Lo que ocurre en Taisha no es una sorpresa. Es el resultado de una política de Estado que ha abandonado sistemáticamente a los más pobres, los más lejanos, los más indígenas. Y hoy, cuando las cifras de pobreza extrema, desnutrición infantil y abandono institucional estremecen a un país que apenas despierta, hay que ser claros: la responsabilidad recae directamente sobre la derecha política que ha gobernado —y sigue gobernando— con voracidad, con desprecio por la equidad y con una insensibilidad brutal frente a territorios como Morona Santiago.

Taisha, con un 74,35% de pobreza por ingresos y casi el 50% de su población en pobreza extrema, no es una excepción. Es la regla de lo que sucede cuando se antepone la rentabilidad económica sobre la vida humana, cuando se abren las puertas a los megaproyectos mineros e hidroeléctricos pero se cierran los ojos ante la desnutrición, el abandono escolar, la falta de agua potable o la inexistencia de servicios médicos básicos. Morona Santiago —la provincia más pobre del Ecuador— es también el emblema de cómo se saquea la riqueza natural de un territorio sin devolverle absolutamente nada a su gente.

Y es necesario decirlo sin titubeos: la derecha que hoy gobierna, la misma que lleva casi dos períodos presidenciales en el poder, ha dejado al país entero en el abandono, pero ha sido particularmente cruel con la Amazonía. No hay infraestructura, no hay inversión social, no hay presencia institucional real. Hay sí, show mediático, declaraciones vacías y una campaña política permanente que ya proyecta cuatro años más de lo mismo con Daniel Noboa, un presidente cuya prioridad es la farándula, no la justicia social.

¿Dónde están los hospitales que prometieron? ¿Dónde está el agua segura, las escuelas funcionales, las vías transitables? ¿Dónde están los derechos de los pueblos indígenas que han sido despojados de todo menos de su dignidad? Taisha no es una casualidad ni un error técnico. Es una consecuencia directa de un modelo económico que ve a los territorios amazónicos como zonas de sacrificio. Y mientras los números escandalizan —25,3% de desnutrición infantil, 4,61% de deserción escolar, 82,4% de pobreza multidimensional— la política sigue girando en torno a los negocios, no a las necesidades.

Es momento de dejar la hipocresía. El país necesita mirar a Taisha y entender que este no es un caso aislado ni una emergencia reciente. Es una vergüenza histórica. Y aunque la culpa sea compartida a lo largo del tiempo, el presente tiene nombre, apellido y rostro: el de una derecha elitista que controla el poder, administra el Estado y decide a quién se le sirve y a quién se le olvida.

No podemos permitir que Taisha vuelva a ser noticia solo cuando hay tragedia. Taisha debe ser la bandera de una lucha nacional por la justicia territorial, por la redistribución de los recursos, por la dignidad de los pueblos amazónicos. Porque si el país no se indigna con esto, entonces no se indigna con nada. Y si este gobierno —y su continuismo— no cambia el rumbo, será recordado como el régimen que institucionalizó el abandono como política de Estado.

¿O acaso vamos a esperar a que mueran más niños para reaccionar?

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»La Policía Nacional y los militares no nos permitieron el paso para llegar a Quito para asistir a un foro y a una marcha que se realizará en diferentes lugares de la ciudad», dijo Leonela Moncayo, una de las niñas demandantes.

Frente a la negativa de las fuerzas del orden, las cinco menores de edad (Skarlet, Dennise, Mishell, Dannya y Leonela) realizaron un plantón en la calle e impidieron el paso vehicular en forma de protesta.

»Espero que el presidente esté escuchando esto y se le pase por la cabeza que ya deje de estar vulnerando nuestros derechos como personas», expresó Dannya.

Posteriormente, en horas de la madrugada fueron detenidas en este cantón y al ser liberadas volvieron a ser detenidas en Chaco. Cerca de las 09h00 la Alianza DDHH informó que ya se permitió el paso de dos de los cuatro buses retenidos y denunció el hostigamiento de las fuerzas del orden a las niñas.

