La Asesora Presidencial ha hecho visible su campaña por el SÍ a través de medios de comunicación y redes sociales. Esta acción ha llevado a Sichel a viajar por distintos rincones del país, dónde promueve su propuesta sin cumplir con la ley electoral.

El ámbito que más preocupa a la parlamentaria es que presuntamente Sichel, quien gana más de USD 3 mil, estaría valiéndose del apoyo de otros funcionarios y utilizando recursos financieros para el proselitismo político. Por ello, solicitó la investigación a la Contraloría.

Como ejemplo, describió el altercado suscitado en la Mitad del Mundo, en donde la funcionaria del Gobierno dijo “ yo vengo en un vehículo, es mi seguridad”, por lo que se presume que venía con otros servidores públicos y estaría utilizando bienes muebles del Estado.

¿Qué dice la ley?

Para la legisladora, el problema también radica en que se trata de una  funcionaria pública y dentro de su actividades tiene las mismas habilidades y prohibiciones de cualquier otro servidor público. Según lo determina el artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP):

“Prohíbese a las servidoras y servidores públicos lo siguiente: Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines”.

Las funcionarias de Lasso en campaña por el SÍ

El 25 de enero, la asambleísta de UNES, Patricia Núñez denunció a la viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por proselitismo político a favor del SÍ en centros educativos.

La funcionaria, quien tiene un salario mayor a USD 4 mil, promocionó las preguntas de la consulta popular de Lasso en la visita a la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez y en el Diálogo con el Gremio de Artesanos y Directores zonales de las provincias de Cañar y Azuay. Estos eventos los difundió a través de sus redes sociales el pasado 16 de enero y se puede observar su clara persuasión para votar por el SÍ.

En la denuncia al TCE también consta la asesora de la Secretaría Jurídica de Presidencia, Amalia Fernández, quien percibe un salario de USD 2.115. La funcionaria asumió la vocería a favor del SÍ en la consulta popular en entrevistas y redes sociales. (A.G.M).

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La legisladora Patricia Nuñez comentó que denunciaron ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y solicitarán información al Ministro de Gobierno para determinar por qué permitió el uso de estos recursos para publicidad. Además, piden a la Contraloría General que se haga una investigación sobre el tema.

“No estamos en contra de que las autoridades hagan su planteamiento y convicción sobre su postura, pero no es posible que estén utilizando recursos del Estado para hacer estas acciones”

Nuñez reiteró que están vulnerando el derecho a la igualdad para promocionar el SÍ en la consulta popular. Finalmente, resaltó que utilizar instalaciones educativas y gobernaciones para persuadir el SÍ en la consulta es ilegal.

Respuesta del Ministerio de Educación

Educación, a través de un comunicado, detalló que según la Ley Orgánica de Educación Intercultural está prohibida la promoción o propaganda de partidos y movimientos políticos dentro de las instalaciones educativas.

El artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia prohíbe la participación de niños, niñas o adolescentes en programas de proselitismo político o religioso. La cartera de Estado advirtió con tomar acciones pertinentes si se presenta algún indicio de incumplimiento a estas normativas.

“Solicitamos a las organizaciones políticas y a las instituciones educativas cumplir con la normativa establecida”, reza el comunicado.

La promoción por el SÍ

La viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín, promocionó las preguntas de la consulta popular de Lasso en la visita a la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez y en el Diálogo con el Gremio de artesanos y directores zonales de las provincias de Cañar y Azuay. Estos eventos los difundió a través de sus redes sociales el pasado 16 de enero.

En los videos que difundió en redes sociales, Changuín habla sobre las preguntas y persuade por el SÍ en la consulta popular del Gobierno Nacional. (N.J.C)

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En los videos que difundió en redes sociales, Changuín habla sobre las preguntas y persuade por el SÍ en la consulta popular del Gobierno Nacional.

Algo similar ocurrió en la provincia de Cotopaxi. La viceministra mantuvo una “socialización” sobre la consulta popular con empleados de una empresa privada.

Sin embargo, la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), en el artículo 24 prohíbe a las servidoras y servidores públicos ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines.

Además, el artículo 276 del Código de la Democracia prohíbe el uso de bienes o recursos públicos con fines electorales.  

Entre las sanciones que podría recibir Changuín es la destitución del cargo hasta las multas por infringir la ley.

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En esta semana, el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmará el decreto para que la banca pública condone deudas vencidas de hasta USD 10 mil. En este sentido, Changuín aclaró los criterios del proceso

• aplica únicamente en créditos de BanEcuador;
• será la cartera que provenga de microcréditos;
• deberá calificar como cartera irrecuperable;
• y tendrá un parámetro de tiempo, aunque esto aún no se establece.

“De ninguna manera el Gobierno Nacional va a permitir que se afecte el capital o finanzas de una banca que debe estar robusta para todos los ecuatorianos”, dijo en una entrevista a FM Mundo.

Actualmente, ya existe un borrador del decreto redactado por BanEcuador, el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Jurídica. La inversión estatal sería de USD 1.070 millones con el objetivo de beneficiar a 75 mil ciudadanos.

¿Por qué surge esta propuesta?

La iniciativa es una respuesta a la demanda de la Fenocin. De hecho, era uno de los motivos para la convocatoria de nuevas movilizaciones el 15 de noviembre.

El decreto fue anunciado el 14 de noviembre por el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien mencionó que el decreto de condonación está en elaboración. Esperan culminar el manuscrito hasta el viernes 18 de noviembre.

“Para quienes crean que este proceso de condonación no se ha realizado están equivocados. Este proceso ya se ha ejecutado con la Confederación Nacional de Finanzas Públicas y Populares, quien coordina estos fondos y la economía popular”, precisó. (A.G.M).

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