Sin embargo, el exsecretario general Administrativo de la Presidencia de la República, José Yunes, que también tenía que asistir, sí fue y declaró. Debido a que era una audiencia previa, las declaraciones no se hicieron públicas.

La FGE investiga un contrato firmado en el 2020, entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker, para transportar petróleo y combustibles. Además, se espera un nuevo llamado a Cordero, pues después de ser asambleísta por CREO paso a ser funcionaria en el gobierno del presidente Guillermo Lasso.

En la audiencia aún están pendientes las declaraciones de la exasambleísta e interpelante en el juicio político contra Lasso, Viviana Veloz y el exlegislador gobiernista, expresidente de la Comisión de Fiscalización y ahora candidato, Fernando Villavicencio. Estos dos últimos deberán asistir el 8 de agosto.

Asimismo, el 9 de agosto deberá asistir a la audiencia el expresidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Hernán Luque. El exfuncionario se fugó desde que el caso Encuentro o El Gran Padrino, salió a la luz.

El caso

La exasambleísta, Mireya Pazmiño denunció el presunto caso de corrupción, en el que según la Contraloría General del Estado (CGE) determinó una pérdida de USD 6 millones. Aunque la defensa de Pazmiño aseguró que la pérdida superaba los 120 millones de dólares.

La Fiscalía estableció un cronograma para tomar las versiones de exfuncionarios y allegados del primer mandatario, en los que constaba Cordero.

¿La culpa es de Moreno?

La secretaria Anticorrupción , Ana Belén Cordero en medio del juicio político contra Lasso, sostuvo que esos contratos fueron firmados durante el período presidencial de Lenín Moreno, en febrero del 2021. No obstante, la exlegisladora de UNES, Veloz, manifestó que la responsabilidad recae sobre actual jefe de Estado porque los informes se aprobaron en noviembre del 2021.

Por ende, el examen de Contraloría fue trasladado para el análisis del exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán y al expresidente de EMCO, Hernán Luque, quien también está implicado en el caso El Gran Padrino.

«¿Quién presionó para que este contrato no se quede sin efecto? Hernán Luque, delegado de Guillermo Lasso. Se renovó automáticamente este contrato en diciembre del 2022″, explicó en su momento Veloz. (DCJ)

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Sin embargo, estas declaraciones las hace a menos de tres meses que el Gobierno de Guillermo Lasso deje el poder. Asimismo, este organismo estuvo por cinco meses sin secretario de Anticorrupción, tras la salida de Verdesoto.

«Uno de mis objetivos principales es continuar con lo que ya se ha hecho bien en la Secretaria Nacional Anticorrupción», dijo para Teleamazonas. Asimismo, afirmó que el único error de la institución fue no haber informado adecuadamente lo que se ha hecho, porque «lo que no se comunica, no existe«.

¿Cuál fue el trabajo de Verdesoto?

El exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto abandonó el cargo tras presentar el primer informe del caso Encuentro. Este documento fue cuestionado por el Gabinete de Lasso, por tener especulaciones genéricas «mal llamadas hipótesis».

De la misma manera, el exsecretario de Administración Pública, Iván Correa expresó que Verdesoto «no definía políticas públicas para prevenir ni enfrentar la corrupción«. Además, el primer mandatario aceptó la renuncia por la falta de resultados concretos.

No obstante, ahora Cordero, aseguró que durante la administración del exsecretario «se hizo un gran trabajo», y por eso, continuará el mismo rol.

«La Secretaria no estuvo en pausa»

Según Cordero, la Secretaria jamás estuvo en pausa, pese a no tener secretario, sino que la persona que tomó el control de la misma sería el subsecretario. «Él me entregó todo lo que estaban realizando», sostuvo.

Además, en estos últimos meses se han realizado denuncias públicas en diferentes casos en los que hay indicios de temas penales se ha derivado a Fiscalía. Sin embargo, en caso de que no se presentes estas señales son enviados a otras instancias. La funcionaria no mencionó cuáles son las denuncias que ha realizado el organismo. (DCJ)

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A menos de seis meses de terminar el período del Gobierno de Lasso de manera imprevista se realizan nuevos cambios. Tras el decreto de la muerte cruzada, tres exasambleístas fueron acomodados en el gabinete del mandatario.

Premio a la lealtad

El 19 de mayo el jefe de Estado designó al exparlamentario Juan Fernando Flores como nuevo consejero de Gobierno. Ahora, consiguió el reemplazo de Luis Verdesoto, quien renunció en enero a la Secretaría Anticorrupción.