La respuesta del gobierno

A finales de febrero habitantes de las comunidades amazónicas acudieron a la mesa parlamentaria de Biodiversidad a denunciar la falta de cuidado ambientales a su territorio.

A la sesión acudieron cuatro de las nueves niñas demandantes del Caso Mecheros, quienes informaron que el Estado no ha cumplido con la sentencia de la Corte Constitucional para eliminar estos instrumentos contaminantes en las diferentes zonas afectadas. En este sentido, la respuesta de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, generó gran descontento.

”No se dejen manipular, escuchen y eleven su voz, pero no se dejen manipular”, dijo la titular a las niñas de la Amazonía.

La funcionaria informó que se cerraron 2 mecheros en 18 meses y que la cartera de Estado ya cumplió con la sentencia. Sin embargo, actualmente hay 486 mecheros encendidos. Las declaraciones de Arrobo generaron descontento e indignación en la comisión ya que ese no sería el número de mecheros que afectan a la comunidad.

”Esto ha sido un atropello, ella no sabe ni lo que está hablando, no sabe ni sumar ni restar (…) que quede en la conciencia de ustedes la muerte de tanta gente”, dijo una de las niñas entre lágrimas. (AGM)

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Tello explicó que Llori traspasó ese dinero desde la cuenta de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica (CTA). Recalcó que para realizar este proceso solo presentaron un documento que carecía de argumentos sólidos y base legal.

Por su parte, Llori aceptó que transfirió esa cantidad de dinero y argumentó que es un «ejercicio económico» que la cartera de Estado y el Banco Central lo pueden hacer cuando haya déficit fiscal. Según ella, todo el dinero lo devolverá cuando la CTA lo necesite.

«Lo importante es que nos mantienen informados. Además, es un préstamo que les estamos haciendo», expresó.

Sin embargo, Tello mencionó que ese monto le pertenecía al Fondo Común de la región y no era parte del presupuesto general. Resaltó que la ley prohíbe que otras autoridades dispongan de esos recursos.

«Clarito dice que los recursos que van desde las empresas que operan en la Amazonía es plata de aquí. Ya se van y según ellos van a devolver todo», dijo.

Al parecer Llori no consideró este punto y enfatizó que la CTA no puede destinar recursos «así nada más» a sus localidades. Comentó que esa repartición dependerá del poder de gestión que tengan las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, los líderes de organizaciones sociales y dirigentes de comunas, pueblos y nacionalidades.

«Si presenta un proyecto tendrán recursos y con eso habrá obras, pero si no presentan tampoco hay recursos ni obras», detalló.

A pedir más refuerzos

El exlegislador interpuso una acción de protección para que se deje sin efecto esta transferencia y el dinero regrese a la cuenta del CTA. También, pedirá que la Contraloría General del Estado intervenga en el caso por existir presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales.

«Aquí (en el documento) solo dice: transfiérase los recursos y nada más, eso es inconstitucional. Nosotros hemos fundamentado de manera adecuada nuestra protesta. No es un tema político, queremos que el dinero regrese y esto no se vuelva a repetir», señaló. (N.J.C)

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Tras el paro de transportistas el pasado 7 de julio, el mandatario decidió hacer caso a los problemas viales que desde hace tiempo aquejan al territorio amazónico. En este sentido, planteó cuatro proyectos a ejecutarse durante el tiempo que estará al frente del país:

• Mantenimiento por resultados en las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos de la carretera E20/E45: Y de Baeza- Y de Narupa-Huataraco-Loreto-Coca.
• Estudios definitivos y construcción de la vía Los Zorros (Parroquias García Moreno. La Belleza, Chontapunta y Ahuano).
• Construcción de los 6 puentes de la via Coca-Dayuma ubicados en los ríos: Florida, Indillama, Jandiyacu, Cóndor, Salado Bajo y Salado Alto: «Puentes de la Muerte».
• Estudios definitivos y construcción de la variante definitiva San Luis- El Reventador, en las provincias de Napo y Sucumbíos.

