La asambleísta por UNES, Victoria Desintonio, explicó que se equivocaron en el número de instrucción fiscal en los procesos judiciales de cinco dirigentes sociales: Leonidas Iza, Jaime Vargas, Mesías Tatamuez, Luis Morales y Agustín Cachipuendo.

«Las cinco amnistías no están ejecutadas por este error en el número de proceso. Este error no nació en el informe, se comete en la moción. Cuando mocionaron, mocionaron con un número diferente en la instrucción fiscal de estas cinco personas», dijo Desintonio a medios de comunicación.

El error del Pleno significa que los procesos de los cinco dirigentes deberán pasar nuevamente al terreno judicial, pues el perdón no es posible de efectuarse.

¿Y ahora?

La Comisión de Garantías Constitucionales deberá emitir un nuevo informe, pero solo con estos cinco nombre, entre ellos Leonidas Iza. El escrito pasará al Pleno de la Asamblea Nacional la próxima semana, pero puede que no alcance los votos necesarios.

Para otorgar la amnistía, los asambleístas necesitan 92 votos para realizar la corrección. Sin embargo, el oficialismo y demás fuerzas políticas de derecha rechazan enfáticamente la figura del líder indígena tras su protagonismo en las protestas de octubre de 2019 y junio de 2022.

Aun así, Desintonio considera que se obtendrán los votos para Iza y los otros dirigentes. «En el primer proceso se obtuvieron 99 votos. Habría que reconfirmar las voluntades de esos 99 asambleístas. Sería vergonzoso que no hayan los votos», mencionó.

Las amnistías

El 10 de marzo de 2022, el Legislativo aprobó la resolución de perdón para 268 líderes, dirigentes y defensores de derechos humanos y de la naturaleza. Entre ellos estaban las cabezas de las movilizaciones de octubre de 2019: Leonidas Iza y Jaime Vargas.

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“En términos generales lo que necesitamos es una reconciliación. Lo que necesitamos es no generar más conflictos. La respuesta que dio la policía en octubre fue pegada a la legalidad. Absolutamente en un estado de excepción, crisis y suma alteración social. Los daños colaterales que pudieron existir no puede ser solamente responsabilidad de los policías”,

Añadió que los policías en servicio pasivo presentarán un documento de pedido de amnistía para los 53.000 gendarmes que actuaron en Octubre de 2019. “Paralelamente, la ministra anterior (Alexandra Vela) presentó a la Corte Constitucional, un pedido de inconstitucionalidad. En lo personal creo que debe ser amnistía para todo octubre, no solo para unos. Hay que olvidar los hechos y reconciliarnos para trabajar por un Ecuador de paz”.

Uso excesivo de la fuerza

De acuerdo con la Organización Human Rights Watch, los agentes de las fuerzas del orden “emplearon excesivamente la fuerza contra manifestantes y periodistas al arrojar, por ejemplo, cartuchos de gases lacrimógenos desde muy corta distancia apuntando en forma directa a las personas, y golpear ferozmente y detener arbitrariamente a manifestantes”. De los 11 fallecidos en el contexto de las protestas, al menos cuatro habrían muerto por la acción de los policías.

El 3 de octubre de 2019, el entonces presidente Lenín Moreno firmó una serie de medidas en las que se incluía la eliminación del subsidio a la gasolina de USD 1.300 millones. Esta acción inició una serie de protesta que duraron 13 días. Conductores de taxis y autobuses, organizaciones estudiantiles y miles de integrantes de pueblos indígenas liderados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) participaron. MIB

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De las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen a casos por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social en octubre del 2019; 154 defensores de los territorios comunitarios; 12 por la administración de Justicia indígena y 42 defensores de la naturaleza.

Reacciones

«El legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros. La Asamblea Nacional del Ecuador cometió un acto de injusticia. Olvidaron Quito en llamas, familias que perdieron negocios, periodistas agredidos, personas violentadas. Respaldo a los quiteños y a la fuerza pública ante la decisión», publicó el primer mandatario a través de su cuenta de Twitter.

