“Ellos nos necesitan mucho más de lo que nosotros los necesitamos. De hecho, no los necesitamos; ellos nos necesitan. Todos nos necesitan”, afirmó Donald Trump como respuesta a una pregunta de una periodista brasileña, quien le consultó sobre su visión de la relación entre Estados Unidos con América Latina y Brasil.

Sin embargo, Trump suavizó su discurso al señalar que la relación con los países latinoamericanos “debería ser genial” durante su mandato.

Las relaciones entre Trump y Lula en sus inicios

Poco después de la investidura presidencial de Trump, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva deseó al líder republicano un mandato “exitoso” que promoviera “la prosperidad y el bienestar del pueblo de EE. UU.”, además de contribuir a “un mundo más justo y pacífico”.

En redes sociales, Lula destacó la importancia de la relación entre Brasil y Estados Unidos, calificándola como una «trayectoria de cooperación basada en el respeto mutuo y la amistad histórica». Resaltó los fuertes lazos entre ambos países en áreas clave como el comercio, la ciencia, la educación y la cultura. «Estoy seguro de que podemos seguir avanzando en estas y otras áreas», expresó.

Los negocios por encima de la ideología

Sin embargo, antes de la ceremonia de investidura, Lula dejó clara su postura de evitar conflictos con Trump, pese a sus marcadas diferencias ideológicas. Durante una reunión con su gabinete en Brasilia, señaló: «Yo deseo que los estadounidenses continúen siendo los socios históricos de Brasil porque, de nuestra parte, no queremos pelea ni con Venezuela, ni con los estadounidenses, ni con China, ni con la India, ni con Rusia».

Estados Unidos es el segundo socio comercial de Brasil, con un intercambio que asciende a 80.910 millones de dólares, según estadísticas brasileñas, manteniendo un balance equitativo entre ambos países.

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En las décadas finales del siglo XIX y sobre todo durante las primeras del XX la expansión mundial del capitalismo dio origen al imperialismo, que entrelazó a los Estados de los países europeos y, ante todo, de los Estados Unidos, con los intereses de los gigantes monopolios empresariales surgidos a consecuencia de la Segunda Revolución Industrial. La Conferencia de Berlín (1884-1885) acordó el reparto del África, inaugurando así la expansión imperialista europea. En América, utilizando tanto la Doctrina Monroe (1823) como la del “Destino Manifiesto” (1845) y el “corolario Roosevelt” (1901) que proclamó el “derecho” de esa gigante potencia para intervenir directamente en cualquier país de la región, los EE.UU. convocaron a la I Conferencia Interamericana de 1890, que creó la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, transformada en 1910 en “Unión Panamericana”, antecedente de la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948.

La primera reacción latinoamericanista contra la expansión imperialista de los EE.UU. fue el Congreso de las naciones del continente convocado por el caudillo liberal ecuatoriano Eloy Alfaro en 1896 y que se realizó en México. A pesar del boicot norteamericano, los representantes de los ocho gobiernos asistentes acordaron un contundente documento que se solidarizó con la lucha independentista de Cuba, se pronunció a favor de la reivindicación de Venezuela sobre la Guayana Esequiva y proclamó la necesidad de sujetar la Doctrina Monroe a un verdadero derecho público americano. No pasó de esa significativa declaración.

Los EE.UU., en cambio, avanzaron y en mayo de 1915 convocaron al I Congreso Financiero Panamericano realizado en Washington, en el cual el Secretario de Hacienda William G. McAdoo, reconoció que “hasta hoy, los créditos hacia los países latinoamericanos han descansado casi por completo en Europa”, aunque la Guerra Mundial (Primera, 1914-1918) los había suspendido, por lo cual ellos debían  ser reemplazados por créditos propios “si deseamos aumentar la influencia mercantil y económica de los Estados Unidos en aquellos países”, tomando en cuenta que en 1913 se había creado el Federal Reserve System. Además, el Congreso, al compás de McAdoo, también aprobó el fortalecimiento de “los medios de transporte oceánicos”; la creación de una “legislación uniforme” entre los países, para imponer el “patrón oro”.

La expansión de los EE.UU. resultó imparable y durante el siglo XX América Latina consolidó sus lazos económicos con ese país, desarrollándose una intensa historia en la cual a las indudables ventajas del mercado norteamericano se han unido las injerencias políticas, las intervenciones directas incluyendo las militares, las desestabilizaciones institucionales e innumerables acciones destinadas a garantizar no solo la hegemonía continental de los EE.UU. sino la preservación de los intereses económicos de sus empresas y la primacía de la seguridad nacional de esa potencia frente a cualquier otro “desliz” de las diplomacias soberanas latinoamericanas.

Salvando las distancias del tiempo y de los acontecimientos, el desarrollo del siglo XXI está definiendo cambios históricos rápidos y contundentes en línea opuesta a los procesos de inicios del siglo XX. Después de las experiencias de las izquierdas latinoamericanas durante la Guerra Fría y la difusión del neoliberalismo en la región desde la década de 1980, el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) marcó el inicio de un nuevo ciclo histórico de latinoamericanismo, que se reforzó con una serie de gobiernos que caracterizaron al progresismo de la región. La confrontación con EE.UU. pero, sobre todo, la constitución del ALBA (2004), así como el nacimiento de UNASUR (2008) y CELAC (2010), rompieron con el tradicional “americanismo” monroísta. Al mismo tiempo, el encumbramiento mundial de China y Rusia ha moldeado lentamente, pero en forma indetenible, un mundo multipolar, cuyo futuro es previsiblemente más poderoso. África ha despertado nuevamente en el escenario contra los neocolonialismos. Las guerras en Ucrania y Medio Oriente provocan condenas mundiales. Se ha producido el quiebre de las instituciones que nacieron en Bretton Woods (1944) y se advierte la necesidad de reformar la estructura de las Naciones Unidas.

En esos contextos internacionales, donde la geopolítica acelera las acciones hegemónicas y contrahegemónicas, se conformó en 2010 el grupo de países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) como espacio de convergencia entre países que han decidido potenciar el mundo multipolar. En enero de 2024 se incorporaron Irán, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí; y en la reciente cumbre de Kazán en Rusia (22-24/octubre/2024) son 34 los países que plantearon su incorporación: Argelia, Azerbaiyán, Bahréin, Bangladesh, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Honduras, Indonesia, Kazajstán, Kuwait, Laos, Malasia, Myanmar, Marruecos, Nicaragua, Nigeria, Pakistán, Senegal, Sudán del Sur, Sri Lanka, Estado de Palestina, Siria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán, Venezuela, Vietnam y Zimbabue. Fueron aceptados como nuevos socios 13 países y están en consideración los restantes.

El documento final (https://t.ly/jcoOd ; https://t.ly/m5_gn *español no oficial) de esta cumbre define propósitos y rumbos todavía en fase preliminar, aunque es importante resaltar: fortalecimiento del multilateralismo, cooperación, coordinación financiera y económica, intercambios humanitarios, preocupación por las sanciones ilegales en la economía global, uso de monedas nacionales en las transacciones comerciales de sus miembros y apoyo al ascenso de los países de África, Asia y América Latina.

Aunque los países latinoamericanos Bolivia y Cuba fueron aceptados como socios, en la región pesan todavía fuertes contradicciones, como lo demostró la oposición de Brasil al ingreso de Venezuela a los BRICS+, un “golpe” seriamente cuestionado entre otros por el reconocido politólogo Atilio Borón (https://t.ly/7dfGs). En todo caso, la reunión de los BRICS con la presencia de varios países del Sur Global bien puede compararse con la Conferencia de Bandung, Indonesia, que en 1955 dio origen a los países No Alineados y al nacimiento del “Tercer Mundo”, bajo las condiciones de confrontación entre capitalismo y socialismo.

Para América Latina los BRICS+ son una opción conveniente, por cuanto ofrecen las alternativas de un sistema de pago internacional propio, la posibilidad de un banco y una moneda digital, la transferencia de tecnología y un esquema de relaciones económicas que superará los límites y estrangulamientos que ha encontrado la región en los países hegemónicos del Occidente. También se crean las posibilidades para abandonar las condiciones impuestas por instituciones como el FMI, que han agudizado las desigualdades sociales al continuar con medidas neoliberales que se han demostrado nefastas, al pretender la “libertad económica”, una noción perniciosa para la región, aunque no para las élites económicas dominantes.

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Desde la crisis de la deuda externa iniciada en 1982, América Latina ha experimentado no solo el avance inducido de la ideología neoliberal, sino el ascenso de los intereses directos de los empresarios más poderosos y ricos de la región. Era normal que esos intereses estuvieran representados por políticos y partidos de las derechas; pero con el paso de las décadas ha aparecido un nuevo fenómeno: varios empresarios e incluso millonarios han optado por convertirse en candidatos a las funciones de elección popular y algunos se convirtieron en empresarios-presidentes. Sobre el tema existen varios estudios, como el ofrecido por la revista Nueva Sociedad en 2010 (https://shorturl.at/azCU7), el libro editado por Inés Nercesian y otros académicos (Presidentes empresarios y estados capturados: América Latina en el siglo XXI, 2020) e incluso un par de artículos que he publicado antes (https://t.ly/h0xqB ; https://t.ly/HbQZA). Vale actualizar las referencias sobre Ecuador, porque desde 2017 se han sucedido tres gobiernos empresariales: Lenín Moreno (2017-2021) y los millonarios Guillermo Lasso (2021-2023) y Daniel Noboa (2023-2025).

El problema central y cada vez más agudo es que los “empresarios-presidentes” tienen una inalterable conciencia de clase y, por tanto, una vez llegados al gobierno, el resultado normal es que convierten al Estado en instrumento de reproducción, ampliación y consolidación de los negocios en favor de los círculos empresariales vinculados a la captación del poder. Hay una especie de “patrón de comportamiento”: los bienes, servicios y empresas públicas se colocan en la mira de la privatización; son revisados los presupuestos y recursos públicos para estrangularlos de tal modo que se beneficien los negocios privados; florece la corrupción privada; realizan reformas legales e institucionales para reducir tributos bajo el disfraz de incentivos tributarios; flexibilizan las relaciones laborales; debilitan toda la institucionalidad y no les falta decisión a la hora de adoptar medidas de contención y hasta criminalización de la protesta social. Igualmente se ha evidenciado que cuentan con el respaldo de grandes medios de comunicación y con apoyos sociales, políticos e internacionales.

En todos los países con gobiernos directos de empresarios millonarios los estudios comprueban que se desestabilizaron e incluso se agravaron las condiciones de vida y trabajo de la población, mientras la riqueza se reconcentra en forma vertical y jerárquica. Sin embargo, el presidente argentino Javier Milei insiste en librar la batalla contra los “zurdos de mierda”, considerando que los empresarios son “héroes” y “benefactores sociales” (https://t.ly/urL_A), cuando la realidad histórica es al revés, ya que son los trabajadores quienes generan la riqueza, son auténticos “benefactores sociales” que incluso crean las ganancias empresariales y en la región son víctimas de explotación económica, dominación política, marginación, represión o violación a sus derechos laborales. En Ecuador, aunque el gobierno de Daniel Noboa no ha proclamado la ideología anarco-capitalista libertaria, se ha inspirado en sus “valores”. Argentina y Ecuador han roto con el latinoamericanismo y se han alineado con el neomonroismo norteamericano, que ha vuelto a penetrar en el área militar. En ambos países los resultados sociales han pasado a ser alarmantes y, además, en Ecuador al derrumbe económico (que en la coyuntura de crisis con paralización eléctrica paradójicamente afecta a los mismos empresarios víctimas de su propia ideología de “retiro” del Estado) se une la inédita explosión del crimen organizado y de la inseguridad ciudadana.

Los resultados sociales, humanos e institucionales de los gobiernos empresariales han terminado por demostrar que el modelo de “libertad económica”, tal como ha evolucionado históricamente en América Latina, es una idea perversa, que frena el desarrollo con bienestar social y ambiental. Se llega a pensar que el Estado no puede incursionar en área alguna, ya que todas solo deben pertenecer al sector privado. Una utopía que no existe en los Estados Unidos o Japón, con Estados fuertes y economías “libres” y mucho menos en Europa, con Estados poderosos que sostienen la economía social de mercado.

Para avalar el criterio de “libertad” se llega a sostener que incluso en China hay “libre empresa”, aunque condicionada por un “capitalismo de Estado”. Pero el desconocimiento del tema parece ser total. Según datos oficiales el 96,4% de las entidades de negocios chinas son del sector privado (https://t.ly/ngI7_), que cumple un papel fundamental en la promoción económica, a raíz de las reformas que desde los años 80 impulsó el gobierno de Deng Xiaoping (1978-1989). Se “olvida” que la Revolución China de 1949 cambió totalmente el poder y que la conducción del Estado se concentra en el Partido Comunista de China (PCCh). Las empresas privadas están sujetas al control estatal, deben alinearse al rumbo económico del país programado por los órganos políticos del Estado. Si bien hay multimillonarios que disfrutan de su enriquecimiento como cualquier otro millonario del mundo occidental, el Estado impide su incursión política, de modo que en China se ha realizado una separación muy clara entre el poder político y las actividades económicas privadas, al punto que los empresarios prácticamente no pueden ocupar ministerios y peor pasar a conducir al Partido. Los empresarios son consultados a través de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), junto a representantes de otros múltiples sectores como los académicos; y también podrían integrar el Congreso Nacional del Pueblo (CNP) o ser cooptados por el PCCh, de acuerdo con su trayectoria individual. Empresarios como el millonario Jack Ma, el fundador de Alibaba, fue inmediatamente separado cuando intentó convertirse en figura política capaz de desafiar al poder central. De modo que en China el empresariado es necesario, pero debe restringirse estrictamente a su esfera de acción y sujetarse a las políticas económicas del Estado. Un régimen de “socialismo con características chinas” que mantiene al mercado “libre” como instrumento para el desarrollo. Esta combinación explica el espectacular crecimiento de China en el contexto mundial.

