El narcotraficante orquestó una compleja red de sobornos y manipulación judicial en Ecuador, involucrando a esos jueces, apodados «suicidas» por la acción de prestarse a recibir pagos indebidos a cambio de decisiones judiciales que beneficiaban los oscuros intereses de Norero.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal general Diana Salazar reveló la astuta estrategia de Norero al registrar meticulosamente todas sus negociaciones, almacenadas en alrededor de 15 teléfonos celulares. Mientras exigía a sus cómplices eliminar evidencia, él guardaba celosamente estos registros comprometedores.

Esta red de corrupción que involucra diversos niveles judiciales, desde jueces hasta secretarios judiciales y funcionarios administrativos, que son:

Juez 1 – Ronald Xavier G. C., alias La Momia

Ronald G., conocido como «La Momia», actuaba como juez de garantías penitenciarias en el Guayas. Su papel crucial era emitir resoluciones judiciales a favor de los procesados vinculados a Norero. A cambio de sobornos, aceptó recibir sumas considerablemente altas, llegando a pactar incluso sobreseimientos por cuantiosas cifras que, según los registros, serían de al menos USD 30.000.

Juez 2 – Adolfo Richard G. G.

Adolfo G., miembro de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, colaboró facilitando la apelación de la prisión preventiva del hermano de Norero, Israel Norero. Por sus servicios, recibió beneficios económicos (USD 5.000 según expuso Fiscalía), evidenciando la conexión entre el mundo judicial y los intereses corruptos de Norero.

Juez 3 – Jhoan Gustavo M. M., alias Puma

Conocido como «Puma», Jhoan Gustavo M. también formaba parte de la Sala de lo Penal en la Corte Provincial del Guayas. Su colaboración, similar a la de Adolfo G., se materializó en sobornos sustanciales (a cambio de la venta de decisiones judiciales cuyos montos ascienden a $ 70.000 por cada miembro de la familia Norero). Al igual que Adolfo G., Jhoan M. fue parte del Tribunal de la apelación a la prisión preventiva de Israel Norero

Juez 4 – Glenda Elizabeth O. M.

Glenda O., jueza de la Unidad Judicial de Samborondón, se involucró a esta red tras asumir el caso de tráfico ilegal de armas relacionado con Norero. A cambio de beneficios económicos, manipuló sus decisiones judiciales, contribuyendo a la estrategia de impunidad de la organización criminal.

Juez 5 – Santiago Paul Z. S.

Santiago Z., juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi, colaboró al formar parte del tribunal que conoció el habeas corpus a favor de la hermana de Norero. A cambio de beneficios económicos, facilitó decisiones judiciales que incrementaron ilegítimamente su patrimonio (en una ocasión habría recibido sobornos de USD 6.000 y USD 8.000).

Juez 6 – José Luis S. D.

José Luis S., también de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Cotopaxi, colaboró junto a Santiago Z. en el habeas corpus de la hermana de Norero. Su participación reflejó la corrupción endémica, recibiendo sobornos a cambio de decisiones judiciales (él habría recibido al menos USD 14.000).

Juez 7 – Emerson Giovanni C. U.

Emerson C., juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales y de Tránsito de Santo Domingo de los Tsáchilas, tuvo a su cargo casos relacionados con el brazo armado de Norero: alias Cuyuyui y alias Madrid (este último fallecido). Benefició a ambos individuos vinculados a la organización criminal, contribuyendo así al incremento de la violencia en las calles, a cambio de pagos de su jefe.

Juez 8 – Ángel Harry L. V.

Ángel L., juez de la Unidad Multicompetente del cantón La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas, fue instrumental en los intentos de liberación ilegítima de bienes de Norero. A cambio de dinero, apoyó la causa de la organización criminal para levantar medidas cautelares sobre propiedades incautadas,.

Otros implicados: funcionaria Mayra Carolina S. M.

Mayra Carolina, funcionaria judicial en la provincia del Guayas, destacó por su contacto directo con Norero. Su papel administrativo se centró en armar escenarios que favorecieran la impunidad, identificando jueces dispuestos a «suicidarse» por pagos indebidos a cambio de fallos judiciales favorables. Ella habría pactado los sobornos con los administradores de justicia de la sala de la Corte Provincial de Cotopaxi; y luego manipulado el sistema de sorteo de jueces para que los casos asociados a Norero caigan donde los jueces suicidas, que eran los jueces de la Corte Provincial de Cotopaxi.

Cristian Gabriel S. C., alias CR7

CR7, secretario judicial de Ronald G., desempeñó un papel clave en viabilizar las decisiones condicionadas de su superior. Desde instrucciones directas de Norero, manipuló el cierre de instrucciones fiscales.

Este desglose ilustra la complejidad y la magnitud de la red de corrupción judicial encanezada por los ocho «suicidas», que salió a la luz por intermedio del Caso Metástasis.

JR

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