El documento enfatiza que Ecuador es un «Estado Constitucional de Derechos y Justicia», cuya estructura exige respeto a la independencia judicial. Citando a la Relatora Especial de la ONU para la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, recuerda: «La independencia judicial no es opcional; es la base de la democracia. Las amenazas son inaceptables».

Los firmantes acusan al gobierno de buscar anular el sistema de pesos y contrapesos, evidenciado en la «anulación de facto del Legislativo» y su transformación en «brazo político del Ejecutivo».

Despidos masivos en Petroecuador: «Saboteo operativo»

Paralelamente, sindicatos del sector energético rechazaron el despido de cerca de 1.000 trabajadores adicionales en Petroecuador, anunciado anoche y ejecutado hoy. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (SINTEP) desmintieron el argumento gubernamental de un «ahorro de USD 31 millones». Los sindicatos identificaron a esta medida como un «engaño para encubrir el sabotaje a la operatividad de la empresa».

Impacto crítico en operaciones:

• Transporte de crudo: Cuatro de cinco capitanes de amarre en terminales marítimos —figuras clave para la seguridad en carga/descarga de buques— fueron desvinculados.
• Perforación: Se eliminó al 50% del equipo de ingeniería, incluyendo personal con experiencia crítica en bloques operativos.
• Geología: Tras recortes previos, los geólogos restantes cubrían hasta tres campos simultáneamente; nuevos despidos profundizan la crisis técnica.

Los sindicatos destacan que un informe ya alertaba sobre un déficit de 1.200 trabajadores. Ahora, el gobierno habría duplicado ese vacío, poniendo en riesgo la producción, exportación y refinación. ANTEP/SINTEP vinculan esta medida con un «plan de desmantelamiento deliberado» para debilitar la empresa y facilitar la privatización de activos rentables, advirtiendo que constituye un «ataque a la soberanía energética y los derechos laborales de toda la clase trabajadora».

La entrada Despidos masivos y la Corte Constitucional como enemigo: ¿Qué dicen los sectores sociales? se publicó primero en La Calle.

La reunión, convocada por el Frente de Defensa Petrolero, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), contó con la presencia de representantes de diversos sectores. Los asistentes criticaron la falta de transparencia en la adjudicación del campo a un consorcio internacional, señalando que el Gobierno negoció «a espaldas de la ciudadanía» y favoreció intereses extranjeros.

David Almeida, secretario de ANTEP, alertó sobre inconsistencias en las cifras oficiales de renta petrolera y advirtió que la privatización afectará la producción nacional y la capacidad de refinación del país. «Este es el peor atraco petrolero de la época moderna», afirmó, comparando el caso con la entrega del campo Auca en 2015.

Acciones legales y pedido de juicio político

El abogado Washington Andrade anunció acciones legales contra el proceso de adjudicación, denunciando presuntos delitos como peculado, traición a la patria, corrupción y fraude procesal. Además, las organizaciones sindicales respaldaron un pedido de juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, y solicitaron a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoría urgente del contrato.

José Villavicencio, presidente del FUT, calificó la adjudicación como un «atraco» y advirtió que recurrirán al «derecho a la resistencia» si el gobierno no revierte la decisión. «Los beneficiarios de esta entrega son el presidente Daniel Noboa y su familia», afirmó, acusando al Ejecutivo de violar la Constitución.

Movilización nacional y acciones futuras

Como medida de presión, los asistentes convocaron un «tuitazo» nacional para el 10 de marzo y un plantón en varias ciudades del país el 11 de marzo, fecha límite establecida por el presidente Noboa para recibir la prima por la adjudicación. Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), respaldó la iniciativa y anunció que el 12 de marzo se realizará una nueva convocatoria para sumar a otros sectores.

Almeida también denunció que, tras las primeras críticas al proceso de adjudicación, el gobierno despidió a 28 trabajadores de Petroecuador, incluido el jefe del Campo Sacha. «En lugar de aclarar las dudas, nos persiguieron», afirmó, señalando que los despidos fueron una represalia por las denuncias públicas.

Aunque el Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroecuador (Cetrapep) se mostró a favor de la concesión, Almeida aseguró que esta postura responde a un «chantaje» del gobierno, que habría utilizado la negociación del contrato colectivo y la entrega de beneficios sociales para presionar a los trabajadores.

Llamado a la unidad

El Frente de Defensa Petrolero hizo un llamado a la unidad de los trabajadores y la ciudadanía para impedir la privatización del Campo Sacha. «No podemos permitir que se firme un contrato que incluye una cláusula de arbitraje internacional, lo que sería una entrega total de nuestra soberanía», concluyó Andrade.