La experiencia de China bien puede orientar en América Latina para retomar el camino del crecimiento y el desarrollo con bienestar social y equidad. Es imposible “copiar” o “reproducir” lo que hace ese gigante país; pero sí es posible revalorizar los procesos latinoamericanos que derivan de la Revolución Mexicana (1910), los clásicos “populismos” de la región durante la primera mitad del siglo XX, los logros del desarrollismo de las décadas de los 60 y 70 y, sobre todo, el papel cumplido por los gobiernos progresistas y de nueva izquierda en lo que va del siglo XXI. Este tipo de gobiernos han demostrado que es posible avanzar en la solución de los grandes problemas estructurales del empleo, la pobreza, la desigualdad y la misma democracia, contando con la efectiva acción del Estado, el mantenimiento de empresas estatales (incluyendo el relativo monopolio sobre ciertos recursos estratégicos), la provisión de bienes y servicios públicos (educación, salud, medicina, seguridad social) y la inversión estatal.

La experiencia histórica con los gobiernos empresariales acentúa hoy la necesidad de incorporar controles estatales más estrictos sobre el empresariado privado, para que cumpla con sus obligaciones tributarias e institucionales, se concentre en la eficiencia exitosa de sus actividades productivas más que en la política y adquiera responsabilidades sobre la distribución de la riqueza y la preservación medioambiental, en beneficio de la más amplia población. Son desafíos de los tiempos contemporáneos en un marco internacional que va superando los viejos dogmas de la “libertad del mercado” y edifica un mundo multipolar de diversidades económicas.

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Después de cuatro décadas de neoliberalismo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cambió el rumbo de México privilegiando políticas sociales que han mejorado las condiciones de vida y trabajo de su población. Como ha ocurrido con los gobernantes progresistas de América Latina esas transformaciones destaparon el odio de las élites que otrora manejaban el poder.

México también recuperó una firme visión y posición latinoamericanista, que históricamente ha sido el eje de sus políticas internacionales. Por eso, su decisión de no invitar al rey Felipe VI de España a la posesión presidencial de Claudia Sheinbaum ha ocasionado un impasse que, por el momento, no se ha agravado. Sin embargo, atrás del telón visible, lo que en el fondo se confronta es la posición del “hispanismo” cultivado por el partido VOX, las derechas y una serie de intelectuales que tratan de convencernos a los latinoamericanos que la conquista española fue “libertadora” de pueblos oprimidos por Aztecas e Incas, que la época colonial no fue tal, que las independencias fueron procesos errados y que Simón Bolívar, entre otros, es una figura despreciable. Un desconocimiento total de lo que es América Latina.

En forma paralela y aparentemente sin conexión, en la reciente Asamblea de la ONU el presidente del Consejo Presidencial de Haití Edgar Leblanc Fils reclamó de Francia la restitución de la deuda cobrada por la independencia del país como “indemnización” y cuyo monto de 150 millones de francos (unos US$ 21.000 millones) tuvo que pagar la república de negros libres durante 122 años. México y Haití obran en el marco de las reivindicaciones latinoamericanas sobre la deuda histórica que deberían asumir las potencias coloniales que durante por lo menos tres siglos sometieron a los pueblos aborígenes, destruyeron sus bases culturales, saquearon recursos, impusieron formas de explotación humana, implantaron la esclavitud, consolidaron la dependencia externa y crearon las estructuras fundamentales del subdesarrollo, sobre las cuales tuvieron que construirse después los Estados nacionales.   

Estas reacciones tienen sus antecedentes. La Conferencia Mundial sobre el Racismo, realizada en Durban, República Sudafricana (2001), fue pionera en plantear la deuda histórica como responsabilidad de los países del Norte, provocando que los Estados Unidos y los países europeos amenazaran con retirarse de la cumbre. Intelectuales y líderes africanos han reivindicado la deuda histórica por la esclavitud y el saqueo.

La comunidad afroamericana ha reclamado en los Estados Unidos compensaciones por los años de la esclavitud. Con ocasión del V Centenario en 1992, surgieron reivindicaciones latinoamericanas contra el coloniaje de siglos. Y existen casos concretos de deudas históricas cubiertas: por reclamos de la comunidad judía Alemania creó un fondo especial de indemnizaciones para los “trabajadores forzados” de la época nazi y en 1960 canceló unos 58 millones de euros a personas particulares; España demandó (1999) 700.000 pesos de plata del “Juno”, galeón español hundido en 1802 y hallado en las costas de Virginia, obteniendo resolución favorable del Tribunal de Norfolk; también logró que el Tribunal Federal de la ciudad de Tampa, Florida, facultara el retiro del tesoro que la empresa Odyssey Marine Exploration obtuvo (2007) de lo que se cree fue el galeón “Nuestra Señora de las Mercedes” hundido en el siglo XVII con cerca de 600 mil monedas de oro y plata, cuyo valor se estima en unos 500 millones de dólares que, por cierto, deberían pertenecer a América Latina; en 2002 la Asociación Americana de Juristas ante el Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda Externa (Porto Alegre), demandó responsabilidades históricas, incluso penales; Jubileo Sur, surgida de la Cumbre Sur-Sur de Gauteng, Sudáfrica (1999), sostuvo que la deuda externa es ilegítima e inmoral; el bloqueo sufrido por Cuba durante décadas, configura una deuda histórica acumulada, que ha impedido el desarrollo de su pueblo; en 1993 los indígenas amazónicos de Ecuador demandaron en Nueva York a la Chevron Texaco Corp. por daños ecológicos causados por la explotación petrolera del pasado. Pueden sumarse muchos casos.

De todos modos, en el plano internacional, resulta significativo que por lo menos existan pedidos de perdón y disculpas como la del Papa Francisco a las comunidades aborígenes americanas, o las de los gobiernos de Bélgica, Canadá y Alemania por acciones del pasado.

Sobre la base de esas experiencias históricas, los estudios sobre deuda ecológica y los planteamientos de distintos académicos referidos a las responsabilidades de los países coloniales y los imperialismos contemporáneos, es posible reivindicar, desde América Latina, la deuda histórica, un tema que abordé por primera vez en el IV Congreso de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC, 2003) y que desarrollé ampliamente en el libro Deuda Histórica e Historia Inmediata en América Latina. De modo que el concepto deuda histórica exige reparaciones, indemnizaciones y compensaciones para los países de América Latina.

Estas demandas no se limitan al pasado remoto, sino que también abarcan el pasado reciente, como la deuda externa, que ha sido impuesta por el sistema financiero internacional (FMI) en condiciones que benefician al capital global en detrimento de las sociedades latinoamericanas.

En definitiva, el concepto deuda histórica ha cobrado fuerza en los últimos años para explicar y reclamar las consecuencias de siglos de colonización, explotación y desigualdad que han afectado profundamente a América Latina. Esta deuda no solo se refiere a una compensación económica, sino que abarca aspectos sociales, ecológicos y culturales que se han gestado desde la llegada de los colonizadores europeos y que continúan presentes en el contexto contemporáneo. El concepto deuda histórica ha evolucionado para incluir nuevas formas de explotación humana, la apropiación de recursos naturales, la biopiratería que ha permitido que empresas transnacionales registren patentes sobre plantas y conocimientos ancestrales sin compensar a las comunidades indígenas.

Además, la deuda histórica incluye la destrucción y saqueo del patrimonio cultural, documental y arqueológico latinoamericano, muchos de cuyos tesoros se encuentran hoy en museos y bibliotecas de Europa y Estados Unidos. Asimismo, la deuda histórica tiene una dimensión interna, pues las élites locales y los gobiernos empresariales de América Latina han contribuido a perpetuar la pobreza y la desigualdad. Estas élites han sido cómplices de la explotación de los recursos y de la fuerza laboral, generando una profunda división social que permanece inalterada.

En definitiva, hay una deuda histórica que desafía directamente a las potencias mundiales que hasta ahora han evitado asumir su responsabilidad por el pasado colonial y el presente de intervencionismos e injerencias imperialistas para asegurar sus intereses hegemónicos, y que también cuestiona la dominación interna de grupos económicos beneficiarios de la perversa consigna de “libertad económica” que, como se ha demostrado en la región, polariza a las sociedades latinoamericanas entre una cúpula que acumula riqueza y captura los Estados para garantizar sus “buenos negocios”, mientras en el otro extremo se halla una población que reproduce pobreza, desempleo, subempleo, desesperanza e inseguridad, porque las élites del poder han frenado el desarrollo económico con bienestar humano.

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A partir de 1492 la conquista española y portuguesa (otras potencias europeas sobre todo en el Caribe) marcó una nueva época histórica para América Latina y de allí parten una serie de condiciones económicas y sociales que resultaron herencias coloniales reconfiguradas durante la construcción de las repúblicas.

Las culturas indígenas y las formas organizativas de los grandes imperios Azteca e Inca fueron arrasadas por la conquista española. Las poblaciones que sobrevivieron lograron mantener su vida comunitaria interna, pero fueron subordinadas a los encomenderos. La colonia introdujo la esclavitud, con africanos destinados a las regiones con escasa o nula población indígena y a las zonas tropicales o las minas. El mestizaje complejizó la estructura social. A mediados del siglo XVII los rasgos fundamentales de la colonia estaban consolidados con un 71.1% de población indígena, 10.4% de negros, 9.4% blancos, 5.7% mestizos y 3.4% de mulatos, como lo ha destacado el historiador Manuel Lucena S. Una élite de “blancos” de origen español o americano por nacimiento (criollos) explotaban indios y esclavos, cuyas condiciones de vida fueron miserables; y, además, eran los grandes propietarios de tierras (haciendas, estancias, plantaciones), comercios y minas. La legislación sancionó un sistema de “castas”, con privilegios exclusivos para los blancos. Intentó proteger a los indígenas y regular su trabajo, así como el de los esclavos; pero en las colonias españolas fue usual la fórmula “la ley se acata, pero no se cumple”. El poder político, bajo la forma de monarquía, se organizó sobre la jerarquización social, de modo que solo los españoles blancos podían ejercer los cargos superiores como virreyes, presidentes de las audiencias o gobernadores, mientras que para los criollos quedaron los puestos menores y el resto de la población permaneció excluida del acceso al control de las instituciones del gobierno. Fue excepcional que algún indígena o mestizo (más raro aún que sea negro) llegara a tomar importancia y alcanzara el nombramiento para algún cargo significativo en la administración del Estado.

La rigidez de la estructuración política colonial provocó frecuentes “levantamientos” y “sublevaciones” indígenas, cimarronajes de esclavos, movilizaciones y protestas de los mestizos. La represión normalmente fue brutal. Las contradicciones entre criollos y españoles se profundizaron durante el siglo XVIII y estallaron a inicios del XIX, derivando en los procesos de independencia, aunque solo la de Haití (1804) fue conducida por negros y mulatos. Entre 1809 y 1824 las luchas independentistas, si bien tienen una importancia mundial e histórica por haber logrado la ruptura del coloniaje en plena época de despegue del capitalismo, de todos modos, fueron encabezadas por criollos y el poder político que instalaron no alteró la herencia colonial ni la explotación humana.

América Latina adoptó la forma republicana de organización política, basada en la tripartición de funciones (ejecutivo, legislativo, judicial), con autoridad suprema de la Constitución y con régimen presidencialista. Teóricamente se proclamó la democracia representativa. Pero se consagró el poder de los propietarios, pues adquirieron la categoría de ciudadanos aquellos que poseían cierta riqueza y sabían leer y escribir, con lo cual fue excluida la enorme mayoría de la población. La esclavitud fue abolida a mediados de siglo, pero la situación indígena no se alteró hasta bien entrado el siglo XX, aunque la Revolución Mexicana (1910) impulsó la primera reforma agraria. Gracias al avance y triunfo del liberalismo contra el dominio de los conservadores, se logró la igualdad jurídica ante la ley, fueron reconocidos los derechos individuales y se fortaleció la democracia representativa. El crecimiento de las clases trabajadoras, acompañado por los primeros partidos socialistas y comunistas, logró códigos laborales e instituciones como la seguridad social. En todos estos procesos también inciden factores internacionales. Además, cada país tiene historias propias sobre la conflictividad social expresada en luchas políticas que dieron origen a revoluciones, gobiernos constitucionales, caudillos civiles y militares, dictaduras, regímenes autoritarios o más “democráticos” y promotores del bienestar colectivo. Las instituciones del Estado y la administración política siempre han estado condicionadas por la evolución económica.

