PAIS

EN noviembre de 207, el Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe dictó dos medidas cautelares a favor de Lenín Moreno que lo ratificaban como presidente de Alianza PAIS, información que también validó el Consejo Nacional Electoral. No obstante, una parte de los miembros no aceptó esa decisión.

El 23 de noviembre de 2017 con una reunión extraordinaria de la directiva de AP, Moreno nombró a María Fernanda Espinoza como segunda vicepresidenta. A Ricardo Zambrano se le entregó la Secretaría Ejecutiva. Ambos como reemplazo de Ricardo Patiño y Gabriela Rivadeneira, respectivamente.

2017 significó una división en Alianza PAIS, varios de sus miembros salieron debido a lo que denominaron como una traición por parte de Moreno a la filosofía del partido que lo llevó a la presidencia de la República.

En enero de 2018, Rafael Correa presentó al CNE su formulario de desafiliación a Alianza PAIS.

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No iba sola. La acompañaban su binomio Patricio Barriga y el asambleísta César Litardo, quien busca la reelección como legislador nacional. «Queremos construir un país donde ser honesto no sea un acto extraordinario, sino un acto de ordinaria humanidad. Un país donde la picardía no sea celebrada. Un país donde la prepotencia no se confunda con liderazgo, un país digno, merecedor de lo que tiene y de lo quiere alcanzar”, dijo Peña después de firmar su inscripción.

El 5 de octubre, la legisladora renunció a la curul para poder registrar la candidatura. Antes de irse, voto a favor de las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Reformas que tuvieron la aprobación de 170 asambleístas y ahora espera una respuesta del Ejecutivo.

Planes de Gobierno

Entre los planes que tiene Ximena Peña en caso de llegar a Carondelet están una revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo cuyo abanderado es el presidente Moreno perteneciente al oficialismo.

“Debemos hacer una valoración y de ser necesario derogaremos el acuerdo con el Fondo Monetario para favorecer al sector mayoritario del país. No perjudicaremos a las familias ecuatorianas”, dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

Peña también dejó clara sus intenciones de separarse del gobierno actual. “Estoy clara que en medio de un gobierno débil e incapaz de hablar con los mayores sectores del país hay intereses de por medio”, agregó.

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En 2018, la asesora Andrea Utreras denunció por concusión a Karina Arteaga. Utreras trabajó en el despacho de la asambleísta de AP y aseguró que la representante de Manabí exigía dinero a sus colaboradores para pagar cuotas de su partido al que se pertenecía.

Solicitud de la Corte Nacional de Justicia

La petición para que se levante la inmunidad la solicitó el juez de la sala especializada de garantías penales de la CNJ, David Jacho, por el delito de concusión denunciado en 2018. El pedido emitió tras recibir la formulación de los cargos emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Andrea Utreras, dentro de las acusaciones que presentó ante la Fiscalía General del Estado en octubre de 2018, señaló que la asambleísta pedía mensualmente dinero a sus colaboradores. Los montos ascendían a los $400 para cubrir su cuota y financiar al partido de gobierno Alianza PAIS.

Otras denuncias

En contra de la legisladora por Manabí existe otra denuncia que presentó su exasesora Verónica Pinargote en 2019. Pinargote la acusa de exigirle la entrega de aportes mensuales por el valor de USD 2.861 a cambio de mantenerla en su puesto de trabajo.

Además, en febrero de este año, Fabricio Villamar también denunció ante la Asamblea Nacional que la funcionaria habría gestionado cargos públicos para sus familiares en distintas instituciones del Estado.

Ante la decisión de la Asamblea, la funcionaria declaró que el Pleno no tiene competencia para pronunciarse sobre su investigación y que esto se trata de una “persecución política”. Recalcó que el proceso en su contra no es objetivo y que el único fin es distraer a la población de los verdaderos actos de corrupción frente a lo cual poco se ha hecho. (AB)

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Este miércoles 16 de septiembre se instaló la primera sesión de la nueva Comisión de Fiscalización y Control Político para elegir al presidente y vicepresidente, que encabezarán los procesos de juzgamiento contra algunos funcionarios. Entre ellos, el juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz y la ministra del Interior, María Paula Romo.

Tercera Comisión

La Comisión compuesta por once asambleístas de diferentes bancadas obtuvo 107 votos a favor en el pleno. Los comisionados son: Esteban Melo y Bairon Valle de la Revolucíon Ciudadana (RC), Noralma Zambrano y José Serrano de Aliana PAIS, Mercedes Serrano y Dennis Marín del Partido Social Cristiano (PSC), Elio Peña y Jaime Olivo del Bloque de Integración Nacional (BIN), Franco Romero del BADI, Absalón Campoverde y Marcelo Simbaña de Creando Oportunidades (CREO).

Tras casi seis horas de negociación, el pleno de la Asamblea Nacional definió a los integrantes de la Mesa. Eso sucedió el pasado lunes 14 de septiembre. Así, la primera sesión de la nueva Comisión la realizó Esteban Melo (RC), como coordinador provisional. Esteban Melo antes de iniciar la primera sesión señaló que no pudieron transmitir la reunión telemática por canales oficiales, debido a que la integraron hace poco.

La votación

En la sesión, el asambleísta por la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI), Franco Romero, mocionó para que Elio Peña asumiera la presidencia. Así, con siete votos a favor es el nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Esto después de que la asambleísta Mercedes Serrano no obtuviera los votos necesarios para su elección.

“Esta comisión deber regirse con la máxima transparencia” fueron las palabras de Elio Peña al momento de posicionarse como presidente de la Comisión. Así mismo, aseguró que la integración de los asambleístas debe trabajar por el sentir de la ciudadanía que exige resultados en los procesos que lleva la Asamblea. Además, pidió a la ciudadanía colaborar para que el trabajo de la Comisión consiga los objetivos esperados. Por su parte la vicepresidencia de la comisión quedó en manos de la asambleísta por Alianza País, Noralma Zambrano.

De esta manera quedó integrada la mesa para investigar los procesos de fiscalización. Según los legisladores, en ella debe prevalecer el compromiso, para resarcir de alguna manera la imagen de la Asamblea. En ese sentido la asambleísta Serrano y el asambleísta Melo solicitaron que el presidente convoque a una nueva sesión. La finalidad es continuar con los trámites pendientes de los juicios políticos que están en proceso. (AB)

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