De igual manera, el ministro de Transporte y Obras Públicas, César Rohon y el representante de los gremios de transporte, Eloy Veloz firmaron un acta de compromiso en donde se detallan las obras que deberán cumplirse.

»Hay que pedirle a Dios»

El estado vial del Ecuador ha sido uno de los innumerables puntos flacos del régimen de Guillermo Lasso. El mismísimo ministro César Rohon, ha aceptado que las carreteras del país son paupérrimas.

En entrevista con Ecuavisa, el titular de la cartera de Estado aseguró que el mal estado de las vías se debe a las condiciones climáticas adversas. Señalo que así es imposible luchar contra la naturaleza y que los ecuatorianos deben “pedir a Dios que deje de llover”. (A.G.M).

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«Compañeros, hoy nos paralizamos. Si el Gobierno quiere petróleo, que nos dé obras», dijo uno de los transportistas.

El estado vial del Ecuador ha sido uno de los innumerables puntos flacos del régimen de Guillermo Lasso. El mismísimo ministro de Transporte y Obras Pública, César Rohon, ha aceptado que las carreteras del país son paupérrimas.

En entrevista con Ecuavisa, el titular de la cartera de Estado aseguró que el mal estado de las vías se debe a las condiciones climáticas adversas. Señalo que así es imposible luchar contra la naturaleza y que los ecuatorianos deben “pedir a Dios que deje de llover”.

Informó que para mitigar la emergencia sobre el estado vial se están colocando puentes Bailey como una solución temporal ante los problemas de acceso en ciertas poblaciones afectadas por la inclemencia del tiempo.

También hizo un llamado a los ciudadanos a no tapar las alcantarillas, tirar plásticos o basura y pidió la colaboración de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la reconstrucción vial del país.

Aclaración: La fotografía utilizada en esta nota es netamente referencial. Fuente: Conaie

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La subsecretaria de Apoyo y Regulación del Ministerio de Educación, Doris Guamán indicó que los estudiantes regresarán a clases en agosto y no en septiembre como normalmente lo hacían.

Según las autoridades, esta disposición tiene el fin de que los jóvenes tengan un descanso entre los trimestres. Las nuevas fechas de ingreso será entre el 22 y 24 de agosto para los distintos niveles de educación, detalló La Hora.

• Los estudiantes de bachillerato e inicial ingresan el 22 de agosto;
• Octavo, noveno, décimo y preparatoria el 23 de agosto; y,
• Quinto, sexto y séptimo (educación básica media) y segundo, tercero y cuarto (educación general básica) el 24 de agosto.

Comunicó que, conforme a las modificaciones, el primer trimestre será hasta el 24 de noviembre, el segundo hasta el 8 de marzo y el tercero hasta el 20 de junio de 2024. Finalmente, la clausura del actual año lectivo Sierra-Amazonía será el 21 de junio. (M.R)

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El 1 de junio las lideresas indígenas Patricia Gualinga, Yesica Patiachi y la hermana Laura Vicuña entregaron una serie de regalos al Sumo Pontífice. Las mujeres expusieron la realidad del pueblo indígena y el rol la iglesia en el territorio.

El problema de la minería

Además, manifestaron su preocupación por las políticas que atentan contra los derechos de los habitantes de la Amazonía. Muchas de estas políticas tienen una finalidad de negocio, explicó Gualinga.

«En estos últimos años, los gobiernos están promocionando la minería a cielo abierto, pero también está la minería ilegal. La CEAMA está acompañando los procesos de lucha de los pueblos, ya sea en el tema minería, ya sea en el petróleo, ya sea en el tema de salud y en estas voces que están», agregó.

También lamentó que las personas no quieran generar una conciencia de cuidado ambiental. Resaltó que la naturaleza fue invadida por el mercado.

El Chocó Andino

»El Papa Francisco le dice SÍ al Chocó Andino de Quito», dijo el colectivo Quito sin Minería.