Por su parte, el expresidente Lenín Moreno consideró que los 99 votos del Legislativo la mañana de este jueves 10 de marzo fueron un golpe a la democracia. «Quienes atentaron contra la democracia en octubre de 2019 y pretendieron dar un Golpe de Estado entre protestas, secuestros, destrucción de ciudades patrimoniales y actos de vandalismo, hoy han sido absueltos con 99 votos por la Asamblea Nacional como si nada hubiera pasado», señaló por medio de su red social.

De igual forma se pronunció el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, quien se siente «ofendido» por el Legislativo al haber concedido amnistías a «quienes sembraron terror y cometieron actos vandálicos contra la capital de la República (…) y no pueden ser considerados perseguidos políticos».

Como con la marcha del 8 de marzo, Guarderas se solidarizó con los «bienes patrimoniales» destruidos. Finalmente, advirtió que «no permitiré que Quito vuelva a ser ultrajada y utilizada por mezquinos intereses políticos», reza el comunicado.

La exministra de Gobierno, María Paula Romo, censurada y destituida del cargo por atentar contra los derechos humanos en la brutal represión de octubre de 2019 y acusada de haber repartido hospitales públicos como botines políticos, también expuso su negativa frente a las amnistías. Calificó la decisión del Pleno como «pura impunidad». «El precedentes es nefasto para nuestra democracia: amnesia para los que atacaron el Ecuador, y castigo para quienes hicieron su trabajo», publicó.

Quienes hablan de democracia…

El jefe de la bancada de Pachakutik, Marlon Santi, apuntó al expresidente Lenin Moreno como el responsable de atentar contra el bienestar de las familias ecuatorianas al firmar el decreto 883, que eliminó los subsidios a la gasolina y fue el detonante para las protestas de octubre del 2019.

Dijo: “Se nos acusa de octubre, se nos acusa de que el movimiento indígena es el responsable de saquear Quito. Pero, ¿quién es el que hizo el Decreto 883, y él está libre ahorita por Estados Unidos?».

No se ha mencionado nada de los 11 muerto de octubre, pero aseguró que se continúa criminalizando a los dirigentes indígenas, tachándolos de terroristas. «Aquí hay personas responsables del Estado ecuatoriano que hicieron y mataron a nuestros hermanos de octubre», sostuvo Santi.

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«Vejaron e a hirieron ciudadanos y miembros de la fuerza pública. Perjudicaron a familias y negocios. Incendiaron el edificio de la Contraloría; atentaron contra bienes públicos de invaluable valor histórico de esta ciudad que es Patrimonio Cultural de la humanidad», sostuvo Guarderas en referencia a lo ocurrido en octubre del 2019.

El alcalde no mencionó a los 11 muertos a manos de las fuerzas del orden durante esa jornada de protestas, así como tampoco se solidarizó con las mujeres agredidas por la Policía durante la marcha conmemorativa por el 8M. Más bien, ante esos hechos, el Municipio de Quito publicó un boletín con el informe de «daños» y costos de reparación, que fue criticado por activistas feministas y la ciudadanía en general.

«Como representante de Quito ofende la decisión de la Asamblea Nacional de conceder la amnistía a quienes sembraron el terror y cometieron actos
vandálicos contra la capital de la República. La Asamblea Nacional, sin realizar un análisis individualizado, concedió amnistías a ciudadanos que destruyeron a Quito,
quienes no pueden ser considerados, en ningún momento, perseguidos políticos», aseguró

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«Todo esto después de una atroz persecución», comentó en su testimonio para Radio La Calle. Asimismo, señaló que «desde diversos sectores se impulsó la iniciativa de brindar amnistía y reconocer la lucha como un derecho que asiste a todos los ecuatorianos y ecuatorianas».

