»El último informe del sistema de riesgos del 25 de enero del 2024 establece que tenga un 70% de riesgo de que puedan atentar contra mi vida», dijo la activista a través de redes sociales.

Cuestionó la gestión del sistema de protección, pues enfatizó que los mismos funcionarios al frente de la justicia estarían filtrando su información personal. Denunció que el pasado 3 de enero, cuando varios sujetos ingresaron a su domicilio, activó todos los protocolos para pedir ayuda, sin embargo, la Policía llegó una hora tarde.

»Dos tipos nos apuntaron a mi hijo y a mí, nunca llegó el sistema de protección a tiempo. Quien llegó fue la Policía del Ministerio de Gobierno gracias a un publicación que hice porque nadie llegaba», resaltó.

Hasta el momento la activista ha presentado 13 denuncias en Fiscalía por agresiones, intimidación y amenazas de muerte. »Todo empezó cuando empezó a asumir frontalmente la defensa de su esposo, Freddy Carrión», dijo su abogada, Angélica Porras. (AGM).

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“Para mi gobierno y para mí, personalmente, existe una deuda pendiente ya que dentro de las elecciones tuvimos un candidato presidencial asesinado. Asimismo, en dos caravanas tuvimos ataques armados y casi todos los días, por los últimos 60 días, hemos tenido amenazas de muerte los ministros y sus familias. Es una deuda la paz, es una deuda que tenemos con nuestros votantes, muchos de ellos jóvenes y mujeres”, dijo al finalizar su intervención.

El mandatario acudió a este encuentro que se llevó a cabo en Nueva York para participar del debate abierto de la ONU. En la sesión se refirió a temas relacionados a la seguridad y a las amenazas a la paz.

“Debemos tener un enfoque integral por parte de las Naciones Unidas donde el Consejo de
Seguridad acciones dentro de sus competencias en favor de la paz de toda la
comunidad internacional”, se refirió ante los problemas desencadenados por el tráfico ilícito de drogas y la presencia de banda criminales como una amenaza a las naciones.

En el caso del Ecuador, el presidente Noboa reafirmó que su Gobierno priorizará el apoyo
de la cooperación internacional y desplegará todos los esfuerzos en las zonas
fronterizas y al interior del país para enfrentar la violencia.

Encuentros diplomáticos

Según informó la Secretaría de Comunicación, el jefe de Estado tuvo algunos encuentros diplomáticos con el secretario general de la ONU, António Guterres; la ministra de Relaciones Exteriores de Mozambique, Verónica Macamo; y con la directora de Naciones Unidas para la Droga y Delito, Ghada Wally, en este último caso Noboa analizó posibles mecanismos de cooperación de esta oficina en el país. (AGM).

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En entrevista concedida a Radio La Calle, informó que existen cuatros procesos en contra del agresor y se sumaría un quinto por las amenazas recibidas por medio de la plataforma Whatsapp.

Últimos incidentes

En enero de 2023, pese a que tenía medidas de protección, su expareja burló la seguridad de su domicilio y secuestró a la hija de Martínez. Después de horas, la abandonó golpeada por la Ruta Viva, amenazándola de muerte.

En otra ocasión, el agresor se acercó a Ana Paula (hija de Martínez) en una reunión con amigas en un bar y le escupió en la cara, pese a tener medidas de alejamiento. Cuando llegó la Policía trató de huir, pero fue detenido y llevado a Flagrancia.

Proceso Judicial

La activista sostiene que ha sido súper doloroso como defensora de derechos y feminista, ver lo que enfrentan las mujeres a las que ha acompañado en otras ocasiones.

“18 horas pasamos en Flagrancia, en donde ni siquiera hay asientos. Nosotras también nos sentamos en el piso. El trato es infame, nos maltratan, se niegan a hacer las cosas. Nos pedían copias certificadas de lo dictado por la Junta de Protección de Derechos”, dijo.

Denunció también que se le revocaron las medidas de protección y que la jueza habría ordenado la prescripción de la acción penal, dejándoles vulnerables ante cualquier retaliación y teme por la vida de su hija.

Denuncia del agresor

A pesar de los antecedentes y evidencias comprobadas de agresión, el demandado también ha presentado una denuncia por violencia psicológica, la cual indicó que avanza más rápido que sus propios procesos.

Un llamado de atención al sistema de justicia

La madre escribe: “esto es lo que una víctima de violencia y su familia deben enfrentar, una justicia altamente revictimizante. Una justicia que privilegia a los agresores, que los protege.