Al abandonar la cartera de Estado, Verdesoto entregó un informe con siete hipótesis sobre los mecanismos de corrupción en las empresas públicas.

Este cargo lo ocupará la exasambleísta de la bancada oficialista, Ana Belén Cordero, quien fue vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, esta mesa parlamentaria fue clave en el juicio político contra Lasso. La exlegisladora defendió la supuesta inocencia del mandatario ante las acusaciones de presunto peculado.

Por otra lado, Raúl Tello dejará de ser el representante del Gobierno en el CTEA , su reemplazo será Llori, quien durante su período en el Legislativo fue acusada de presunto cobro de diezmos. Además, fue destituida de la Presidencia del Legislativo por incumplimiento de funciones. (A.G.M).

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En consecuencia, la oficialista Ana Belén Cordero fue la encargada de dirigir la sesión de sustanciación, en el marco del proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.

El suceso ocurrió, luego de que el asambleísta Roberto Cuero (UNES), apeló la presidencia de Fernando Villavicencio por faltar a sus atribuciones en dicho rol.

Ahora, Fernando Villavicencio no podrá dirigir la Comisión de Fiscalización durante la etapa de «actuación de prueba», hasta el próximo 26 de abril, en el trámite de enjuiciamiento contra el primer mandatario.

El proceso

El inicio de la etapa de «actuación de prueba» en el marco de juicio político en contra el jefe de Estado inicio con la comparecencia del Luis Verdesoto, ex secreatrio Nacional Anticorrupción. Posteriormente, le siguió Fabián Pozo, ex secretario Jurídico de la Presidencia.

Se tiene previsto que este miércoles 19 de abril el proceso avance con las comparencias de otras 13 personas. En la lista figuran Luis Lavayen, actual gerente general de Flopec.

Concluida esta etapa, la Comisión tendrá un plazo de diez días para elaborar el informe en el que recomiende o no el proceso de enjuiciamiento contra Guillermo Lasso.

JR

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Carrillo, figura como el segundo exministro de gobierno en ser censurado. Tras la votación, ahora estará impedido de ejercer un cargo público durante los próximos dos años. La semana pasada, la Asamblea censuró a la exministra de Salud, Ximena Garzón, por supuesto incumplimiento en sus funciones.

La lista de cómplices de Carrillo

Durante el Pleno Legislativo (848) solo 124 de los 137 asambleístas votaron. En total se contabilizaron 105 votos a favor de censurar a Carrillo, ningún voto en contra o nulo y 19 abstenciones. En esta última lista figuran los nombres de Fernando Villavicencio, Ana Belén Cordero, Omar Cevallos, entre otros.

A continuación, la lista completa de quienes se abstuvieron de votar a favor de la censura de Patricio Carrillo:

Posteriormente, durante esa misma sesión, Peter Calo, asambleísta del movimiento Pachakutik (quien sostuvo que el uso de la fuerza letal está prohibido en el país), planteó la reconsideración de la votación. La misma, obtuvo 119 votos: 101 votos negativos, 7 abstenciones, 11 positivos y ningún voto en blanco.

Entre las abstenciones vuelven a aparecen los nombres de Villavicencio, Cordero, Cevallos y otros cuatro asambleístas. En tanto, los votos afirmativos para reconsiderar la decisión de censurar al exministro llegaron por intermedio de Gruber Zambrano, Nathalie Arias, Vanessa Freire, Pedro Velasco y otros siete asambleístas.

A continuación la lista de abstenciones y votos afirmativos:

Por último, en la lista de 13 ausentes durante el Pleno Legislativo 848, destacan los nombres de Ricardo Vanegas, Gruber Zambrano y once más.

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“Todo lo que se ha hecho en el Ministerio de Salud Pública durante mi gestión siempre fue enmarcado en la transparencia”, dijo Garzón en su comparecencia, quien fue la última en intervenir en su propia defenza.

La exposición de Garzón estuvo llena de cuestionamientos por parte de los asambleístas interpelantes, Ricardo Vanegas (PK) y Nathalie Viteri (PSC). En su exposición la exfuncionaria realizó una justificación respecto a la declaratoria de emergencia en el sistema de salud. En este sentido, recalcó que esta medida fue tomada sin contar con estudios técnicos.

