«Fiscalía con el apoyo de Policía, lideró un allanamiento en Quito, al domicilio de Pedro M., exgerente de la Refinería del Pacífico. Se investiga un presunto lavado de activos en torno a la suscripción de un contrato con Odebrecht, por 229’995.259 dólares», dijo la institución.

¿De qué se le acusa?

Pedro M. fue nombrado gerente general de la Refinería del Pacífico en 2011. Para agosto del 2012 firmó un contrato de USD 230 millones para la remoción de tierras en el terreno donde se levantaría la Refinería.

La FGE investiga, desde 2016, dos casos contra el exgerente: presunto lavado de activo y perjurio.

La primera investigación empezó en junio de 2016 por la presunción del delito de lavado de activos. Con los Panama Papers, salió a la luz que Pedro M. era dueño de la compañía Horgan Investments.

Como el exfuncionario ocultó la información en su declaración juramentada, la Contraloría General del Estado emitió un informe de responsabilidad penal, lo que llevó a la Fiscalía a iniciar una investigación por perjurio. (MIB)

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Mientras tanto, el CJ mencionó que la Fiscalía ingresó al edificio en compañía de su personal sin fundamentos. «El CJ no le tema a la persecución política», indicó la entidad a través de su cuenta de Twitter.

La FGE agregó que pese «a no contar con las facilidades» levantó los indicios relacionados con la indagación, entre ellos: dispositivos electrónicos y documentos.

Además, allanó el despacho del vocal Juan José M., y con el apoyo de la Policía Nacional recopilaron todos los indicios para el proceso.

Sin embargo, minutos más tarde, la institución borró el tuit y lo reemplazó por uno que detalla «que la Judicatura resta las facilidades».

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Un ex asesor del mandatario, el teniente coronel Mauro Cid Barbosa, fue detenido en la misma acción que investiga a un grupo que supuestamente ingresó datos falsos de vacunación contra el COVID-19 a los sistemas del Ministerio de Salud, informó el periódico local O Globo.

Los efectivos están ejecutando este miércoles 16 órdenes de allanamiento y secuestro, y seis órdenes de arresto preventivo en Brasilia y Río de Janeiro, además de analizar el material incautado y realizar entrevistas con personas que tienen información sobre los hechos, agregó el periódico citado.

La Policía Federal indicó que las medidas forman parte de una investigación sobre una “supuesta asociación delictiva formada para cometer los delitos de inserción de datos falsos de vacunación contra el coronavirus en los sistemas SI-PNI y RNDS del Ministerio de Salud”.

Y agregó: “La investigación indica que el objetivo del grupo sería mantener cohesionado el elemento identitario en relación a sus lineamientos ideológicos, en este caso, para apoyar el discurso dirigido a los ataques a la vacunación contra el COVID-19”.

Según la Policía Federal, los objetivos de la investigación habrían realizado las inserciones falsas entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022 para que los beneficiarios pudieran emitir un certificado de vacunación para viajar a Estados Unidos.

De acuerdo a G1, esta supuesta falsificación tendría el objetivo de garantizar la entrada de Bolsonaro, familiares y allegados en Estados Unidos, eludiendo la regla de vacunación obligatoria. La Policía aún investiga la situación de otros miembros de la comitiva, como la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

La fuerza informó que las diligencias se realizan dentro de la investigación de las llamadas “milicias digitales”, que tramita el Supremo Tribunal Federal y cuyo ponente es el ministro de la Corte Alexandre de Moraes.

“Los hechos investigados teóricamente constituyen delitos de infracción de medida preventiva de salud, asociación delictuosa, inserción de datos falsos en sistemas de información y corrupción de menores”, concluyó la Policía brasileña.

Además del teniente coronel Cid, la lista de objetivos también incluye al policía militar Max Guilherme y al soldado del Ejército Sérgio Cordeiro, ambos guardaespaldas cercanos a Bolsonaro y que actuaron en su protección durante su mandato presidencial.

Fuente: Infobae

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Aguirre solicitó a la Fiscal General, Diana Salazar, realizar el allanamiento a la vivienda particular de la familia Moreno – González. Esto con el objetivo de determinar la ubicación y estado de los bienes.

La legisladora acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Unidad de Fuero de Corte Nacional No 6, para entregar las pruebas. Allí constan documentos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. De ellos se desprende que existe una colección denominada «Colección Arqueológica Moreno González”, ubicada en el Edificio «Las Cumbres», inmueble peteneciente al exmandatario.

