«Toda causa donde tenga algún interés el presidente Noboa recae en manos donde el juez Ángel Torres que es un alfil del Gobierno«, dijo Celi en rueda de prensa.

El Partido Sociedad Patriótica (PSP) y Pachakutik (PK) presentaron objeciones a la candidatura de Topic, alegando que el empresario mantiene contratos vigentes con el Estado, lo que representaría un conflicto de intereses. Con cinco votos a favor, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó estas acusaciones el pasado 8 de octubre, señalando que no se han encontrado elementos que inhabiliten al candidato.

A pesar de esta resolución, ambas agrupaciones políticas decidieron apelar ante el TCE. Celi advirtió que el temor de SUMA radica en la posibilidad de que las objeciones presentadas por Pachakutik y el PSP sean unificadas y vayan al escritorio de Torres, incluso, advirtió que los escritos de las impugnaciones son idénticos.

Ante esta situación, el movimiento político no puede recusar la causa, pues las partes procesales son el CNE y las organizaciones objetoras. Por ello, SUMA hizo un llamado al resto de los miembros del TCE para que ratifiquen la decisión del CNE y permitan que Topic continúe en la carrera electoral.

El TCE tiene un plazo de 15 días para emitir una resolución definitiva sobre la candidatura de Jan Topic. La decisión, que será inapelable, determinará si el empresario puede o no postularse en las elecciones presidenciales de febrero de 2025. (AGM).

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De acuerdo con el funcionario, existen una serie de contradicciones y omisiones en el informe económico que entregaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) y éste a la institución de control.

Citó el artículo 281 del Código de la Democracia que habla del financiamiento de los partidos y movimientos. 

Art. 281.- Las infracciones relativas al financiamiento de la política y gasto electoral, se sancionarán de conformidad con las siguientes reglas:

1. Los responsables económicos y las organizaciones políticas a través de su representantes y procuradores comunes en caso de alianzas, que no presenten los informes con las cuentas del partido o movimiento, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, el listado de contribuyentes, su identificación plena, respaldos de ingresos y egresos serán sancionados con multa de veinte a setenta salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años, sin perjuicio de la sanción relativa a la cancelación de la inscripción de la organización política establecida en esta Ley. Las candidatas y los candidatos responderán solidariamente, de manera pecuniaria, de acuerdo al nivel de responsabilidad que se determine en el incumplimiento.

La respuesta de Construye 

Ni bien el juez Torres abandonó la Fiscalía, los miembros de Construye se refirieron a la denuncia. Iván González, secretario del movimiento, indicó que Construye informó sobre los registros en especie. La sede que es domicilio de uno de los miembros y el trabajo del contador público. Acerca de la contribución de fondos públicos, de los militantes o dirigentes permanentes, el monto sería cero, según el secretario.

El asambleísta Jorge Peñafiel fue más duro con la actitud del juez, a quien el movimiento le seguirá un juicio político. Dijo que sus acciones en el TCE se deben a una presunta cercanía con ADN, movimiento del presidente Noboa. 

Según Peñafiel, el yerno de Torres traaja en la dirección de Loja y sus hijas en el CNE. «Además por una coordinación con el viceministro Esteban Torres, esas son las respuestas que tiene que dar el señor Ángel Torres», expresó.

El legislador dijo que se involucrará en un proceso de tráfico de influencias al viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Mandó un mensaje al presidente Noboa: «detente, prepotente». (MIB)

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La sentencia fue dictada la noche del 29 de junio con cuatro votos a favor de los jueces Guillermo Ortega, Ivonne Coloma, Fernando Muñoz y Ángel Torres; y un voto salvado del juez suplente Richard González.

La denuncia fue presentada en febrero del 2023 por el excandidato a la Alcaldía de esa ciudad, José Miguel Mendoza (movimiento Gente Nueva), quien quedó en segundo lugar. Además de la suspensión el Tribunal dispuso una multa de 21 salarios básicos, es decir, USD 9.450 por infracción electoral muy grave.

