Contexto del caso

El juez electoral Fernando Muñoz resolvió que Diana Salazar fue víctima de violencia política de género. Las señaladas: Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, y Angélica Porras, abogada y activista, integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular.

Ambas realizaron publicaciones en redes sociales en las que acusaban a Salazar de plagio en su tesis de grado y la atacaban con calificativos como “#LadyImpericia”, “copiona”, “inepta” e “incapaz”. La Universidad Central del Ecuador desestimó posteriormente el presunto plagio, aunque admitió errores en las citas académicas.

Argumentos de la sentencia

El TCE determinó que las publicaciones y declaraciones constituían violencia política de género conforme al artículo 280 del Código de la Democracia. Se alegó que los mensajes, además de desacreditar a Salazar como funcionaria, estaban cargados de estereotipos de género y buscaban minar su legitimidad como fiscal.

Las sanciones

1. Suspensión de derechos políticos:
   • Schettini: 3 años
   • Porras: 2 años Durante este período, no podrán postularse, ejercer cargos públicos ni votar.
2. Multas:
   • Schettini: USD 22.500
   • Porras: USD 13.500
3. Restricciones adicionales:
   • Prohibición de emitir contenido que aluda a la fiscal.
   • Eliminación de publicaciones ofensivas.
   • Disculpas públicas.
   • 40 horas de capacitación contra la violencia política de género.

¿Quién asume sus funciones?

Tanto Schettini como Porras son legisladoras electas por el movimiento Revolución Ciudadana (aunque no oficialmente posesionadas en el pleno). Dada la suspensión de sus derechos políticos, no podrán asumir su curul ni participar en el ejercicio de funciones legislativas. Sus alternos asumirán esas funciones, de acuerdo con el procedimiento parlamentario establecido por la Asamblea Nacional.

¿Sentencia legítima o acción política?

Para algunos sectores, el fallo representa un avance en la protección de las mujeres en la política, marcando un precedente claro contra los ataques basados en estereotipos de género.

Pero para otros, se trata de una respuesta política disfrazada de justicia. El colectivo Acción Jurídica Popular ha sido crítico de Salazar, especialmente tras presentar denuncias por presunto plagio. Para figuras como Angélica Porras, la fiscal usa selectivamente su poder: activa ciertos casos cuando le conviene políticamente y congela otros que afectan a aliados.

Este caso se suma a una lista de episodios que muestran cómo la fiscal general mueve fichas judiciales con cálculo político, un patrón que ha sido denunciado por actores de diversas tendencias.

Documentos y fuentes oficiales

• Sentencia del TCE – Documento PDF
• Sitio oficial de la Fiscalía General del Estado

Conclusión: Lo que parecía una sanción jurídica se ha convertido en un caso emblemático del uso del aparato electoral y judicial en un país donde la política y la justicia rara vez caminan por separado.

SENTENCIA DEL TCE: https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/3338a2_SENTENCIA-250-23-170124.pdf?utm_source=chatgpt.com

RECURSOS FGE: https://www.fiscalia.gob.ec/publicacion-de-sentencias/?utm_source=chatgpt.com

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» Si eso significa cárcel, aquí estaremos. Nosotras tenemos lo que Diana Salazar no, la verdad», expresaron en un video difundido en sus redes sociales.

Las acusadas señalaron que el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, quien ordenó el dictamen, atraviesa un proceso de investigación por la misma Fiscalía. Asimismo hicieron un llamado a la funcionaria para que deje de utilizar a la justicia como un instrumento de persecución política.

La denuncia de Salazar

El pasado 6 de junio la fiscal Salazar informó sobre este dictamen a su favor, pues el TCE determinó que tanto Schettini como Porras habrían incurrido en una infracción electoral muy grave como es la violencia política de género.

El magistrado ordenó que las acusadas pidan disculpas públicas a Salazar y les prohibió la publicación de cualquier contenido en sus redes sociales que haga alusión a la Fiscal General. De igual manera, las mujeres tendrán un plazo de 10 días para borrar de su cuenta de X publicaciones con el #Ladyimpericia y #Ladyimpericias.

Otra de las medidas interpuestas por el TCE es que las acusadas acudan al Centro de Apoyo Integral Tres Manuelas, en Quito, para recibir una capacitación de 40 horas sobre la sensibilización contra la violencia política de género.

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»El último informe del sistema de riesgos del 25 de enero del 2024 establece que tenga un 70% de riesgo de que puedan atentar contra mi vida», dijo la activista a través de redes sociales.

Cuestionó la gestión del sistema de protección, pues enfatizó que los mismos funcionarios al frente de la justicia estarían filtrando su información personal. Denunció que el pasado 3 de enero, cuando varios sujetos ingresaron a su domicilio, activó todos los protocolos para pedir ayuda, sin embargo, la Policía llegó una hora tarde.

»Dos tipos nos apuntaron a mi hijo y a mí, nunca llegó el sistema de protección a tiempo. Quien llegó fue la Policía del Ministerio de Gobierno gracias a un publicación que hice porque nadie llegaba», resaltó.

Hasta el momento la activista ha presentado 13 denuncias en Fiscalía por agresiones, intimidación y amenazas de muerte. »Todo empezó cuando empezó a asumir frontalmente la defensa de su esposo, Freddy Carrión», dijo su abogada, Angélica Porras. (AGM).

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La fiscal alegó que las integrantes de AJP «menoscabaron» sus derechos políticos y desacreditaron su imagen pública y capacidad intelectual a nivel nacional e internacional.

