El pedido, tras el juicio político que se llevó a cabo contra Isch, obtuvo 45 votos afirmativos, 15 negativos y 56 abstenciones.

El debate

Después de que la asambleísta Marcela Holguín, una de las interpelantes del juicio, expusiera las razones del incumplimiento de funciones del Ministro Isch, los legisladores dieron su opinión.

Para Gabriela Larreátegui, el ministro no incumplió la ley y las motivaciones serían de carácter personal. «Este juicio político definitivamente inicia por la animadversión contra el ministro Isch, seguramente porque en el gobierno anterior estaban acostumbradas a que se haga lo que las interpelantes querían».

Por otro lado, la legisladora Mónica Alemán indicó que existen varias personas en el desempleo. «Hace un años en cuidades como Guayaquil clamaban por atención en los Centros de Salud. En medio del caos las familias se quedaron sin sustento. Este es el juicio político de los trabajadores».

Réplica y contraréplica

Isch explicó al Pleno que «la Ley de Apoyo Humanitario creó dos herramientas para que no se pierdan más plazas de trabajo y se generen nuevos contratos de trabajo, lo que desaceleró la pérdida de plazas de trabajo y se incorporó nuevo personal».

No obstante, la asambleísta Holguín indicó que los empleadores utilizaron el Código de Trabajo para despedir a varios empleados de forma intempestiva y que el Ministerio no realizó un control adecuado.

Isch estuvo acusado de incumplimiento de funciones respecto a la interpretación del Art. 169.6 del Código del Trabajo, no entregar información al Observatorio de la  Ley de Discapacidad y la progresividad en la fijación del salario básico unificado.

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Según los datos que el ministro presentó, desde el 22 de junio, día que pasó al Registro Oficial la ley , 155.990 empleos se crearon y 71.919 se salvaron.

Además, Isch mencionó que el 6,11% de los despidos en esta época correspondieron a la aplicación de la causal de caso fortuito. En su mayoría se dieron en los primeros meses después del establecimiento de la Ley de Apoyo Humanitario.

Para finalizar su comparecencia, también indicó que las denuncias han bajado y que 24.420 de 27.375 se atendieron en el Ministerio del Trabajo.

Desempleos

Doris Soliz, asambleísta por Azuay, después de la intervención de Isch señaló que el empleo en el sector público está atravesando una situación difícil. Se despidieron h a profesionales de distintas áreas bajo la idea del Estado mínimo. Entre las áreas afectadas se encuentran, la educación y la salud, que han estado en constante movilización por las decisiones del Ejecutivo.

Según la asambleísta, entre las denuncias que reciben a diario, despidieron a alrededor de 400 personas en SENAGUA. El sector de la seguridad que mantiene un contrato con el Estado no ha recibido salarios. Hay varios casos en los que los trabajadores no reciben su liquidación y el conflicto de Explocen aún no se resuelve.

Ante el tema puesto sobre la mesa, por la asambleísta Soliz, el asambleísta, Fernando Callejas de CREO, aseguró que hay que seguir despidiendo a personas. Esto porque hay un Estado “obeso” que no cumple bien su función y está lleno de corrupción.

«Estado obeso»

Andrés Isch, ante las diferentes posturas de los asambleístas sobre las desvinculaciones del sector público mencionó que los recursos del Estado deben utilizarse para los más necesitados y que su gasto sea eficiente.

El problema de liquidez y el incumplimiento de las obligaciones del Estado dice Andrés Isch, que se debe al tamaño del Estado y según sus declaraciones el Gobierno seguirá reduciendo plazas de trabajo en el sector público.

Se conoce que mañana, profesores de la Universidad Central del Ecuador se movilizarán a las 15 horas por el despido de 640 personas, sin embargo, según Isch en el sistema de la educación las desvinculaciones son pocas.

Además, mencionó que el Ministerio de Trabajo cumple un rol administrativo que tiene sus límites y que quienes tienen que determinar si se aplicó bien la norma interpretativa de la ley de Apoyo Humanitario es la función judicial.

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