«El fallo de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo da la razón a la Asamblea y ratifica que el Pleno actuó con apego a la ley y la Constitución», dice el comunicado del Legislativo.

Agregaron que la destitución de los cinco exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se realizó bajo el debido proceso y las garantías del legítimo derecho a la defensa.

El expresidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román destituyó a Lindao por «infracción gravísima de manifiesta negligencia» por su actuación como juez en el pedido de acción de protección de Leandro Norero, quien tenía pendiente un juicio por narcotráfico y al que asesinaron en la cárcel de Latacunga el pasado 3 de octubre. (MIB)

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La Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas expresó el dictamen frente a su actuación como juez en la acción de protección a favor del exnarcotraficante Leandro Norero (+).

El Consejo, liderado por el presidente temporal Álvaro Román, tomó la decisión basado en el artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial.

El proceso disciplinario contra el ahora exjuez Lindao se dio tras la denuncia de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las travesura de Lindao

El exjuez Ángel Lindao saltó al ojo público tras restituir a los cuatro exconsejeros gobiernistas del Cpccs encabezado por Hernán Ulloa. La Asamblea Nacional había destituido a los exvocales a través de juicio político, pero interpusieron más de una docena de acciones de protección. Finalmente, lograron aferrarse al cargo.

Lindao también fue identificado por ser el magistrado que ordenó la devolución de los bienes al exnarcotraficante Leandro Norero.

Fiscalía denunció…

La Fiscalía General del Estado criticó las decisiones que tomó la función Judicial ante las acciones del exjuez Lindao. A través de un comunicado comentó que se pone en “tela de duda” la administración de justicia.

El juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Víctor Moya desestimó un sumario disciplinario contra el juez Lindao por presuntas irregularidades en el caso Norero. Moya indicó que este expediente rebasó su fecha de vigencia y archivó la causa el pasado 23 de diciembre de 2022.

De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia planteada y el recurso de apelación impuestos por la Procuraduría e Inmobiliar, declaró “negligencia manifiesta” las acciones de Lindao.

“La Fiscalía expresa su preocupación ante este tipo de acciones que ponen en tela de duda a la administración de justicia, en claro perjuicio de la sociedad ecuatoriana”, reza el comunicado.  

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Además, el presidente temporal del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, convocó a una reunión del Consejo de la Judicatura para resolver la posible suspensión del juez Lindao.

Román aseguró que en esta junta conocerán el informe y con base en la denuncia de la Fiscalía tomarán una decisión con el futuro del juez.

“No toda sentencia de los jueces se deben cumplir, porque a veces no es competente y debe tener una orden legitima. Sobre todo, que debe estar revestido”, manifestó.  

Reclamo de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado criticó las decisiones que toma la función Judicial ante las acciones del juez de La Concordia, Ángel Lindao. A través de un comunicado comentó que se pone en “tela de duda” la administración de justicia.

El juez de Santo Domingo de los Tsáchilas, Víctor Moya desestimó un sumario disciplinario contra el juez Lindao por presuntas irregularidades en el caso Norero. Moya indicó que este expediente rebasó su fecha de vigencia y archivó la causa el pasado 23 de diciembre de 2022.

De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia planteada y el recurso de apelación impuestos por la Procuraduría e Inmobiliar, declaró “negligencia manifiesta” las acciones de Lindao.

“La Fiscalía expresa su preocupación ante este tipo de acciones que ponen en tela de duda a la administración de justicia, en claro perjuicio de la sociedad ecuatoriana”, reza el comunicado.  

Más embarradas…

Ángel Lindao ha protagonizado varios escándalos judiciales. Uno de ellos fue la restitución a los cuatro consejeros: Hernán Ulloa, María Fernanda Estupiñán, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán.

Además, obligó al Legislativo a pedir disculpas de manera pública y a colocar una placa con el lema: “Ningún poder del Estado está por encima del control constitucional”.

Más liberaciones arbitrarias…

Lindao concedió una medida cautelar que deja en libertad a Wilson Ruiz, acusado de sicariato. La Fiscalía manifestó que Ruiz participó en la muerte del concejal de Riobamba, Patricio Guaranga.

El juez, en su resolución, dispone que durante el tiempo de condena que le falta no puede salir del país y debe presentarse una vez al mes en la Fiscalía de Riobamba.