Entre los obsequios entregados al papa Francisco se encontraba una camiseta de Quito Sin Minería, un símbolo de lucha contra esta problemática en el Chocó Andino, al noroccidente de Quito.

En febrero del 2023, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el informe de verificación de firmas de respaldo para la consulta popular sobre la minería metálica en el Chocó Andino. El colectivo Quito sin Minería recuadó 206 517 firmas de respaldo, más de la cifra establecida. (A.G.M).

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Talag se convirtió en el nuevo blanco de la minería ilegal desde febrero de 2021. El Gobierno de aquel entonces incautó más de 140 retroexcavadoras y evidenció el alto grado de contaminación en el río Napo.

Según la Fundación Ecociencia, la Amazonía perdió más de mil hectáreas de selva a causa de este problema en menos de cinco años.

Declaratoria de emergencia

El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, declaró a la minería ilegal y sus actividades conexas como amenaza a la seguridad integral del Estado. Según el funcionario esa fue una de las resoluciones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).

El secretario comentó que esta decisión se tomó en la sesión del pasado martes, luego de identificar que la minería ilegal tiene vínculos directos con otros delitos: el narcotráfico, lavado de activos y el tráfico de armas.

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“Los acuerdos son en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana y (por ello) exigimos el cumplimiento”, mencionó. Además, señaló la necesidad de más acciones en lugar de palabras.

La vicepresidenta refirió que los problemas se acarrean desde hace más 50 años con la extracción del petróleo en la Amazonía, y aún hay muchas desatenciones. Entre los reclamos de la dirigente está el estado de las carreteras, asistencia médica (terrestre o aérea) y la falta de atención en salud, educación, infraestructura, y recursos humanos.

Yasacama apuntó al sistema de salud. “No hay centros de salud, ni puestos de salud. Y si hay, no hay equipamiento, no hay médicos, (…) y no hay medicinas. Hemos sobrevivido gracias al conocimiento y medicinas de nuestros pueblos y nacionalidades, pero (…) necesitamos atención hospitalaria”. (B.T.R)

Tres quejas de incumplimiento en menos de un mes

El 21 de diciembre, Iza junto a otros dirigentes de las comunidades indígenas indicaron que el Gobierno Nacional tiene las intenciones de perjudicar a las comunidades a partir de la extracción minera. 

Comentó que este proceso es una “intencionalidad para justificar las acciones del Gobierno Nacional” y deslegitimar a los actores políticos que acordaron en las mesas de diálogo.

El 30 de noviembre, Hatari Sarango, de la FENOCIN, advirtió del incumplimiento en temas de educación, seguridad y sobre la condonación de deudas.

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La comunidad Siekopai está conformada por 828 personas y actualmente corren el peligro de desaparecer física y culturalmente. La lucha por obtener la adjudicación gratuita de su terreno ancestral en la Amazonía, llevó a los habitantes imponer una acción de protección que podría resolver su reclamo.

Un gran paso suponía la audiencia prevista para este 11 de noviembre. Según un comunicado de los Siekopai, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Shushufindi, Víctor Hugo Garofalo, no responde motivadamente a los escritos de la comunidad.  Para ellos, este no es un litigio por tierras sino un proceso para que se garantice su derecho a volver a su casa.

Antecedentes

Alrededor del 95% de habitantes fueron despojados de su territorio a través de la demarcación de límites por el Estado, la explotación de recursos naturales y la guerra entre Ecuador y Perú en 1941. Más tarde, en 1979, el Estado ecuatoriano demarcó la “Reserva de Protección Faunística Cuyabeno”. En el 2008, se estableció convenios de uso y manejo con otras comunidades indígenas Kichwa, que no son ancestrales de la zona, todo esto sin consultar a la Nación Siekopai.

En noviembre de 2017, la Nación Siekopai planteó formalmente el pedido para la adjudicación del territorio ancestral fundamentados en el marco del contexto jurídico nacional e internacional, al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).

