El 12 de abril, las asambleístas solicitantes del juicio político Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (PK-r) entregaron a la Comisión de Fiscalización las 958 fojas que probarían la responsabilidad política del presidente en el presunto delito de peculado. Además, solicitaron 11 pruebas documentales y 12 testimoniales.

Sin embargo, «el hecho 7» de las pruebas presentadas tuvo una contradicción por parte de FLOPEC. La estatal aclaró que el contrato que sigue vigente con la empresa internacional es al acuerdo comercial para el transporte de hidrocarburos en buques tipo Aframax Amazonas Tanker Pool , firmado en diciembre del 2020.

Si hubo contrato…

El exasambleísta alterno y abogado constitucionalista, Luis Fernando Molina señaló que el pronunciamiento de FLOPEC es falso. En esta fecha la estatal habría firmado un contrato con los mismos accionistas de la compañía extranjera pero con el nombre de Agoyan Tankers.

Agregó que en octubre del 2022, se firmó una adenda al contrato con Amazonas Tankers para asumir nuevas obligaciones y en diciembre del mismo año existió una renovación en las negociaciones “desconociendo el informe de Contraloría en noviembre del 2022”, dijo en un tuit compartido por Veloz.

Por otro lado, en entrevista con Ecuavisa, el presidente Lasso aseguró que el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán si revocó los contratos con Amazonas Tanker después de enviarle la carta donde le advertía de las irregularidades en dicha empresa pública. La evidencia la constató en una carta de Estupiñán al Ministro de Energía de ese tiempo, Xavier Vera.

Pazmiño y FLOPEC

La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño tuvo en sus mano la fiscalización de FLOPEC, en el 2021. En el informe emitido por la mesa parlamentaria se recomendó que el Gerente General y Gerente Comercial de FLOPEC realicen un análisis periódico de evaluación de los ingresos y demás condiciones de todos los acuerdos comerciales vigentes de la estatal.

El asambleísta Fernando Villavicencio, en su afán por defender al presidente Guillermo Lasso, señaló que Pazmiño defendió la gestión de Hernán Luque y se opuso a la terminación del contrato con Amazonas Tankers.

No obstante, el documento que publicó como prueba es una solicitud de información realizada por la asambleísta al entonces presidente de EMCO, Hernán Luque, en donde le manifiesta su preocupación respecto a FLOPEC.

La legisladora reclamó a Luque que tanto los exgerentes generales Johnny Estupiñán y Pilar Ferri no emitieron la información solicitada respecto al rendimiento de la empresa pública.

En entrevista para Radio La Calle, aclaró que en los dos informes emitidos por la Comisión nunca sugirió que el contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y Amazonas Tankers continúe. “Son mentiras del señor Fernando Villavicencio”, resaltó.

Lasso y el delito de peculado

La tercera causal aprobada por la Corte Constitucional (CC) para el juicio político contra Lasso se aloja en el delito de peculado y en la solicitud emitida desde la Asamblea Nacional se le acusa al mandatario de “distraer dineros públicos en favor de la Compañía Amazonas Tanker Pool”, a través de Hernán Luque Lecaro, expresidente de EMCO y principal sospechoso en el caso “El Gran Padrino”.

En este sentido, explican que el mandatario actuó en ejercicio de sus funciones y consintió la celebración de contratos de transportes petrolero en FLOPEC, presidida por EMCO. También habría existido un informe de Contraloría en contra de esas negociaciones.

“El Presidente de la República y Luque definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”, dicta el documento del Legislativo.

Las advertencias de Estupiñán

En el 2020, FLOPEC firmó contratos perjudiciales que Contraloría revisó y recomendó no volver a hacer negociaciones bajo condiciones nocivas. El exgerente general de FLOPEC, Johnny Terán, quiso acatar las sugerencias pero fue destituido del cargo bajo la orden Hernán Luque por “incumplimiento de resoluciones”.

Ante esta situación, Estupiñán informó al mandatario sobre su remoción del puesto y le advirtió sobre las irregularidades de las condiciones contractuales con Amazonas Tanker Pool. En su gestión, el extitular de FLOPEC tenía la intención de romper lazos con esta empresa internacional.

“Solicito muy comedidamente que me conceda audiencia para explicarle la situación de FLOPEC y las consecuencias de su mala administración, considerando que podría volver a ser una empresa eficiente”, dijo en una carta dirigida al presidente el 22 de marzo del 2022.