Nosotros hemos hecho las cosas bien, como manda la ley y aun así nada ha funcionado. Mi hija sigue siendo agredida y nosotros junto a ella. ¡Ya basta! Martínez pide justicia para su hija. (M.W.S)

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Este es el segundo caso de un periodista que tiene que abandonar el Ecuador. La primera en hacerlo fue Karol Noroña, reportera de GK, que cubría la crisis carcelaria y el crimen organizado. 

La Fundación informó que denunció las amenazadas desde hace ocho meses a diferentes autoridades nacional como la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio del Interior, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia y el Consejo de Comunicación.

Sin embargo, no se habrían tomado las acciones necesarias y las llevadas a cabo «resultaron revictimizantes y sometieron a la persona en cuestión a mayor vulnerabilidad y riesgo».

«Como Fundación exigimos a la Fiscalía y al Consejo de Comunicación que revisen sus mecanismo de atención a periodistas amenazados y que diseñen e implementen un protocolo adecuado y ajustado a normas e instrumentos internacionales (…) no queremos más periodistas exiliados, obligados a decidir entre continuar haciendo periodismo o seguir con vida», reza el comunicado.

El Consejo de Comunicación se pronunció en sus redes sociales. Replicó que se contacto con la Fiscalía y el Ministerio del Interior para gestionar asistencia policial. También manifestó que mantienen una política y mesas técnicas de protección para profesionales de la comunicación.

Sobre la denuncia

1. El 13 de abril del 2023, a las 09:37, la víctima llamó a una abogada del Consejo de Comunicación para informarle sobre la reciente amenaza de muerte que había recibido. La víctima le consultó si existía la posibilidad de hacer una denuncia por vía telemática, porque temía salir de su vivienda, pero la abogada le dijo que eso no sería posible y le explicó que todas las denuncias, sin importar de qué tipo fueran, se deben realizar de manera presencial. 
2. En la misma llamada, la abogada del Consejo de Comunicación le recomendó a la víctima que ingresara al Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes en el Proceso Penal de la Fiscalía (SPAVT). La víctima quiso conocer cómo funcionaba este mecanismo, pero solo le enviaron un documento con información resumida de en qué consiste el SPAVT. Ese texto, obviamente, no podía absolver todas las inquietudes que derivan del ejercicio periodístico, el mismo que podría entrar en conflicto con el SPAVT. Enviar un archivo pdf con información inútil en un contexto de amenaza contra la vida es un maltrato contra cualquier periodista en condición de riesgo y contra el periodismo en general. Este episodio también evidencia la falta absoluta de protocolos estatales y la falta de interés de las autoridades por garantizar la seguridad de los periodistas en Ecuador, aunque esta es su responsabilidad ineludible. 
3. La víctima hizo una segunda llamada, esta vez a un funcionario de la Fiscalía, quien le recomendó poner la denuncia de manera presencial, pese a su historial de amenazas. 
4. De forma incomprensible, la denuncia quedó asentada como intimidación y no como amenaza de muerte, pese a la insistencia de la víctima. De nuevo, esto revela la ausencia de protocolos para atender a una persona con reiteradas amenazas en contra de su vida.
5. Aunque había un riesgo inminente, una funcionaria de la Fiscalía envió a la víctima a sacar una copia de su cédula y a comprar un sobre manila en un local ubicado fuera de esa dependencia porque, según ella, no tenía material. Si la amenaza tenía como origen una peligrosa banda delincuencial, como lo relató la víctima, enviarle a comprar fuera de la Fiscalía es, por decir lo menos, una gran irresponsabilidad. La víctima era vigilada de manera permanente y temía por su vida en cualquier lugar. 
6. A todo esto se suma que la funcionaria le informó que esa denuncia iba a ser enviada a su localidad de origen debido a que esa ciudad había sido el escenario de los hechos. Consideramos que este es el punto más preocupante y que merece una revisión inmediata por parte de la Fiscalía General. Los casos de periodistas amenazados no deben ser tratados en las dependencias más cercanas de la Fiscalía o de la Policía pues las amenazas surgen, precisamente, en esos contextos. Derivar el caso al lugar de origen de la amenaza solo traería como consecuencia mayor exposición para una víctima, para su equipo de trabajo y para su familia. Exigimos que estos casos de alta vulnerabilidad sean tratados desde Quito, así como ocurre con casos de crimen organizado de alta peligrosidad.

Exigencias

La Fundación exhorta a las autoridades estatales a implementar verdaderos programas de capacitación para su personal, de carácter permanente y acorde con los niveles de riesgo que la prensa enfrenta en Ecuador para garantizar su libre ejercicio.