Para negar el pedido, el MAATE ha argumentó que el derecho colectivo al territorio ancestral de Siekopai está condicionado a la existencia de una norma técnica de adjudicación dentro de área protegida, y que los conflictos interétnicos que fueron generados por el Estado debe resolver las misma comunidad.

Por ello, el 08 de septiembre de 2022, la nación Siekopai planteó una acción de protección contra el MAATE, que recayó en la Unidad Judicial Multicompetente del cantónn Shushufindi, provincia de Sucumbíos. Para la comunidad, desde el principio el juez se negó a aplicar un diálogo intercultural y considerar que se trata de derechos colectivos de un pueblo indígena.

Inicialmente ordenó que Siekopai designe a una persona como procurador común para representar a toda la Nación. La audiencia que anteriormente estaba fijada para el 21 de octubre de 2021. Ante la falta de respuesta del Juez, realizaron plantones en la Unidad Judicial del cantón.

Finalmente, el Juez notificó que se postergaba la audiencia para el 11 de noviembre en la que participarán 12 personas delegadas por la asamblea comunitaria. Además, se negó un espacio físico para que participen todos, por lo que tendrán que esperar en la vía pública.

El 7 de noviembre se confirmó que la audiencia sería telemática pero para los Siekopai “esto vulnera el principio de interculturalidad en tanto que no garantiza que exista un espacio físico en el que la Nación Siekopai pueda dialogar con los funcionarios judiciales y las demás partes procesales”.

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“Qué bueno comenzar con grandes noticias, la primera es que en el sector educativo este año hemos aumentado 76 millones de dólares al presupuesto, llegando a más de USD 3.300 millones”, expresó Lasso.

Aparentemente, 76 millones de dólares es una buena noticia. ¿Buena noticia?, cuando la proforma de 2022 en el tema educativo llegaba a los 3. 419 millones. Es decir, el Gobierno a septiembre del año en curso ha invertido solo el 2.2% de lo previsto.

Según Lasso, lo escasamente invertido fue dirigido para el mejoramiento de la infraestructura, útiles escolares, transporte y alimentación escolar.

¿Cuál fue el presupuesto planteado para 2022?

Según lo establecido por el Ministerio de Finanzas, se había estimado invertir cerca de 3.412 millones. Las necesidades de financiamiento de la Proforma 2022 alcanzarían los USD 9.769 millones.

Otras irregularidades en el régimen Costa

En la Costa, como reportó Diario Expreso, hubo irregularidades por presuntos cobros de “cuotas voluntarias” en algunos establecimientos de Guayaquil. El propósito de estos pagos era mejorar la infraestructura, sin embargo, en el país se habían prohibido esos pagos en 2008. No obstante, es frecuente que se soliciten cuotas a los padres de familia en establecimientos educativos que no tienen recursos para mejorar sus condiciones. Los montos irían desde 5 a 15 dólares. Las cuotas no son presuntamente establecidas por la institución, sino por un comité de padres de familia.

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Tras varios días de lluvias en algunas provincias del país, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos informó sobre el fallecimiento de dos personas. Existen también 240 damnificados, 24 deslizamientos, 7 inundaciones y 8 aluviones.

La primera víctima es un menor de edad, identificado como Justin Cáceres de 10 años al que el aluvión arrastró en la parroquia Rivera, cantón Azogues, en la provincia de Cañar.

Mientras que la segunda víctima responde al nombre de María Cajamarca, una adulta mayor que murió en el interior de su casa luego que un deslizamiento de tierra destruya su vivienda ubicada en el cantón Paute, en la provincia del Azuay.

Entre las provincias más afectadas por las lluvias se encuentran: Azuay, Zamora Chinchipe y Tungurahua.

«En estos últimos días las lluvias han afectado a 113 provincias y se han generado 43 eventos peligrosos. En su mayoría deslizamientos e inundaciones», indicó Rodrigo Rosero, subsecretario general en una entrevista.

Asimismo, la Secretaria de Riesgos aseguró que se encuentra trabajando en la entrega de asistencia humanitaria para las familias afectadas por las inundaciones.