La forma republicana, la democracia representativa, el presidencialismo han progresado sobre todo durante la segunda mitad del siglo XX y particularmente a fines del mismo, cuando se logró desalojar a los regímenes oligárquicos tradicionales y a las dictaduras militares macartistas y terroristas de la época de la Guerra Fría. Países como Ecuador lograron avances que no se han generalizado totalmente en América Latina, como los que contiene la Constitución de 2008 (dio continuidad a las progresistas Constituciones de 1929, 1945 y 1979), que fundamenta una economía social, reconoce amplios derechos individuales, sociales, de género, colectivos y de la naturaleza, así como el autogobierno y la justicia indígenas en las comunidades. Pero las proclamas teóricas no implican que la sociedad funcione como los ideales escritos.

Resulta paradójico que con el avance del siglo XXI el mayor obstáculo a la república democrática representativa ha pasado a ser el neoliberalismo y recientemente el libertarianismo anarco-capitalista, que es su expresión “superior”. Estas ideologías han permitido la reconfiguración del poder en manos de élites empresariales, sociales, mediáticas y políticas que, con el control del Estado, por medio de gobiernos que las expresan, han golpeado seriamente las instituciones que se tenían como bases para una nueva historia y han arrasado sobre todo con derechos laborales. Han favorecido la reconstitución de sociedades jerárquicas, además de beneficiarse con la captación privilegiada de los recursos públicos y el sometimiento del Estado a sus intereses crematísticos y rentistas.

En América Latina tanto Ecuador como Argentina han pasado a ser los países a la punta de lo que son las repúblicas democráticas oligárquicas (https://t.ly/UydyA), si seguimos los conceptos y el sentido que tuvo la democracia en la antigua Grecia, estudiada en Filosofía y democracia en la Grecia Antigua por la historiadora Laura Sancho R. En Ecuador pocos propietarios (olígoi) controlan los poderes económico y político (kratos); y han sometido a la población (démos) a condiciones en las cuales solo avanzan la inseguridad colectiva, el desempleo, la informalidad y el subempleo, el trabajo precario y flexibilizado, la dependencia externa, la corrupción privada. El presidente Javier Milei nuevamente ataca como aberrante a la justicia social, suponiendo que la redistribución de la riqueza es un “robo” a los propietarios de la misma (https://t.ly/PIDQC ; https://t.ly/z66ZN), mientras desconoce que es esa propiedad la que históricamente se ha erigido sobre la explotación humana y el robo al trabajo socialmente generado. Se identifica socialismo con pobreza, sin advertir lo que ha ocurrido con el neoliberalismo latinoamericano causante de la miseria en los países en los que sus consignas se han aplicado. Se reivindica como “libertad” sin Estado a un capitalismo de libre competencia y libre explotación a los trabajadores. En los dos países la defensa de la democracia-oligárquica se encamina a la criminalización y represión de la protesta social.

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En medio de una acalorada discusión, el Pleno del Legislativo aprobó con 86 votos afirmativos la moción presentada por el asambleísta Blasco Luna. La resolución establece el rechazo enérgico a las declaraciones del mandatario en el medio extranjero por la grave afectación que puede tener la imagen internacional del país, asimismo, el riesgo de romper lazos con otras naciones.

Del otro lado, el Legislativo enviará disculpas públicas a Nayib Bukele, presidente de El Salvador; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Gabriel Boric, presidente de Chile; y Javier Milei, presidente de Argentina. Asimismo exhortó al presidente Noboa a hacer lo mismo y le solicitó que se abstenga de emitir criterios personales ajenos a su condición de jefe de Estado.

Por su parte, el oficialismo rechazó esta moción y resaltó que hay otros temas importantes que tratar. La asambleísta Valentina Centeno mencionó que cosas más demenciales se han visto en la misma Asamblea y señaló que están llevando esta discusión a la »farandulería y el chisme».

Declaraciones en el New Yorker

El pasado 17 de junio, la revista The New Yorker publicó un reportaje realizado al primer mandatario en donde llamó la atención las declaraciones sobre sus homólogos en América Latina. De Javier Milei (Argentina) dijo:  “No sé por qué piensa que es tan genial. No ha logrado nada desde que asumió la presidencia. Parece muy engreído, lo cual es muy argentino, en realidad”.

Calificó a Gustavo Petro de “snob izquierdista” y que en vez de mantener conversaciones da conferencias. Sobre Nayib Bukele (El Salvador) – en cuya posesión presidencial estuvo presente hace algunas semanas – expresó que: “El tipo es arrogante y sólo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia”.

Finalmente al referirse a Gabriel Boric (Chile) dijo que aunque “parece todo correcto (con él)”, lamentó que esté limitado por “sus socios de extrema izquierda”. (AGM).

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El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por primera vez por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972. Cada año lo auspicia un país diferente y este 2024 el anfitrión y organizador es Arabia Saudita.

Según la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación, hasta el 40% de las zonas terrestres del planeta están degradadas, lo que afecta directamente a la mitad de la población mundial.

El número y la duración de los períodos de sequía han aumentado un 29% desde el año 2000 y, si no se toman medidas urgentes, las sequías podrían afectar a más de tres cuartas partes de la población mundial en 2050.

Del otro lado, la Organización Meteorológica Mundial señaló que hay un 80 % de probabilidades de que la temperatura media anual global supere el límite de 1.5 °C en alguno de los próximos cinco años. Hasta el 2015 esta posibilidad era casi nula.

En Ecuador, la falta de lluvias y la disminución de los niveles de agua en las hidroeléctricas ocasionó la crisis energética que hasta ahora el país intenta solventar con la importación de electricidad desde Colombia.

Reloj del juicio final

El simbólico “Reloj del Juicio Final” captó la atención mundial tras su última actualización, acercándose peligrosamente a la medianoche, un punto que representa la aniquilación global.

El famoso reloj inició gracias al Boletín de los Científicos Atómicos y es una metáfora visual del nivel de amenaza que enfrenta la humanidad debido a diversas crisis, incluyendo el cambio climático, la proliferación nuclear y las tecnologías disruptivas.

Originalmente, el reloj medía la amenaza de una guerra nuclear global, pero con el tiempo su enfoque se ha ampliado para incluir otros peligros existenciales.

Cada año, el Boletín consulta con su Consejo de Ciencia y Seguridad, que incluye expertos en ciencia, seguridad y tecnología, para evaluar las amenazas y ajustar la hora del reloj. En enero de 2024, el reloj fue adelantado a solo 90 segundos para la medianoche, la distancia más corta desde su creación. (AGM).

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El tema del desarrollo económico surgió después de la II Guerra Mundial (1939-1945), asociado con la Guerra Fría. La razón fue que las condiciones sociales de los países de Asia, África y América Latina, a los que también se llamó el “Tercer Mundo”, podían resultar explosivas y favorables a proyectos socialistas, con temor del derrumbe del capitalismo. La preocupación de los países del “Primer Mundo” fue promover el “desarrollo” del Tercer Mundo. En los Estados Unidos comenzaron a aparecer los teóricos “expertos” en desarrollo, como W. W. Rostow, autor de The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (1960), que tuvo enorme influencia y que pretendía fundamentar cinco etapas de obligado ascenso al desarrollo, siempre vinculadas con el modelo de economía “libre” de los EE.UU., es decir, solo en camino al capitalismo.
 
En América Latina la institución que, además de integrar a prestigiosos investigadores, supo realizar pioneros estudios sobre el “subdesarrollo” de la región fue la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), creada por las Naciones Unidas en 1948. Sus teorías contrastaron con las que provenían de los EE.UU. y ofrecieron soluciones contrarias e innovadoras frente a las de los expertos del Primer Mundo. El golpe inesperado llegó con el triunfo de la Revolución Cubana en enero de 1959 y el camino que este país inició, que finalmente sería el del socialismo. El terror a un desenlace parecido en cualquier otro país latinoamericano condujo a que durante la presidencia de J. F. Kennedy (1961-1963) se planteara el plan “Alianza para el Progreso” como instrumento para impulsar el desarrollo de América Latina. Por cierto, Rostow pasó a ser Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y luego presidente del Consejo de Planificación Política en el Departamento de Estado.  Y esa especie de “Plan Marshall” para la región formó parte de una estrategia de largo plazo para el fortalecimiento del modelo norteamericano de economía “libre” frente al ruso-comunista, acompañado del objetivo por lograr la primacía militar y en el espacio (que llegó al primer descenso humano en la Luna) y fortalecer la hegemonía de los EE.UU. La reconocida economista Mariana Mazzucato, en tres obras: El Estado emprendedor (2014), Misión economía. Una guía para cambiar el capitalismo (2021) y en Cambio transformacional en América Latina y el Caribe: un enfoque de política orientada por misiones (2022), tomó como ejemplo esos procesos, para fundamentar sus concepciones sobre la necesidad de las políticas de Estado para la actualidad, rechazando la visión neoliberal que intenta arrinconarlo y hasta suprimirlo en su acción económica.
 
De aquella época al presente hay un contraste abismal. El desarrollismo de las décadas de los 60 y 70 en América Latina, con clara participación estatal en la economía y que en países como Ecuador sirvieron para superar el escandaloso atraso de su sociedad (el “cuadro del subdesarrollo”, en un conjunto de índices muy propio de la época, ocupaba el primer lugar en América del Sur, junto con Bolivia), progresivamente fue abandonado. Se articularon la crisis de la deuda externa en 1982, las intervenciones del FMI, la consolidación del reaganismo y la indetenible expansión de la ideología neoliberal entre las élites latinoamericanas, a raíz de la globalización transnacional provocada con el derrumbe del socialismo de tipo soviético. En la región cambió todo el lenguaje económico sobre el desarrollo y, además, sobre el bienestar humano colectivo. Y en la vía señalada se abandonó la construcción de teorías económicas propias de la región, como lo había postulado la CEPAL, y se pasó a manejar las reducidas consignas de los grupos económicos, con un recetario que ha caracterizado la conducción de los gobiernos empresariales latinoamericanos y de los presidentes-empresarios. Entre ellos se repite, hasta el presente: achicar al Estado, aliviar o suprimir impuestos, privatizar bienes y servicios, transferir recursos públicos y nacionales al sector privado, “liberar” mercados, flexibilizar/precarizar las relaciones laborales y nada de redistribución de la riqueza generada por el trabajo social apropiado campantemente por las elites económicas, que disfrutan de una vida de privilegios.
 
Fueron los gobiernos progresistas del primer ciclo y ahora también los del débil segundo ciclo, los que recuperaron el sentido del desarrollo y, sobre todo, el del bienestar colectivo. Sentaron caminos para la construcción de economías sociales. Por eso sus políticas han chocado no solo con la visión del FMI y de los EE.UU. sino, ante todo, con las élites empresariales que se acostumbraron a la captura del Estado a su favor, durante las décadas finales del siglo XX. Con el libertarianismo, como nueva ideología que da un paso adelante frente al neoliberalismo y que es inducida por el triunfo presidencial de Javier Milei en Argentina, esas élites se han decidido por abandonar, definitivamente, cualquier sentido de justicia social (https://t.ly/csmv3). Sólo se interesan por el progreso de sus negocios y la acumulación de mejores rentabilidades. Y eso confunden como “desarrollo”. De este modo, la economía puede crecer (en cuanto al PIB) y hasta lucir como modernas, con incremento del consumismo y la inundación de mercancías de todo tipo, que llenan supermercados y centros comerciales en urbes que acumulan construcciones y edificios, pero sin lograr el mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población, cuya ruina no llega a solucionarse en el largo tiempo. Además, en países como Ecuador, aparecen claros signos de reconfiguración de economías oligárquicas, primario-exportadoras, con hegemonía del capital financiero, comercial, especulativo y el crecimiento de las “economías ilegales”, en manos de mafias que han logrado penetrar en instituciones del Estado. Un nuevo cuadro del subdesarrollo latinoamericano, para el cual no tienen respuestas el neoliberalismo ni el libertarianismo, ya que son los causantes de esta sui géneris época histórica del siglo XXI latinoamericano. La reconcentración agresiva de la riqueza es el signo actual, como lo ha constatado la misma CEPAL. Es tajante la diferencia con los cambios reales que han encabezado los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador en México y de Lula en Brasil. En Colombia, el camino hacia una economía social conducido por el presidente Gustavo Petro está amenazado por la reacción de los sectores que disfrutaban del control del poder para garantizar sus privilegios.
 
Economías sin desarrollo, es decir sin promover el bienestar colectivo, unidas al dominio estatal de élites neoliberales/libertarias, no solo han provocado democracias oligárquicas (https://t.ly/F9O14), como la que vive Ecuador, sino que no ofrecen un futuro que haga posible el mundo mejor. Y se unen potencias del Primer Mundo que anteponen sus geoestrategias de hegemonía internacional, sin comprometerse en programas de acción conjunta con los países subdesarrollados, para superar, definitivamente, las condiciones estructurales que alimentan la pobreza y el mantenimiento del deterioro en la calidad de vida y trabajo de la mayoría de las poblaciones.