Según ella, las acusaciones y violaciones a las que fue sometida «no le permiten ejercer plenamente el cargo» y en igualdad de oportunidades que sus compañeros.

«Me causa sufrimiento y, también a mi madre, hija, hermana y demás miembros. Ha impactado además de forma negativa a mi salud de acuerdo a lo que dicta la Organización Mundial de la Salud (OMS)», argumentó.

El pasado 20 de septiembre de 2023, el TCE conoció el proceso y sorteó al juez Fernando Muñoz Benítez para que lleve el caso. Sin embargo, Benítez se encuentra fuera del país, por lo que la denuncia debía ser atendida por el juez subrogante, Richard González.

Sin embargo, González también forma parte de AJP y presentó una excusa para no participar y se mantiene pendiente.

AJP alertó de un supuesto plagio en la tesis de la fiscal y creo una veeduría en el Cpccs para que el caso sea atendido. Tiempo después el Honorable Consejo de la Universidad Central del Ecuador (HCU) alegó que Salazar solo habría cometido «impericias» en su proyecto de titulación. No obstante, una comisión internacional aseveró que la máxima autoridad de la FGE habría cometido tres tipos de plago en su tesis.

Salazar contra todos

El 16 de junio, Salazar inició una investigación contra González por supuestamente difundir información reservada.

El magistrado indicó que la información reservada por la que se lo investiga es la convocatoria a rendir la versión y que, hasta el momento, no se ha concretado.

“Ese documento está en la cartelera del TCE. Señora, no puede confundir esa petición con un testimonio o examen. Todos sabemos que son dos cosas diferentes”, mencionó.

Además, Salazar junto a su madre pusieron otra denuncia al colectivo por el supuesto delito de odio. Schettini mencionó, para Radio La Calle, que el origen este nuevo proceso se debería a la denuncia que el colectivo presentó por el supuesto plagio de la tesis de Salazar. Según ella, los mensajes que surgen en redes sociales, a partir de esa denuncia, no le parecen y culpa a los miembros del colectivo. (N.J.C)

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«La fiscal general no solo ha plagiado cuando era estudiante en su tesis universitaria, sino que ahora también denunciamos su nuevo plagio como autoridad«, manifestó Priscila Schettini. El escrito de la fiscal tiene más del 25% de plagio, según la AJP.

AJP encontró que un 15% del plagio es procedente de una tesis del año 2020 que le pertenece a una estudiante de la Universidad Politécnica Nacional. Además, la tutora de este trabajo sería la hermana de la fiscal, Yasmín Salazar Méndez.

El escrito de Salazar tiene el título de:»El fenómeno de la corrupción y su repercusión en el Estado moderno» y fue editado por Ramiro García Falconí.

El artículo

Angélica Porras, docente universitaria e integrante de la AJP, explicó que el resumen que se pone en el inicio de un artículo debe referirse al contenido del mismo. Sin embargo, el artículo de la fiscal «no tiene nada que ver con el resúmen puesto«.

«No es posible que haya acdémicos que salgan a decir que no importa que la fiscal haya copiado en 2005, bueno también copió en 2021″. De la misma manera, Porras aclaró que en su experiencia como docente ese «tipo de errores» no pueden pasar.

«Aquí hay responsabilidad de la fiscal, pero también hay responsabilidad del editor de la revista y de la Universidad Central», dijo. Asimismo, cuestionó el nivel de imparcialidad que se va a tener en la comisión que se forme para investigar el plagio de la tesis de la fiscal general.

«En los países en los que la academia se hace respetar, por ética, un fiscal en la situación de la señora Diana Salazar, habría renunciado«, comentó la docente para terminar su intervención.

¿Qué dice la fiscal?

La fiscal, Diana Salazar expresó que «todo tiene límite» y que como funcionaria esta expuesta a «comentarios maliciosos». No obstante, recriminó la denuncia de AJP porque «se meten con su familia» y eso es algo que no va a permitir.

«Que no digan –como ya es su costumbre– que se trata de una persecución, cuando he soportado todos sus disparates», resaltó.(DCJ)

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“La Corte Nacional de Justicia ha impedido que tengamos copias del expediente penal del caso, aduciendo que es reservado, incluso para la defensa de Carrión. Es por eso hemos tenido que demandar al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela y al Juez Nacional, Felipe Córdova para tener acceso a estas copias”, señaló.

Según indica la defensa de Carrión, la Fiscalía habría impedido el acceso a unos discos que contenían las pruebas en contra de su defendido, lo que ha perjudicado su defensa. Por ello, presentaron una acción de habeas data en contra de la Corte Nacional

“Desde el 3 de marzo del 2022, le hemos pedido a la Corte copias del expediente íntegro y hemos aclarado en la petición, que también se incluya los CDs y DVDs. Hemos tenido que demandar para ver si así, nos entregan esos documentos que son necesarios para ejercer la defensa”, dijo Angélica Porras, abogada defensora.

Por su parte, Richard González, otro de los abogados defensores, indicó que el secretario de la Sala Penal, Carlos Rodríguez, le negó la entrega de las copias del expediente completo al ser considerado “reservado”, añadió también que le había sugerido realizar otra petición.  

“Espero que el día viernes que es la audiencia de habeas data, lleven todo el expediente penal para preparar la apelación que tenemos que fundamentar cuando convoquen a la audiencia los jueces de la Sala Penal. Ya basta a la Corte Nacional, al juez Córdova y los jueces que están actuando desde este tipo de triquiñuelas para enervar nuestra defensa.“ expresó González.

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