Denuncia por presunto peculado

El 8 de febrero de 2022, Aguirre denunció al expresidente Lenín Moreno por el presunto delito de peculado para iniciar una investigación por la supuesta desaparición de bienes del Museo de Carondelet.

La legisladora, junto a la bancada de UNES, sostiene que dicho museo albergó más de 11 mil regalos y obsequios del Ejecutivo, avaluados en USD 2 millones. No obstante, la última lista de bienes registra alrededor de 3.700, faltando más de ocho mil regalos.

Investigación

La información se obtuvo de la investigación de Radio La Calle «El exclusivo museo de Lenín Moreno». Allí se informa que Moreno es custodio sin autorización de 159 invaluables piezas arqueológicas del Estado ecuatoriano. 

El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y el Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCyP) confirmaron a este medio que no hay evidencia alguna de autorización y transferencia de tenencia privada de los bienes que posee el exmandatario.

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Según la investigación, se habría cometido el delito de estafa a inversionistas. El modo de captación se hacía a través supuestas compañías que ofertaban servicios de inversión en plataformas financieras a través de bitcoins. Se ofrecía un rendimiento mínimo del 17%.   

La empresa “Fortunario Activos Digitales Cia.ltda”, allanada durante el operativo se encuentra inscrita como sociedad bajo control de la Superintendencia de Compañías.

“Somos un grupo de expertos en el área de inversiones en activos digitales. También en los mercados financieros con análisis técnicos y estudios macroeconómicos relacionados con criptodivisas y arbitraje en criptomonedas”, así se describe la supuesta empresa en su página web.

¿Qué dice la ley?

El artículo 323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que las personas que realizan captación ilegal de dinero pueden recibir una sentencia de entre tres y cinco años de prisión.

En la audiencia, el juez ha resuelto la inmovilización de cuentas de la empresa, de sus accionistas y representante legal por casi USD 7 millones, informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

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El hecho se registró aproximadamente a las 02:00, cuando sujetos vestidos de negro y con el emblema de la Policía Judicial irrumpieron por la puerta principal portando armas. Según informes preliminares, los sujetos se encontraban en el lugar cerca de tres horas. Aún se desconoce los objetos que hurtaron del sitio.

Además, se mencionó que en sitio se encontraban tres agentes, uno de ellos realizaba un procedimiento con un vehículo incautado cuando los delincuentes los amedrentaron.

Los malhechores, luego de la agresión, los despojaron de una alimentadora y un cinto con el arma de dotación policial. Acto seguido, ataron a los uniformados y los encerraron en un cuarto oscuro.

En los patios y en la bodega de la Policía Judicial generalmente se ubican autos recuperados en algún procedimiento policial o que son parte de un proceso penal en curso. También en el sitio ingresan artículos de todo tipo que han sido recuperados en operaciones policiales de allanamiento.

En las bodegas de la Policía Judicial se pueden encontrar autos, motos, bicicletas, televisores, electrodomésticos, ropa, computadoras, joyas, entre otros.  

Hasta el momento, no se ha pronunciado la institución policial, pero se informó que ya se están ejecutando las investigaciones sobre el caso. Además, Unidades Especializadas de la Policía ejecutaron un operativo para la captura de los presuntos sospechosos.

Se presume que fue un robo, pero aún se desconoce lo que hurtaron. Debido a esto, no se ha descartado la posibilidad de que los malhechores estaban buscando algo en específico.

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El operativo se realizó en una propiedad privada de la parroquia San Camilo, en Quevedo-Valencia. La Fiscal General de Los Ríos, Karina Guanopatín, aseguró que los artículos se mantienen bajo custodia.

Fiscalía no ha ordenado el arresto en contra de Miguel Ángel Nazareno. No existe ninguna restricción oficial para que el presidente de Big Money entregue el dinero a los prestamistas.

Este operativo se suma a los realizados el 30 de junio por la Policía Nacional y la Fiscalía de la provincia.

Miguel Ángel Nazareno, alias Don Naza, ofreció a algunos contribuyentes el aumento de sus ganancias en ocho días, con un interés del 90%.

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“Existió manipulación de la información por parte de las personas que asistieron al allanamiento. A Pablo Celi no le encontraron absolutamente nada. Hay un parte policial de la incautación de sus cosas en el allanamiento y no existe un solo dólar en la casa de Pablo Celi y esa chaqueta no es de su propiedad”, indicó el jurista para Radio La Calle.