Por otro lado, Garzón negó que se haya comprado medicamentos cerca de caducar y manifestó que las compras se hicieron con el aval de las entidades de control. Ante la acusación de la “falta de gestión”, señaló que tenía planificados algunos programas que darían frutos el próximo año.

“Si yo logré cumplir con mis funciones porque estoy sentada aquí, y porque no los que no cumplieron no están siendo interpelados”, dijo Garzón refiriéndose a los anteriores ministros de la cartera de Estado.

La defensa de Ana Belén Cordero

En la intervención de la exministra Garzón, la legisladora Ana Belén Cordero recalcó que la ministra recibió una beca del Estado ecuatoriano y “quiso devolverle ese dinero invertido en estudios al país”. También recalcó su gestión en el programa de vacunación y dio a entender que los cuestionamientos de los demás parlamentarios no tienen relación con la causal del juicio político. (A.G.M).

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Luego de que Fiscalización rechazara el informe sobre Coca Codo Sinclair, al asambleísta no quedó otra opción que acudir a la FGE y asentar su denuncia. Villavicencio solicitó acciones penales en contra de los responsables en la negociación, adjudicación y construcción del proyecto hidroeléctrico.

Entre los responsables que mencionó están los expresidentes Rafael Correa, Lenín Moreno, el exvicepresidente Jorge Glass, ministros de electricidad, exgerentes de Coca Codo Sinclair, CELEC y representantes de las compañías chinas.

El informe presentado por Villavicencio contó con el respaldo de los asambleístas Pedro Velasco (independiente) y Bruno Segovia (independiente). Mientras que la bancada oficialista y UNES le dieron la espalda. En este proceso, la asambleísta Ana Belén Cordero y Marco Troya se abstuvieron de votar.

“Lo que tiene que hacer el gobierno de Lasso y la colega Ana Belén Cordero es explicarle al país por qué voto en contra o se abstuvo de votar. Ella argumentó que iba a recibir la Central Hidroeléctrica del gobierno, lo dijo en la sesión y ante la comisión. Ella tiene que explicar”, resaltó.

Hipótesis en el caso Coca Codo Sinclair

Para el legislador, el Gobierno debe responder a todas las incongruencias presentadas en este caso. Informó que Lasso debe explicar si se está realizando un acuerdo de Libre Comercio con China, negociaciones petroleras o una nueva línea de crédito.

Villavicencio detalló que, del pago total de sobornos, USD 18 millones pasaron a manos de la empresa Recorsa S.A. Explicó que este pago se realizó en el marco de las negociaciones del contrato y líneas de crédito. Reveló que fue el Estado ecuatoriano que pagaba con sus recursos y este es un delito que la FGE aún no ha investigado.

Recalcó que la hidroeléctrica, que costó más de USD tres millones, posee más de 17 mil fisuras y fallas irreparables. Además, insistió que Lasso no debería aceptar la central mientras no se reparen las fallas y garantice una vida útil por lo menos de 50 años.

Según el asambleísta, las autoridades de Correa tuvieron conocimiento hasta el año 2014-2015 de las fallas de origen que poseía el acero de China. Sin embargo, autorizaron su importación y el encolado del acero sin especificaciones.

Además, Villavicencio señaló que no solamente se trataría del presunto delito de asociación ilícita, sino también delincuencia organizada.

Informes técnicos

Los informes técnicos presentados por Villavicencio señalaron que las reparaciones “como parches”, no solucionarán los problemas estructurales que posee la central. Comunicó que hasta el próximo mes de noviembre vence el plazo que el gobierno de Lasso tiene para demandar a la compañía fiscalizadora de la obra.

“Algunos piensan que mientras exista un arbitraje no se puede llevar una acción y no es así. Ahora estamos pidiendo acciones legales contra Correa y Moreno”, aseguró.

Respuesta de la Comisión de Fiscalización y Control Político

Gabriela Molina, miembro de la Comisión de Fiscalización, comunicó que la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair representa el 28% de la producción energética. Si se llega a paralizar sus operaciones representaría una catástrofe para el país.

Ana Belén Cordero informó que este caso se maneja bajo un arbitraje internacional, en el que la empresa constructora incumplió varios acuerdos del contrato.

“No debieron permitir que se instale ni un centímetro de la maquinaria que llegó del exterior, conociendo que tenían fallas”, recalcó el asambleísta Pedro Velasco. (N.J.C)

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«(Lo que la Policía estaría haciendo es) hay audios a los que les dan volumen alto y el sistema los transcribe. Y esos se envían como reporte. Pero hay otros a los que se les baja la intensidad del volumen para que el sistema no los pueda transcribir. Hay grabaciones a las que se les está bajando el volumen», señaló el medio.