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Quito, 14 feb (La Calle).- Cada continente tiene su propia historia. Además, en ellos también hay diferencias regionales y sociales que marcan historias específicas. Y si bien América, en general y América Latina/Caribe, en particular, tienen una milenaria historia precolonial, con una riqueza de culturas que evolucionaron en distintas fases desde el poblamiento originario y las primeras comunidades de cazadores-recolectores, hasta llegar a la época de las grandes civilizaciones de Aztecas, Mayas e Inkas, la región pasó a formar parte de la historia de Occidente a partir de la invasión y conquista iniciada por Cristóbal Colón en 1492. Lo hizo como región subordinada al mercantilismo colonial. Y desde este momento se sentaron las bases históricas de la dependencia externa, el subdesarrollo, la jerarquización social, la explotación de minorías criollas blancas y blanco-mestizas sobre las enormes mayorías de las poblaciones y otros tantos “patrones” de evolución posterior, que fueron destacados medio siglo atrás por Stanley J. Stein y Barbara H. Stein en La herencia colonial de América Latina (1970).
 
A esa herencia se suman las nuevas condiciones creadas a partir de las independencias, por las repúblicas latinoamericanas, el modelo político definitivo, ya que fueron temporales los imperios en México y Brasil. Dominadas por poderosos terratenientes, empresarios del comercio interno y externo, por mineros y banqueros, las “democracias” proclamadas en el siglo XIX no solo fueron censitarias, sino “elitistas”, porque esas clases excluyeron expresamente a las poblaciones y los conflictos de la vida política se centralizaron en ellas. Durante el siglo XX, al compás del desarrollo capitalista, la afirmación de las burguesías latinoamericanas y el creciente ascenso y lucha de clases medias, trabajadores y sectores populares, las economías se volvieron complejas, la política se diversificó entre fuerzas sociales con diversidad de intereses y la región también pasó a integrarse en la vorágine mundial despertada con el desarrollo del imperialismo capitalista. La literatura social sobre estos temas es riquísima en la región. Y tuvo un crecimiento y profundidad impresionantes desde la década de 1960, especialmente por las investigaciones vinculadas con la teoría marxista, que hasta fines de la década de 1980 determinó las coordenadas de la ciencia social de la región, como lo analizaron a su tiempo obras como la de Aldo E. Solari, Rolando Franco y Joel Jutkowitz, Teoría, acción social y desarrollo en América Latina (1976) o la de Ciro F. S. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli Los métodos de la historia (1984).
 
En lo que va del siglo XXI igualmente se ha esclarecido que el capitalismo latinoamericano ha ingresado a una nueva época, evidentemente más compleja, pero que tampoco ha superado viejas herencias coloniales y republicanas. Aún más, de la mano de gobiernos y políticas económicas neoliberales, la región revirtió “viejos” logros sociales, como los derechos laborales, y arrasó con las capacidades de los Estados, otrora potenciadas por las políticas desarrollistas y estructuralistas de las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo. Incluso las economías sociales avanzadas por los gobernantes progresistas fueron desmontadas al suceder gobiernos abiertamente empresariales y neoliberales.
 
En estos nuevos contextos históricos, vuelve a hablarse de “élites” que no solo controlan las riendas de la economía, sino que hegemonizan el poder, “capturan” los Estados y aseguran su dominación social. Al estudio pionero de Seymour Martin Lipset y Aldo E. Solari en Elites y desarrollo en América Latina (1967), se unen recientes estudios. Destaco cuatro obras que tienen singular importancia para el presente histórico: el libro de Inés Nercesian Presidentes empresarios y Estados capturados: América Latina en el siglo XXI (2020); Las tramas del poder en América Latina. Élites y privilegios, editado por Inés Nercesian, Francisco Robles-Rivera y Miguel Serna (agosto 2023); el dossier sobre “Élites y poder político en América Latina” coordinado por Edison Hurtado, Miguel Ruiz, Jonathan Báez (Íconos 77, diciembre 2023); y el reciente libro coordinado por Soledad Stoessel y Valeria Coronel La (des)regulación de la riqueza en América Latina. Lecturas interdisciplinarias en tiempos de pospandemia (2024). Lo importante es que en estas obras hay estudios sobre varios países, un asunto vital para comprender el fenómeno de las “élites” latinoamericanas y destacar que su presencia y las condiciones de su poder no son exclusivas de un país en particular, sino una realidad especial en la región.
 
A partir de esos estudios, resalto algo más sobre las nuevas circunstancias históricas analizadas en ellos. Es cierto que, en el presente siglo, las élites ya no se limitan a influir en el poder, sino que incursionan directamente en la política y capturan el Estado, de modo que no son raros los empresarios-políticos ni los presidentes-empresarios y, además, millonarios. Guiados por sus consignas neoliberales y ahora libertarias, no les interesa la justicia social (https://t.ly/csmv3), desprecian a los sectores populares, abiertamente buscan fórmulas para explotar a los trabajadores y usan el Estado, sus funciones y sus aparatos, para perseguir, judicializar y reprimir a los opositores y, ante todo, al progresismo y al izquierdismo sociales. Interesados exclusivamente en las mayores rentabilidades y la concentración de la riqueza y los recursos nacionales en sus manos, las “élites” (o mejor la alta burguesía) han dejado de preocuparse por el desarrollo económico. Es impresionante, de acuerdo con los datos aportados por los investigadores en los libros citados, cómo se ha agravado la concentración de la riqueza en medio de la pandemia del Covid del año 2020, al mismo tiempo que la polarización frente a la pobreza, el desempleo, el subempleo y la emigración. Y algo adicional, que se vuelve cada vez más visible, aunque lo vivió Colombia largo tiempo: algunas “élites” están rozando las vías por las que también transita la economía ilegal de mafias y crimen organizado, como se está destapando en la experiencia de Ecuador de los últimos siete años. Los responsables históricos de esta inédita situación son los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y del banquero Guillermo Lasso (2021-2023). A pesar de esa herencia, la matriz económica empresarial-neoliberal no se ha modificado con el gobierno del millonario Daniel Noboa.
 
Todo ello significa que la “democracia” ha dado un giro contra su propio ideal: América Latina ha retomado la senda que tuvieron las democracias elitistas del siglo XIX e incluso las conducciones del Estado, en manos de los empresarios-políticos, recobra las mismas características que tuvieron los Estados oligárquicos del pasado. Democracias en las que ya no se admiten las demandas e intereses de lo que cierta conceptualización sociológica denomina como “clases subalternas”. Que acuden al golpismo institucional cuando es necesario, como lo experimenta ahora el presidente Gustavo Petro en Colombia. Élites latinoamericanas abiertamente identificadas con el capital transnacional y, sin duda, con los Estados Unidos. Que cumplen con fidelidad al FMI. Son las democracias-oligárquicas del siglo XXI.

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En el contexto general de la historia contemporánea de América Latina destaco al menos los siguientes puntos para comparar la situación coyuntural entre Argentina y Ecuador.

UNO. Con el avance del siglo XXI, existe un proceso mundial de reordenamiento de los poderes centrales: mientras declina la hegemonía de los Estados Unidos, ascienden China, Rusia, los BRICS-Plus. En consecuencia, América Latina es una región en disputa, al mismo tiempo que lentamente se proyecta como otro espacio del Sur Global con definiciones y estrategias propias, de la mano de los gobiernos progresistas, pero no de los empresariales-neoliberales. En los procesos electorales ya no solo obran las fuerzas políticas internas, sino también las internacionales. El americanismo monroísta no ha dejado de actuar para “influir” sobre ellos, porque a los EE.UU. convienen los gobiernos que respondan positivamente a sus geoestrategias mundiales y a su seguridad nacional. Se suma una internacional derechista consolidada, tanto en áreas académicas como políticas, e integrada en fundaciones y organizaciones bien financiadas, que igualmente trabajan para el éxito electoral de sus preferidos. Desde luego, el triunfo de gobiernos de la derecha política pasa a ser una garantía para los intereses monroístas. Lenín Moreno y Guillermo Lasso calzaron perfectamente con esos intereses. Es muy claro que Daniel Noboa y Javier Milei no son antimperialistas. Donald Trump y Jair Bolsonaro fueron los primeros en encantarse con el triunfo presidencial de Milei. Tampoco hay que dejar a un lado la felicitación que recibió por parte del presidente chino Xi Jinping. Pero, además, en el contexto de las geoestrategias centrales, están claros los del Secretario de Estado de los EE.UU. y de la General Comandante del Comando Sur sobre la “” que representan Rusia y principalmente China, junto con señalar el rol de las alianzas militares para contrarrestarla, al viejo estilo del TIAR y del macartismo. En todo caso, esos propósitos no conjugan con Estados y empresarios que han creado relaciones económicas con esos países y también chocan con los gobiernos progresistas que cuestionan el caduco monroísmo. Sin embargo, el candidato Milei fue un “negacionista” de lo ocurrido durante la dictadura militar que implantó el Estado terrorista-anticomunista entre 1976-1983, en lo cual coincide con la visión del expresidente Bolsonaro sobre el largo período dictatorial civil-militar en Brasil. Pero Ecuador no tuvo dictaduras como las que caracterizaron al Cono Sur. Desde el retorno a la democracia en 1979 en Ecuador y en 1983 en Argentina, no se han producido golpes de Estado militares, aunque en Ecuador hubo asonadas encabezadas por figuras militares en 1987 y 2000 y por la policía en 2010, además de que el “derrocamiento constitucional” de presidentes en 1997, 2000 y 2005 tuvo que contar, finalmente, con el “arbitraje” de las fuerzas armadas. La pregunta que se impone es si habrá un límite o tope directo de la institución militar frente a las transformaciones que quieran impulsar los gobiernos neoliberales y más aún los libertarios anarco-capitalistas, pero también los progresistas de izquierda. Lo que está claro es que se requerirá de reformas urgentes en las fuerzas armadas y policías para enfrentar, con efectividad, la delincuencia y el crimen organizado, que están afectando la seguridad ciudadana en toda América Latina y que responden a la internacionalización de mafias con capacidades para penetrar en los aparatos de los Estados. En Ecuador, el embajador de EE.UU. llegó a referirse a la existencia de “narco-generales”, un asunto que sigue en el vacío.
 
DOS. Los medios de comunicación e información son múltiples y variados con el desarrollo del internet y ahora la inteligencia artificial; pero la televisión sigue jugando un papel político decisivo y aquí predominan las compañías privadas de grandes recursos, junto con los periódicos y revistas impresos que requieren fuertes inversiones. Esos medios empresariales defienden intereses privados y mantienen estrechos vínculos con la clase empresarial en general y mayor cercanía con los grupos y personalidades políticas de las derechas. En consecuencia, promueven candidatos de esas filas y protegen a gobernantes que los representan. En Ecuador promovieron a Lasso y a Noboa, al igual que lo hicieron con Milei en Argentina, quien era un “outsider” político, pero no mediático, como lo ha subrayado Atilio Borón. El papel de los medios alternativos y de las redes sociales, según los estudios existentes, es dividido, porque actúan en función de las candidaturas y acciones de gobierno, aunque adquieren significación diaria que pasa a ser contundente, lo cual ha resultado decisivo, por ejemplo, en el apoyo que por su intermedio se difunde a las causas de los movimientos sociales. De todos modos, la convergencia de las élites se ha transformado en bloques de poder que, con el acceso gubernamental al Estado, lo subordinan a su servicio. En Ecuador ese bloque logró unificarse con el gobierno de Moreno y dominó con el de Lasso. El férreo vínculo entre medios de comunicación y políticos empresariales ha extendido una “cultura” que generaliza las ideas neoliberales y que adquiere peso incluso entre clases medias y sectores populares, favoreciendo el voto por figuras como Lasso, Noboa o Milei. Las reacciones ante la ineptitud gubernamental de Lasso han dividido temporalmente al bloque de poder que lo sostuvo: tiene reducidos partidarios, una parte se alejó y hoy lo critica, así como otra parte ha decidido cuestionar y aún atacar al presidente Noboa por el acuerdo parlamentario con el “correísmo”. Sin embargo, es posible que ocurra la reunificación de fuerzas, si Noboa mantiene el modelo empresarial-neoliberal y oligárquico o si se prioriza la convergencia derechista para impedir, nuevamente, el retorno del “correísmo”, considerado como el enemigo principal. En esas filas tampoco se ha ocultado la satisfacción por el triunfo de Milei; y, de hecho, Verónica Abad, la vicepresidenta de Noboa, difundió sus convicciones libertarias en plena campaña electoral y en forma independiente, cuestionando la existencia de “derechos” como educación y salud o abogando por la privatización de la seguridad social. Apenas posesionado el presidente Noboa dispuso (Decreto No. 27), de acuerdo con la Constitución, que la vicepresidenta tenga, como única función, ser «colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina«, aclarando: “Para el cumplimiento de estas funciones la Vicepresidenta estará en la oficina de la Embajada del Ecuador, en Tel Aviv”, lo que ha motivado especulaciones sobre un “divorcio político” ya visible antes de las elecciones.
 
