La UNE sostiene que la Ley de Integridad Pública vulnera de forma directa la carrera administrativa, al permitir la contratación sin procesos adecuados y habilitar despidos arbitrarios. Esto, según el gremio, debilita el principio de estabilidad laboral garantizado en la Constitución y genera incertidumbre entre los funcionarios públicos, en especial docentes que durante décadas han exigido procesos transparentes y justos para el ingreso y permanencia en el sistema educativo.

Además, alertan que la reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) contenida ante esta aprobación impacta directamente a los docentes, al eliminar el derecho a una jubilación digna con compensaciones justas, prolongando el tiempo de servicio sin garantías claras. Lejos de mejorar la gestión estatal, la ley consolida un modelo de flexibilización laboral que afecta derechos históricos conquistados por el movimiento sindical.

UNE convoca a la acción

El presidente del movimiento, Andrés Quishpe, convocó a organizaciones sociales, sindicatos y a la ciudadanía a unirse en la defensa de los derechos laborales y a exigir una reforma pública que no afecte a los trabajadores. Señaló que la demanda presentada este 30 de junio ante la Corte Constitucional es apenas el primer paso para ser escuchados, frente al rechazo a las modificaciones encubiertas dentro de la normativa, que afectan directamente al magisterio.

Además, anunció que el jueves 11 de julio, a las 09h00, se realizará una movilización en Quito. La marcha partirá desde la sede de la UNE y se dirigirá al órgano constitucional, como una forma de alzar la voz ante el abandono estatal al sistema educativo.

Finalmente, UNE afirma que la Ley de Integridad Pública no solo va en contra de la Constitución, sino que también perjudica los años de esfuerzo por tener un servicio público justo. Manifiestan que la demanda busca detener un sistema que aunque habla de supuesta eficiencia, en realidad quita derechos básicos a los trabajadores. (C.M)

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“Condenamos esta insólita fijación salarial. En una situación de crisis económica y recesión, USD 10 representan apenas 0.33 centavos diarios, equivalente a 0.04 centavos por hora trabajada. Es inaceptable”, declaró José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).

Agregó que esta medida beneficia a los grandes grupos económicos y desatiende el mandato constitucional que exige un salario progresivo que cubra el costo de la canasta básica familiar, la cual supera los USD 840 mensuales en varias ciudades del país.

Villavicencio también denunció la precarización laboral y criticó al Ministerio del Trabajo por convertirse en “una agencia de los empleadores”, permitiendo el despido injustificado de trabajadores con muchos años de servicio. Además, anunció una Gran Convención Nacional el 11 de enero del 2025, en Quito, para definir acciones jurídicas y de resistencia frente a estas políticas.

Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), alertó sobre las graves consecuencias sociales del escaso incremento salarial. “Más de 300 mil niños y niñas están fuera de las aulas debido a la pobreza. La canasta básica sobrepasa los USD 800 , y un aumento de USD 10 no resuelve nada. Esto agrava la deserción universitaria, el trabajo infantil y la migración irregular”, afirmó.

Quishpe también destacó el incremento de la mora crediticia, que supera el 7%, y acusó al gobierno de cargar la crisis económica sobre los trabajadores mientras los sectores financieros obtienen ganancias significativas. “La banca acumuló más de USD 264 millones en utilidades el último año. Es falso que hayan perdido en esta crisis”, indicó.

Ambos dirigentes coincidieron en que estas políticas profundizarán la desigualdad social y llamaron a los trabajadores y organizaciones sociales a movilizarse para exigir medidas que garanticen un salario digno y condiciones laborales justas.

Propuestas sobre la mesa

En las reuniones del Consejo Nacional de Salarios, lideradas por la ministra del Trabajo, Ivonne Nuñez, se presentaron propuestas de diversos sectores, aunque con posturas marcadas. Los representantes de los empleadores propusieron un aumento de USD 4 , argumentando que esta cifra era técnica y viable en el contexto económico actual. Por otro lado, Marcela Arellano, representante del FUT, insistió en la necesidad de incrementar el salario básico en USD 102.

Frente a la falta de consenso, los representantes laborales solicitaron una extensión del diálogo para intentar llegar a un acuerdo. Sin embargo, al no lograr un entendimiento, el Ministerio del Trabajo tuvo que tomar la decisión final.

La ministra Nuñez explicó que el cálculo del incremento podría basarse en indicadores como la inflación y el crecimiento económico proyectado para 2025, o en un método que combine ambos factores.

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Quishpe mencionó que al aplicar esa medida los textos presentan contenidos caducos porque los contenidos educativos también evolucionan.

«La responsable de que nuestros jóvenes no entren a la universidad es la ministra Brown. Cómo puede pedir que textos de materias esenciales se compartan o reutilicen», recalcó.

También, detalló que algunos contenidos de segundo y tercero de bachillerato se repiten. Cuestionó que ni en esa planificación exista una articulación clara de los contenidos entre educación general básica y bachillerato.

«Deberá explicar cuántos libros entregó, qué cantidad se entregó a la escuela pública y bachillerato y por qué pasan todas estas cosas. Ella estaría haciendo mal uso de fondos públicos y una estafa académica», manifestó.

Además, no solo los alumnos resultaron afectados por estas decisiones. Según el presidente de la organización, los docentes también deben compartir el material de trabajo, es decir, las guías académicas y los cuadernos de trabajo.