En los presuntos audios, Chiriboga habría acordado con el «gordo García», principal operador de Juan José Pons, temas que son mejor «tratarlos en persona». En otras conversaciones Chiriboga y Juan José Pons dialogan directamente. Entre los datos reveladores está que el «gordo García» no solicitaba USD 3 millones por cargo en el Sistema Nacional de Aduana, sino USD 30 milllones.

¡Pilas con Fabián Pozo!

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional investiga el caso Danubio. Llamó a comparecer a la fiscal general Diana Salazar; a la directora de SENAE, Carola Ríos; al consejero presidencial Aparicio Caicedo; al secretario Jurídico del presidente Guillermo Lasso, Fabián Pozo; entre otros.

Sin embargo, el secretario Jurídico Fabián Pozo no rendirá cuentas ante la Asamblea Nacional. Pozo viajó el miércoles 17 de agosto al estado de Washington, Estados Unidos. Según el comunicado de Presidencia, recibirá asistencia técnica y aportes para la objeción a las reformas de la Ley de Comunicación. Todo esto con el fin de «respetar la libertad de expresión y fortalecer la democracia».

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El caso Danubio llegó a la Comisión presidida por Fernando Villavicencio. Las autoridades investigan el presunto delito de tráfico de influencias en sectores claves del Estado, como la Aduana. Los involucrados mencionan a varios funcionarios y exfuncionarios de Gobierno.

Gottifredi Pozo, la firma involucrada

Fiscalización encontró algunos nombres de funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso. Entre ellos están Francisco Gottifredi, conocido de la directora Nacional de Aduanas, Carola Ríos, desde hace 12 años.

Según Teleamazonas ambos trabajaron en una de las empresas importadoras más grandes del país como socios directos. Ella como directora de una de las marcas del grupo y él como parte de la firma jurídica que trata los asuntos legales y aduaneros.

Gottifredi Pozo es la marca jurídica que presta los servicios. Fabián Pozo, secretario jurídico de Lasso, es el fundador y actual accionista. Esta asociación de abogados trabaja con algunas marcas, entre ellas la que fue directora Carola Ríos.

Al estar implicado el esposo de Ana Belén Cordero quién investiga el caso, expertos alertan un posible conflicto de intereses.

¿Qué dice la normativa legal?

Según el artículo 232 de la Constitución, los servidores públicos se abstendrán de actuar en los casos que sus intereses entren en conflicto con los del organismo o entidad en los que presten sus servicios.

Además, dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en el artículo 162, se establece que no se debe usar el beneficio propio de parientes o de terceros, la información reservada y privilegiada a la que tengan accedo en razón de la función que desempeñan.

La entrada Caso Danubio: socio del esposo de Ana Belén Cordero salpicado por «venta de cargos» en el Gobierno se publicó primero en La Calle.

En el documento se lee que el magistrado tomó la decisión porque hubo “vulneración al debido proceso y al trámite propio de cada procedimiento, desde la presentación de la denuncia”.

Esta medida, según la resolución, deja sin efecto la autorización que el juez Córdova solicitó a la Asamblea Nacional, el pasado 11 de mayo, para levantar la inmunidad parlamentaria y enjuiciar a la legisladora de CREO.

Tras conocer el fallo judicial, la legisladora manifestó que la decisión del magistrado “ratifica” que el proceso legal tuvo irregularidades desde que inició.

“Este proceso fue viciado desde un comienzo, porque la acción estaba prescrita y porque las actividades que realiza un asambleísta, dentro de sus funciones de fiscalización, están protegidas por la inmunidad parlamentaria. Esperamos que con este precedente no se vuelva a repetir esta persecución a los asambleístas en su rol de fiscalización”, enfatizó Cordero.

Héctor Rodríguez denunció a la legisladora por el delito de injurias, tipificado en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En dicho código se establece prisión de 15 a 30 días a la persona que profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra.

La entrada Juez declara nulidad procesal de la denuncia en contra de Ana Belén Cordero se publicó primero en La Calle.

