Quito, 13 nov (La Calle).- El abogado constitucionalista, André Benavides presentó un amicus curiae en el caso de Paola Roldán, ciudadana que busca la legalización de la eutanasia. El jurista remitió el recurso legal a la Corte Constitucional, la tarde de este lunes 13 de noviembre.

“Consciente de la lucha de Paola Roldán y la administración y respeto para ella y su familia. He presentado un amicus curiae en la Corte Constitucional del Ecuador para que se declare la inconstitucionalidad del Art. 144 del COIP”, publicó Benavides en su cuenta de X.

Según el experto, el magistrado, a través de una sentencia adicional, debe despenalizar la eutanasia, para que los profesionales de salud practiquen el procedimiento sin consecuencias penales.

»No considero pertinente una sentencia interpretativa o exhortativa que traslade el debate a la Asamblea por los reclamos sociales impostergables y el momento político», argumentó

Paola Roldan menciona, “el que esto no esté legalizado, no significa que no esté ocurriendo. Esto ocurre tras bastidores, de maneras clandestinas, a medianoche, con historias clínicas cambiadas, con médicos que por compasión quieren ayudar a sus pacientes, con sus hijos que ante el desespero ayudan a su familia”, recoge El País de España.

La ecuatoriana que combate contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), exige el derecho a una muerte digna. La demanda se enfoca en el artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el objetivo de respaldar la legalización de la eutanasia. Esto se plantea como una opción para que personas que enfrentan enfermedades o lesiones graves e incurables, como Paola, puedan ejercer su derecho a una muerte asistida.

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El artículo 138 de la Constitución detalla el proceso a desarrollarse en el caso de que el Presidente de la República decida disolver la Asamblea Nacional. Sin embargo, existían vacíos legales, pues no se especificaba si los legisladores podían aspirar a la reelección.

El 9 de septiembre del 2010 la Corte Constitucional (CC) interpretó este apartado y dispuso que los exlegisladores pueden lanzarse a la reelección para completar el respectivo período. También el expresidente tenía la facultad de volver a candidatizarse.

¿Todos de vuelta?

En entrevista con Radio La Calle, el abogado constitucionalista André Benavides manifestó que también podrían volver a la reelección los expresidentes y exasambleístas que cumplieron sus dos períodos, y según la ley podrían volver a postularse.

Sin embargo, la sentencia de la CC detalla que la elección para completar el período »no es imputable para efectos de reelección». Lo cual quiere decir que un ciudadano podría permanecer en este cargo durante nueve años.

Vacíos legales

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, manifestó que el organismo se enfrenta a grandes obstáculos, tomando en cuenta que tienen siete días para convocar a elecciones.

Además, señaló que llevar el proceso electoral en 60 días iría en contra de los tiempos normales. Sin embargo, dijo que se regirán a lo establecido por la ley.

Según él, los plazos no fueron meditados por los legisladores que promulgaron y redactaron la ley, ya que nadie esperaba que ocurra una situación así. También enfatizó en que existen vacíos legales porque no se determinaron los procedimientos en caso de que ocurra una segunda vuelta. (A.G.M).

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El 17 de mayo se cumplió uno de los escenarios previstos ante la situación política del país, era el escenario de la muerte cruzada. Según Benavides, este decreto podría emitirse, incluso, dos minutos antes de la votación en el Legislativo.

❝La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna❞, dicta el artículo 148 de la Constitución.

En relación a lo que dicta la ley, el jurista recalcó que hay que tomar en cuenta que el decreto es “a juicio” del mandatario, lo que hace entender que es un acto discrecional, es decir, a su criterio. La causales de grave crisis política y conmoción interna estarían bajo el sustento de la pugna entre el Legislativo y Ejecutivo.

“Desde mi punto de vista, no debería ni ser valorado por la Corte Constitucional”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

Flashback al 2022

En un retroceso al pasado, del 13 al 30 de junio el país vivió un Paro Nacional debido al alza de precios de los combustibles y el incremento de la canasta básica. Ante los sucesos, la bancada de UNES puso sobre la mesa la carta de la muerte cruzada, sin embargo, no alcanzaron los 92 votos para la destitución del mandatario ya que solo se obtuvieron 80.

Hoy en día, varios exasambleístas interpusieron una demanda en la Corte Constitucional para que se analice la causal del decreto de la muerte cruzada. No obstante, el jurista resaltó que los legisladores basaron sus argumento en leyes aplicadas al Estado de Excepción, pues existen otras normativas en casos de destitución al mandatario y la muerte cruzada.

Vacíos legales

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, manifestó que el organismo se enfrenta a grandes obstáculos, tomando en cuenta que tienen siete días para convocar a elecciones.

Además, señaló que llevar el proceso electoral en 60 días iría en contra de los tiempos normales. Sin embargo, dijo que se regirán a lo establecido por la ley.

Según él, los plazos no fueron meditados por los legisladores que promulgaron y redactaron la ley, ya que nadie esperaba que ocurra una situación así. También enfatizó en que existen vacíos legales porque no se determinaron los procedimientos en caso de que ocurra una segunda vuelta.