TRES. Los fundadores del neoliberalismo presentaron ideas parcialmente aplicables y seguidas en los mismos países de origen, pero que tuvieron reconocimiento (Friedrich von Hayek y Milton Friedman recibieron el premio en honor a Nobel) por estar dirigidas contra el “comunismo”. Hayek, en debate con Keynes, privilegió la “libertad” ante el supuesto “estatismo” de su detractor. Pero el neoliberalismo no penetró en América Latina hasta que los “Chicago Boys” lo introdujeron con la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile. Se impuso sobre la sangre de miles de “comunistas”. En la década de 1980 se implantó con el FMI y sus “cartas de intención”, que condicionaron el pago de las deudas externas de la región. El neoliberalismo fue acogido por las burguesías latinoamericanas como el ideario que fundamentaba sus tradicionales intereses económicos. Hoy, las derechas políticas de la región, por sobre sus diferencias y matices, coinciden en un puñado de consignas económicas: no al Estado interventor, no a los impuestos, no al trabajo regulado, privatización de bienes y servicios públicos, mercados libres, apertura indiscriminada al capital extranjero. Pero la experiencia histórica del neoliberalismo es diferenciada: en los EE.UU. provocó desindustrialización, mayor concentración de la riqueza y repotenciación de las corporaciones, como lo destacó Joseph Stiglitz en Capitalismo Progresista. En Europa no se desmontó del todo el Estado de bienestar y hoy siguen vigentes los servicios públicos universales en educación, salud y seguridad social. En América Latina se asimiló un neoliberalismo tergiversado, a través del cual se interpretó el modelo económico de los EE.UU., el ídolo de un supuesto mercado “libre” de todo. Pero tanto Europa como EE.UU. tienen Estados fuertes, con enormes capacidades económicas. Y en Europa hay altos impuestos para sostener los servicios públicos. De modo que en América Latina la experiencia “neoliberal” fue desastrosa durante las décadas finales del siglo XX, incluyendo a Chile, el país ejemplar en el modelo. Múltiples estudios, como los de la CEPAL, lo demuestran. En todas partes, las condiciones de vida y trabajo no fueron solucionadas y el “cuadro del subdesarrollo” persiste en cualquier país. Esas condiciones determinaron el surgimiento del primer ciclo de gobiernos progresistas a inicios del siglo XXI, tras el cual sobrevino un período de gobernantes conservadores y neoliberales y después solo pocos gobiernos del segundo ciclo progresista. En Ecuador el desastre neoliberal no solo fue económico, sino que se reflejó en la crisis institucional y gubernamental: entre 1996 y 2006 hubo 7 gobiernos, 1 dictadura nocturna y los 3 presidentes surgidos de elecciones populares fueron derrocados. El gobierno de Rafael Correa (2007-2017) enrumbó al país hacia una economía social del Buen Vivir y los positivos resultados en el avance igualmente constan en informes nacionales e internacionales. Por eso triunfó Lenín Moreno en 2017, entonces promovido por el correísmo; pero lo traicionó de inmediato y revivió el modelo empresarial-neoliberal. Lasso, banquero y millonario, presidía “Ecuador Libre”, un tanque de pensamiento libertario anarco-capitalista del que también provinieron varios de sus ministros y altos funcionarios, de manera que consolidó el camino restaurado por Moreno. Los resultados sociales del gobierno de Lasso son desastrosos incluso por el desarrollo de la delincuencia y el crimen organizado, inédito en la historia nacional y consecuencia del “achicamiento” de las capacidades estatales, que arrastró a las de seguridad interna. A tal punto “Lasso es un fracaso” (frase generalizada en las redes), que tuvo que acudir al mecanismo constitucional de la muerte cruzada para evitar el juicio político en la Asamblea y su destitución; dejó el poder como el peor presidente evaluado en el país (un 15% de aprobación) y en América Latina (CID-Gallup) y se despidió afirmando “Yo entré como un liberal en materia económica y me retiro como un socialdemócrata que respeta la democracia”. ¿Podría suceder lo mismo con el presidente Milei? Como contraste, el nuevo presidente Noboa, al menos en su programa, admite ciertos servicios públicos. Pero Milei no solo habló en campaña de privatizarlo todo, sino que anuncia que salud y educación deben pasar a manos privadas y que los argentinos deben pagarlos. Si Milei tiene el éxito que sus votantes suponen, en toda Latinoamérica se inundará la experiencia argentina y lucirá incontenible. El problema es que no existe en el mundo capitalista un solo Estado que haya aplicado los principios anarco-capitalistas, ninguna potencia central ha estrangulado el Estado como creen los neoliberales latinoamericanos y las nefastas experiencias históricas de esas ideas están a la orden del día en cualquier país de la región que se escoja para estudiarlo.
 
CUATRO. Entre los movimientos sociales de Ecuador el de los indígenas es el más fuerte y organizado, incluso en Sudamérica (junto a Bolivia), mientras es débil y muy dividido el de los trabajadores. Ambos tuvieron líderes que, guiados por su fanático anti-correísmo, respaldaron a Moreno. Después, los votos de esos sectores contribuyeron al triunfo de Lasso en 2021, particularmente en la Sierra y la Amazonía, para evitar que gane el “correísta” Andrés Aráuz. No ha ocurrido lo mismo con Noboa pues amplios sectores indígenas votaron por Luisa González. De todos modos, el movimiento indígena ha tenido jornadas de lucha fundamentales y las movilizaciones de 2019 y 2022 contaron con amplio apoyo popular. Moreno y Lasso acudieron a la represión, los líderes fueron judicializados y también se criminalizó la protesta social. Sin embargo, Pachakutik, el partido indígena, no tiene fuerza electoral. El país tampoco tiene partidos sólidos y grandes, exceptuando la Revolución Ciudadana (el correísmo) y medianamente el derechista Social Cristiano, hoy en decaída. Según un reciente estudio de Cantú-Carreras sobre las preferencias electorales en América Latina, ante la falta de partidos institucionalizados los electores no votan por razones ideológicas, sino por los candidatos que subjetivamente les cautivan. Es lo que sucedió con Noboa, quien captó votos incluso por ser “nuevo” y “joven”. También hay, sin duda, una reacción nacional contra los viejos políticos y la vieja política, sobre todo entre las nuevas generaciones, que no vivieron el progresismo de la década presidencial de Rafael Correa. Pero en Argentina no hay un movimiento indígena que se parezca al ecuatoriano y, en cambio, los sindicatos tienen tradición y fortaleza, además de que el peronismo, el radicalismo y otros partidos igualmente cuentan con presencia histórica. Sin embargo, tampoco se votó por Milei por razones ideológicas, sino como reacción a los “malos” resultados del gobierno de Alberto Fernández, según coinciden varios analistas, y también contra la “casta” política vieja, continuamente atacada por el verbalismo discursivo de Milei. Todo ello es lo que movilizó el voto joven. Pero en Ecuador y Argentina hay un sector social que el partidismo y el movimientismo han descuidado: la población desempleada y subempleada (en Ecuador 65% de la PEA) en la que tanto Noboa como Milei captaron votos, que representan la desesperación por un “cambio” que parece posible solo con personalidades “nuevas”.
 
De los puntos señalados podrán derivarse múltiples conclusiones. Lo que deseo resaltar es que el neoliberalismo y mucho menos el libertarianismo, no podrán solucionar los problemas históricos de América Latina. No veo cómo Noboa, perteneciente al grupo económico más rico del país, pueda tener éxito en año y medio de gestión sin cambiar la matriz empresarial-neoliberal afirmada por los dos gobiernos antecesores en los últimos seis años. Y si todo va bien en Argentina, y se conquista ¡por fin! el soñado paraíso de la empresa privada sin Estado, también el país estará rodeado del infierno de quienes no podrán comprar educación, salud o seguridad social y tampoco bienes clave para la vida digna y el bienestar. En América Latina el capitalismo nunca ha funcionado como en los países centrales. En esta región durante el siglo XXI se ha agudizado lo que K. Marx denominó como lucha de clases, que en el mediano tiempo histórico se expresa en la confrontación entre economía empresarial-neoliberal y economía social del bienestar. Lo que cada vez se observa con mayor agudeza es que para reimponer el neoliberalismo toma fuerza el fascismo.

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La “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, fue un documento limitado a 17 artículos, cuya proclama central reconoció “los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. Además, consideró: “La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación”; “La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás”; “La ley es expresión de la voluntad de la comunidad”; “Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto”; “Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas”.

Fruto del racionalismo y del pensamiento ilustrado, esa Declaración significó una revolución humana en la concepción sobre los derechos individuales. En la región que hoy llamamos América Latina, la primera traducción de aquel trascendental documento la hizo el bogotano Antonio Nariño en 1793, uno de los próceres de la independencia de la actual Colombia. También la Ilustración y los Derechos del Hombre guiaron los conceptos movilizadores de los criollos independentistas hispanoamericanos, convertidos en próceres y patriotas. Pero no siempre suele distinguirse que en los procesos independentistas, América Latina forjó dos principios de magnitud humana universal: la soberanía de los pueblos, de una parte y, de otra, la independencia, que son los conceptos que fundamentaron la lucha anticolonial y  cuya vigencia se extiende hasta el presente.
 
Paradójicamente, los derechos individuales no fueron proclamados de una vez por todas al nacer las republicas latinoamericanas. Lo impidieron la dominación oligárquica, una democracia censitaria que excluyó del poder y de la ciudadanía a la gran mayoría de la población, la conservación de la esclavitud, la hegemonía política inicial de los conservadores aliados con la Iglesia católica y la larga vigencia de las economías precapitalistas, caracterizadas por el rentismo de élites primario-exportadoras. Todo ello explica que durante el siglo XIX correspondiera al liberalismo y sus partidarios la tarea histórica de implantar, en forma definitiva, los derechos individuales generales y, además crearan las instituciones que los consagraron. México es el país que mejor ejemplifica ese proceso con una sucesión de leyes: Ley Juárez (1855), Ley Lerdo (1856), Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (1859), Ley de Registro Civil y de Matrimonio Civil (1859), Ley Sobre Libertad de Cultos (1860) y, sin duda, la Constitución laica de 1857 nacida con La Reforma. En Ecuador, los derechos individuales fueron ampliamente consagrados por la Constitución de 1896 y, sobre todo en la magna Carta liberal de 1906. Gracias a la Revolución Liberal ecuatoriana (1895-1911) se consagró la educación pública laica, la separación de Estado e Iglesia, se implantó el registro civil (1900) y leyes de matrimonio civil y divorcio (1902).
 
Los derechos de primera generación, nacidos de la Revolucion Francesa, reflejaron el ascenso de las burguesías en los países capitalistas centrales; sin embargo, inspiraron las conquistas logradas por los liberales en América Latina, que lucharon por décadas, contando con enorme apoyo popular. Sin embargo, la consecución de los derechos laborales, requirió, en cambio, de luchas permanentes de los trabajadores en la Europa del siglo XIX, así como en la América Latina del siglo XX. Esas luchas se dirigieron directamente contra las burguesías, que siempre se resistieron a su reconocimiento. Tomando en cuenta esa trayectoria, si bien se lograron algunas leyes aisladas sobre salarios o jornadas, fue la Constitución de México aprobada el 31 de enero de 1917 por el Congreso Constituyente de Querétaro y expedida por Venustiano Carranza el 5 de febrero, la que marcó el inicio del derecho social latinoamericano y sus principios se extendieron en la región al compás del desarrollo sindical y, además, por el influjo que adquirieron la Revolución Rusa de octubre 1917 y las ideas socialistas.
 
La Constitución mexicana dedicó un amplio y detallado título a los derechos laborales, reconociendo: salario mínimo, jornadas máximas, horas extras, limitaciones al trabajo femenino y de menores, maternidad, participación en utilidades, condiciones materiales del trabajo, equipamiento, accidentes y enfermedades profesionales, higiene y salubridad, sindicalismo, huelgas, indemnizaciones e incluso cajas de seguro populares. La influencia de esa Constitución y además de la Revolución Rusa llegó tempranamente a Ecuador con la Revolución Juliana (1925-1931) y durante el gobierno de Isidro Ayora se expidió la Constitución de 1929, primera en proclamar derechos laborales, principios de reforma social, la función social de la propiedad y el reconocimiento del voto femenino. A menudo se ignora que los derechos laborales se implantaron en América Latina para favorecer y, sobre todo, proteger a seres humanos que, sin leyes laborales, estuvieron sujetos a salarios miserables y jornadas extenuantes. Además, ninguna legislación laboral ha impedido el desarrollo económico y peor aún el de las empresas. Lo que hicieron es impedir la explotación a los trabajadores y promover mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.
 
Estos procesos sociales son los que ignoran o quieren desconocer los empresarios neoliberales, los políticos, académicos o profesionales que defienden sus intereses y últimamente los libertarios/anarco-capitalistas, cuya ignorancia sobre la historia económica de América Latina resulta alarmante. Con la idea de promover la “libertad” de las empresas, del mercado y liquidar el Estado interventor, en toda la región avanzaron la flexiseguridad laboral y la precarización de las relaciones de trabajo. Pero el cuestionamiento a los derechos laborales conlleva al reconocimiento casi exclusivo de los derechos individuales de primera generación que nacieron con la Revolución Francesa. Es un retroceso histórico de siglos. Aún así, el libertarianismo desconoce la educación, la salud y la seguridad social públicas, que fueron conquistas liberales-radicales en varios países de América Latina.
 