La movilización del 11 de marzo marca el inicio de una serie de acciones que buscan revertir lo que las organizaciones sociales consideran un atentado contra los intereses del país y sus recursos estratégicos.

La entrada 11 de marzo: Plantón nacional en defensa del Campo Sacha se publicó primero en La Calle.

El acuerdo, otorgado sin concurso público al consorcio Sinopetrol—conformado por las empresas Petrolia (filial de la canadiense New Stratus Energy) y Amodaimi (filial de la china Tiptop, subsidiaria de Sinopec)—implica que el Estado ecuatoriano pasará de recibir el 100% del petróleo extraído en Sacha a una participación mínima del 12,5% cuando el precio del barril de WTI se sitúe en hasta USD 62. Solo en un escenario extraordinario, con el crudo a USD 120 por barril, la participación estatal llegaría al 26,5%.

Contradicciones

Las contradicciones entre las versiones oficiales también han generado controversia. Mientras el gobierno sostiene que la concesión garantizará mayor eficiencia y producción, datos del propio Ministerio de Energía y la ANTEP indican que Sacha ha mantenido niveles óptimos de extracción sin necesidad de intervención privada.

También se prometió que la adjudicación no afectaría la estabilidad laboral de los trabajadores, aunque sindicatos han denunciado despidos y precarización inminente.

El pasado 3 de marzo el viceministro de Hidrocarburos, Guillermo Ferreira habló de nuevos porcentajes de participación, pese a que las actas de negociación se cerraron en enero de 2025. El funcionario manifestó que se acordó una participación del Estado de 19% cuando el precio del barril de petróleo sea de USD 30 o menos, es decir, de cada 100 barriles ahora el Estado se llevará 19 barriles y el consorcio extranjero se llevaría la mayor parte, 81 barriles.

Por otro lado, si el precio del petróleo sube por encima de los USD 30 por barril esa participación irá subiendo de manera progresiva, pero tendrá que alcanzar un precio extraordinario de USD 120 por barril para que el Estado pueda llevarse una participación de hasta el 26% del volumen de petróleo que se extrae del campo, y el resto, que es la mayor parte o el 73,5% se llevará la compañía.

Sindicatos en contra

La Asociación de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) calificó la adjudicación como una «estafa disfrazada de inversión extranjera», advirtiendo que el acuerdo representa un perjuicio para el país. Según la organización, Petrolia financiará sus inversiones con el crudo ecuatoriano y con deudas que serán saldadas con recursos nacionales, lo que desmiente el supuesto aporte de capital privado y revela un esquema de privatización encubierta.

Desde el gobierno, la ministra de Energía, Inés Manzano, ha defendido el proceso asegurando que el acuerdo permitirá modernizar la infraestructura del campo sin que el Estado ecuatoriano invierta un solo dólar. Sin embargo, expertos en el sector cuestionan esta narrativa, señalando que la delegación genera una pérdida sustancial de ingresos para el país y atenta contra la soberanía petrolera. Además, han señalado que las cifras oficiales sobre los beneficios de la concesión han variado constantemente, lo que ha incrementado la desconfianza en la transparencia del proceso.

Otra polémica se generó cuando Manzano calificó a Sacha como una «joya oxidada», justificando así la necesidad de la adjudicación. Sin embargo, ANTEP refutó esta declaración, recordando que el campo ha logrado incrementar su producción a 77.191 barriles diarios gracias a inversiones estatales, un rendimiento que no ha sido igualado por otros proyectos privados en el país.

Asimismo, señaló irregularidades en la supuesta invitación a empresas estatales para participar en la adjudicación, ya que no existen registros oficiales de estas ofertas en el acuerdo ministerial. Además, se cuestiona que la firma del contrato haya sido delegada al viceministro Guillermo Ferreira en lugar de ser suscrito directamente por la ministra Manzano, lo que es interpretado por críticos como una maniobra para diluir responsabilidades políticas.

La entrada ANTEP: «Sacha no es una joya oxidada» se publicó primero en La Calle.

El acuerdo, emitido sin un anuncio público previo, instruye a Petroecuador a transferir el campo a un consorcio liderado por Petrolia Ecuador S.A., Amodaimi Oil Company S.L., y Sinopec. Este hecho ha sido calificado como un acto de “interés particular” que pone en riesgo el patrimonio nacional.