A este criterio se suma Benavides, quien indicó que hay muchos cabos sueltos. Por ejemplo no existe una norma clara de quienes candidatizarse, por ende, los exlegisladores (incluso si tienen dos períodos) y el Jefe de Estado pueden ir por la reelección.

La muerte cruzada

El presidente Lasso disolvió la Asamblea Nacional a través del decreto 741 de muerte cruzada la mañana de este miércoles 17 de mayo de 2023.

Ahora, el jefe de Estado gobernará vía decretos-ley (de materia económica urgente) los siguientes seis meses sin el contrapeso del Legislativo, pero no terminará su mandato. Sin embargo, la Corte Constitucional verificará que sus decisiones no sean contrarias a la Carta Magna. (A.G.M).

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Benavides comentó, en entrevista para Radio La Calle, que debe haber un grado de certeza que indique el perjuicio para el Estado. Es decir, se debió especificar el monto y quienes fueron los beneficiarios de este delito.

Además, cuestionó que los asambleístas consideraron este proceso como un «cheque en blanco» en el que podían meter todo lo que consideraban. Explicó que el primer punto que debieron definir es el monto del desvío de los recursos en Flopec.

«Unos dicen que son USD 6 millones y otros que son USD 150 millones, pero no hay un posición respecto a la posibilidad del presidente de disponer de estos fondos públicos», afirmó.

¿Pero, es o no culpable?

El abogado detalló que para determinar la culpabilidad de Lasso en este caso se debe comprobar sí el se benefició del dinero de la empresa o fue otro el que sacó provecho del caso.

«La pillería de Luque Lecaro no puede ser imputada al mandatario o a otra persona. No puede ser que unos estén pagando por los pecados de otros», refirió.

De la misma manera, mencionó que este proceso estaría creando un antecedente para que en un futuro cualquier jefe de Estado no pueda culminar su periodo por las malas acciones de otros funcionarios.

Los otros pecados de Lasso

El magistrado aclaró que aunque el presidente tenga más acusaciones por las que podría ser juzgado, como la falta de empleo, medicinas, inseguridad y la violencia desatada en el país, la Corte Constitucional (CC) solo admitió el proceso por el presunto delito de peculado.

Apuntó que si los legisladores empiezan a tomar otras causales para justificar el juicio político estarían vulnerando al debido proceso y derecho de defensa.

«Eso implicaría que Lasso tenga que defenderse por los mil pecados que tiene y no es así. La Corte solo especificó, por suerte, uno y el juicio político no puede ir más allá de lo que ella estipula«, dijo. (N.J.C)

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Quito, 20 oct (La Calle).- El presidente Guillermo Lasso presentó dos preguntas ante la Corte Constitucional (CC) para arrebatarle las funciones de designación de autoridades al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). El Ejecutivo plantea que esta potestad vuelva a manos de la Asamblea Nacional.

Radio La Calle conversó con expertos constitucionalistas que explicaron los posibles escenarios e intereses detrás de estas jugadas políticas. Los abogados Ramiro Aguilar, Mauro Andino y André Benavides coincidieron en que sí es posible quitar esta facultad al Cpccs a través de las preguntas postuladas en la consulta popular.

¿A qué quedaría relegado el Consejo?

Aguilar señaló que el Presidente pretende vaciar las funciones del Consejo y al disminuir sus competencias lo que quedaría de esa institución es una “mera formalidad”. Por otro lado, Andino enfatizó que la entidad únicamente mantendría dos funciones: fomentar la participación ciudadana y combatir la corrupción. Benavides sostuvo que el Cpccs quedaría como una instancia a cargo de veedurías ciudadanas, temas de corrupción y nada más.

“Quitarle funciones al Consejo es volverlo intrascendente, pero mientras no lo desaparezcan, existe y puede cambiar sus competencias o añadirlas otras”, precisó Aguilar.

La Asamblea Nacional como designadora de autoridades

Para Aguilar, si se llega a eliminar esta atribución al Cpccs no queda otra institución que la Asamblea. Sin embargo, Andino cuestionó esta propuesta de Lasso, pues el mandatario en reiteradas ocasiones manifestó sus desacuerdos con el Legislativo. Los abogados mencionaron que el proceso de selección de autoridades dentro del Parlamento respondería a la mayoría de votos.

“Es una contradicción que, a lo sujetos que el presidente llamó ladrones, que dice que nadie vale la pena, que son una desgracia, que puede gobernar sin el apoyo de ellos, les otorgue una facultad como esta”, puntualizó Andino. Entonces, qué trucos esconde el presidente…

Además, comentaron que no puede existir un ente superior a la Asamblea que regule las designaciones, pero Benavides detalló la posibilidad de crear una veeduría ciudadana o un observatorio que vigile estos procesos.

“Lo que puede pasar es que elijan a alguien que no cumpla los requisitos establecidos en la Constitución, esto se vuelva inconstitucional y se pueda poner una medida de protección. Lo que sí podría haber es un control constitucional. Es decir, que se vele si se cumplió o no con los requisitos de la Constitución”, apuntó Aguilar.