Víctima de un atentado

El 20 de diciembre del 2022, el candidato a la alcaldía de Portoviejo fue víctima de ocho impactos de bala que comprometieron seriamente su salud.  Antes del suceso, colocaron dinamita cerca de uno de los vehículos para su campaña y dejaron frases que decían “Javier Pincay, te lo dije, con la plata del narco no se juega”.

Más adelante, el 24 de diciembre un taxi que promovía su campaña electoral fue incendiado con más amenazas. “Javier Pincay y sus aliados, el plazo se está terminando. A partir de ahora encontrarán carros incinerados, casas quemadas y un poco de esa sarta de gente que te copia muerta”, decían las notas. 

No asistió al debate

El debate obligatorio estaba previsto para el 15 de enero del 2023. Sin embargo, Pincay no acudió ya que seguía en reposo por el atentado, sin embargo, el candidato denunciante cuestionó su jusitificación pues dijo que ya estaba recuperado y podía asistir.

Debido a la resolución del TCE, Pincay deberá dejar su cargo y la vicealcaldesa, Mariela Coral, tendría que asumir esta responsabilidad.

»No he sido destituido ni notificado en legal y debida forma. Por lo tanto sigo ejerciendo las funciones de alcalde. No vamos a permitir que se irrespete la voluntad popular expresada en las urnas el 5 de febrero», dijo el burgomaestre en un tuit. (A.G.M).

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El recurso tenía como propósito el reconocimiento de Jarrin como defensor público subrogante. Frente a la resolución tomada, Ángel Torres Machuca, quien fue designado el pasado 31 de agosto de 2018, continuará en el cargo hasta que se concluya con el concurso para elegir a una nueva autoridad.

Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se encuentra en proceso con el concurso para escoger al nuevo defensor público, donde participará una comisión de diez personas.

El juez Terán informó que aún no existe un mejor puntuado para ocupar el puesto. “No se ha realizado la evaluación y categorización de defensores públicos, conforme dispone el Código Orgánico de la Función Judicial”, dijo.

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«Nadie que rompe acuerdos y se burla del país entero puede venir a dar clases de ética. Un saludo casual no es “reunión secreta”. Los maletines de gente honesta llevan actas, no billetes. Pedimos algo justo: transparencia. Que se abran las urnas», escribió en un tuit.

Yaku Pérez y Ángel Torres

El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) indicó en un comunicado que no conoció ni autorizó una supuesta reunión entre Yaku Pérez y el juez Ángel Torres.

“El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral no ha conocido y menos autorizado reunión alguna, desconoce los términos, circunstancias y lugares en los que se habrían producido, ni la secuencia ante la eventualidad de que sea más de una reunión”, dice el documento.

El organismo agrega que cualquier efecto, acuerdo de una reunión no autorizada por el TCE corre por cuenta y riesgo de cada uno de los participantes. “El Tribunal Contencioso Electoral como institución garante de la voluntad popular en los procesos de elecciones desarrolla sus actividades bajo los principios de transparencia, celeridad y oportunidad”.

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“El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral no ha conocido y menos autorizado reunión alguna, desconoce los términos, circunstancias y lugares en los que se habrían producido, ni la secuencia ante la eventualidad de que sea más de una reunión”, dice el documento.

El organismo agrega que cualquier efecto, acuerdo de una reunión no autorizada por el TCE corre por cuenta y riesgo de cada uno de los participantes. “El Tribunal Contencioso Electoral como institución garante de la voluntad popular en los procesos de elecciones desarrolla sus actividades bajo los principios de transparencia, celeridad y oportunidad”.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo con el TCE, el artículo 12 del Reglamento de Trámites del Tribunal manifiesta que:

“Los jueces electorales no pueden mantener reuniones con las partes procesales, salvo el caso que acudan de manera conjunta y justificando de manera previa y por escrito la necesidad de la reunión”.

¿Qué pasó?

De acuerdo con un medio digital el candidato presidencial por Pachakutik, Yaku Pérez y Manuela Picq se reunieron con el juez del TCE, Ángel Torres. Actualmente existe un pedido de reclamación por parte de Pérez del recuento de actas con irregularidades.