Según un informe de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP), el acuerdo carece de fundamentos legales y técnicos. La normativa establece que cualquier delegación de operaciones debe estar respaldada por informes que justifiquen la incapacidad técnica o económica de Petroecuador para operar el campo. No obstante, el acuerdo no presenta tal justificación.

Datos recientes revelan que Petroecuador ha incrementado significativamente la producción del Campo Sacha en los últimos años, demostrando su capacidad operativa. En 2024, el campo produjo un promedio de 77.000 barriles diarios por encima del límite de 4.700 barriles diarios.

El texto del acuerdo también establece que la concesión será “excepcional por convenir a los intereses del Estado ecuatoriano” y menciona como destinatarias a empresas estatales o sus subsidiarias. Sin embargo, investigaciones revelaron irregularidades en los registros de las empresas oferentes. Por ejemplo, Amodaimi Oil Company S.L. está registrada como una sucursal extranjera española con límites legales para operar fuera del Bloque 16 de la región amazónica. Asimismo, Sinopec, cuya sucursal extranjera fue cancelada, opera en Ecuador como una sociedad anónima nacional, lo que la descalifica como subsidiaria estatal.

Impacto económico proyectado

El modelo propuesto por el consorcio incluye un pago anticipado de USD 1.500 millones, inversiones por USD 1.761 millones en 20 años y costos de mantenimiento por USD 160 millones. Sin embargo, el análisis de la ANTEP basado en datos de los últimos seis años indica que el Estado ecuatoriano perdería USD 2.544 millones en renta petrolera si se aplicara el esquema privado, en comparación con los ingresos obtenidos bajo operación estatal.

Incluso considerando el pago anticipado, la pérdida neta ascendería a USD 1,044 millones. Esta cifra podría aumentar si el precio del crudo sube en el mercado internacional. Por ejemplo, con un precio promedio de USD 71.93 por barril, similar al registrado en 2024, la pérdida alcanzaría los USD 1.641 millones.

Historial de oposición y denuncias

El Campo Sacha ya había sido objeto de intentos de privatización en gobiernos anteriores, pero ninguno logró concretarse debido a la resistencia de trabajadores y sectores sociales. En 2019, el entonces ministro de Energía, Carlos Pérez García, renunció a su cargo tras oponerse a un modelo similar por considerarlo contrario a los intereses nacionales.

La oposición a esta medida también ha resultado en represalias laborales. David Almeida, dirigente de Petroecuador, denunció irregularidades en el proceso que derivó en su desvinculación de la estatal tras manifestarse contra la privatización del campo.

Reacciones y exigencias sobre acuerdo de Sacha

Organizaciones sindicales y expertos en hidrocarburos han exigido explicaciones al gobierno de Noboa sobre las irregularidades del acuerdo. “Esto es una traición al país. Priorizar intereses particulares sobre el interés nacional es inaceptable”, afirmó un portavoz del sindicato petrolero.

En el ámbito legislativo, varios asambleístas han solicitado la comparecencia de la ministra de Energía, Inés Manzano, para que explique los fundamentos del acuerdo. Además, han instado a Contraloría a investigar posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.

La entrada ANTEP denuncia pérdidas millonarias por privatización del campo Sacha se publicó primero en La Calle.

Según el texto de la resolución, la medida se justifica bajo el argumento de que un trabajador «no puede referirse a una institución propia del Estado, en especial cuando pertenece a un sector estratégico, más aún cuando conforme a su declaración expresa acerca de la concesión de empresas extranjeras al campo Sacha».

Para la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP) es claro el motivo de persecución política. Argumentó que la resolución constituye un acto de censura, vulnera la libertad de expresión e intenta limitar el derecho de la clase obrera.

«David Almeida ha defendido a Petroecuador como la empresa de todos los ecuatorianos, mientras las autoridades aplican políticas de autosabotaje mediante recortes presupuestarios y cancelación de proyectos que habrían permitido incrementar la producción, con el objetivo de hacer ineficiente a la empresa y así justificar su privatización», dijo el gremio en un comunicado.

Por defender Sacha

A inicios de septiembre Almeida, quien es secretario general de la ANTEP, denunció que las autoridades de la estatal petrolera iniciaron un proceso disciplinario en su contra por estar al frente de la defensa de los campos Amistad y Sacha, zonas a punto de ser privatizadas.

El sindicalista alertó la recepción de un memorando por parte del departamento de Talento Humano, informando el inicio de un proceso disciplinario con el objetivo de desvincularlo de la empresa con ”visto bueno”.