Los ataques a los derechos laborales se han renovado con el argumento de su inevitable “modernización” ante el avance de nuevas relaciones con la robotización, la electrónica, el trabajo autónomo, la “uberización” o la migración permanente. Es un planteamiento que falsea las realidades, porque esos procesos son desafíos para avanzar en nuevos derechos laborales, sin necesidad de afectar los derechos históricos ya conseguidos. Y corresponde, ante todo, a las organizaciones de trabajadores la urgencia de modernizar su visión sobre el mundo laboral en América Latina, que exige no solo contemplar a los sectores vinculados al sindicalismo tradicional, sino lograr incorporar a la tan variada gama de trabajadores de clases medias y populares, que forman parte de los trabajadores asalariados tanto del sector privado como del público.

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En la opinión general suele creerse que en historia -tanto como en economía, que son ciencias “hermanas” en esto-, si no hay datos para comprobar los hechos, simplemente la realidad se ha sustituido por la imaginación y la palabrería. En buena parte hay razón, pues no se puede hacer historia ni economía sin datos concretos, existentes, verificables en fuentes. Por algo se sostiene que estas dos son las ciencias sociales más “empíricas” entre todas.  
 
Pero, al mismo tiempo, creer que en los “datos” está la verdad, es un asunto que los filósofos griegos ya esclarecieron en la Antigüedad y que los pensadores de la Ilustración refutaron desde el siglo XVIII. Indudablemente hay que examinar multitud de datos y hechos para tener seguridad en el análisis, pero atrás de ellos se esconden los mil y un factores que los originan y que el investigador debe poner en claro. Los ilustrados consideraron que los historiadores no eran, propiamente, los llamados a conocer el mundo, sino a brindar los datos y hechos para conocerlo, lo cual correspondía a los filósofos, los únicos capaces de buscar las razones que están escondidas atrás de los acontecimientos. Entender el sentido, la racionalidad y la finalidad de los hechos históricos correspondía a la que pasó a denominarse como filosofía de la historia.  
 
En 1820, el filósofo idealista alemán G.W.F. Hegel (1770-1831) dictó unas famosas conferencias que recién fueron publicadas en 1837 y que han sido traducidas y editadas en español como “Lecciones sobre la Filosofía de la Historia Universal”. Para Hegel, “la razón rige el mundo”, lo cual significa que los acontecimientos en la historia tienen una razón de ser, una obra interna escondida en la historia universal y que hay que demostrarlo. Con una erudición impresionante, recorrió las cuatro épocas en las que comprendió la historia universal: Mundo Oriental (China, India, Persia, Asia Occidental y Egipto); Mundo Griego; Mundo Romano; y Mundo Germánico, con Bizancio, Edad Media y Edad Contemporánea, que desemboca en la Alemania de su tiempo. Entre todas las pasiones, guerras, avances, infamias, altruismos, bondades o maldades, la historia universal se mueve (dialéctica) a un final: conseguir la libertad del espíritu. No es la que piensan los liberales, tampoco la individual (los “individuos históricos” son víctimas de la astucia de la razón, que los moviliza como su instrumento). Es la libertad del espíritu general, que pasa desde la conciencia familiar a la sociedad civil y culmina en el Estado. No en cualquiera, sino en lo que Hegel llama Estado de Derecho. Ese camino a la libertad tampoco es el que, tergiversando a Hegel, proclamó, con enorme publicidad mediática, Francis Fukuyama como “fin de la historia” (1992). Este politólogo sostuvo que, con el derrumbe del socialismo en la URSS, el mundo entraba a una era general, en la cual triunfan, definitivamente,  la economía de libre empresa/mercado y la democracia occidental, una idea de la cual, años más tarde, tuvo que retractarse, ante el fracaso histórico del neoliberalismo.

En ese recorrido hegeliano que va de Oriente a Occidente, América no forma parte de la historia “universal”. Aquí, el espíritu universal no se realiza. América es pura geografía, que impide la autoconciencia de la libertad. Incluso en Norteamérica el Estado es solo protector de la propiedad. Por tanto, tampoco entra en el Estado de la libertad que concibe Hegel. América se halla en la “prehistoria” de la humanidad. Lo que allí ocurre no es más que “eco del Viejo mundo” y “reflejo de vida ajena”. Para Hegel, “en tiempos futuros se mostrará su importancia histórica, acaso en la lucha entre América del Norte y América del Sur”.
 
El filósofo argentino/mexicano Enrique Dussel (24/12/1934-5/11/2023), quien falleció hace pocos días y es uno de los pensadores más sólidos de la región, ampliamente reconocido y recordado, conocía a fondo la filosofía de la historia de Hegel. Con una erudición fundamentada, Dussel cuestionó la visión occidentalista y europeísta. En sus numerosos estudios reivindicó las culturas de la Mesopotamia y el Medio Oriente, así como las del Asia y África. Pero prestó especial atención a la historia de los pueblos originarios de América. Comprendió perfectamente que no servía el esquema de división histórica en Prehistoria y Edades Antigua, Media, Moderna y Contemporánea, del cual se había valido Hegel. América Latina no tiene que ver con la Prehistoria de la humanidad en los términos aplicados al origen y primeras formaciones sociales. Tampoco es parte de la Antigüedad, ni de la Edad Media. Durante milenios, en América se desarrollaron culturas autónomas y las grandes civilizaciones de Mayas, Aztecas e Incas fueron fruto de toda la evolución social anterior. Esas sociedades forman parte de la cultura universal. Llegaron a desarrollos y conocimientos poderosos. Y esta historia es la menos conocida, a menudo disminuida en las historias oficiales de los distintos países y relegada en las visiones europeístas y occidentalistas. Pero los avances americanos fueron destruidos a partir de la conquista, invasión y colonización por las potencias mercantilistas de Europa. De manera que América Latina entró a formar parte de la historia “universal” solamente a partir de la Edad Moderna, pero en calidad de región sometida y dominada por el colonialismo. Gracias a las independencias, la región asumió las riendas de su propia construcción. De modo que lo que cabe es distinguir la América Precolombina, la América Ibérica (o Hispanoamérica en su mayor parte) y la América-Latina.

Dussel buscó esclarecer el carácter propio de la historia latinoamericana. Y comprendió muy bien que, en su dialéctica, la región asumió el camino por la libertad entendida, además, como eje de la liberación social, de una parte, y de la liberación frente al colonialismo, el capitalismo y el imperialismo, de otra. Por eso, fue un intelectual marxista comprometido con las causas de los pueblos latinoamericanos, con los movimientos sociales, la Revolución Cubana, el bolivarianismo y los ideales de las izquierdas en el mundo.

Desde la reflexión filosófica e histórica, Dussel fundamentó el pensamiento o filosofía de la liberación latinoamericana. Una visión que se aleja de la filosofía hegeliana. No concluye en un ideal Estado encarnador de la libertad del espíritu, como lo hizo Hegel, sino en la investigación de la realidad, sobre la base de su conocimiento histórico, para comprender que en América Latina la libertad es, al mismo tiempo, un proceso real en la liberación social frente a los sistemas de opresión y explotación internas y externas. Es un movimiento de la historia que no podrá detenerse.

Foto: El Porteño

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La Sociedad Mont Pelerin, creada en Suiza en abril de 1947 a iniciativa de Friedrich von Hayek (1899‐1992), reunió a 36 economistas, historiadores y filósofos, para discutir “la crisis de nuestros tiempos” y concluyó con una Declaración de Principios. Hayek era un radical anticomunista, partidario del gobierno limitado y esas ideas guiaron la promoción de la MPS, así como su aguda polémica con J. M. Keynes.

De modo que para la MPS, “los valores centrales de la civilización están en peligro”, entre otras razones por “el crecimiento de una visión de la historia que niega todos los estándares morales absolutos y por el crecimiento de teorías que cuestionan la conveniencia del Estado de derecho”. Y, en esencia, “por una disminución de la confianza en la propiedad privada y el mercado competitivo”, sin los cuales “es difícil imaginar una sociedad en la que la libertad pueda preservarse efectivamente”. Desde su nacimiento proclamó ser “un movimiento ideológico”, sin partidismo ni ortodoxias, simplemente para “facilitar el intercambio de opiniones entre mentes inspiradas por ciertos ideales y concepciones amplias” y contribuir así “a la preservación y mejora de la sociedad libre”. Apuntó seis temas fundamentales a seguir. Concluía que los atentados a la “libertad” provenían de teorías erróneas (en definitiva cualquier “socialismo”), por lo que se comprometían a ganar la “batalla intelectual por las ideas”.

Había nacido así el primer tanque de pensamiento (think-tank) internacional, que creció en los siguientes años. La MPS entre cuyos miembros se encuentra casi una decena de galardonados con el Premio en honor a Alfred Nobel (propiamente no existe “Premio Nobel” de economía) como el propio Hayek (1974) y Milton Friedman (1976), realiza reuniones periódicas, que incluyen altos funcionarios gubernamentales, periodistas, juristas, expertos económicos y financieros de todo el mundo.
 
Cabe observar que en esa poderosa MPS se originan las ideas rectoras del “mundo libre occidental”, lo cual ha sido entendido, sobre todo, en dos planos: la democracia liberal (entre los fundadores también estuvieron Michael Polanyi y Karl Popper) y la economía de libre mercado, basada en la propiedad privada. Y aunque desde los inicios se excluyó toda “ortodoxia”, no hay cómo ocultar el hecho de que las variantes de ese pensamiento “liberal” acogen, en última instancia, la ideología neoliberal en lo económico.

Hayek y Friedman, a los cuales hay que sumar a Ludwig von Mises (1881-1973), otro de los fundadores, han sido sus más sonados exponentes y en América Latina son considerados los padres del neoliberalismo de la región y los héroes teóricos de los “libertarios” o “anarco-capitalistas”, como los reivindica en Argentina el candidato presidencial Javier Milei o el think-tank “Ecuador Libre” (www.ecuadorlibre.org), vinculado con Atlas Network, conocida red con sede en Estados Unidos, que auspicia, promueve y financia ONGs ultraconservadoras. Imposible olvidar que los “Chicago Boys”, discípulos de Friedman, asesoraron al dictador Augusto Pinochet y que el mismo Friedman fue recibido calurosamente en Chile, en 1975.
 
En la MPS, quienes teorizan y analizan la economía, se concentran en los grandes países capitalistas y solo en forma subsidiaria o nula sobre América Latina, a la que normalmente desconocen, como se comprueba en sus obras. Pero los planteamientos son acogidos por una serie de seguidores en la región y, además, fundamentan las políticas neoliberales que continúan causando los más graves estragos sociales en los diversos países, de la mano de gobiernos absolutamente empresariales, respaldados por burguesías propias del subdesarrollo.

Tratando de imitar el ejemplo de la MPS, pero exclusivamente desde el campo político, en 2020 la Fundación Disenso perteneciente al ultraderechista partido Vox de España, lanzó la “Carta de Madrid”, documento fundacional del “Foro Madrid” a la que adhirieron políticos latinoamericanos de igual línea. Y para estar a tono con ese marco, este año (2023) una serie de jefes y exjefes de Estado y de Gobierno “iberoamericanos” (por incluir a España), junto a otros políticos, conformaron el “Grupo Libertad y Democracia” (GDL).

Todos están identificados con las derechas más reaccionarias de América Latina y varios de aquellos gobernantes son los directos causantes de las desgracias sociales dejadas a su paso en los respectivos países, como Iván Duque, Mauricio Macri, Sebastián Piñera, Jeanine Áñez o el banquero ecuatoriano Guillermo Lasso, miembros del grupo, del que también forma parte Osvaldo Hurtado, expresidente ecuatoriano, cuyo giro intelectual es similar al que tuvo el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien, por cierto, es un reconocido miembro de la MPS.

El propósito expreso del GLD es enfrentar a todo gobierno de izquierda y al “populismo”, contraponerse al Foro de São Paulo y al Grupo de Puebla, bajo la consigna de que prevalezcan la “libertad”, la “democracia”, el “desarrollo” y el “Estado de derecho”, entendidos a su modo. Bastaría comprobarlo al soportar las palabreras intervenciones durante su segundo encuentro realizado en septiembre (2023) en Buenos Aires. Se comprende, entonces, que tanto la Fundación Disenso como el Foro de Madrid respalden a Javier Milei para la presidencia de Argentina, así como el Grupo Libertad felicita el triunfo de María Corina Machado en las primarias de Venezuela y también “con entusiasmo” a Daniel Noboa, electo presidente de Ecuador.
 
Como puede advertirse, las ultraderechas latinoamericanas coinciden en los postulados económicos y políticos y ahora integran entidades internacionales poderosas, que cuentan con suficiente financiamiento y presencia, para dedicarse a la “batalla intelectual por las ideas”, inspirada, en sus orígenes, por la MPS.