El primer caso

El 28 de marzo, el medio digital GK informó que su periodista Karol Noroña tuvo que abandonar el Ecuador debido a que su vida corre peligro.

A través de un comunicado, GK anunció que accedieron a información que amenaza la vida e integridad física de su reportera, debido a “su trabajo periodístico en la cobertura de la crisis carcelaria y el crimen organizado”.

Por protocolos de seguridad, non es posible revelar su paradero. Sin embargo, está en un destino seguro y cuenta con una red de apoyo.

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A través de un comunicado, GK anunció que el viernes 24 de marzo accedieron a información que amenaza la vida e integridad física de su reportera, debido a «su trabajo periodístico en la cobertura de la crisis carcelaria y el crimen organizado».

Por protocolos de seguridad, non es posible revelar su paradero. Sin embargo, está en un destino seguro y cuenta con una red de apoyo.

Radio La Calle se comunicó con la editora política del medio, María Sol Borja, quien confirmó el operativo de emergencia y señaló que no se pronunciará más allá del comunicado.

El periodismo en peligro

El medio publicó esta información como muestra de los riesgos que corren los periodistas en el país. Y enfatiza que es importante trabajar en la identificación de las amenazas.

«(…) colorario de más de una década de ataques contra la prensa, estigmatización y virulencia que en los últimos meses ha desembocado en violencia física y, en algunos casos, la muerte», reza el escrito.

Mensaje a las autoridades

El portal agradeció a los organismos de derechos humanos y organizaciones que trabajan en defensa de los periodistas de América Latina y el mundo, que velan por la integridad de Karol Noroña.

Además, hizo un llamado a los poderes del Estado en su obligación de impulsar esfuerzos concretos para garantizar las condiciones en el ejercicio periodístico, que «hasta ahora son insuficientes».

Editorial de La Calle

Este medio de comunicación rechaza enfáticamente este tipo de actos contra los periodistas y la libertad de expresión. Además, se solidariza con Karol, sus seres queridos y compañeros de GK por la difícil situación que atraviesa.

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“A mi no me interesa que graben”, dijo un de los individuos en el vídeo difundido en redes sociales.

En las imágenes se puede observar a los dos sujetos con casco frente al local. Se escucha el llanto de un niño al fondo. Mientras tanto, los individuos amenazan a la mujer sin importarles que les estuvieran grabando y al no lograr nada se van del sitio.

Las vacunas extorsivas

Desde enero del 2022, cientos de ecuatorianos han denunciado en redes sociales esta nueva modalidad de extorsión. La vacuna consiste en un pago extorsivo que exigen las bandas criminales a negocios comerciales para “garantizar su protección y seguridad”.

Si los ciudadanos se niegan a realizar este pago son víctimas de amenazas. En este caso, los delincuentes colocan bombas y disparan fuera del local comercial. En el caso más extremo atentan contra la vida de la persona. (A.G.M)

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Según una publicación de Facebook, las amenazas que recibió fue por su participación en el caso de Bernal a través de los plantones y los medios de comunicación. Radio La Calle se comunicó con ella, sin embargo,  prefirió no hablar sobre el caso para “no querer entorpecer la justicia’’, precisó.

“Quiero hacer público el día de hoy que recibí un audio de voz con amenazas por parte de un padre de un policía y a mí por las publicaciones en Facebook, este audio se entregó a la Policía pero lo hago público ”, publicó la afectada.

En el marco del caso Bernal, Priscilla Schettini presentó una denuncia en la Fiscalía por intimidación de un miembro policial tras sus declaraciones del 15 de septiembre. Expresó que a las 15:30 recibió un mensaje amenazante.

‘’No hables mucho, calladita conseguirás mucho, has caso, desbloquéame, te acuerdas lo que te dije que iba a pasar”, reza la denuncia interpuesta en Fiscalía. Enfatizó que no es la primera vez que presenta denuncias por acoso y amenazas de muerte.

De acuerdo al comandante general Fausto Salinas, la Policía no va a perdonar a ningún mal elemento que viole la ley. “Nuestro interés es aclarar y saber la verdad, ratificamos el espíritu de transparencia. Si hay culpabilidad tendrá que pagar ante la justicia, nosotros no vamos a cubrir a ningún policía que viole la ley e incumpla su deber”, finalizó.