Asimismo reportó que la decisión surgió tras unas declaraciones que hizo en entrevista para Radio Pichincha, en donde criticó la acciones del gobierno al tener la intención de concesionar los campos petroleros con mayor productividad. Denunció que en un acto de intimidación miembros de la Policía llegaron a su domicilio.

La entrada Así empieza el proceso disciplinario contra David Almeida, sindicalista petrolero se publicó primero en La Calle.

El pasado 12 de septiembre el dirigente sindical alertó la recepción de un memorando por parte del departamento de Talento Humano, informando el inicio de un proceso disciplinario con el objetivo de desvincularlo de la empresa con »visto bueno».

Asimismo reportó que la decisión surgió tras unas declaraciones que hizo en entrevista para Radio Pichincha, en donde criticó la acciones del gobierno al tener la intención de concesionar los campos petroleros con mayor productividad. Denunció que en un acto de intimidación miembros de la Policía llegaron a su domicilio.

»Estas acciones ocurren en medio de las elecciones del Comité de Empresa de Petroecuador, en las que Almeida es uno de los posibles ganadores», dijo la ANTEP en un comunicado.

El gremio hizo un llamado a los trabajadores, campesinos y a toda la ciudadanía a alzar su voz en defensa de los recursos del Ecuador y a no permitir que se silencien las voces que luchan por el bienestar general.

La entrada Trabajador petrolero enfrenta proceso disciplinario por defender el Campo Sacha se publicó primero en La Calle.

El pasado 28 de agosto el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, junto al gerente general (S) de Petroecuador, Diego Guerrero, efectuaron el apagado de primer pozo productor de Ishpingo en el Bloque 56 en cumplimiento al mandato popular de la Consulta Popular de agosto del 2023.

La cartera de Estado informó que se realizarán labores de limpieza y se colocarán tapones de cemento para el abandono definitivo de la estructura.

Asimismo el cronograma establecido para el cierre de los 247 pozos determina un cierre progresivo que durará más de cinco años para que las intervenciones »no afecten al medio ambiente y a las comunidades aledañas». El bloque está conformado por las áreas de Ishpingo, Tiputini y Tambococha.

Cuestionamientos sobre la mesa

Para el colectivo Yasunidos todo se trató de un ‘show’ montado por el gobierno, pues argumentó que el pozo de Ishpingo ya cerró en junio. Según las conclusiones del documento entregado por el Gobierno a la Corte Constitucional, hasta el 30 de junio existían 247 pozos perforados de los cuales uno ya estaba abandonado.

»Lo que hizo el ministro es irse al Bloque 43 para tomarse la foto en un pozo que ya estaba abandonado», dijo el colectivo en sus redes sociales y advirtió que si existe un incumplimiento al mandato popular tomará medidas legales.

¿Pérdidas millonarias?

Según David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo (ANTEP) implicaría aproximadamente una disminución de 55 mil barriles diarios, es decir, USD 1.200 millones por año. Asimismo, alrededor de mil trabajadores de las comunidades aledañas perderían su empleo.

Almeida aclaró que es viable el apagado de los pozos petroleros en cinco años, sin embargo, la disolución total junto a la restauración de la zona implicaría más tiempo.

»El desmantelamiento de bloques es algo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo ni siquiera existe una normativa», dijo en entrevista para La Calle.

Desde la ANTEP estiman que la inversión para apagar el Bloque del ITT sería alrededor de USD 4.500 millones y dejan sobre la mesa la interrogante de »¿Quién va asumir ese gasto?» y temen que el presupuesto salga de Petroecuador.

La entrada ¿Cuál sería el impacto del cierre del ITT en la producción petrolera? se publicó primero en La Calle.

La convocatoria fue realizada el pasado 19 de agosto desde las 11h30 en los diversos centro petroleros a nivel nacional.

La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo (ANTEP) denunció que el Ejecutivo está privando de fondos a Petroecuador para frenar sus inversiones y a su vez disminuir la producción de crudo y sus derivados. La intención sería plantar a la opinión pública el argumento de que existe »ineficiencia» por parte de la empresa pública.

»¡No a los intereses privados sobre los recursos de todos los ecuatorianos! (…) El campo Sacha no se vende», gritaron al unísono los trabajadores del Bloque 60.

Según David Almeida, secretario general de ANTEP, la justificación del Gobierno sobre una supuesta incapacidad de operatividad está disfrazada de una política de »autosabotaje» para privatizar algunos campos petroleros, sobre todo la zona Sacha que se posiciona como la más productiva a nivel nacional.

