Desde muy temprano la Federacion Nacional de Cooperativas Pesqueras Artesanales del Ecuador (Fenacopec) junto a organizaciones de cangrejeros llegaron a los exteriores de la Corte Constitucional (CC) para exigir que no se apruebe el nuevo decreto emitido por el presidente Guillermo Lasso.

La presidenta de la Fenacope, Gabriela Cruz comentó que esta propuesta implica una afectación al área de los manglares y los conflictos entre los pescadores artesanales y el sector camaronero se acentuarían.

Las organizaciones entregaron un recurso de amicus curiae en la CC para que exista una revisión de la propuesta de ley junto a los sectores afectados. Cruz prevé una movilización masiva de pescadores cuando sean convocados por la Corte.

Conservación de manglares

El presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de la provincia de El Oro, René Carrasco, manifestó que existe una injusticia camuflada en este decreto. El dirigente indicó que como recolectores de conchas y cangrejos ya llevan más de año y medio peleando por la conservación de los manglares.

»En todo el perfil costero ecuatoriano hemos perdido el 80 % de los manglares y para rematar les quieren dar de propiedad a las camaroneras», dijo a Radio La Calle.

La aprobación de esta normativa implicaría la afectación a 1.500 pescadores artesanales en El Oro. Carrasco recalcó que solo en su provincia existe el registro de 12 personas muertas en las camaroneras.

Cangrejeros alzan su voz

Entre la multitud también se encontraba Teresa Mendoza, quien vive de la comercialización de cangrejos. Para ella las concesiones a las camaroneras significarían una invasión a los manglares, lo cual afectaría considerablemente al sector cangrejero y a la misma naturaleza por la tala de manglares.

»Este oficio es nuestro principal sustento. Somos más de 4 mil cangrejeros y si no luchamos por esto no tendremos nada», dijo a este medio.

Teresa pertenece a la Asociación de Cangrejeros 6 de Julio del cantón Naranjito, provincia del Guayas. La organización existe desde el año 2000 y fue una de las primeras en fundarse. (AGM).

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Los asambleístas: Peter Calo, Patricia Sánchez, Mario Ruíz, Mireya Pazmiño, Darwin Pereira y Dina Farinango, presentaron la acción en la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quitumbe.

El objetivo de este Amicus Curiae es respaldar las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional, el pasado 11 de marzo. Esto debido a la demanda de inconstitucionalidad impuesta en la Corte Constitucional por Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito y por otros ciudadanos que dicen «defender» la capital.

La asambleísta Patricia Sánchez denunció un cambio de hora en la audiencia de Acción de Protección por Amnistías para hoy, jueves. La audiencia estaba programada a las 10 am y se cambio a las 2 pm, hora en la que deben sesionar para la votación de la Ley de Inversiones.

¿Para sirve un Amicus Curiae?

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señala: «Comparecencia de terceros.- Cualquier persona o grupo de personas que tenga interés en la causa podrá presentar un escrito de amicus curiae, que será admitido al expediente para mejor resolver hasta antes de la sentencia. De creerlo necesario, la jueza o juez podrá escuchar en audiencia pública a la persona o grupo interesado».

El Amicus Curiae es una herramienta para aportar a favor de la democratización y la transparencia del debate judicial, en ciertos casos que excedan el mero interés de las partes o supuestos que puedan resultar paradigmáticos por la proyección social y pública de la decisión por adoptar.

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«La Ley Humanitaria contraría tanto el Pacto de San Salvador, como el Pacto Internacional DESC (arts. 6 y 7), que reconoce el derecho al trabajo y a condiciones equitativas y satisfactorias para los trabajadores». Así lo indicó en un tuit.

Aseguró que en momentos de crisis «el costo no lo deben asumir los trabajadores» y esto está comprendido en «la no regresividad de los derechos laborales».

«Contradice la obligación de los Estados de que ninguna norma interna puede menoscabar los derechos laborales. Por ello, solicité ser recibido en Audiencia Pública para exponer estos argumentos. Siempre promoveremos la Justicia Laboral», finalizó el economista, miembro del Obervatorio de la Dolarización.

Expertos analizan la Ley

A principios de mayo, cuando la Ley aún no se aprobaba, el economista Juan Pablo Jaramillo anunció que «hay problemas de constitucionalidad, una debilidad conceptual en la que no se está dando una real solución a los problemas que se dan producto de la pandemia. Lo cierto es que el proyecto que llegó y el proyecto que va al segundo debate ya no es el mismo».

Por otro lado, el abogado Felipe Gómez analizó el borrador original del Ejecutivo. «Es una ley donde cuidan al máximo el capital privado en desmedro de los derechos de la ciudadanía. Aún así hay temas en la ley como el asunto laboral que es un asunto que es increiblemente agresivo».

Para los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz y Esther Cuesta, las alianzas del gobierno con sectores políticos de derecha se reflejaron en la votación y posterior aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario. Además su principal perjuicio es la precarización laboral y la vulneración a los derechos del trabajador.

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