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«Sigan pensando que solamente “Junior” y “Fito” matan y pueden. Tenemos también la plata para hacerles la guerra a quien se meta y usted señor Ministro del Interior no se meta a seguir a ese burro de Roldan Paredes Junior Alexander por qué vas a terminar muerto perro…», dice el panfleto.

Seguido de estas líneas se encuentra una fotografía con una imagen del Ministro y de un tigre, por lo que se presume que esta amenaza fue hecha por el grupo delictivo Los Tiguerones. La madrugada del viernes se habría detenido a 18 integrantes de esta banda en operativos desarrollados en Guayaquil, Manabí y Esmeraldas.

 “Nadie nos va a hacer doblegar somos la nueva generación te vas a morir perro aprende a ser equitativo”, sentenciaron en el panfleto, según una publicación de Expreso.

Asimismo, en la parte superior de la hoja constan los logotipos de banderas de México y Ecuador.

Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial del Ministerio del Interior ni del ministro Patricio Carrillo.

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En el comunicado, el Ministerio del Gobierno dio apoyo total a la Jefa Política de Machala. Las autoridades se encuentran realizando las respectivas investigaciones para identificar a los culpables. Rommel Aguilar, intendente de la Policía Nacional, también recibió amenazas.

Según El Diario Opinión, en la casa de la funcionaria dejaron un paquete acompañado por una nota y dos proyectiles. En ese momento, Aristiguieta se encontraba en una reunión laboral y los familiares la alertaron sobre el paquete.

La carta decía: “Señora Mirtha, primero y último aviso y si quiere a su familia deje a los bares y centros nocturnos TRANQUILOS, recuerde que tiene hermanos, primos y mamá en El Oro, en Machala no la queremos… Lárgate. Ya tu cabeza tiene precio”. Por su parte, Aguilar, relató que su madre fue quien recibió un ramo con una funda plástica de color negro.

El gobernador de la provincia de El Oro, Fulton Serrano, aseguró que los culpables caerán y su equipo no dará un paso atrás en los controles impuestos.

Grupos armados amenazan la provincia

Según informes de la Policía Nacional, la provincia se encuentra con una alta presencia de grupos armados. En otra ciudad del Oro, Huaquillas, militares detuvieron a tres sospechosos por almacenar 9.500 municiones de diferente calibre.

La alta demanda de municiones se produce por el aumento de crímenes con armas de fuego en las provincias cercanas a Guayas y Los Ríos.

El gobernador Fulton Serrano ha coordinado operativos de control para detener la explotación minera en Zaruma. Los hogares aún se encuentran en peligro por los túneles que se construyeron de forma ilegal debajo de la ciudad.

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La primera alerta llegó a raíz de un tuit del periodista Arturo Barriga que contó su experiencia. “Me acaban de escribir esto. Que hago. Que me van a meter unos tiros dice”, escribió adjuntando el chat donde lo amenazan de muerte.

A su alerta también se sumó el comunicador Edu Andino, al que contactaron para los mismos fines. “Mientras estaba trabajando recibí un mensaje de un número desconocido, yo contesté preguntando quién era y entonces me llamaron. Se trataba supuestamente de un integrante de los Choneros que ellos habían recibido indicaciones para hacerme daño y atentar contra mi vida. Como tenía mi computadora a mano grabé la conversación”, le explicó a Radio La Calle. El comunicador pondrá la denuncia en Fiscalía para que se investigue.

Todavía la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno no se han pronunciado sobre este tema. Carla Arcentales, otra periodista de la capital ecuatoriana, recibió similares amenazas. Otro usuarios de Twitter indicaron que quienes ejercen la medicina también reportaron estas amenazas.

Barriga, horas después, anunció que la Policía tomó contacto con él para hablar del tema. “Agradezco a la Policía y al Ministerio de Gobierno quien se han comunicado conmigo para solidarizarse y proceder a investigar estas amenazas que ya son cotidianas y a todo tiempo de personas. Ojalá se logre llegar a los responsables, en principio criminales de poca monta”, expresó.

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El periodista Diego Puente, de Diario La Hora, fue amenazado el 25 de diciembre por medio de un tweet en respuesta a un comentario que emitió la víspera de Noche Buena. Diario La Hora considera que la amenaza también hace referencia a otra publicación del diario donde se habla de los casos de femicidio investigados por el fiscal Juan Carlos Izquierdo.

La intimidación fue realizada desde la cuenta “Da Gruá”, creada en septiembre de 2021, con 76 seguidores, y dice lo siguiente: “Tu trabajo como periodista está super manchado de sangre inocente. Jamás hiciste investigación. Así como Izquierdo terminó sentenciado x el populacho irracional y los 1/2’s ideologizados, después de condenar sin investigar, como fiscal, casos de género, tu hora se aproxima.”