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En la primera pancarta solicitan a Newsom enfrentar a las grandes petroleras que contribuyen al consumo de California. También que se ponga fin a las importaciones de petróleo amazónico. La segunda pancarta pide al presidente Lasso detener la expansión de la frontera petrolera en la selva Amazónica.

En Twitter también llamaron a la acción al presidente. «Nuestro mensaje al Presidente de Ecuador @LassoGuillermo : ¡PROTEJA LA AMAZONIA! Deje de envenenar a las comunidades indígenas en su país y termine con todas las nuevas perforaciones petroleras en la Amazonía».

La protesta se llevó a cabo en Queensway Bay. Allí, los tanques llenos de petróleo de la Amazonía viajan al puerto de Long Beach. Ahí se encuentran dos de las tres principales instalaciones de California, que refinan el petróleo de la selva tropical.

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“La explotación petrolera en nuestra Amazonía ha traído contaminación, enfermedades, deforestación, destrucción de nuestras culturas y la colonización de nuestros territorios. Es una amenaza existencial para nosotros y vulnera nuestros derechos fundamentales como pueblos indígenas. Estamos pidiendo el fin de todas las actividades extractivas en nuestros territorios. Hacemos un llamando a todas y todos los californianos a que se unan a los pueblos indígenas. Hay que exigir al Gobernador Newsom, que ponga fin a la destrucción del Amazonía”, expresó Nemo Andy Guiquita, líder indígena Waorani. MIB

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Los líderes indígenas y las federaciones, directamente afectadas por la extracción de petróleo, están solicitando a Citigroup que se comprometa a dejar el financiamiento en las actividades relacionadas con el petróleo y el gas de la Amazonía.

El grupo financiero ha sido cuestionado por su papel como el principal financista mundial de la actividad petrolera en la Amazonía.

En 2021, Citigroup publicó una política energética actualizada que descarta la financiación de petróleo y gas en el Ártico, pero el banco no ha asumido compromisos relacionados con la financiación de la industria petrolera en la Amazonía.

«Estamos pidiendo el fin de toda nueva extracción en nuestras tierras, y como afirman ahora nuestros antepasados y la ciencia, debemos mantener los combustibles fósiles bajo tierra”, expresó Nemo Andy, líder indígena Waorani.

Citigroup ha tenido la mayor participación financiera de un banco extranjero en empresas petroleras estatales que operan en la Amazonía. Sus clientes incluyen a Petrobras en Brasil; EcoPetrol en Colombia; PetroAmazonas/Petroecuador en Ecuador; y PetroPerú en Perú.

“El financiamiento de combustibles fósiles de Citigroup está arrasando la selva tropical, arrojando petróleo a las fuentes de agua locales y destruyendo nuestro clima. Esto tiene que parar ahora”, aseguró Péndale Marshall, activista climática.

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Colectivos alertan de la grave situación por la minería ilegal en Napo.

Los mineros ilegales debían pagar este ‘peaje’ para extraer oro del lecho del río Jatunyaku, ubicado en esta comunidad. El ‘puesto de control’ que se encontraba al ingreso de las riberas del río cobraba USD 200 para introducir retroexcavadoras.

Para febrero de 2022 la ‘tarifa’ subió a USD 500, y también cobraban más ‘cuotas’ al permanecer en los márgenes del río o si pretendían ingresar nuevamente.

¿Cuánto ganaban?

Según cálculos de la Policía, los mineros ilegales extraían entre 15 y 35 gramos de oro en la localidad por día que se traducían en ingresos de hasta USD 1.750 diarios. Es decir, compradores llegaban al río y pagaban cerca de USD 40 por gramo. Esta suerte de cadena extractiva contaba con 700 mineros aproximadamente, pero, en total, la conformaban cerca de 2.000 personas.

Esta organización guarda similitud con el caso de minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura, entre 2017 y 2019. Tanto en Imbabura como en Yutzupino hay grupos armados. Éste último se comunicaba por medio de radio, según el Ministerio de Gobierno.