»Lo que vamos a exigir es que el Ministerio de Finanzas garantice las rentas que le corresponden a Petroecuador para su operación y que cese la política de privatización de campos. Sabemos que debajo de la mesa están negociando la posible entrega del campo Sacha», dijo en entrevista para La Calle.

La protesta pacífica es la primera medida una serie de acciones que tienen planificadas. Almeida señaló que prevén movilizarse a Quito para exigir sus demandas, pero aún no se concreta una fecha.

Privatización de Sacha

A inicios de agosto el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, indicó que los campos importantes de Petroecuador podrían pasar a manos de empresas extranjeras para incrementar la producción de barriles y enfatizó este interés en el campo Sacha.

»El Ecuador tiene un potencial de producir un millón de barriles por día y estamos convencidos que esa senda es la inversión privada”, dijo el funcionario en entrevista para Visionarias.

Sacha podría ser entregado este año al sector privado. También manifestó que se deben realizar acuerdos a través de consorcios liderados por empresas públicas internacionales para que el proceso sea inmediato, puso de ejemplo a la compañía árabe Saudi Aramco. (AGM).

La entrada »¡El campo Sacha no se vende!», gritan en protesta los trabajadores petroleros se publicó primero en La Calle.

Después de tres meses de la consulta popular sobre la extracción petrolera en el Yasuní, la estatal aprobó el calendario para cerrar las operaciones en el bloque Ishpingo, Tambococha, Tiputini e ITT. La Corte Constitucional había establecido un año de plazo para finalizar las operaciones petroleras en este lugar.

»El desmantelaje puede llegar a no menos de USD 1.800 a USD 2 millones, aparte de todos los procesos que tenemos que indemnizar, ya no vamos a generar ingresos y esto afecta al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)», dijo a Ecuavisa.

Lavada de manos

El ministro de Energía, Fernando Santos, ya había anticipado que la responsabilidad del desmantelamiento del Yasuní quedaría para el otro gobierno de turno. También había manifestado su posición en contra de que se detenga la extracción petrolera en esta zona, pues indicó que existiría pérdidas económicas.

Pese a los resultados de la consulta popular, el jefe ministerial se acogió al artículo 57 de la Constitución. »Los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio», resaltó.

¿Afectaciones?

El secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador (ANTEP), David Almeida, señaló que en 2022 el precio promedio del crudo en el ITT fue de USD 82.17 por barril, ese valor se dejó utilidades por USD 1.211 millones en el país.

”Si el petróleo fuera brea no se podrían producir 58 mil barriles de petróleo por día. Efectivamente el contenido de agua es alto como ocurre en todos los reservorios de petróleo a nivel mundial”, dijo en entrevista a Radio La Calle.

Otra visión

Para la vocera del colectivo Yasunidos, Manaí Prado, el Yasuní tiene un ciclo muy importante porque de ahí nacen las nubes que provocan las lluvias en los Andes y genera el agua que se consume en el país. ”No podemos sacrificar el lugar más biodiverso del mundo por ”beneficios económicos” que realmente no benefician al país”, señaló a este medio de comunicación.

Según Prado, el petróleo del Yasuní es de mala calidad de cada 100 barriles solo siete son de petróleo, todo lo demás es brea, es decir, agua formación tóxica, además de que se vende a muy bajo precio a nivel internacional. ”Se perdieron 15.000 millones de dólares en casos de corrupción”, resaltó. (AGM).

La entrada Los pozos petroleros del Yasuní se cerrarán en agosto del 2024 se publicó primero en La Calle.

Se trata del funcionario Edgar J. M., quien laboraba en su unidad de gestión cuando presuntamente habría ocurrido el crimen.

Petroecuador se pronunció al respecto. Detalló que el hecho se suscitó en las inmediaciones del Bloque 57 – Libertador, en la provincia de Sucumbíos.

La Asociación exigió a la petrolera y al Estado las garantías para trabajar en paz y rechazaron el descuido de las autoridades en materia de seguridad industrial, sumado al riesgo de la inseguridad criminal.

«Exigimos a Petroecuador que de manera inmediata se refuercen las medidas de seguridad de todas las instalaciones y locaciones de trabajao. Exigimos al Estado la inmediata investigación y sanción penal para los responsables de este atentado fatal contra nuestro compañero», reza el comunicado.

Este es el segundo caso de muerte de un servidor de la empresa nacional al interior de la estatal en los último dos meses. El primero fue Jefferson Javier A., quien fue asesinado en los exteriores de la Refinería de Esmeraldas el 30 de junio de 2023.