“Considero que este es un  tema interno. A todo el mundo le hicieron pensar que Diana Salazar, fiscal general de la Nación, estuvo en el allanamiento en casa de mi defendido y no fue así. Tampoco existió dinero en la chaqueta de mi defendido. El parte policial lo prueba”, añadió.

Más tiempo en el cargo

El contralor subrogante está hospitalizado en el Eugenio Espejo de Quito y no mantiene comunicación con nadie aparte del personal de salud que lo atiende. De acuerdo al abogado, Celi mantendrá su cargo alrededor de cinco meses por baja médica y vacaciones.

“Los plazos son los que marca la ley. En este momento cuenta con baja médica por la COVID-19. Los 60 días sin sueldo terminaron el fin de semana. Ahora corre el plazo de la licencia médica que puede alargarse hasta los 90 días. Además, el contralor tiene 60 días de vacaciones de las que podría hacer uso”, explicó Ron.

El 14 de junio, la fiscal Diana Salazar denunció en su Twitter que un grupo de personas, algunos “ciudadanos ilustres”, protegen y defienden al contralor subrogante.

El presidente Guillermo Lasso preguntó si algún miembro de su gobierno constaba en esa lista. Aunque no dijo nombres, Salazar confirmó que no existía ningún miembro del Gobierno actual.

Sobre el tema, la hija de Celi se pronunció en Twitter. ““Mal le hace a la majestad de tan alta y delicada función el afán de lanzar acusaciones temerarias, sin individualizar destinatarios, más bien parecen advertencias amenazadoras que reflexiones propias de persecutor penal.”

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Quito 30 de ene (La Calle).- El consejero Luis Verdesoto denunció al binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascall ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por la supuesta entrega de pruebas Covid-19 durante su campaña. Del otro lado, Centro Democrático denunció el allanamiento de su sede en Tulcán donde se habrían localizado los insumos.

«Como parte de los argumentos presentados está la noticia difundida respecto a la diligencia judicial mediante la cual se estableció que el fiscal de turno Dr. Alaín Rea el 27 de enero realizó la incautación y toma de evidencias de 350 pruebas Covid-19, sin registro sanitario, localizadas en la sede central de la campaña», reza un comunicado emitido por el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La autoridad electoral manifestó que la infracción es grave debido a que la supuesta entrega de dádivas “cambian la intención del electorado». De acuerdo con la ley, la infracción podría ser la pérdida de derechos políticos de seis meses hasta dos años. Además, podría acarrear sanciones económicas de hasta 20 salarios básicos unificados, o la destitución de la candidatura.

Reacciones a la denuncia

El candidato a la Presidencia Andrés Arauz aún no se ha referido a la acusación, mientras que el exmandatario Rafael Correa Delgado señaló: «Siguen los abusos y hostigamiento. Allanaron nuestra sede en Tulcán y encontraron… ¡pruebas COVID! Nos dice que el CNE continuará con estas ‘inspecciones’ en las sedes de UNES».

En el comunicado, Verdesoto pidió que se establezca las máximas sanciones que incluyen la pérdida de derechos políticos. «Por otra parte, en Quito hubo publicaciones de prensa, como es el caso del periodista Martín Pallares, quien informó con fecha 19 de enero la entrega de pruebas. Esto ocurre en el norte de Quito, regalan pruebas para el Covid-19 como gancho para ganar votos. De lo que entiendo esto es ilegal ¿algún control?», escribió el funcionario.

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El allanamiento tiene como objetivo investigar presuntos casos de corrupción en la investigación del caso de femicidio de Lisbeth Baquerizo. En el proceso se incautaron teléfonos celulares y aparatos electrónicos de una funcionaria de la Fiscalía.

La Fiscal Diana Salazar publicó en su cuenta de Twitter: «debemos ser concientes de nuestras acciones».

El caso de Lisbeth. B

Lisbeth Baquerizo fue asesinada el 21 de diciembre del 2020 en su casa, una urbanización en la salida de Guayaquil. El principal sospechoso del crimen es su esposo, además están involucrados los familiares del él ya que se presume que intentaron encubrir el crimen.

Tras el crimen, Fiscalía dispuso extraer información de las cámaras de seguridad de la urbanización donde vivía Lisbeth Baquerizo. El fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Luis Machado, solicitó la detención del médico que firmó el acta de defunción de Baquerizo para “que esclarezca ciertas situaciones del caso respecto a las causas de muerte”.

Los peritos de la Policía Nacional determinaron un “traumatismo craneoencefálico” provocado por dos heridas hechas conun objeto pesado y con filo, según Fiscalía.

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