Conociendo las raíces de las concepciones económicas del neoliberalismo de la región, revestidas como teorías universales, así como las organizaciones que internacionalizan sus ideas y acciones, desde las filas contrarias también es necesario librar esa batalla intelectual por las ideas. Además, existe una base sólida en cada país, para demostrar las nefastas consecuencias humanas de la aplicación de las consignas neoliberales. Ecuador incluso ofrece el cuadro más grave desde 2017, con los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y más todavía con el de Guillermo Lasso (2021-hoy), pues es el único país en el cual el bloque de poder dominante está hegemonizado por una cúpula de empresarios y funcionarios identificados con el libertarianismo anarco-capitalista. Ellos han provocado la inédita destrucción de lo que K. Marx llamó fuerzas productivas, por imponer el Estado mínimo y un capitalismo comercial-financiero, a costa de la pérdida en inversiones sociales, servicios e infraestructuras, con el abierto propósito de mejorar los negocios privados.

Vuelve a tener sentido, bajo otras condiciones, el título de un célebre libro de Andre Gunder Frank: el desarrollo del subdesarrollo.

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Foto: historiaypresente.com

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Según los datos del JP Morgan, el 1 de agosto el índice del Ecuador era de 1.971 puntos. Tan solo en un día este número subió de manera escandalosa a 0.47 puntos más, es decir, 2.018 puntos, una de las peores cifras durante el período de Guillermo Lasso.

Para el economista Diego Borja esta sería la consecuencia de la mala gestión económica de los gobiernos de Lenín Moreno y Lasso. »Ha sido una política súper restrictiva en la inversión pública, gasto público y la capacidad productiva del Estado», detalló.

¿Cómo llegamos a este escenario?

Según el analista, otra de las razones para llegar a este índice de riesgo país es la capacidad de producción petrolera, la cual ha disminuido en los últimos años y se ha estancado en el mercado internacional. Adicional, recalcó que la promesa del actual mandatario era llegar hasta un millón de barriles diarios.

Por otro lado, señaló que si se deja de explotar los bloques petroleros del Yasuní también va a existir una afectación a la producción y sin duda se complicarían las finanzas públicas.

La fusión entre la restricción de la capacidad productiva y petrolera afectarían a otros campos. Como ejemplo realizó una comparación entre las cifras de recaudación tributaria entre este año y el anterior pues existe una disminución. »Esto quiere decir que la actividad económica también se ha comprimido», dijo

Otro factor es la situación política del país a raíz del decreto de la muerte cruzada que ahora dificulta más el manejo de la gestión pública. »Ahora se complica aún más porque la Corte Constitucional le está negando los proyectos urgente que no son urgente», resaltó.

Ecuador supera a Argentina

La devaluación del peso argentino frente al dólar ha mantenido a Argentina en el duro escenario de una crisis durante varios años. A este problema se suma una deuda externa que a punto de vista del analista no fue bien negociada y la situación política.

Pese a los conflictos económicos constantes de este país y mayor vulnerabilidad, para Borja lo que llama la atención es que el Ecuador esté por encima de Argentina en el índice de riesgo país.

Ante la situación, la primera consecuencia que detalla el economista es la dificultad de búsqueda de recursos de financiamiento en el mercado internacional. »Si quisiéramos colocar bonos en este momento estarían por encima del 20 %, lo cual es una tasa elevada», detalló.

Además, puede existir un riesgo para los inversionistas nacionales y extranjeros, sobretodo en este último caso pues es la inversión más importante que tiene el país. (A.G.M)

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En los continuos estudios sobre las nuevas relaciones mundiales entre bloques y países, que se han producido en medio de imparables transformaciones de la economía y la política internacionales del siglo XXI, va quedando en claro que la era de la globalización capitalista hegemonizada por los Estados Unidos tras el derrumbe del socialismo de tipo soviético, se debilita, lo cual no significa que haya caído el poder que mantiene esa potencia. Pero el proceso de construcción de un mundo multipolar, particularmente determinado por el ascenso de China y Rusia, junto con la conformación de bloques con capacidades autónomas como los BRICS, es irreversible. Y en ese contexto se inserta la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que quedó constituida en la Cumbre de 2010.

La CELAC es un espacio de coordinación y convergencia de acciones conjuntas entre los países de la región, con exclusión de los EE.UU. y Canadá. Este solo hecho da cuenta de su importancia y de la ruptura que ocasionó con el americanismo monroísta. La visión latinoamericanista fue posible por las claras posiciones asumidas por los gobernantes del primer ciclo progresista, se debilitó con gobernantes derechistas que les sucedieron (entre los cuales destacó Jair Bolsonaro, de Brasil) y ha sido revitalizada por mandatarios de un nuevo ciclo progresista y particularmente con el retorno de Brasil gracias al presidente Lula da Silva.

La reciente cumbre de la CELAC y la Unión Europea (UE), realizada el 17 y 18 de julio (2023), ha puesto de manifiesto, una vez más, que América Latina afianza sus propias políticas internacionales. Ello se refleja en la Declaración final, un documento de 41 puntos, en los que hay señalamientos de carácter general, redactados en el tono diplomático con el que suelen valorarse las relaciones entre América Latina y Europa, la democracia, los derechos y principios sociales universales, el reconocimiento a pueblos y nacionalidades tanto como a la institucionalidad o las esperanzas por una humanidad que logre solucionar sus problemas y límites históricos.

Pero hay varios asuntos que merecen ser resaltados. El 10 se refiere a la esclavitud y la trata de esclavos, que incluye la trata transatlántica, como “tragedias atroces” y un “crimen de lesa humanidad”, lo cual constituye una clara alusión al colonialismo europeo. Punto 11: expresa condena al “bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba” y rechaza la designación de este país como “Estado promotor del terrorismo”, lo cual evidencia una nueva derrota histórica y directa para los EE.UU. Punto 12: se “toma nota” de que es la CELAC la que ha declarado que América Latina y el Caribe son una “Zona de Paz”, sin dejar en claro si Europa participa de un criterio similar. Punto 13: también la UE declara haber “tomado nota” de la “cuestión de la soberanía sobre las Islas Malvinas” y de “la posición histórica de la CELAC, basada en la importancia del diálogo y el respeto del Derecho internacional en la solución pacífica de controversias”, lo cual es un eficaz golpe diplomático a la misma Europa y aún más directo a Inglaterra. Punto 15: frente a las presiones europeas y las que desde el origen del conflicto vienen realizando los EE.UU., no se ha logrado que América Latina se una al Occidente hegemónico para inculpar a Rusia, de manera que la Declaración tuvo que acoger la diplomática frase: “Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania”. De este modo, los países latinoamericanos han ratificado su clara posición de no inmiscuirse en una guerra ajena y preservar a la región como Zona de Paz. Punto 17: Dice la Declaración: “Destacamos la necesidad de reforzar el sistema multilateral y de promover una gobernanza mundial más eficaz e inclusiva, que respete el Derecho internacional”. Con ello igualmente la región latinoamericana no se ha unido a la ideología de los EE.UU., compartida por Europa, de tratar de imponer un “orden basado en reglas”, que ha sido el concepto forjado para enfrentar especialmente a China, sino que se refuerza la idea del Derecho internacional, que exige respeto a la soberanía de los países, la convivencia pacífica y el reconocimiento de la variedad de sistemas políticos, sin caer en la maniquea división entre el mundo de la “democracia” y el de los “autoritarismos”. Punto 18: se postula un nuevo orden económico-financiero, “que engloba el Pacto de París por los Pueblos y por el Planeta, la Agenda de Acción de Adís Abeba y la Iniciativa de Bridgetown”, lo cual es un golpe al FMI y al BM. Los puntos 19 hasta el 26 igualmente refuerzan no solo la protección del medio ambiente sino la preservación de los recursos existentes en América Latina y que siguen en la voraz mira de empresas transnacionales y países que las respaldan.  

Se añaden compromisos teóricos sobre los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, la seguridad ciudadana, la justicia social, el combate a la delincuencia y a la corrupción. Sobre todo, la preocupación por “el continuo deterioro de la seguridad pública y la situación humanitaria en Haití” (punto 38); el “pleno apoyo al proceso de paz en Colombia” (punto 39), que resulta en un cuestionamiento a los guerreristas y extremas derechas de este país, y un respaldo de enorme significación para el presidente Gustavo Petro, quien enfrenta la creciente oposición y reacción de esas fuerzas contrarias a la paz. También el aliento al “diálogo constructivo entre las partes en las negociaciones dirigidas por Venezuela en Ciudad de México” (punto 40), que podía incluir la condena al bloqueo que sufre el país, comparable con el que soporta Cuba, y que la Declaración no lo contiene.

Por todo lo señalado, la Declaración final de la Cumbre CELAC-UE no es tan agridulce como algunos suponen o demasiado tibia, como otros han subrayado. Y esto, a pesar pesar de las voces disonantes como las del presidente de Chile, Gabriel Boric, abogando por la condena a Rusia; o la de Guillermo Lasso de Ecuador, privilegiando la eliminación de la visa Schengen como demanda central, para añadir, días después y una vez retornado al país, la suscripción de un “Memorando de Entendimiento” (MOU) sobre asuntos militares y de seguridad con los EE.UU., totalmente ajenos al espíritu de la CELAC; e incluso la de Nicaragua, negándose a suscribir la Declaración.

De todos modos, lo que queda en evidencia es que no se logró doblegar los principios históricos fundamentales que han caracterizado a las posiciones latinoamericanistas desde el siglo XIX y que solo han crecido con el paso de los siglos y hoy se muestran suficientemente sólidos y con fuerte presencia. De manera que la cumbre ha sido de vital importancia histórica para posicionar a América Latina con su propio peso continental e internacional.

Foto: La Palabra Abierta

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En 1992, con motivo de la conmemoración de los 500 años del “descubrimiento” de América por las grandes monarquías de Europa, se produjo un amplio y generalizado debate sobre los procesos de conquista y colonización en el continente. En aquellos momentos también se intentó “suavizar” conceptos y realidades, y se habló de “encuentro de dos mundos”. Pero existe una amplísima bibliografía que permite conocer y comprender el significado histórico de los acontecimientos del pasado.
 
Hace dos décadas se publicó en España una fabulosa colección de 53 obras de las “Crónicas de América”, en la cual autores como Cristóbal Colón, Hernán Cortés o Pedro de Cieza de León y tantos otros cronistas y relatores del siglo XVI, dan cuenta del proceso de conquista y describen la vida de los “indios” en todo el continente. Un libro extraordinario, El primer nueva corónica y buen gobierno de Guamán Poma de Ayala (del que más se conocen sus famosos dibujos), posiblemente fue escrito a inicios del siglo XVII, pero el manuscrito fue descubierto en 1909 y recién publicado en 1936. Esta obra transformó los conocimientos sobre el imperio de los Incas. Imposible dejar de nombrar a fray Bartolomé de las Casas y sus dos obras fundamentales: Brevísima relación de la destrucción de las indias y la Historia de las Indias, de mediados del siglo XVI, que describen las atrocidades de la conquista y la colonización sobre los indios. 
 
Saltando distancias, hay una pléyade de investigadores sobre el mundo indígena de la época de la conquista. Nathan Wachtel, en Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1570) destacó cómo la cultura de los Incas, tan diferente a la de los “blancos” conquistadores, fue determinante en su propia derrota. El mexicano Miguel León Portilla, en Visión de los Vencidos. Relaciones Indígenas de la Conquista, puso en claro lo que ocurrió en el pueblo Azteca. En la gran lista de estudiosos, al menos citaré a John V. Murra o a Waldemar Espinoza Soriano en sus trabajos sobre los Incas, o a Alberto Ruz Lhuillier sobre los Mayas y a Josefina Oliva de Coll en La resistencia indígena ante la conquista. Jorge Juan y Antonio de Ulloa dejaron, en sus Noticias secretas de América (1735), una detallada relación sobre las realidades del coloniaje en lo que hoy constituyen las repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Pero también cabría nombrar a Jacques Lafaye, quien en Los conquistadores, trazó la visión que, en el otro extremo, tuvo el conjunto de aquellos aventureros al llegar a tierras indígenas, en las que creían no solo cumplir una misión divina sino reeditar el proceso de la Reconquista contra los “moros” en España.
 
Existe, por tanto, contundente bibliografía histórica para entender, sin lugar a duda ni titubeos, que la conquista fue un proceso sangriento de sometimiento y destrucción sobre las poblaciones indígenas de América. Y para comprender, además, que para América Latina el coloniaje marcó las bases del “proceso de acumulación primitiva de capitales”, estudiado por K. Marx en El Capital, y que fuera tan beneficioso para Europa, así como también marcó el subdesarrollo de la región, del cual aún no se logra desprender.
 