La resolución deja en claro el derecho a la protesta y enmienda el proceder de la justicia ecuatoriana. El abogado Carlos Soria argumentó que este procedimiento propone el retiro inmediato de medidas cautelares a quienes recibieron la amnistía.

La resolución del Pleno de la Asamblea les brinda calma después de 27 meses de acoso y persecusión. «Salimos de la cárcel para seguir asumiendo infamias», cuenta. Juanto a González, otros líderes sociales como Leonidas Iza, Yofre Poma, Jaime Vargas, Paola Pabón o Virgilio Hernández, quienes extrajudicialmente fueron perseguidos, recueperan su libertar y, un poco, su fe en la justicia.

«Vamos a continuar luchando por mejores días para la gente (…) Nos apena que no hayan logrado sintonizarce las bancadas del Gobierno, Social Cristianos y algunos elementos de la Izquierda Democrática», dijo. Sin embargo, reafirmó el alivio que siente después de ser acusado de manera infame.

«Defender nuestra inocencia fue vital», mencionó. Y dijo que espera que a través de la amnistía otorgada puedan contar los atroces actos de los que fueron víctimas varios líderes sociales. También agradeció al aporte de Gerado Pizarelo, Adoración Guaman, Baltazar Garzón que nutrieron el informe que argumentó las razones para la amnistía.

¿Qué contempla la aprobación de la amnistía?

El abogado Carlos Soria explica que la amnistía extingue la acción penal, por tanto, propone el retiro inmediato de las medidas cautelares. «Cada minuto que pase, desde que se tomó la decisión de otorgarle amnistía a estas personas y ellos lleven los dispositivos electrónicos o cualquier medida cautelar es ir en contra de sus derechos constitucionales y derechos humanos», aseguró.

No retirar las medidas cautelares será consideardo una infracción de los derechos legales y constitucionales de las peronas.

Tras las protestas de octubre del 2019, por el retiro del subsidio a los combustibles, 60 personas fueron judicializadas. Otros 153 amnistiados son defensores de territorios comunitarios, 12 por administrar justicia indígena y 43 a defensores de la naturaleza.

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De las 268 personas amnistiadas, 60 pertenecen al caso judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social en octubre del 2019; 154 defensores de los territorios comunitarios; 12 por la administración de Justicia indígena y 42 defensores de la naturaleza.

Christian González, uno de los perseguidos por el giobierno de Lenín Moreno y de María Paula Romo, reaccionó con mucha alegría ante ests noticia. “Es una noticia alentadora, que nos congratula, una noticia que le dice al Ecuador que es posible que exista la confluencia de varios diversos sectores cuando con la verdad se demuestra que fuimos víctimas de una persecución”, dijo González a Radio La Calle.

Contexto

La Fiscalía decidió procesar a Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González y otros 57 ciudadanos por presuntamente participar activamente en el paro nacional de octubre de 2019.

El 14 de octubre del 2019, en el marco de una amplia movilización popular y un rechazo generalizado a un paquete de medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno, la Policía detuvo a Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González, militantes de la Revolución Ciudadana. Según Fiscalía, ellos cometieron el delito de rebelión. De inmediato, Pabón, Hernández recibieron prisión preventiva en su contra, omitiendo el fuero de corte que amparaba a la prefecta de Pichincha.

En los meses siguientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en favor de los acusados. Ante eso, la defensa de los procesados exigió su liberación inmediata. 

La madrugada del 25 de diciembre del 2019, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Patlova Guerra, aceptó el pedido de revocatoria de prisión preventiva y otorgó las medidas cautelares para su defensa en libertad. No obstante, el sistema judicial insistió en la presentación periódica de los implicados ante FGE y el uso de grillete electrónico.

Libertad

Después de 27 meses de proceso, que incluyeron tres meses de cárcel y otros tantos intentos de aprehensión, de persecusiones, finalmente los ciudadanos recibieron su libertad definitiva.