Caso Norero

El magistrado de La Concordia habría incurrido en acciones irregulares en el caso “Norero” investigado por el presunto delito de lavado de activos. Carlos P., uno de los procesados, presentó una acción de protección en reclamo de la mansión de Norero y su pareja sentimental. Pese a que existe una medida cautelar de prohibición de enajenación de bienes, Lindao falló a su favor.

Según la Fiscalía, esta acción de protección llegó a conocimiento del juez por un “sorteo irregular” debido a la falta de competencia en la causa penal. (N.J.C)

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El juez, en su resolución, dispone que durante el tiempo de condena que le falta no puede salir del país y debe presentarse una vez al mes en la Fiscalía de Riobamba.

La Fiscalía General del Estado (FGE) manifestó su preocupación por la decisión del juez Lindao. La institución expuso que el beneficiado fue condenado a 24 años por el delito de sicariato. Después de pasar por Riobamba, Cuenca y Latacunga, hace algunos días el PPL fue trasladado a Bahía de Caráquez en dónde recuperó su libertad.

“La FGE reitera su preocupación por este tipo de decisiones ya que considera que es un abuso de los recursos constitucionales por parte de ciertos condenados, y que la valoración de los jueces está apartada de la objetividad que toda decisión judicial amerita”, reza el comunicado de Fiscalía.

El juez Lindao y los consejeros del Cpccs

En noviembre del 2022, el juez Lindao aceptó una acción de protección que suspende la destitución de los cuatro consejeros gobiernistas del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). El recurso fue interpuesto por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz.

Esta acción dejó sin efecto la resolución de destitución y censura de la Asamblea Nacional contra los consejeros Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Hasta ese momento, los funcionarios fueron removidos del cargo por incumplimiento de funciones.

Según el magistrado, hubo «inobservancia e irrespeto» a los derechos constitucionales de los cuatro integrantes del Consejo. En el documento, dispuso al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y al procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, que revoque los efectos de la resolución del juicio político

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“No permitiré el doble discurso de legisladores que ofenden a la Corte Constitucional y al país exigiendo, por un lado, nuestra destitución, y el mismo día de la acción de seguimiento, incumplir con la sentencia que nos restituyó en el cargo”, resaltó el titular.

Para Ulloa, la Asamblea Nacional también incumplió con sus funciones. Por ejemplo, la falta de posesión del Superintendente de Bancos y los consejeros suplentes. También se refirió a las consecuencias por el retiro de la placa: “Ningún poder está por encima del control constitucional” de las instalaciones del Legislativo.

El Cpccs y el juez de La Concordia

En noviembre del 2022, Lindao aceptó una acción de protección impuesta por los consejeros para anular la destitución que resolvió el Legislativo en su contra, luego de que cambiaran el reglamento para elección de contralor del Estado.

Este recurso fue interpuesto por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz. A partir de esta acción, la decisión de destitución del Parlamento quedó sin efecto. Según el funcionario, hubo “inobservancia e irrespeto” a los derechos constitucionales de los cuatro integrantes del Consejo. (A.G.M).

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Los legisladores fueron llamados a la Fiscalía para rendir su versión libre y voluntaria respecto a este caso. La investigación gira en torno a Manuel Párraga, el ciudadano que presentó las siete acciones de protección.

Además, solicitaron una investigación al juez Ángel Lindao, quien aceptó uno de los recursos de Párraga. La autoridad judicial restituyó a los consejeros en su cargo y dispuso que la Asamblea posesione al superintendente de Bancos, Roberto Romero.

Una destitución sin efecto

El 22 de noviembre, el juez de Santo Domingo, Ángel Lindao aceptó una medida cautelar interpuesta por el ciudadano Manuel Párraga. La acción dejó sin efecto la destitución de los consejeros, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Ante la situación, Saquicela solicitó una revocatoria en la resolución.

Como respuesta, el denunciante cambió la medida cautelar autónoma a una medida de protección en el mismo trámite. También aseveró que si no se da la revocatoria va a presentar la apelación a la Corte Provincial de Santo Domingo.

“Yo creo que cualquier juez, menos el que está comprometido con esta situación, podrá revocar una situación de esta naturaleza”, resaltó Saquicela en entrevista para Radio La Calle.

Además, mencionó que, en el informe el juez pedía que se deje sin efecto la sesión 112, que fue el día de la recomendación de juicio político. Sin embargo, días más tarde ratificó un “error de tipeo” en el documento por lo que pedía que fuera anulada la sesión 115, que fue el día de la destitución. (A.G.M).

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