Las medidas que interpondrán

La UNE enfatizó que presentará tres acciones antes las «apresuradas decisiones de la ministra». Una de ellas es solicitar el examen especial sobre la contratación de textos escolares del año lectivo 2023-2024, que lo realizaron el 7 de noviembre de 2023. Además, pedirá al Conadis que abra una investigación contra la funcionaria por atentar contra los derechos de los alumnos con necesidades educativas específicas.

Quisphe argumentó que esos estudiantes merecen una planificación escolar diferente. Sin embargo, el panorama empeora al acatar las últimas disposiciones y agudiza las complicadas condiciones educativas.

Segundo, una vez que la Asamblea Nacional entre en funciones solicitarán que se tramite el juicio político contra la secretaria de la cartera de Estado.

Por último, pedirán al presidente entrante Daniel Noboa que declare en emergencia al sector de la educación. Cuestionó que los estudiantes tengan que estar en sometidos ante la ola de seguridad, instituciones sin textos ni docentes y con sobrecarga laboral.

«La sociedad ecuatoriana ya no se puede quedar de brazos cruzados ante estas situaciones y la realidad del país». apuntó.

Tienen todo…

El presidente repitió que tiene los nombres de los planteles y las ciudades donde entregaron los libros y de las que retiraron los textos «de manera arbitraria». Comentó que si la ministra requiere esos documentos los entregarán en la Casa del Maestro o en el Ministerio.

«Allí se verá si Brown es parte de toda la demagogia o tiene voluntad política y responde a los ecuatorianos», finalizó.

Un libro por cada tres estudiantes

Luego de que la cartera de Estado ordenara la entrega de un texto de consulta por cada tres estudiantes, la UNE denunció que delegados de la entidad están retirando los textos de diferentes planteles de la Sierra y Amazonía.

Según la organización, la orden llegó a los docentes a través del documento: Orientaciones para el Uso de Textos Escolares y Recursos Complementarios.

El escrito detalla que la medida se aplicará a los estudiantes de 5to, 6to y 7to de Educación General Básica. En caso de que un grado supere el número de 40 estudiantes, el docente establecerá las directrices para que puedan acceder a los textos.

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Según la UNE, la orden llegó a los docentes a través del documento: Orientaciones para el Uso de Textos Escolares y Recursos Complementarios.

El documento detalla que la medida se aplicará a los estudiantes de 5to, 6to y 7to de Educación General Básica. En caso de que un grado supere el número de 40 estudiantes, el docente establecerá las directrices para que puedan acceder a los textos.

Una fuente anónima reveló, para Radio La Calle, que las autoridades alegaron que no tienen el presupuesto necesario para imprimir los libros para todos los estudiantes. Además, los textos estarán bajo la tutela de los maestros y no de los jóvenes como regularmente se lo hacía.

Por su parte, el presidente de la UNE, Andrés Quisphe, comentó que esos textos utilizaban los niños, niñas y adolescentes dentro del aula.

«Se está afectando al sector que más estudiantes tiene, esos textos se utilizan para analizar distintas temáticas o los temas que el curriculum lo propone», dijo para Radio La Calle.

Recalcó que delegados de los distritos educativos o de la cartera de Estado van retirando los libros desde hace dos semanas. Además, detalló que lo hacen a través de «disposiciones verbales o memorándums escuetos».

«Llegan los vehículos y se los llevan. Las autoridades de los planteles no pueden decir nada porque pueden recibir amonestaciones graves», apuntó.

También, manifestó que es complicado conocer la cantidad de libros que se llevaron porque muchas veces lo hacen de manera oculta. «Lo que sí es una certeza es que están afectando el derecho a una educación de calidad científica y el interés superior de cerca de dos millones de niños», refirió.

Acciones legales

Quishpe confirmó que interpondrán acciones en contra del decreto del Ministerio de Economía, sobre las directrices del gasto público, y el documento que difundió la ministra María Brown.

Añadió que son acciones para precautelar la educación de los estudiantes y para que no se vulnera la adquisición de libros de ese sector.

De la misma manera, mencionó que Brown presentará el 1 de noviembre el nuevo curriculum que «lo elaboró de la noche a la mañana». Sin embargo, repitió que esos procesos se realizan con debates y concursos previos.

«Suponemos que ahí justificará las consultorías que hizo de manera espontánea. Ella sabe que se necesitan hacer todos los procesos. Estaremos atentos a todo lo que haga antes de que se vaya», anotó.

Cosas turbias, muy turbias

El pasado 9 de agosto, la UNE acusó a María Brown de incurrir en el supuesto delito de peculado. Según la organización, la funcionaria favorecería a terceros a través de varios contratos.

La organización solicitó a la Fiscalía que investigue el caso e identifique posibles “conductas punibles” y a los actores de este entramado. La organización señaló que en las últimas semanas la cartera de Estado elaboró 10 procesos de contratación que sobrepasan los USD 3 millones.

Los procesos, que involucrarían cuadernos de trabajo, guías de docentes, y textos de consulta, tendrían relación con representantes directos, lo que incumpliría con la ley.

«No va a bajar los brazos frente a todos los libros que la ministra le está quitando, miles de docentes despedidos en la pandemia y no han podido reintegrarse«, finalizó.

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