El plan de trabajo del aspirante a la Presidencia plantea que para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones se puede incluir medidas como ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores.

»Para ahorrarle el trabajo a los lectores desprevenidos, la expresión “puede incluir” significa, en realidad, que incluirá, como siempre sucede cuando el poder económico o su representante está en el ejercicio del poder», resaltó la institución.

Además, el artículo agregó que las declaraciones del binomio de Noboa, Verónica Abad dejan en evidencia que el plan va en contra de los trabajadores, incluso, existe el riesgo de que el sistema se privatice.

Solo buenas intenciones…

De acuerdo al Celag, el plan de campaña registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) no tiene ninguna propuesta política específica, pues solo se enfrasca en »expresiones de buenas intenciones que constituyen todo el contenido».

Por ejemplo, una de las propuestas textualmente dice »Promocionar la reforma a la ley del turismo», sin embargo, no existen más especificaciones. Por otro lado, está sobre la mesa »La lucha contra paraísos fiscales», una alternativa que solo se sustenta en definiciones sin detalles sobre el planteamiento de una política pública.

Si hablamos de algún compromiso en concreto, Noboa planteó para el sector de hidrocarburos: “Mejorar en el corto plazo las capacidades tecnológicas y de personal, para incrementar la producción del país en al menos un 20 % más de los resultados alcanzados en el último semestre”, aunque otra vez recae en el error de no explicar su plan.

Fusiones y adquisiciones (FyA)

Una sección intrigante se titula Fusiones y adquisiciones (FyA) y tiene como objetivo el crecimiento y la expansión de las empresas. No obstante, Celag señaló que pueden existir consecuencias como concentración de mercado y pérdida de empleos.

»Llama la atención que Noboa presente el tema desde el otro ángulo, preocupado en primer lugar por fomentar las FyA argumentando que permiten a las empresas alcanzar economías de escala (…) es preocupante que ponga los dos aspectos en forma equidistante, como si al público le diera igual el perjuicio a su bolsillo que el impacto sobre el bolsillo de los empresarios que generan las FyA», dice el análisis.

En este sentido, surge la siguiente interrogante: » ¿No será que se trata de privatizar las empresas públicas a través del mecanismo de FyA bajo el argumento de mejorar su competitividad y eficiencia?»

Alianzas público-privadas

La principal joya del plan de Noboa son los grandes planes para las alianzas público-privadas (APP) y la inversión extranjera directa (IED). La estrategia constituiría un riesgo ya que en gran medida las decisiones no están bajo su control, especialmente si se trata del apoyo de empresas extranjeras.

»Tanto la APP como la IED podrían hacer contribuciones positivas al desarrollo, pero dependen del diseño de los instrumentos, por ejemplo, delimitando en qué sectores se aplicarán. Lamentablemente no puede hacerse una evaluación de este diseño porque no hay ningún detalle sobre el particular en todo el Plan económico», indicó la entidad.

Del otro lado de la moneda, la muletilla del plan del candidato son los incentivos fiscales, una promesa excesiva que no toma en cuenta la recaudación tributaria.

Los salarios

La propuesta asegura niveles salariales dignos y se presentan cuatro puntos para lograrlo, entre ellos, dice textualmente: “Actualizar regularmente el salario mínimo para reflejar el costo de vida y las condiciones económicas.”

No obstante, en entrevistas, el candidato Noboa sostuvo que el Ecuador es de los 3 países de América Latina con más alto sueldo y que eso genera problema de competitividad. (AGM).

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Los contratos que superen los USD 15 millones en inversión, serán pactados por el Estado con arbitraje internacional. En caso de que la inversión sea menor a tal monto, el arbitraje será de local. Estos mecanismos se aplicarían gradualmente en un cuadro que prevea el arbitraje como último recurso:

-Negociación directa entre las partes

-Mediación ante un centro de mediación registrado

-Arbitraje

Según el secretario de Alianzas Público Privadas del Gobierno, Roberto Salas, con esto se diversifica las alternativas de mediación con inversionistas en caso de una disputa, antes de llegar a un arbitraje.