La resolución de la Corte Constitucional

La CC encontró veracidad en los argumentos de los interpelantes del Legislativo. Estupiñán habría advertido por dos ocasiones al mandatario sobre las irregularidades en FLOPEC. 

Además, estos argumentos se sustentan en el informe de Contraloría, en donde se informa sobre las altas tarifas y largos plazos establecidos en los contratos con Amazonas Tanker Pool.

“El presidente Lasso Mendoza sabía que el gerente general de FLOPEC fue removido de su cargo y que esta remoción fue debido a que dicho funcionario intentó culminar unilateralmente el contrato de transporte petrolero celebrado entre el Estado ecuatoriano y Amazonas Tanker Pool Company LLC. A pesar de ello, el presidente Lasso Mendoza no ejecutó acción alguna para investigar o remediar esta situación”, dicta la resolución de la CC. (A.G.M).

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La acusación de peculado consta en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y hace referencia a la malversación de fondos públicos, es decir, quedarse con el dinero del Estado o destinarlos a un fin inadecuado.

El delito tiene una pena de cinco a 13 años dependiendo el caso. Por otro lado,  los funcionarios involucrados en este acto ilícito quedarán incapacitados de por vida a ejercer un cargo público. El peculado también es conocido como “delito de cuello blanco” o “hurto al Estado”.

En cuestión al juicio político contra el presidente Lasso, la CC descartó las dos acusaciones por concusión en el caso de Petroecuador y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). El órgano de justicia encontró incoherencias y un mínimo de verosimilitud en los argumentos de los interpelantes.

Lasso y el delito de peculado

La tercera causal se aloja en el delito de peculado y en la solicitud emitida desde la Asamblea Nacional se le acusa al mandatario de “distraer dineros públicos en favor de la Compañía Amazonas Tanker Pool”, a través de Hernán Luque Lecaro, expresidente de EMCO y principal sospechoso en el caso “El Gran Padrino”.

En este sentido, explican que el mandatario actuó en ejercicio de sus funciones y consintió la celebración de contratos de transportes petrolero en FLOPEC, presidida por EMCO. También habría existido un informe de Contraloría en contra de esas negociaciones.

 “El Presidente de la República y Luque definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”, dicta el documento del Legislativo.

Las advertencias de Estupiñán

En el 2020, FLOPEC firmó contratos perjudiciales que Contraloría revisó y recomendó no volver a hacer negociaciones bajo condiciones nocivas. El exgerente general de FLOPEC, Johnny Terán, quiso acatar las sugerencias pero fue destituido del cargo bajo la orden Hernán Luque por “incumplimiento de resoluciones”.

Ante esta situación, Estupiñán informó al mandatario sobre su remoción del puesto y le advirtió sobre las irregularidades de las condiciones contractuales con Amazonas Tanker Pool. En su gestión, el extitular de FLOPEC tenía la intención de romper lazos con esta empresa internacional.

“Solicito muy comedidamente que me conceda audiencia para explicarle la situación de FLOPEC y las consecuencias de su mala administración, considerando que podría volver a ser una empresa eficiente”, dijo en una carta dirigida al presidente el 22 de marzo del 2022.

La resolución de la Corte Constitucional

La CC encontró veracidad en los argumentos de los interpelantes del Legislativo. Estupiñán habría advertido por dos ocasiones al mandatario sobre las irregularidades en FLOPEC. Además, estos argumentos se sustentan en el informe de Contraloría, en donde se informa sobre las altas tarifas y largos plazos establecidos en los contratos con Amazonas Tanker Pool.

“El presidente Lasso Mendoza sabía que el gerente general de FLOPEC fue removido de su cargo y que esta remoción fue debido a que dicho funcionario intentó culminar unilateralmente el contrato de transporte petrolero celebrado entre el Estado ecuatoriano y Amazonas Tanker Pool Company LLC. A pesar de ello, el presidente Lasso Mendoza no ejecutó acción alguna para investigar o remediar esta situación”, dicta la resolución de la CC.

En entrevista con La Posta, el abogado constitucionalista, André Benavides resaltó que el dictamen de la Corte es estrictamente jurídico y legal. Agregó que hasta el momento, los jueces han cumplido con el deber de gratitud y han demostrado no estar contaminado por intereses políticos. (A.G.M).

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