Frente al juicio político que iniciará el martes 16 de mayo, el legislador pidió unión dentro del movimiento Pachakutik (PK). «Llamo a mis compañeros a que recapaciten y se unan esta lucha. Tenemos que ir contundentemente a la destitución y censura del señor Guillermo Lasso», dijo para Radio La Calle.

«Para mí, el señor Lasso sí ha cometido peculado. Hasta la Corte Constitucional dijo que sí hay peculado. Las pruebas son públicas, nosotros hacemos control político, no somos abogados ni jueces», explicó Maita.

El asambleísta se refirió a Ricardo Vanegas como un «abogado de Lasso«. «Él defiende como que si fuera abogado de Lasso, no defiende la institucionalidad, no defiende la Asamblea, no defiende a los electores», manifestó.

Ángel Maita se mantiene firme en su decisión contra del presidente Lasso. Además, aseguró que votará para que se censure y se destituya «este gobierno de las élites». Asimismo, considera que sí llegarán a tener los 92 votos para destituir a Lasso.

La alianza

El 14 de mayo en el pleno del Legislativo, el asambleísta de PK, Ángel Maita fue elegido como el segundo vocal del CAL. El legislador obtuvo 96 votos positivos, 22 negativos y 7 abstenciones.

El logró del legislador se dio por la unión de los movimientos: UNES, PSC, PK e ID. «Al final del día los que han conformado el CAL y los que conformarán las comisiones dependen de las fuerzas políticas que se tiene internamente en la Asamblea», declaró.

Sin embargo, en 2021 estas mismas bancadas no llegaron a un consenso frente a la destitución de la legisladora Guadalupe Llori. El asambleísta Maita sostiene que «lo sucedido en 2021 con Llori fue diferente con lo de ahora, porque en ese tiempo se llegó a 71 votos y ahora se pasó de los 90».

Según Maita, aún no existe una negociación entre bancadas para decidir el futuro del juicio político contra Lasso. No obstante, esta unión es «prometedora» ya que llegaron a consolidarse hasta 100 asambleístas para la elección de las autoridades del Legislativo.

«La unión si se puede hacer cuando se trata del pueblo ecuatoriano, cuando se habla de autoridades es más complejo porque cada uno tiene diferentes ideales«, terminó diciendo el asambleísta.

División en la bancada de PK

Los asambleístas Ricardo Vanegas y Mireya Pazmiño buscaban la presidencia de la Asamblea. Sin embargo, para el legislador Maita, eso «fue una decisión personal de ellos, mas no del partido».

«No hay dueños en el movimiento, sí hay una divergencia de pensamiento e ideología, pero a la final nos toca llegar a un consenso«, dijo el entrevistado. «En el caso de Vanegas, él no defiende el pensamiento, ni a PK», afirmó.

Una vez que se posesione el coordinador de Pachakutik, el movimiento tiene que decidir que hacer con los asambleístas que no están en la misma línea que PK. «Se tiene que depurar a las malas personas que están dentro del movimiento. Desgraciadamente hay asambleístas del movimiento velan por su interés personal, por eso hay que depurar», agregó.

Reforma Tributaria

El mandatario Guillermo Lasso entregó el 11 de mayo a la Asamblea un proyecto de ley para una reforma económica. La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Lefam) busca bajar los impuestos que su mismo gabinete subió.

Los asambleístas tienen 30 días para aprobar o desaprobar la reforma económica. Para Ángel Maita, se tiene que «analizar objetivamente y jurídicamente para ver que beneficia al pueblo ecuatoriano». (DCJ)

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El 31 de enero el Legislativo sesionó para tratar la objeción parcial del presidente de la República, Guillermo Lasso, al proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

El principal eje de análisis fue la repatriación que estará a cargo de la Cancillería del Ecuador. Por otro lado, el informe técnico socioeconómico y la ficha de vulnerabilidad estará a cargo de la Comisión de Calificación en las distintas sedes consulares.

¿Cómo funcionará este trámite?

El documento de resolución resaltó que el proceso de solicitud de repatriaciones no deberá demorarse más de quince días laborables. Además, la entrega de los restos mortales no deberá tardar más de 30 días desde la entrega de la solicitud. La Cancillería se encargará del proceso de embalsamamiento o cremación.

En cuestión de plazos, las excepciones aplican de acuerdo a las normativas del país en dónde el ciudadano falleció. Cabe recalcar que si la Comisión de Calificación niega la repatriación se puede hacer una impugnación a través de un ordenamiento jurídico.

El legislador Angel Maita manifestó que con esta ley si un compatriota pierde la vida en el extranjero los consulados están obligados a prestar ayuda técnica. “Ya no se puede permitir que haya ecuatorianos llorando sin saber qué hacer en las puertas de los consulados”, resaltó. (A.G.M)

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En su cuenta de Twitter, cuestionó la supuesta ausencia de los indígenas en las orillas del río Napo. Mientras tanto, ni los ministerios de Energía y Minas, Ambiente o del Trabajo se han pronunciado sobre estas actividades presuntamente ilegales.

«¿No que luchan por el medio ambiente? ¿La pacha mama? ¿Quiero proteger mi tierra ancestral? ¿Doble moral compañeritos?», reprochó.

La minería legal e ilegal fue un punto en las mesas de diálogo entre el Gobierno y la Conaie. Según el líder indígena, Leonidas Iza, el Ejecutivo no podía impulsar esta actividad, al menos, hasta que la consulta popular se realice. Sin embargo, el pasado 5 de enero, Iza comentó que el gobierno de Lasso continúa impulsando los proyectos mineros.

Además, ante la militarización de las empresas mineras, el movimiento indígena dio un ultimátum y anunció que tomarían nuevas medidas. Iza advirtió que las mineras nacionales y transnacionales perderán sus inversiones, pues los indígenas no permitirán que ingresen a sus comunidades.

Al tacho los acuerdos…

El Gobierno Nacional firmó dos contratos de inversión minera. Uno para Curipamba-El Domo, ubicado en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. El segundo, para Warintza, ubicado en la provincia de Morona Santiago.

El acuerdo tiene una serie de incentivos financieros, fiscales y legales que tienen una validez de 10 años, hasta marzo de 2033. El contrato tiene posibilidad de extensión. En el caso de El Domo, se prevé que sea la tercera operación minera industrial del país.

¿Regalías?

Por otro lado, el asambleísta por Pachakutik, Ángel Maita, manifestó que las regalías de la minería ilegal a cielo abierto no compensan el daño provocado en los territorios.

Los ríos están contaminados de mercurio y existe afectación a la flora y fauna. Además, los habitantes y trabajadores del sector denunciaron que están expuestos a enfermedades catastróficas. (N.J.C)

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