El comentario fue emitido en respuesta a una publicación del periodista que señala que durante las cenas navideñas se hablaría del tema de Naomi. “Estoy seguro que en las reuniones de esta noche se hablará de la muerte de Naomi Arcentales. Espero que no le echen la culpa de nada, que condenen la violencia y que se solidaricen con la familia. Espero que los hombres reflexionemos y, sobre todo, espero que cambiemos.”

Intento de robo del cuerpo de Naomi

El pasado 21 de diciembre familiares de Arcentales denunciarón que un grupo de personas intentó profanar su tumba desde la noche del 20. Tras lo acontecido la familia solicito hacer una vigilia en los exteriores del cementerio de Pedernales para evitar el robo del cadáver.

Sara Sabando, madre de Naomi, no cree que se haya suicidado. Ella sospecha de un posible asesinato, debido a que el cuerpo de su hija tenía golpes. Por ello, solicitó que se practique una segunda autopsia. El cuerpo fue exhumado el miércoles 22 de diciembre, para confirmar o descartar supuestos. Este lunes serán revelados los resultados del segundo análisis.

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«Denuncio públicamente amenazas contra mi vida, espero se investigue y se proteja a una autoridad electa en las urnas, la violencia no es el camino para hacerse de mi cargo», escribió el primer personero de la ciudad en sus redes sociales.

El mensaje habla del vehículo en el que se moviliza el alcalde capitalino a la vez que presupone que debería conocer quién dio la orden de asesinarlo.

Después de asegurar que por el pago de USD 3.000 le darían seguridad, el mensaje anuncia que el pago deberá hacerse en México o Colombia. Además, termina con una tétrica amenaza: «Estos son los últimos mensajes; caso contrario despues (sic) no acepto negociaciones».

Denuncio públicamente amenazas contra mi vida, espero se investigue y se proteja a una autoridad electa en las urnas, la violencia no es el camino para hacerse de mi cargo. pic.twitter.com/I4VmLVewM4

— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) September 7, 2021

El alcalde capitalino enfrenta un proceso de investigación por la compra de pruebas PCR durante la pandemia, además de un proceso de remoción que inició en el propio Concejo Metropolitano. Por ahora, Yunda se mantiene en el cargo tras una decisión de la Corte Provincial de Pichincha, que le otorgó medidas de protección.

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“Hay dos niveles en esta situación. El uno es que existe una campaña muy agresiva en redes sociales, tuits, enseguida aparecen trolls y uno que otro ciudadano bien identificado que fastidian, amenazan. Este linchamiento no ha parado, sigue constante mente. Por otro lado recibí llamadas amenzantes en determinados momentos. Se intensificaron los días posteriores al 11 de abril cuando terminó la segunda vuelta y ahí comenzaron a fastidiar”, explicó el periodista a Radio La Calle.

Las llamadas dicen cosas como “ya llegó tu hora, ahora van a pagar bien caro”. Sin embargo, Pérez no puso mucha atención a esas palabras porque en su mayoría eran trolls que también lo atacaban en Twitter. “En las últimas semanas recibí dos llamadas medias raras que preguntaban dónde estoy y qué hago. Yo bloqueé los números que eran desconocidos. La de hoy ya me preocupó porque incluso ponen una foto de mis hijas. Ese lenguaje parecido al de los paramilitares  colombianos”.

Además de la denuncia pública, el periodista dejó constancia en la Fiscalía por intimidación. “Sospecho que aparecen por la investigación que estoy haciendo e involucra a varios personajes. Por las ofensas también puse una denuncia contra un personaje público que no diré hasta que la denuncia esté registrada”.

No es la primera vez

Orlando Pérez recibía amenazas anteriores al gobierno de Guillermo Lasso. “En otras ocasiones no hice tanto escándalo ni bulla porque como estaba el gobierno de Rafael Correa, pero estas amenazas no han parado. Yo lo denuncié  a la ministra María Paula Romo en su momento y tampoco me hizo caso. Fue el exasambleísta de CREO, Roberto Gómez que denunció que le pincharon los teléfonos y si le hicieron caso cuando yo lo denuncié primero”.

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“Cuidado se suicida con 3 balazos en la espalda”, le escribieron. El hecho se denunció en la Fiscalía.