La autoridad mencionó que hasta ahora se encuentran firmados más de 60 contratos y 197 están en trámite. Con esto se han creado más de 6 mil empleos y se pretende alcanzar 23 mil más. Esta opción no resulta nueva pues, en 2018 se incorporó la Ley de Fomento de Inversiones para contratos de inversión de empresas privadas.

El proyecto de Ley busca ahora ampliar la instancia a otros contratos como Alianzas Público Privadas para desarrollo de obras en trasporte, vivienda, infraestructura hospitalaria, deportiva, cultural y educativa.

A esto también se suman delegaciones privadas en el sector minero o de telecomunicaciones por medio de títulos habilitantes. Así como contratos de prestación y participación en servicios para la exploración y explotación petrolera.

CIADI

El artículo 71 de la iniciativa legal indica que el arbitraje internacional se pactará de acuerdo a las normas de uno de los sistemas internacionales reconocidos o suscritos por Ecuador.

Entre ellos se encuentra la Cámara Internacional de Paris, la Corte de Arbitraje de Londres y las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Lo que se destaca es que en ese listado también se encuentra el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Después de 12 años de haberse retirado, Ecuador se reincorporó al CIADI en 2021. El Gobierno de Rafael Correa en 2009 resolvió retirarse del CIADI ya que consideró inconstitucional que Ecuador ceda esta jurisdicción a tribunales internacionales.

En cambio, el Gobierno de Guillermo Lasso considera que este foro «impulsa la generación de un entorno atractivo a las inversiones y competitivo para los negocios».

¿Es inconstitucional?

Según el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas (UDLA), entrevistado por Primicias, esta cláusula de arbitraje no va en contra del artículo 422 en la Constitución. El artículo prohíbe firmar mecanismos internacionales o tratados en los que el Estado Ecuatoriano ceda su jurisdicción soberana hacia estos organismos de arbitraje internacional.

Galindo destaca que esta normativa aplica cuando el Estado firma tratados de libre comercio (TLC) o tratados bilaterales de inversión (TBI) que contengan cláusulas de arbitraje internacional. Los contratos de inversión no se encuentran en manos de estos instrumentos externos y por ello son constitucionalmente ‘viables’, explica.

Esta cláusula es una medida parcial por el momento, pero fue incorporada en el proyecto de Atracción de Inversiones para dar señales de confianza a inversionistas. La misma pretende contribuir a reforzar el nivel de negociación de Ecuador con China o México, con los que espera firmar en este año, acuerdos comerciales.

Los inversionistas exigen protecciones a escala del derecho internacional. Por ello, es un esfuerzo muy significativo, según Galindo. También asegura que los países insistirán en que se incluya el arbitraje internacional en un capítulo de inversiones para estos tratados comerciales.

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“Crear la Secretaría Técnica de Asociaciones público – privadas y de Gestión Delegada como una entidad con derecho público adscrita a la Presidencia de la República. El objetivo es coordinar y articular acciones interinstitucionales para atraer, facilitar, concretar y mantener las inversiones privadas asociadas a la generación de infraestructura y prestación de servicios públicos.

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En la presentación de esta secretaría y la firma de los contratos, Lasso agradeció a los inversionistas a quienes, al más puro estilo de un virrey, ofreció un cóctel en la iglesia de la Merced. “Los vamos a esperar de regreso para que conozcan las bellezas de la ciudad de Quito. Agradezco a los inversionistas por su confianza en Ecuador. Una de las principales funciones del presidente es actuar como facilitador. Los trámites burocráticos matan los sueños de los inversores. Queremos simplificar los procedimientos. Los dos contratos de inversión que firmamos hoy tomaron dos meses, un proceso que antes tomaba dos años”, dijo el mandatario.

Funciones de la secretaría

De acuerdo con el decreto, entre las funciones de la Secretaría están:

1. Coordinar la ejecución de políticas relacionadas con las inversiones realizadas a través de la gestión delegada, incluyendo las asociaciones público- privadas.
2. Gestionar y contratar la asistencia técnica de organismos internacionales.
3. Coordinar la formación de mesas técnicas en caso de requerir la participación interinstitucional para promover proyectos.
4. Promover la participación del sector financiero nacional e internacional en la estructuración financiera de los proyectos.
5. Asesorar e informar al Presidente de la República en materia de inversión de gestión delegada.

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