Finalmente, la Antep expresó su solidaridad con la familia de la víctima y piden respuestas frente al hecho.

Noticia en desarrollo…

La entrada Un trabajador de Petroecuador habría sido asesinado se publicó primero en La Calle.

“¿Llamaría usted corrupción, señor Ministro, a pretender extender en la empresa un modelo donde la renta petrolera se va cerca del 50% a manos privadas? ”, resaltó la Asociación.

Ante las declaraciones del ministro Santos en un reportaje de Ecuavisa, el personal petrolero se pronunció. En primer lugar, remarcó que los actos de corrupción ocurren desde los mismos funcionarios nombrados por el Gobierno, mas no por los trabajadores.

También dejó al descubierto las ocasiones en donde el titular de la cartera de Estado declaró, sin sustento técnico, que la petrolera podría funcionar con la mitad de la nómina. Por otro lado, “sugirió” que los campos petroleros deberían ser administrados por transnacionales privadas como ya ocurre en otros territorios que pertenecen a Petroecuador.

“El problema, señor Ministro, es que hoy, usted es miembro del Directorio de la empresa contra la que ha arremetido innumerables ocasiones, y su deber es fortalecerla” , dice la carta.

Más plata para los consorcios, menos para los trabajadores

Para los trabajadores, el alto presupuesto de inversión no se ve reflejado por ningún lado. El dinero se iría en las altas tarifas que se les paga a los consorcios, es decir, a los intermediarios de los proyectos petroleros. Esta acción eleva irracionalmente el costo de producción en varios campos de la petrolera estatal. Así como hay privilegios para la élite, los trabajadores reclaman las remuneraciones impagas y la desigualdad salarial.

Agregaron que a la empresa le toca “mendigar” los recursos del Gobierno  porque no se ha respetado la autonomía administrativa y financiera de Petroecuador, tal como lo dicta la Constitución. Resaltan que esta es la estrategia para dañar lo público y luego justificar la privatización.

Los intereses de la privatización

En una carta emitida al periodista y dizque experto petrolero de la revista Vistazo, Alberto Acosta, desmienten un artículo que deja en claro que la empresa pública es mala y debe ser privatizada. Para los trabajadores, las cifras expuestas no tienen sustento. En el artículo el periodista aseguró que los costos de la producción de la empresa estatal es de USD 12 por barril y de los contratistas privados es de USD 30 en promedio.

Ante la comparación, el comunicador realiza de manera sarcástica la siguiente interrogante: “¿por qué el Estado pierde dinero contratando a privados cuando puede extraer ese crudo directamente y mucho más barato?” La respuesta es simple, los negocios lucrativos del Estado están consumidos por los intereses privados, según la ANTEP.

Caso Auca

Para explicarlo de mejor manera, colocaron el ejemplo de privatización en el campo Auca, ubicado en la provincia de Orellana, y entregado a la compañía Schlumberger a través del Consorcio Shaya, en 2015. Petroecuador le paga a la contratista privada su respectiva tarifa por barril y también cubre el costo operativo, que incluye el mantenimiento del campo petrolero.

Para 2022, el precio promedio del barril de crudo fue de USD 88.18 por barril. El campo Auca recibió una rentabilidad de USD 55.39 por barril, descontando costos operativos y de inversión. Mientras tanto, en los campos donde opera solo Petroecuador, recibió en promedio de USD 70.24 por barril, es decir, un 27 % más de los contratistas privados. (A.G.M). 

La entrada El 50 % de la renta petrolera se va a manos privadas, advierte gremio se publicó primero en La Calle.

Almeida se pronunció sobre el tema del subsidio en el precio de los combustibles, aclarando técnica y económicamente que dichos subsidios no existen.

“No se han transparentado las cifras de calculo que utiliza el Gobierno para declarar este subsidio”, declaró el gerente.

La Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (CEOLS) expresó su respaldo a Almeida por las posibles represalias que Petroecuador podría tomar frente a sus declaraciones.

“Sabemos de las prácticas intimidatorias y represalias que en estos casos suelen aplicar en contra de dirigentes sociales…”, emitió la CEOLS en un comunicado.

Asimismo, aseguraron que en caso de ser necesario demandarán acciones que impidan cualquier atropello, ante instancias nacionales e internacionales, garantes de los derechos laborales.

La entrada Petroecuador amenaza con despedir al obrero que pidió cuentas al gobierno de Lasso se publicó primero en La Calle.