En el caso de Paola Pabón, la persecusión inició desde febrero del 2019, cuando ganó las elecciones para la prefectura de Pichincha. En mayo, la exasambleísta asumió el cargo. Su posición, antes y después de su victoria, está marcada por su militancia con la Revolución Ciudadana. 

La prefecta reaccionó con gratitud en sus redes sociales:

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Entre ellos están los perseguidos y criminalizados durante las movilizaciones de octubre del 2019, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el parlamentario andino, Virgilio Hernández; el dirigente político Christian González; y el lìder indìgena, Leonidas Isa.

De los 268 amnistiados, 60 pertenecen al caso judicializados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social en octubre del 2019; 154 son defensores de los territorios comunitarios; 12 por la administración de Justicia indígena y 42 defensores de la naturaleza.

El debate

El último punto en la orden del día de la sesión 767 del Pleno, prevista para este miércoles a las 14:00, fue el análisis del informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales. Este informe buscaba brindar amnistía a 272 personas, entre ellas perseguidos políticos y encarcelados.

Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, hizo un llamado a los 137 legisladores para considerar las amnistías en este día histórico. A pesar de no tener consensos, Santi apeló al respaldo de las bancadas, recibiendo reparos de la ID (Izquierda Democrática), el Partido Social Cristiano (PSC), que dijo que no votará a favor de que se liberen “delincuentes comunes y polìticos que no merecen amnistías”.

La amnistía extingue la acción penal por los hechos investigados respecto a la presunción o cometimiento de delitos políticos o conexos.

El jefe de la bancada de Pachakutik, Marlon Santi, apuntó al expresidente Lenin Moreno como el responsable de atentar contra el bienestar de las familias ecuatorianas al firmar el decreto 883, que eliminó los subsidios a la gasolina y fue el detonante para las protestas de octubre del 2019.

Dijo: “Se nos acusa de octubre, se nos acusa de que el movimiento indígena es el responsable de saquear Quito. Pero, ¿quién es el que hizo el Decreto 883, y él está libre ahorita por Estados Unidos?».

No se ha mencionado nada de los 11 muerto de octubre, pero aseguró que se continúa criminalizando a los dirigentes indígenas, tachándolos de terroristas. «Aquí hay personas responsables del Estado ecuatoriano que hicieron y mataron a nuestros hermanos de octubre», sostuvo Santi.

El debate empezó la noche del miércoles y a las 3:40 de la madrugada de este jueves los asambleístas registraron su asistencia para votar el informe.

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Este recurso también está previsto a los dirigentes y defensores de territorios comunitarios y por administración de justicia indígena.

«El 80% de los casos que se trataron tienen que ver con defensores de los derechos humanos naturaleza y los derechos colectivos. Esto nos deja (a la Comisión) una preocupación grande. En 2008 hemos aprobado una Constitución (…) Pero no hay los mecanismos para garantizar esos derechos tanto individuales como colectivos de las comunas, comunidades pueblos y nacionalidades» dijo Fernando Cabascango, presidente de la Comisión.

Se considera que este procedimiento resarcirá a las personas perseguidas en el ejercicio de sus derechos constitucionales.

El Informe

El informe se detalló el nombre de los sujetos criminalizados, las acciones y el contexto.

Además de estos aspectos, los informes se elaboraron también con base y apoyo de pronunciamientos de organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional. La Comisión calificó las solicitudes de amnistía e indultos presentadas por los organismos.

Según declaraciones de la Comisión conformada por 9 asambleístas, se aprobaron, por unanimidad, alrededor de 273 solicitudes.

No obstante, Cabascango manifestó que se solicitó una prórroga para cuatro de solicitudes de amnistía e indultos, con el fin de tener mayor información sobre los informes y contexto en que se suscitaron las acciones por las que los sujetos son criminalizados.

Además, porque en uno de los casos se ve implicado una persona menor de edad.