En una nueva era de redefinición de las relaciones internacionales como la que vivimos en el presente y en la cual ha comenzado el quiebre histórico de la hegemonía de Estados Unidos/Europa, nuevamente se acude a revisar la historia para ofrecer otros enfoques que salven la situación tradicional. De la mano de académicos y políticos identificados con las derechas, tanto en España (y Portugal) como entre los autodenominados “hispanistas” de América Latina, han aparecido posiciones y estudios que identifican a los conquistadores como “libertadores” de pueblos, porque a ellos se unieron sectores de las noblezas Aztecas o Incas y miles de indígenas que tenían múltiples razones para levantarse contra las capas dominantes internas. Pero también reivindican una “comunidad hispánica”, bajo la idea de que nunca existió coloniaje, pues estas tierras americanas eran provincias de la Madre Patria, que ejerció una acción benéfica. Tratan de negar procesos que no fueron “leyenda negra” sino realidades demostradas desde los escritos del siglo XVI.
 
En otro reciente estudio, destacado por agencias internacionales de prensa, acogido como novedad atrayente para la renovación histórica y titulado El descubrimiento de Europa. Indígenas y mestizos en el Viejo Mundo, Esteban Mira Caballos pormenoriza, con lujo de fuentes, cómo fue la llegada de los primeros indígenas a España (llevados inicialmente como esclavos); sigue, además, las huellas de antiguos nobles indígenas que lograron trasladarse a España, y estudia las migraciones indígenas (también de mestizos), que crearon espacios propios de vida y acción. Sin duda, apunta a resaltar los aportes socioculturales que los indígenas lograron introducir en tierras tan lejanas y que los propios europeos no suelen creer y menos admitir.
 
Entre sus varias obras, Mira Caballos tiene un libro anterior: Conquista y destrucción de las Indias, 1492-1573, en el cual reconoce la naturaleza brutal y destructora de la conquista. Pero, a propósito de su reciente libro, este historiador no ha dejado de añadir cierta inclinación “europeizante” y llega a afirmar que la conquista, en definitiva, no fue tal, sino un proceso en el que el 95% de los “conquistadores” eran indígenas; señala las alianzas de muchos nobles con los españoles, así como observa antiguos curacas/caciques convertidos en dominadores de sus propios pueblos. A propósito de estas afirmaciones, claro que es conocida la alianza que trabaron poblaciones indígenas enteras para apoyar a los blancos conquistadores y para tratar de obtener ventajas de ello. Pero eso no les convierte en “conquistadores” que tuvieran en mente la conquista de esencia colonialista que portaban los blancos españoles/europeos al servir de instrumentos de la avanzada mercantilista, en plena era capitalista.
 
De modo que las nuevas formas europeizantes de concebir la conquista y el coloniaje tratan de minimizar el carácter brutal y destructor que tuvo el proceso de conquista en América Latina y buscan encontrar una comunidad internacional entre iguales, cuando lo cierto es que desde la época colonial hasta el presente, es una realidad incontrastable la diferenciación marcada entre el norte dominante y el sur global dependiente y dominado por potencias capitalistas centrales, que aprovecharon del antiguo colonialismo para forjar su propia vía de desarrollo, del que fueron apartados los países latinoamericanos.

Foto: Mucha Historia

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El inicio del siglo XX tuvo tres acontecimientos de enorme impacto mundial, que suelen destacarse en la historia contemporánea: comenzó la fase del imperialismo capitalista y con ello el encumbramiento de los Estados Unidos como nueva potencia internacional; se produjo la I Guerra Mundial (1914-1917); y, además, también comenzó la Revolución Rusa (1917), que inauguró la era del socialismo. Pero en América Latina, la Revolución Mexicana (1910) y la Constitución que se expidió en 1917, no siempre destacada en esa historia contemporánea, marcó una nueva época en la misma región. México inició el camino hacia una economía social y reconoció los principios y derechos laborales más importantes.

Con ese cúmulo de acontecimientos, los inicios del siglo XX provocaron la redefinición de las economías latinoamericanas, la alteración de las luchas sociales y políticas, así como una serie de cambios institucionales, que consolidaron los Estados nacionales. En efecto, si bien no se alteró la esencia primario-exportadora, en la región despegó la explotación minera (petróleo, estaño, níquel, etc.) a cargo de compañías extranjeras que obraban como en países conquistados y se dieron pasos iniciales para cierta industrialización en contados países. También América Latina giró desde la dependencia con Europa hacia la rápida dependencia frente a los EE.UU. Además, se iniciaron procesos sociales y políticos para superar los regímenes oligárquicos edificados especialmente desde fines del siglo XIX. Igualmente se conformaron partidos y movimientos políticos identificados con el marxismo (partidos socialistas y comunistas), los trabajadores y las esperanzas por una nueva sociedad. Y distintos gobiernos lograron implantar modernas instituciones que permitieron afirmar Estados con capacidades de intervención económica, inversión pública y promoción social.

Bajo las condiciones históricas descritas, el 9 de julio de 1925 se produjo en Ecuador la Revolución Juliana, un proceso iniciado con el golpe de Estado de la joven oficialidad del Ejército y desarrollado por dos Juntas (1925-1926) y el gobierno de Isidro Ayora (1926-1931). Nos acercamos al centenario de aquel acontecimiento, en general poco o nada referido en las historias de América Latina. Pero los sucesos de Ecuador tienen un hondo significado para toda la región. De hecho, partió de un movimiento militar exitoso, que obró en forma institucional, superando la época de las dictaduras militares unipersonales y caudillistas. En adelante, todas las otras intervenciones militares en el país han sido institucionales. Además, por primera vez en la vida republicana, el proceso juliano fiscalizó a los bancos privados, impuso un Banco Central y creó instituciones para el control económico, como la Contraloría y la Superintendencia de Bancos. También, por primera vez, introdujo el impuesto directo sobre las rentas e incluso uno sobre las utilidades/rentabilidades del capital. Finalmente, inauguró las políticas públicas en favor de los trabajadores, creando el Ministerio de Bienestar Social y Trabajo, las Direcciones de Salud, así como la primera Caja de Pensiones y expidiendo la Constitución de 1929, pionera en seguir los principios y derechos laborales ya consagrados por la Constitución Mexicana.

El ciclo de la Revolución Juliana inauguró, para Ecuador, el naciente siglo XX-histórico. Se inició así el largo camino de superación del régimen oligárquico; lograron imponerse los intereses nacionales sobre los intereses privados; se crearon instituciones que tienen vigencia hasta el presente; la economía fue reorientada para intentar cierta industrialización y diversificar las exportaciones agrícolas otrora dependientes del cacao; y las políticas del Estado obligatoriamente asumieron las garantías a la cuestión social. Fue un proceso que incluso se adelantó a las políticas del New Deal inauguradas por F. D. Roosevelt en los EE.UU. y también puede identificarse con los “populismos” clásicos de Latinoamérica. Se comprenderá, por consiguiente, que el ciclo juliano dio un paso adelante frente a lo logrado por la Revolución Liberal de 1895 y que, además, provocó furibundas reacciones de las capas dominantes tradicionales de terratenientes, comerciantes y, sobre todo, banqueros, que entre 1912-1925 habían edificado un Estado al servicio de la plutocracia.

El papel del Ejército en aquella época es comparable con al menos dos movimientos similares en América Latina: el de los jóvenes militares de Chile entre 1924-1925, que logró la constitución de dos Juntas, así como la aprobación de leyes laborales, la introducción del impuesto a las rentas y una caja del seguro, todo con el fortalecimiento de las capacidades estatales. El otro, lo sucedido en Brasil tras el levantamiento de 1922, que derivó en el “tenentismo”, movimiento militar que sentó las bases para la llegada al poder de Getulio Vargas en 1930, con quien se implantó el Estado Novo, de corte “populista”. Pero en el concierto latinoamericano coincidieron procesos con similar contenido económico, político y social: Costa Rica en los mismos años 20, que logró reformar y reducir sus fuerzas armadas; Argentina, donde partieron los cambios con la Unión Cívica Radical (1922), pasó por la “década infame” y llegó al ascenso al poder de Juan Domingo Perón. Súmese también la actuación de la Misión Kemmerer para lograr bancos centrales en Colombia o Chile. Y sin duda, está México, donde el ascenso de Lázaro Cárdenas en 1934 marcó otro hito en América Latina con la nacionalización del petróleo.

La Revolución Juliana en Ecuador no fue, por tanto, un hecho aislado en la geografía de uno de los países más atrasados y subdesarrollados de América Latina, por lo menos hasta la década de 1960. Los logros de hace casi un siglo siguen rondando la vida nacional, pues el país del presente, en disputa electoral para la presidencia de la república en agosto 2023, ha vuelto a polarizar la vida política entre el dominio de un bloque de poder constituido por élites privadas que han captado el Estado para imponer un régimen oligárquico de clara continuidad con el que existió antes del julianismo, y el ascenso social de sectores progresistas y democráticos que anhelan derrumbar el rumbo plutocrático-neoliberal, para conseguir un camino de desarrollo beneficioso para las amplias mayorías nacionales.

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La fundación dedicada al estudio de las amenazas de seguridad en Latinoamérica y el Caribe, realizó un top cinco de las ciudades que tienen un alto registro de muertes violentas. En el registro se encuentra la Coima, en México; Región Capital, Venezuela; Esmeraldas, Ecuador; Roraima, Brasil; y Amambay, Paraguay.

La violencia en Esmeraldas

Según el reporte de la fundación, la tasa de homicidios se disparó casi un 500 % entre 2016 y 2022, uno de los aumentos más grande en Sudamérica. Los índices de violencia estarían relacionados con el auge del comercio de cocaína y la conveniente ubicación del país como punto de partida de drogas hacia Europa.

En 2022, los asesinatos en Esmeraldas se duplicaron en el lapso de un año. La tasa de homicidios alcanzó 81 por cada 100 mil habitantes, cifra que hace ver pequeño el promedio nacional, que es de 22 por cada 100 mil habitantes.

En 2019, era de solo 10 por cada 100 mil. Sin embargo, los asesinatos han aumentado a medida que aumentan el tráfico de cocaína por el territorio nacional. En 2022, en el país se incautaron 201 toneladas de droga, de las cuales se estima que el 90% era cocaína.

Las bandas delictivas

Una de los grupos delictivos más grandes en Esmeraldas serían »Los Tiguerones» que tienen entre 4 mil y 5 mil miembros. La banda de una alianza nacional para el tráfico de cocaína liderada por »Los Lobos», quienes tienen estrechas conexiones con el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.

El estudio dedujo que gran parte de la violencia en Esmeraldas se debe a esta organización criminales por los atentados con carros bomba y las tácticas de terror, de las cuales han sido partícipes. En abril de 2023, los Tiguerones fueron acusados de intensificar aún más la violencia, tras la masacre de nueve pescadores en un puerto de Esmeraldas.

Guayaquil no se queda atrás

En febrero un listado realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México ubicó a Guayaquil en el puesto 24 dentro del ranking que puntúa a las 50 ciudades más peligrosas del mundo en 2022, superando su puesto 50 en 2021. La “Perla del Pacífico” superó a ciudades como Chihuahua y León , en México.

La ciudad registró un saldo de 1.537 homicidios por cada 3.217.353 habitantes durante 2022. En el 2021 se posicionó en el puesto 50 del listado siendo la aparición de la ciudad, con una tasa de 30.01 de homicidios por cada 100 mil habitantes. (A.G.M).

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Por: Klever Paredes

Invisibles. A pesar de que están ahí, casi nadie los ve o toma en cuenta sus palabras, decisiones, experiencias, conocimientos y aportes. Pocos saben sus nombres, prefieren encasillarlos como viejos, viejas, abuelos o abuelas.

Sí, invisibles porque si los estados los apartan, excluyen, miran como una carga, con prejuicios, edadismos y viejismos, las sociedades, medios de comunicación, políticos y la familia… hacen lo propio.

Son cientos, miles, tantos que ya suman en Ecuador más de 1 400 000 personas, mujeres y hombres mayores de 60 años. Más del 10% de la población total.

Hoy, 15 de junio, fecha señalada por las Naciones Unidas como el Día de la Toma de Conciencia en contra del Abuso y Maltrato en la Vejez, les invitamos como Colectivo Ciudadano Palabra Mayor y nuestro programa en radio La Calle, a unirnos por el Buen Trato a las Personas Mayores.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en nuestra región los casos de maltrato y violencia hacia las personas mayores van entre el 7,5 y el 35,5, porcentajes se representan solo los casos que son denunciados. Lamentablemente otras formas de abusos y maltrato son toleradas y normalizadas por la sociedad.

El 90 por ciento de los casos de maltrato a este grupo etario es propiciado por personas que son parte del entorno familiar. Y en caso de las residencias por el personal encargado del cuidado.

Que esta fecha sirva como señala el Comité Latinoamericano y del Caribe (Comlat) de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, para erradicar todas las formas de maltrato a las personas mayores y promover políticas públicas para un envejecimiento saludable, con derechos, inclusión social, capacitación a cuidadores y campañas de sensibilización sobre el abuso y maltrato en la vejez.

El envejecimiento poblacional es un fenómeno irreversible. El mayor porcentaje de la población en Ecuador (35%) se ubica entre los 30 y 64 años. En apenas siete años, la población mayor de 60 años superará al grupo etario menor de 15 años.

Crear una cultura de buen trato a las personas mayores es uno de los desafíos del envejecimiento poblacional. Súmate que viejos y viejas no son los otros, somos todos.

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