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Quito 9 de ene (La Calle).- Una sentencia de primera instancia arrebató los derechos políticos de cuatro consejeros del Consejo Nacional Electoral. La decisión emitida en menos de 24 horas es considerada un golpe a la institucionalidad democrática del país, según Atamaint. Pero, ¿Quién es Ángel Torres y cuál es su pasado político?

Ángel Torres Maldonado es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Nacional de Loja. Cursó maestrías en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en la Universidad Andina Simón Bolívar. Su carrera política inició en mayo de 1996 cuando fue electo como primer diputado de la provincia de Zamora Chinchipe.

Esta candidatura, auspiciada por el disuelto partido de centro-derecha Democracia Popular, le permitió integrar Comisiones legislativas para tratar asuntos constitucionales. Para 2013, buscó una curul por la misma provincia en la Asamblea Nacional por el movimiento CREO de Guillermo Lasso. El intento resultó vano. El jurista ha pasado por varias empresas públicas, GAD’s municipales y universidades.

Diferencias de carácter político

Sus encontrones políticos más notorios comenzaron abril de 2019 cuando presentó una denuncia contra algunos miembros del Partido Social Cristiano de Los Ríos por presuntos actos de corrupción. Según el juez, los partidarios de Jaime Nebot habrían intentado sobornarlo a cambio de favores políticos.

De igual forma, dos meses después, el prefecto socialcristiano de Los Ríos, Johnny Terán, lo acusó de intentar detener la posesión de autoridades electas en esa provincia. El PSC advirtió con un juicio político y una demanda penal en su contra pues sus candidatos fueron los más votados. El consejero del CNE, José Cabrera, señaló que el juez Torres tardó 28 días en dictar sentencia por esta causa, mientras que “admirablemente” en menos de 24 horas lo destituyó a él y sus homólogos. La sentencia redactada tiene más de 70 páginas.

Torres es juez principal del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) desde noviembre de 2018. Designado a tal dignidad por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, presidido por el difunto Julio César Trujillo. Su figura suena ahora por el intento de dar luz verde a la inscripción del binomio Noboa-Cornejo por el movimiento Justicia Social. Sus detractores dicen que intenta beneficiar intereses políticos y generar una pugna entre el CNE y el TCE.

Lo cierto es que la decisión de Torres ha trastocado el panorama electoral del Ecuador, que deberá elegir a su nuevo presidente el próximo 07 de abril en las elecciones de primera vuelta. Los ecuatorianos deberán escoger entre 16 binomios inscritos.

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“No procede ni la infracción electoral ni la sanción. Porque, en primer lugar, es una sentencia inmotivada. Segundo, no se aceptaron los alegatos propuestos por los consejeros del CNE; incluso la abogada de la contraparte no presentó prueba. ¿En virtud de qué argumentos puede emitir una resolución de este tipo?”, dijo el abogado Byron Torres, en referencia a la actuación del juez Ángel Torres, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La víspera, el juez Torres declaró a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint, José Cabrera, Enrique Pita y Luis Verdesoto culpables de “infracción electoral muy grave”. El TCE ordenó una sanción equivalente a 70 remuneraciones básicas, destitución de cargos y suspensión de derechos de participación por cuatro años.

“Vamos a presentar un pedido de aclaración y ampliación dado que la sentencia es bastante oscura, para que se nos aclare los aspectos legales que corresponden en virtud de la inmotivada sentencia que ha emitido y presentaremos la apelación para que el TCE decida en legal y debida forma”, agregó el defensor de Atamaint.

¿Ganar tiempo?

Según él, el recurso con el que inicia su defensa no se trata de una impugnación sino para que se aclare por qué el juez dicta una sentencia no conforme a norma. Con esta acción, queda a la espera de presentar la apelación para que sea el Pleno del Tribunal quien ratifique o rectifica la sentencia del juez Ángel Torres.

“El proceso se encuentra viciado. Recordemos que el juez Torres ya manifestó a los medios que el CNE había incumplido con la norma, lo que significa que adelantó criterio, prevaricó y por lo tanto está anulada la sentencia”, concluyó.

De acuerdo con la normativa, el Pleno del TCE tiene 10 días plazo, después de avocar conocimiento de la apelación, para emitir una resolución. Es decir, el trámite puede demorar dos o tres semanas. Ello deja apenas 15 días para el 07 de febrero, cuando se realizarán las elecciones de presidente y asambleístas.