Por otro lado, se hizo especial énfasis en que todos los casos ocurrieron dentro de dependencias estatales o jurisdicciones territoriales en contextos políticos.

Es decir, en medio de manifestaciones, protestas o defensa de derechos tanto colectivos como de la naturaleza.

El funcionario también expresó «No hemos hecho un solo informe cómo se pretende informar (…) Hay un informe individual de las personas explicando y describiendo cada uno de los casos mencionados».

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Quito, 21 de sep, (La Calle).-Las organizaciones de defensa de la naturaleza de los territorios comunitarios del agua, junto a la Ecuarunari y a la CONAIE presentaron, ante la bancada de Pachakutik, 260 solicitudes de amnistía.

Estas solicitudes beneficiarán a luchadores sociales y defensores de la naturaleza.
La mañana de este martes se entregó la documentación en la Asamblea Nacional, representada por la presidenta Guadalupe Llori. La documentación constaba de solicitudes de amnistía para defensores de derechos humanos, luchadores sociales del levantamiento de octubre 2019 y administradores de la justicia indígena y defensores de la costa ecuatoriana.

Entre los representantes de la comisión de mesa, estuvo Leonidas Iza, presidente de la CONAIE. En su discurso manifestó que “se busca construir una sociedad que no persiga el pensar diferente”.

Además, recalcó que en estos últimos años, más de 260 hombre y mujeres fueron criminalizados, perseguidos y estigmatizados por defender al pueblo ecuatoriano.
Expresó que la amnistía es parte constitutiva de los derechos humanos. Por ende, el poder judicial debe servir para garantizarlos.

Pidió que la Asamblea nacional actúe en base a las leyes al momento de revisar las solicitudes. “En los documentos se evidencia el abuso y la persecución judicial injusta” manifestó el líder indígena.

Por su parte, Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento Pachakutik, recalcó que lo acontecido en octubre del 2019 no puede quedar en la impunidad. Además, hizo un llamado a Fernando Cabascango, asambleísta electo y miembro de la Comisión de Derechos Constitucionales, para que se dé prioridad a las 260 solicitudes de amnistía.

Rafael lucero manifestó que “ya saldrán los detractores de la Asamblea a decir que se está tratando de perdonar a terroristas”.

Aclaró que el objetivo colectivo es alcanzar la reivindicación del pueblo ecuatoriano. Manifestó que los verdaderos cambios en el país se ven cuando el “pueblo se levanta”. Por ello, el pedido es que se termine la persecución social.

Finalmente, Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, expresó que las solicitudes serán atendidas con la prioridad que merecen.

“Todos quienes sientan que sus derechos fueron vulnerados tienen la plena libertad de presentar la solicitud de amnistía” recalcó la presidenta.

Además, mencionó que la actual Asamblea le va a tomar la palabra al presidente Guillermo Lasso. El mandatario, según su testimonio, afirmó que en su gobierno no habrá persecución política para ningún sector.

“Vamos a tomarle la palabra al presidente y en base a ello, vamos a procesar todos los casos que hoy se van a presentar”. Finalizó su discurso manifestando que se reunirá, desde hoy, en el despacho con los dirigentes indígenas para empezar a dar el trámite respectivo a las solicitudes.

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“A nosotros no nos han dicho sobre una amnistía a Jorge Glas. Claro que es necesario se pare la persecución política y eso abarca a muchos sectores, no han dicho nombres específicos. Entiendo que al compañero Salvador (Quishpe) se lo dijeron y por eso lo hace público. Eso no es responsabilidad de la bancada”, expresó  en una entrevista con Radio Majestad.

Lucero dijo que no supo de la denuncia hasta el 9 de mayo. “Me enteré el día de ayer en los medios de comunicación, estuve viendo el programa y me enteré. Por eso me preocupa que no se dijo al interior de la bancada”.

