Según el informe, el Comité de la ONU contra la Tortura, luego de denuncias de malos tratos en los centros penitenciarios, solicitaron a las autoridades ecuatorianas priorizar la rehabilitación y reinserción social. A su vez el documento resalta el registro de 27 (ejecuciones extrajudiciales) en el primer semestre del año” y los hallazgos del caso de los cuatro niños de Las Malvinas.

Derechos ambientales e impunidad

Dentro del derecho ambiental, el informe señala que “continúan las prospecciones petrolíferas y la quema de gas en la Amazonía”, esto pese a la sentencia judicial del 2021 en donde se estableció que se apaguen los mecheros.

Otro de las problemáticas que aborda el informe, es la persistencia de la impunidad frente a los daños en las protestas de 2019 y 2022. Frente a este panorama, el informe subraya la necesidad urgente de que el gobierno implemente reformas reales que garanticen verdad, justicia y reparación para las víctimas, así como la adopción de políticas ambientales que respeten los derechos de los pueblos originarios y preserven el ecosistema amazónico.

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Según la organización, existen denuncias de familiares y testigos que señalan a miembros del Ejército como presuntos responsables y los esfuerzos de búsqueda permanecen paralizados. El informe de la organización local CDH Guayaquil, citado por Amnistía Internacional, detalla que las desapariciones ocurrieron en el marco del «Plan Fénix«, una estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Daniel Noboa. La Fiscalía, según la denuncia, no ha investigado estos hechos bajo la figura de desaparición forzada, pese a las obligaciones internacionales de Ecuador.

Entre los desaparecidos se encuentran; Bruno Rodríguez, Fardi Muñoz, Cirilo Minota, Oswaldo Morales, Neivi Quiñónez, Ariel Cheme, Jordy Morales, Dave Robin Loor Roca, Juan Santillán, Jairo Tapia, Dalton Ruiz, Cristian Sandoya, Oscar Adrihan, Jonathan Adrihan, Jeampier Castañeda, Justin Valverde, Justin Álvarez, Fabricio Alvarado, Jason Franco, Miguel Morán, Kleiner Pisco, Carlos Pisco y Jonathan Villón Velazco.

Las denuncias surgen en un contexto de creciente militarización en el país, en el que las autoridades priorizaron el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. La declaración del estado de excepción mediante la causal de Conflicto Armado Interno, emitido en enero de 2024, permitió la permanencia de militares en las calles por más de un año.

Caso Las Malvinas

Amnistía Internacional también recordó el caso de cuatro menores desaparecidos tras un operativo militar en Guayaquil, cuyos cuerpos fueron hallados con signos de tortura en diciembre de 2024. La Fiscalía imputó a 16 militares por desaparición forzada en ese caso. El trágico hecho fue condenado por organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y UNICEF.

El CDH Guayaquil, que representa a las familias de las víctimas, denunció que la Fiscalía clasificó los casos como «desapariciones involuntarias» en lugar de desapariciones forzadas. En este sentido, resaltó las obligaciones del país al formar parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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