Según él explica, la Contraloría no ha demostrado sus acusaciones por falta de argumentos técnicos, jurídicos, ‘ignorancia y mala fe’. Añade que sustentó su defensa con todas las pruebas de descargo. Por otra parte, el asambleísta que preside la comisión de Fiscalización del Legislativo, Fernando Villavicencio, pidió se sancione al juez que pidió autorización al Pleno para llevar a cabo el juicio por contra Cordero por difamación y deshonra.

A ello se suman las declaraciones de la legisladora por CREO, donde amenaza a Rodríguez diciéndole que «no tiene ningún problema en llegar hasta las últimas instancias del proceso». Que con ello, es motivada a continuar con la segunda parte del informe de Yachay: ‘las subcontrataciones’.

Rodríguez denunció a la asambleísta Cordero por expresiones emitidas en ese informe, realizado por la Comisión de Fiscalización sobre las universidades emblemáticas del país. Luego, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdova, solicitó a la Asamblea Nacional que se levante la inmunidad legislativa de Cordero para iniciar el trámite judicial.

Juez de la Corte Nacional solicita autorización para enjuiciar a la asambleísta Ana Belén…

Esta denuncia estaría enmarcada en el artículo 396, numeral uno del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y trata de las contravenciones de cuarta clase, cuya sanción es de 15 a 30 días de pena privativa de libertad. De quien, por cualquier, medio emita expresiones en descrédito en contra de otra persona.

¿Cómo continúa la denuncia?

La denuncia pasó en un principio por manos de una jueza de Pichincha que se abstuvo de darle continuidad. Alegó que la denunciada goza de fuero de Corte Nacional, al ser asambleísta. Sin embargo, Córdova aseguró que el proceso se da en virtud que la persona denunciada posee la dignidad de asambleísta nacional.

Hecho que lo conduce a garantizar el debido proceso y llevar a cabo el trámite correspondiente. Bajo el artículo 128 de la Constitución y 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Asamblea cuenta con 30 días para responder al pedido, de no ser así, la autorización se considera concedida.

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Este 11 de mayo, Felipe Córdova, juez de la CNJ pidió al Legislativo el permiso para iniciar con el enjuiciamiento de la legisladora, Ana Belén Cordero, por supuestas expresiones de difamación y deshonra en contra de Héctor Rodríguez, exgerente de Yachay.

Según la denuncia presentada por Rodríguez, las expresiones fueron emitidas en un informe realizado en la Comisión de Fiscalización sobre las universidades emblemáticas del país.

Sin embargo, Cordero aseguró que el informe evidenciaba el abuso de los recursos del Estado y la incapacidad académica y administrativa de quienes estaban en el cargo. En este documento también, se pedía la comparecencia a la Fiscalía de algunos exfuncionarios de universidades para ser investigados por la Contraloría, entre ellos: Héctor Rodríguez Chávez, Mario Cuvero, William Vásconez, Fander Falconí y René Ramírez.

¿En qué radica la denuncia presentada por Héctor Rodríguez?

La denuncia estaría enmarcada en el artículo 396, numeral uno, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual trata de las contravenciones de cuarta clase, cuya sanción es de 15 a 30 días de pena privativa de libertad de quien, por cualquier, medio emita expresiones en descrédito en contra de otra persona.

Por su parte, el juez de la CNJ aseguró que el proceso se da en virtud que la persona denunciada posee la dignidad de asambleísta nacional, hecho que lo conduce a garantizar el debido proceso y llevar a cabo el trámite correspondiente, bajo el artículo 128 de la Constitución y 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Se debe considerar que la denuncia ya pasó por manos de una jueza de Pichincha, quien se abstuvo de darle continuidad, alegando que la denunciada goza de fuero de Corte Nacional, al ser asambleísta.

El Pleno de la Asamblea Nacional tiene 30 días para responder al pedido, de no ser así, se considerará que la autorización fue concedida.

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Esto tras las declaraciones de la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien dijo que varios legisladores pedìan cargos y favores polìticos a cambio de votos para aprobar proyectos de ley, pero que ella «se reservará» esos nombres. También en referencia a las declaraciones de la legisladora oficialista Ana Belén Cordero en La Posta.

Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político,
aseguró que «en los pasillos de la Asamblea se negocian cargos a cambio de votos”. Según Pachakutik la única certeza que deja esta declaración, es que el Gobierno estaría abierto a este tipo de negociaciones que evidencian las peores prácticas de la
corrupción en el país.