Em ambos lugares, hay varias investigaciones por delitos asociados a la trata de personas, lavado de activos y violencia sexual.

Fiebre de oro amazónico

Desde octubre de 2021 habrían empezado estas actividades ilegales. Los mineros habían explotado 50 hectáreas de la concesión minera en Yutzupino, llamada Confluencia.

Según la Superintendencia de Compañías, el proyecto, que consta de más de mil hectáreas, está a cargo de la firma Terraearth Resources, la cual cuenta con dos accionistas de origen chino.

El Ministerio de Gobierno afirma que se consumía más de 6.000 galones de combustible en operaciones de retroexcavadoras y dragas. Además, se gastaban más de 8.000 galones de agua y se utilizaba de forma indiscrimininada el mercurio, químico altamente contaminante, que terminaba en el río.

Desde hace varios meses, los comuneros habían manifestado el descontento y rechazo hacia este tipo de actividades extractivas. Durante los operativos de intervención en la zona se registraron enfrentamientos entre mineros y miembros de las Fuerzas Armadas. No fue hasta el pasado 13 de febrero que las autoridades intervinieron totalmente el lugar y decomisaron numerosas maquinarias del lugar, mientras que muchos de los implicados huían.

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En el lugar se observa gran cantidad de maquinarias y retroexcavadoras al margen del Río Jatun Yaku que vierten sustancias químicas al río.

Los colectivos denunciaron que existen 150 retroexcavadoras, alrededor de 4000 personas minando ilegalmente y grupos armados. Además, no pueden ingresar policías ni militares.

En el cantón Tena, pueblos indígenas, organizaciones sociales, colectivos ambientales y la ciudadanía llevaron a cabo la marcha masiva “Napo sin Minería” en defensa de los ríos, los territorios y derechos de pueblos indígenas. los Consejos de Gobierno de la CONFENAIE y CONAIE acompañaron la manifestación.

Pronunciamiento de los dirigentes

Marlon Vargas, presidente de la CONFENAIE se pronunció frente a la situación de minería ilegal. “El gobierno dijo que la naturaleza en Ecuador está protegida, es un gobierno mentiroso, un gobierno proteccionista de las Transnacionales”, sostuvo el dirigente.

Mediante un boletín de prensa, los colectivos instaron al gobierno para que tome acciones inmediatas respecto a los trabajos ilegales de minería.  “Nos unimos para seguir en pie, con el fin de que las autoridades se dignen en disponer la práctica de una inspección judicial a los frentes mineros de la provincia de Napo”, expresa el comunicado.

Este domingo se desplegó un operativo militar y policial en las zonas de extracción minera. La acción aparece tras las denuncias por contaminación, destrucción de la naturaleza, violencia y muertes.

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En este mismo año se produjo otro derrame petrolero. El pasado 28 de enero el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que transportaba el petróleo del Ecuador se rompió, provocando un derrame en la zona de Piedra Fina, al norte de la Amazonía.  El derrame contaminó el Rio Coca, Quijos y Napo incluyendo la zona del Parque Nacional Cayambe – Coca. Esta contaminación afectó a las fuentes de agua que abastecen a las comunidades indígenas de la Amazonía.

Tras este suceso la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se pronunció en contra de los derrames petroleros que han perjudicado al medioambiente. También llevan a cabo la iniciativa Acciones por la Amazonía que busca garantizar los derechos y medios de vida sostenibles de los pueblos indígenas y comunidades locales, por medio de soluciones climáticas naturales.

Otros derrames en la Amazonía

En abril de 2020, se produjo una rotura de los oleoductos y el sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) que transporta al petróleo ecuatoriano, esto debido al proceso de erosión regresiva del rio Coca. Se derramaron más de 15.000 barriles de petróleo y afectó a más de 27.000 pobladores indígenas de la Amazonía.