Respuesta de Jarrín

Tras las declaraciones de Quishpe, el legislador electo Fausto Jarrín dijo que lo invitaron a un diálogo tras la primera vuelta. “No fui en condición de negociante ni de negociador del bloque ni de nada, no puse agendas ni condicionantes”.

Diálogos y acuerdos

“Nosotros practicamos el diálogo con las demás bancadas. En este sentido, hemos conversado con UNES, PSC, CREO. Con la Izquierda Democrática avanzamos mucho más rápido en los acuerdos de la agenda legislativa. También las aspiraciones de que Pachakutik sostenga la Asamblea Nacional con un compañero en la Presidencia. Existe la posibilidad de diálogo, eso no está cerrado, lo haremos hasta el día 14”, explicó Lucero. Seguirán dialogando para generar consensos en la agenda legislativa.

Lucero reiteró lo dicho por el asambleísta de la ID por Manabí, Xavier Santos, Pachakutik vetó como candidato a la presidencia del Legislativo a Pierina Correa y a Sofía Espín, mientras que UNES vetó los nombres de Salvador Quishpe y Guadalupe Llori.

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“Yo pasé con cuatro psicólogos, ya no aguantaba ahí. Lloré día y noche porque nunca abandoné a mi familia. Es amarga la cárcel. Las autoridades no analizan bien las cosas, no investigan bien, por eso a mí me sentenciaron a cinco años”, expresó María Sotamba.

Por su parte, José Sarmiento dijo: “es una satisfacción muy grande haber conseguido la libertad, encontrarme con mi familia y amigos. Estoy seguro de que esto (su privación de libertad) fue un atropello a nuestra justicia indígena de parte de la justicia ordinaria”.

Los dos dirigentes fueron criminalizados y encarcelados en el Centro de Rehabilitación Social Turi. Sarmiento, de 54 años de edad, permaneció privado de su libertad tres años y ocho meses tras enfrentar 25 denuncias penales de la justicia ordinaria por aplicar justicia indígena en casos de cuatrerismo, robo, problemas de tierra, violencia intrafamiliar y coyoterismo en la provincia de Cañar. Su sentencia concluyó por delito de secuestro y daño al bien ajeno.

María Sotamba, de 61 años de edad, permaneció un año, ocho meses y cinco días en la cárcel bajo delito de secuestro.

El 30 de julio se aprobó la amnistía

El pasado 30 de julio, la Asamblea Nacional aprobó la amnistía a 20 dirigentes indígenas de San Pedro de Cañar que estaban criminalizados por administrar justicia indígena en su comunidad. La resolución de la Asamblea determinó: se archive los procesos legales, extinción de la pena, suspensión de las órdenes de detención y la excarcelación de las autoridades indígenas privadas de la libertad.

La Resolución obtuvo 112 votos afirmativos, 2 en blanco, 0 negativos y 19 abstenciones. El proceso contó con 13 intervenciones de las y los asambleístas; y la comparecencia pública de nueve personas: solicitantes de amnistía y expertas/os en derechos humanos, derecho penal, pluralismo jurídico y derecho internacional.

Inoperancias en la justicia ordinaria

La Resolución de la Asamblea Nacional se publicó en el Registro Oficial seis días después. Las autoridades del CRS Turi aseguraron desconocer este proceso, a pesar de que Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de su Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) habría dado la disposición en cuanto a la amnistía.

Las boletas de excarcelación de los dirigentes Sarmiento y Sotamba se despacharon a las 15:00 del sábado. Sin embargo, la libertad de las dos personas se demoró porque el asesor jurídico del CRS Turi no se encontraba en el lugar.

Cinco horas después, los dos dirigentes obtuvieron su total libertad. El equipo técnico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) estuvo pendiente durante todo el proceso.

¿Qué dice la Ley?

El artículo 57 de la Constitución ecuatoriana, reconoce a los pueblos y nacionalidades indígenas, en su apartado No.9 el derecho a “conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral”; y 10. “Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”.

El artículo 171 de la Carta Magna establece que “las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres”.

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