Las causas de las amenazas al periodista

De acuerdo con el periodista se barajan dos posibles causas. La primera es la creación de una página falsa de El Ferroviario que no está relacionada a él.

“Desconozco quién esté detrás de esto, pero creo que son actores políticos, pues se sienten afectados por esos contenidos y creen que soy yo”, acotó. El pasado 24 de julio, Castillo rechazó el mal uso de la marca.

La segunda hipótesis es que el pasado 23 de julio, Castillo compartió información sobre un operativo antinarcóticos que realizó la Policía en Durán y que resultó en la incautación de dos toneladas de cocaína y la detención de cuatro personas. Una de ellas tendría supuestos vínculos con la autoridad municipal de Durán.

“Podrán decir que la violencia es por bandas criminales, a mí no me meten ese cuento. Estas bandas criminales están con el poder político de turno y nos quieren callar. Mi postura periodística siempre ha sido crítica ante el actual Municipio”, indicó el periodista.

En el portal digital de la ONG Fundamedios también se hizo pública las amenazas en contra del periodista. Asimismo, en este espacio digital se informó que la activista política Alejandra Cornejo fue amenazada y su vehículo incendiado.

Según Cornejo, crítica de la administración municipal de Durán, el principal personero del cantón está involucrado en este atentado ya que ella no tiene más enemigos.

La víctima manifestó: «Con todos me llevo bien, menos con él y le responsabilizo directamente de la integridad mía y la de mi familia».

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«Antes de la interpelación, recibí una amenaza directa. El mensaje decía que pagaría con mi vida por atreverme a dar la contra a un Gobierno corrupto. Si algo me llega a pasar responsabilizo directamente a María Paula Romo», dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

La legisladora aseguró que Inteligencia interceptó su teléfono y los de su equipo. La funcionaria decidió cambiar el lugar de la interpelación para evitar que «boicotearan» su presentación. «Las personas que me advirtieron de la amenaza dijeron que se trata de una fuente muy confiable», añadió.

Gómez y Cuesta responden a la declaración

Los asambleístas Roberto Gómez y Lourdes Cuesta notificaron que no recibieron ninguna amenaza antes del juicio contra exministra María Paula Romo. «No sé si la asambleísta recibió por Twitter la amenaza, pero en mi caso no he leído amenazas por este medio. No contesto llamadas de números desconocidos tampoco», dijo el legislador.

El comunicador de Lourdes Cuesta, por su parte, señaló que la asambleísta recibe amenazas desde cuentas troll en Twitter.

Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo acusaron a la ministra de Gobierno por incumplimiento de funciones. Las causales que presentaron el pasado 25 de noviembre fueron: el uso de bombas lacrimógenas caducadas y lanzamiento de las mismas a los centros de paz durante las manifestaciones de Octubre de 2019. (GG)

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“Rechazo categóricamente cualquier amenaza o acto de violencia en contra de las autoridades electorales. Queremos un país de paz, libre y democrático con expresiones pacíficas; igualmente, esperamos que los dirigentes y mandatarios cumplan con pulcritud y justicia sus funciones”, escribió el joven candidato en un tuit.

Por su parte, el partido político rechazó “todo acto de intimidación y violencia del que pueda ser víctima cualquier entidad y ciudadano”. También llamó a la defensa del proceso democrático con el cumplimiento de las normas de bioseguridad.

Asimismo, la coalición Unión por la Esperanza (UNES) convocó a sus simpatizantes y la ciudadanía en general a “estar vigilantes ante la decisión que tome el CNE este miércoles, en torno al binomio de la esperanza”. UNES llamó nuevamente a reunirse en los exteriores del organismo electoral en horas de la tarde.

Amenazas de muerte

El CNE emitió un comunicado en el que indica que Diana Atamaint, Enrique Pita y los consejeros Luis Verdesoto, José Cabrera y Estela Acero recibieron correos electrónicos con amenazas de muerte. “Rechazamos categóricamente este tipo de actos cobardes que pretenden intimidar y bajo amenaza incidir en la toma de decisiones de las autoridades electorales”.

El CNE entregó las pruebas a la Fiscalía General del Estado e indicó que no existe intención de favorecer o perjudicar a ningún candidato.

Calendario electoral

Hasta el momento, seis candidaturas están inscritas en el CNE. De ese total, solo dos están aprobadas: el binomio de Democracia Si, y la Izquierda Democrática. Los consejeros deben aprobar a los candidatos de UNES, CREO, Juntos Podemos y Libertad es Pueblo. Los partidos tienen hasta el 7 de octubre para inscribir a su candidato.

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