Parámetros que debe seguir el proceso de designación

Aguilar supone que las especificaciones que deberían seguir son requisitos legales como: edad, rango y procesos de oposición (examen, merecimientos, títulos y hoja de vida).

En cambio, Andino recalcó los vacíos que tienen las preguntas en cuanto a los parámetros que debe seguir este proceso. Resaltó que no se detallan los requisitos, prohibiciones, criterios de postulación y apelación de los postulantes. “No señalan los méritos que deben tener los aspirantes, ni los miembros de la Comisión Técnica que los elegirán”, reiteró.

Intereses políticos dentro del Legislativo

El abogado Aguilar manifestó que el Cpccs es un ente igual o más político que la Asamblea. “La diferencia es que la Asamblea tiene 137 legisladores que representan a los sectores políticos del país y el Cpccs tiene siete “gatos” que se representan a sí mismos y encubren la representación de los sectores políticos del país”, señaló.

Trucos detrás de las dos nuevas preguntas presentadas

Andino expuso que la reformulación de las preguntas sobre la designación de autoridades se realizó mediante una enmienda constitucional. Es decir, acogió todo lo que la Corte Constitucional le sugirió. No realizó un cambio estructural profundo, pero puntualizó las preguntas con las sugerencias emitidas.

“Lasso dejó de poner en las preguntas que él será el centro de poder y propuso que sea el Legislativo quien se encargue de esta designación”, comentó.

Además, advirtió que para este proceso de designación se creará una Comisión Técnica de selección que estará conformada por:

• Cinco representantes del Estado (un delegado por cada poder del Estado).
• Cuatro veedores (dos ciudadanos elegidos por sorteo y dos representantes de las universidades mejor puntuadas). 

“A diferencia de las preguntas pasadas, ya no serán miembros del Ejecutivo quienes envíen el binomio o la terna de los postulantes”, dijo. También comentó que una vez aprobadas las preguntas por la CC, se deberá revisar a profundidad la pertinencia de los anexos y cuestionarios. Agregó que habría que considerar la redacción de las preguntas, que sean sencillas, claras, neutras y que no dirijan a una respuesta al ciudadano.

Disposiciones transitorias en las nuevas preguntas

El jurista Andino comentó que existen dos disposiciones a las que se les debe prestar mucha atención:

1.- Una vez aprobadas las enmiendas en referéndum, el Ejecutivo enviará varios proyectos de ley a la Asamblea en un plazo de 180 días para que estos proyectos puedan desarrollar y regular el contenido de esas enmiendas.

2.- Desde que se aprueban las enmiendas, la Asamblea tendrá que presentar y aprobar varios proyectos de ley, que podrán regular y desarrollar el contenido de las enmiendas en un plazo de 365 días.

Adicionalmente, especificó que mientras no se aprueben los proyectos de ley emitidos por el Legislativo y el Ejecutivo no se podrá llegar a ningún concurso de oposición y méritos. Por lo tanto, las autoridades que han sido designadas tendrán un tiempo prorrogado de funciones, y una vez aprobadas estas leyes todos los procesos del Cpccs quedarán sin efecto.

Esto significa que los titulares de la Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Superintendencias, Consejo de la Judicatura y demás entidades de control permanecerían en sus cargos.

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Según el abogado, el articulo 18 de la LOFL permite destituir a las principales autoridades de la Asamblea Nacional. «Creo que la señora Llori ha hecho más de un mérito para que se le siga un proceso de destitución. Considero que el simple motivo de haber suspendido sesiones, apagar las luces y poner candado al hemiciclo legislativo es suficiente para que ella sea destituida del cargo», señaló en entrevista con Radio La Calle.

Benavides explicó que, en primera instancia, a Llori se le quizo seguir un proceso de evaluación, porque no calificar los proyectos derogatorios a la Ley Tributaria. «Ese no es un argumento válido, no existía causal”, dijo Benavides quien dijo que suspender las sesiones sí incurre en un incumplimiento de funciones.

«La LOFL establece cuáles son las funciones, sus atribuciones como presidente y el momento que tuviste esa práctica irregular, se configura la causal de incumplimiento de funciones. Por tanto, ya es candidata para ser destituida del cargo», explicó el abogado.

Sobre la comisión y medidas cautelares

Benavides dijo que fue uno de los primeros en cuestionar la creación de la comisión multipartidista para que evaluara al CAL, pues es una figura que no existe en la Ley. Asimismo, dijo que con las medidas cautelares a Llori, recién se está repsetando el ordenamiento jurídico.

Sostuvo que la única denuncia viable, en estos momentos, es la del asambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres. «Tú no puedes poner una demanda en contra de todos los integrantes del CAL, porque (…) incluso, estratégicamente, era una denuncia uno por uno; porque así no se te va a caer el proceso», argumentó.

El constitucionalista sugirió que la Asamblea pida la revocatoria de medidas cautelares; puesto que la supuesta amenaza a Llori pasó cuando el parlamentario Fausto Jarrín se abstuvo de presentar cambio del orden del día.

Desde su opinión como ciudadano, Benavides dice que Llori no está preparada para el cargo. «Si tú no estás preparado para el cargo, lo razonable es que no te aferres y des un un paso al costado», argumentó.

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