«En la Asamblea Nacional debe desterrarse esas prácticas, por lo que exigimos
que Ana Belén Cordero, la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y
Control Político del Parlamento Nacional, exhiba los nombres de los
asambleístas que estarían en el mercado de votos», dice el escrito.

Asimismo, la bancada de Pachakutik hace un llamado al Pueblo Ecuatoriano, para que esté vigilante del actuar de cada uno de los asambleístas en las votaciones del Pleno y las Comisiones de la Asamblea Nacional.

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«De la búsqueda realizada en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF), a la presente fecha con los datos proporcionados «Mario Fernando Ruiz Jácome», no existen coincidencias de noticias por el presunto delito de minería ilegal», reza la contestación de la Fiscalía al legislador por Pachakutik.

La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, informó el miércoles 2 de marzo que a la institución de control no fueron remitidos documentos que soliciten investigar a Ruiz u otros asambleístas por nexos de minería ilegal en Imbabura y Napo.

El parlamentario por Packakutitk explicó días atrás que cualquiera puede inventarse un cuaderno con nombres y sumas de dinero. Pidió que revisen todas sus cuentas y de sus familiares para corrobar las afirmaciones de Cordero. «Aquí están mis cuentas, mis teléfonos. Le autorizo a la Fiscal Salazar que revise mis cuentas a ver si hay algún depósito irregular», acotó.

La prueba de Cordero, un cuaderno

El 22 de febrero, la oficialista Ana Belén Cordero afirmó que existen «nexos directos» de legisladores, asesores y exfuncionarios con la minería ilegal en Ecuador. Cordero expuso a los medios de comunicación un cuaderno, un recibera y un informe de Inteligencia como pruebas. Señaló que en ellos aparece el nombre de Mario Ruiz y trabajadores de su despacho.

Para Cordero, esos «documentos» son pagos a campañas o apoyo logístico destinado a la minería ilegal. Mencionó que las pruebas provienen de operativos de la Fuerza Pública.

Según Cordero, esas evidencias demostrarían las relaciones de Ruiz en actividades de minería ilegal en las provincias de Imbabura, El Oro y Napo, específicamente en los cantones de Zaruma y Buenos Aires.

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Marcela Holguín, coordinadora temporal de UNES, advirtió a la presidenta Llori aplicarán el artículo 5 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Añadió que todas las diferentes bancadas tendrán que auto-convocarse ante esta situación inusual del bloqueo que ha impuesto la presidenta del Legislativo.

«La presidenta, por temor, no quiere abrir las puertas y continuamos con una Asamblea Nacional que está simplemente apagadas las luces», dijo la asambleísta Holguín. «Presidenta, si es que usted no nos permite trabajar, nosotros lo vamos a hacer de cualquier manera», recalcó.

Ella aseguró que hay dos pedidos de resolución para tratar la derogación de la ley tributaria. Una de las ellas se convocó inicialmente para el 25 de enero, sin embargo se ha retrasado hasta hoy. Holguín manifestó que Llori acusó a UNES de que no quieren derogar esta ley, por lo que exigió a la presidenta de la Asamblea que reanude la sesión para 758, la cual da trámite a estos dos pedidos de resolución.

También añadieron que se debe conformar una comisión entre todas las bancadas para evaluar al CAL y a la presidenta Llori. Afirmó que hay temas pendientes en materia de seguridad, escasez de medicinas y despidos repentinos en el sector de la salud pública.

«Presidenta deje de lado el miedo y el temor, apéguese a la norma», dijo enfáticamente.

Ronny Aleaga (UNES), miembro del CAL, también afirmó que no hay problema en que se evalúe la gestión de este Consejo y aseveró que es necesario volver a sesionar en el Pleno.

Informes ‘fraudulentos e injustificadas’

La bancada de UNES también denunció el accionar ilegal que están haciendo algunos asambleístas, entre ellos Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. “El informe de Yachay presentado por esta legisladora, ni siquiera ha sido aprobado por el CAL y pretende presentarlo ante la Fiscalía General del Estado (FGE)”, dijo Aleaga.

Denunciaron que el informe no ha sido tratado en el pleno y está lleno de falsedades, lo cual afecta directamente a estudiantes de la universidad Yachay. «Es un golpe a la institucionalidad. Lo que está presentando ante la FGE es una locura».

Aleaga también detalló que el CAL decidió por mayoría completar la queja mal planteada de Fernando Villavicencio. «Presentan mal la denuncia y llega a un alcance antes de que sesione el CAL. Hay un manoseo de la Unidad Técnica Legislativa para la persecución de quienes conforman la nueva mayoría en este momento», aseguró el legislador.