Proceso electoral, herido de muerte

Para el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Jorge  Acosta Cisneros, las disputas entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral “han herido de muerte la confianza en el proceso electoral”.

“Lo sucedido afecta la confianza en el proceso electoral. A esta altura no sabe si esa confianza se puede recuperar”, sostuvo en Radio de la Calle.

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«El argumento para solicitar el reemplazo del juez Torres se sustenta en las declaraciones que ha realizado en los distintos medios de comunicación y en la necesidad de contar con un proceso imparcial y transparente», dice parte del comunicado del CNE.

El recurso, de acuerdo al CNE, también garantizaría la neutralidad de la acciones del juzgador. Torres fue el juez ponente de la demanda sobre la posibilidad de realizar elecciones primarias y elegir candidato presidencial en Justicia Social.

El Tribunal Contencioso Electoral suspendió el trámite y el plazo para resolver la demanda del CNE por una presunta intromisión en sus competencias. Se levantará el plazo cuando se resuelva la recusación.

Investigación en Fiscalía

El Consejo Nacional Electoral, además de la demanda de Jimmy Salazar en el TCE, está en la mira de la Fiscalía General del Estado. Este organismo preguntó a la Corte Nacional de Justicia si es posible realizar una investigación previa conta los consejeros: Diana Atamaint, José Cabrera, Luis Verdesoto y Enrique Pita debido a las declaraciones de miembros del TCE sobre una supuesta reunión con dirigentes políticos sobre el tema de participación de Justicia Social.

La CNJ dijo que se puede realizar una investigación previa en contra de los consejeros del CNE. Si embargo, debido al artículo 19 del Código de la Democracia no se puede instaurar un proceso penal en su contra.

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«En virtud de una reunión que mantuve con el asesor de uno de los consejeros del CNE porque a un conocido mío le dijo que era vox populi que yo había recibido dinero de Álvaro Noboa. Acudí para pedirle explicación. En esa reunión me dijo que en Guayaquil estuvieron líderes políticos y una persona lanzó esa acusación», indicó el juez a un medio digital.

Torres agregó que en esa reunión estuvieron consejeros del CNE con dirigentes de organizaciones políticas para discutir sobre el tema de Justicia Social.

Para el juez, las aseveraciones son un atentado a su honra. No he visto a Álvaro Noboa. No me he reunido con nadie y no me ofrecieron absolutamente nada», acotó.

Consejo sin quorum

EL TCE recomedó en una resolución al CNE entregar el tiempo necesario a Justicia Social para realizar elecciones primarias para obtener el binomio presidencial. El partido colocó como primera opción a Fabricio Correa, sin embargo, Justicia Social no tenía la documentación ni el soporte legal para la inscripción.

El Pleno del CNE deberá resolver el asunto, no obstante, la reunión pactada para el 11 de diciembre no contó con el quorum suficiente (Enrique Pita, Luis Verdesoto y José Cabrera se ausentaron) por lo que se la pasó al 12 de diciembre sin éxito. La nueva sesión tendrá lugar el 13 de diciembre a las 18:00.

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El “juez” del TCE Ángel Torres, ha sido hasta CANDIDATO por CREO. Es el que por todos los medios trata de eliminar a Compromiso Social, al igual que Pita y Verdesoto en el CNE, también títeres de Guillermo Lasso.
Sin odio, pero con memoria», escribió el exmandatario en un tuit.

El pasado 3 de agosto, Torres dejó sin efecto la decisión del juez Fernando Muñoz, quien aceptó el recurso del Movimiento Podemos que anulaba la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de suspender cuatro movimientos políticos, entre ellos Fuerza Compromiso Social.

La decisión de Torres, cuyo cargo le fue otorgado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, muestra una contradicción entre los miembros del TCE.

No es la primera vez que la candidatura de Torres sale a la luz. En 2019, el juez denunció sobornos por parte del vicepresidente nacional del Partido Social Cristiano (PSC), quien desechó las acusaciones e indicó la candidatura de Torres a legislador de Zamora Chinchipe bajo el ala de CREO.

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