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En un video grabado por uno de los ciudadanos indican que «la directora de salud del distrito se accidentó en la avioneta. Necesitamos que alguien comunique a los médicos». A la directora distrital le preguntan si está bien y si no tiene heridas graves.

Afortunadamente no existen víctimas mortales, pero los siete ocupantes sufrieron heridas.

“En horas de la tarde (17:30) una aeronave matrícula HC-CMQ, tipo Britten Norman Islander, perteneciente a la Cía. Aeroconexos, con 4 pasajeros, dos mecánicos y un piloto a bordo se accidentó en las cercanías de la pista de Quserua de la provincia de Morona Santiago”, señaló la Dirección General de Aviación Civil (DGAG) en un comunicado.

La DGAG también explicó que “los pasajeros: Yessica Campoverde, Nain Cisneros, Sonia Duman, Mónica Ayala y el mecánico, Luis Toaza fueron evacuados al hospital de Taisha para ser evaluados. Mientras que el piloto, Pablo Viteri y el mecánico, Marcelo Guanochanga serán evacuados mañana”

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Quito, 05 mar (La Calle).- A casi un año de uno de los derrames de petróleo en la Amazonia ecuatoriana, la Corte Constitucional no presentó respuesta a las exigencias de reparación solicitada por las comunidades indígenas afectadas. Por esta razón, las comunidades llegaron a Quito este viernes a manifestarse frente a la institución.

“Vivian Idrovo, coordinadora de @DDHH_Alianza, explicó la falta de acciones de la justicia y entidades gubernamentales en brindar reparación a las víctimas”, informó la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) en sus redes sociales.

De acuerdo al informe de la Alianza, el derrame tuvo lugar el pasado 7 de abril de 2020. La causa fue la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, el Oleoducto de Crudos pesados, y el poliducto Shushufindi. Esto sucedió por la erosión en el cauce del Río Coca. El incidente afectó a 27.000 personas asentadas la ciudad del Coca y en las riberas del rio Napo.

Las petroleras implicadas, OCP, Petroecuador y MAE, presionaron a las comunidades indígenas para que validen una falsa remediación de los ríos Coca y Napo.

La primera manifestación de las comunidades se realizó el 29 de septiembre de 2020 frente al Consejo de la Judicatura para denunciar las irregularidades. Para diciembre del mismo año hicieron dos peticiones de audiencia a la Corte Provincial de Orellana, pero ninguna obtuvo respuesta.

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Lo representantes calificaron de ilegítimo este acuerdo, que solo buscaría “manipular a los shuar y explotar su territorio”.

“El accionar de esta empresa es repudiable y va en contra de nuestra histórica lucha”, manifiesta el comunicado que agrega: “hemos manifestado un no rotundo a la explotación y sabemos las estrategias de las mineras ”.

Para los indígenas se trata de una violación a los derechos establecidos en la Constitución del Ecuador y el Convenio 169 de la OIT.

Las autoridades amazónicas expresan que la empresa no ha buscado consentimiento. Tildaron, además, de engañosa la s “Consulta Comunitaria”, adicionalmente, exigen la atención de organismos internacionales. La consulta comunitaria es una forma de acuerdo entre la comunidad y los empresarios. Forma parte esencial de las actividades que debe desarrollar la empresa. Consiste en reuniones con la comunidad que plantea a cambio de permisos de explotación, una serie de reparaciones en su territorio. Al parecer, en este caso, la consulta ha sido distorsionada por presiones externas, no se realizó, o simplemente no se respetaron los acuerdos. Las reuniones comunitarias en la amazonía se realizan con la presencia de toda la comunidad. Por lo general se solicitan obras fisicas o escuelas para mejorar el nivel de vida de la comunidad, mientras la empresa sigue con sus operaciones.

Reparaciones en derechos humanos

En julio , un juez constitucional aceptó una acción de protección y declaró la existencia de vulneración de derechos y omisión por parte del Estado en contra del pueblo ancestral .

Se determinó que la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, Salud y el Servicio de Gestión de Riesgos no garantizaron los derechos de las nacionalidades a fortalecer su identidad.

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