La entrada UNES: Asamblea Nacional continúa con las puertas cerradas y las luces apagadas se publicó primero en La Calle.

“¿No querían conformar una comisión para revisar las concesiones y por qué hay nexos directos de asambleístas, exasambleístas y asesores con la minería ilegal?», cuestionó Cordero.

La asambleísta señaló que en el cuaderno aparece de manera recurrente el nombre de Mario Ruiz, asambleísta de Pachakutik y su asesor José Ayala. Además, mencionó que estarían involucradas autoridades de los GAD de Puerto Napo.

Las pruebas que presentó Cordero demostrarían que la minería ilegal en las provincias de Imbabura, Napo y El Oro están directamente relacionadas.  “De hecho, en este cuaderno anotan cuantas minas están produciendo”, sostuvo la asambleísta.

“La pobreza en la que están sumidas algunas provincias del país, y aquí estos se llevan USD 600.000 semanales producto de minería ilegal”, aseveró Cordero.

La asambleísta también comentó que posee un informe de inteligencia sobre minería y que, en conjunto con el cuaderno y la recibera, los presentará ante la Fiscal General del Estado para iniciar una investigación.

Asambleísta Ruiz se pronuncia frente a los señalamientos

Mediante una rueda de prensa, el asambleísta Mario Ruiz aseguró que los señalamientos de Ana Belén Cordero son calumnias.

“Aquí están mis cuentas, mis teléfonos. Yo le autorizo a la Fiscal General del Estado que revise mis cuentas, las cuentas de mis padres, hermanos, de mis familiares a ver si hay algún depósito irregular”, sostuvo Ruiz.

El asambleísta recalcó que todas las acusaciones que realizó Cordero debe justificarlas con pruebas y no con “un cuadernito hecho por ellos mismos”.

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“En los pasillos de la Asamblea se negocian cargos a cambio de votos”, dijo la legisladora del oficialismo a un medio digital.

El brazo político de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador exigió a Ana Belén Cordero, que además es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, que exhiba los nombres de los asambleístas que estarían en el mercado de votos. 

“Exigimos que el Gobierno nacional y sus funcionarios denuncien a los asambleístas que están haciendo del voto una mercancía de negocio personal. Y un llamado al pueblo ecuatoriano para que esté vigilante del actuar de los asambleístas en las votaciones del pleno y las comisiones”, señalan. 

A decir de la organización, lo dicho por Cordero no pasa de ser un chisme de pasillo “si las acusaciones se hacen sin precisar nombre”. Además sugieren que “la única certeza que deja esta declaración es que el Gobierno estaría abierto a este tipo de negociaciones que evidencian las peores prácticas de la corrupción en nuestro país”. 

El documento está firmado por los asambleístas Patricia Sánchez, Darwin Pereira, Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Fernando Cabascango, Peter Calo, Dina Farinango y Ángel Salvador Maita.

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Cordero fue una de las 804 estudiantes que recibieron una beca de parte del Gobierno, a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENECYT). Así lo indica un tuit del 29 de agosto de 2012.

“Ya en la ceremonia de adjudicación de becas SENECYT ¡Mi nombre entre los 804 becarios!”, escribió la ahora legisladora. También puso una cita del expresidente en el momento de la ceremonia. “Este es su esfuerzo, su dinero, nuestro petróleo, nuestros impuestos, dice Rafael Correa en la ceremonia de adjudicación de bacas Senecyt”, escribió.

Otro tuit dice: “Mientras ingresa Rafael Correa a la ceremonia de adjudicación de becas SENECYT suena la canción de ¡Patria, Tierra Sagrada! Con infinito amor”. Este último fue respondido por su esposo y secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo. “Por favor, foto de ti cantando con el Mashi”. Ella respondió: “Le di la manito =)”.

Ahora…

El 27 de octubre, la asambleísta y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización escribió este tuit. “El presidente Guillermo Lasso le pone fin a 14 años de hipoteca de nuestro país al narcotráfico”.

El expresidente respondió: “Asambleísta: No hable tonterías. Lo mínimo que esperamos de una legisladora es algo de solvencia moral e intelectual. Es público y notorio que fue Lasso quien gobernó con Moreno, y destrozaron todo, probablemente también el mejor sistema de radares”.

Esta fue la respuesta de la asambleísta Cordero:

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