El pedido, anunciado por el asambleísta Franklin Samaniego, cuestiona que las pesquisas del denominado «Caso Apagón» —que investiga un presunto peculado con perjuicios de más de USD 100 millones, según la Contraloría— se hayan centrado en funcionarios de rango medio, como el exgerente de CELEC Fernando Calero, allanado el pasado 28 de julio. Samaniego exigió que se apliquen «medidas urgentes» contra los ministros, argumentando que «quienes estuvieron al frente de las directrices deben responder» ante las irregularidades verificadas.

Crisis eléctrica y contratos improvisados

Los hechos se remontan a abril de 2024, cuando Ecuador enfrentó cortes masivos de luz. El entonces ministro encargado de Energía, Roberto Luque, declaró emergencia en el sistema eléctrico el mismo día de su posesión (16 de abril), autorizando a CELEC a realizar contrataciones directas para incorporar generación termoeléctrica.

En mayo de 2024, Luque viajó a Houston (Texas, EE.UU.) junto al entonces gerente de CELEC, Fernando Calero, para evaluar instalaciones de Progen, una de las empresas interesadas. Un mes después, Calero declaró emergencia en CELEC y delegó en subalternos la firma de contratos con Progen, argumentando urgencia para evitar nuevos apagones.

Graves fallas

Pese a las promesas, las plantas en Quevedo y Salitral nunca operaron:

• En Quevedo, Progen incumplió plazos y solo entregó 17 de 20 generadores, ninguno operativo.
• En Salitral, aunque llegaron 29 motores, faltaron obras críticas como un transformador.
  CELEC terminó unilateralmente ambos contratos en junio de 2025.

La Contraloría detectó que los equipos ofrecidos por Progen no eran nuevos, carecían de certificación como fabricante autorizado y correspondían a modelos discontinuados desde 2019. Además, los motores —diseñados para diésel— incumplían el requerimiento de operar con Fuel Oil.

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El ministro de Energía Antonio Goncalves informó que uno de los puntos críticos de la crisis energética es el nivel del agua en el embalse de Mazar, en Azuay, que debería estar en 2.153 msnm , pero cayó a 2.114, lo cual implica un riesgo inminente de perder el control de la Central Hidroeléctrica de Mazar.

Para empeorar el escenario, el complejo hidroeléctrico Paute suspendió sus operaciones desde la noche del 22 de septiembre al ubicarse a 2.116 msnm. Las tres centrales que lo conforman aportaban con el 38 % de la demanda nacional, es decir, 1.756 megavatios.

Sobre la mesa queda en juego el aporte de energía hidráulica por parte de Coca Codo Sinclair (57%), Agoyán-San Francisco (12%), Delsitanisagua (5%), entre otras.

Coca Codo Sinclair

Con una capacidad instalada de 1.500 megavatios, Coca Codo Sinclair es una de las principales fuentes de energía del país, generando alrededor del 30% de la electricidad consumida a nivel nacional. Sin embargo, la situación actual ha puesto a prueba su capacidad de respuesta frente a la creciente demanda y las dificultades operativas derivadas del estiaje.

El ministro Goncalves señaló que si existen más precipitaciones la situación energética mejorará, pero el exceso de lluvias podría provocar sedimentos en Coca Codo Sinclair y afectar el funcionamiento de las turbinas obstaculizando la producción.

»Si nos pasa eso habrían cortes que no estaban esperados y avisaríamos con dos a cuatro horas de anticipación», resaltó.

El pasado 19 de septiembre las Fuerzas Armadas ingresaron a las instalaciones de la hidroeléctricas con el objetivo de garantizar su operatividad y seguridad. Personal de la fuerza pública recibió capacitaciones para brindar apoyo técnico y evitar »autosabotajes». (AGM).

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»Lo mejor es aplicar este proceso cuando ingresemos a la temporada de lluvias, en la época seca es poco viable porque la atmósfera se encuentra seca y no tendremos los núcleos de condensación necesarios», dijo el funcionario en entrevista para Radio Pichincha.

El experto explicó que la estimulación de nubes consiste en la inyección de yoduro de plata, lo cual provoca que la condensación de nubes sea más rápida para que existan lluvias. El INAMHI analiza las condiciones metereológicas de las siguientes semanas para ver la viabilidad del proceso.

Según el pronóstico, existe una probabilidad de que el fin de semana del 21 de septiembre se registren precipitaciones en la Amazonía. La sierra podría experimentar lluvias a inicios de octubre.

El pasado 18 de septiembre el ministro de Energía, Antonio Goncalves, informó sobre la compra de una nueva barcaza con capacidad de 240 megavatios, que se espera llegue en octubre, y la implementación del bombardeo de nubes para estimular la lluvia, con el fin de evitar apagones en caso de precipitaciones suficientes. “Si llueve de manera constante, no habrá necesidad de más cortes”, aseguró.

Asimismo confirmó la militarización de las hidroeléctricas del país como medida preventiva, debido a recientes incidentes y fallas humanas. “Estamos viendo cosas extrañas en estas zonas estratégicas, y necesitamos protegerlas”, concluyó. (AGM).

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“En esas ocho horas habrá interrupciones de entre dos a cuatro horas, dependiendo de la zona”, explicó el funcionario en entrevista para Teleamazonas.

Goncalves destacó que el país atraviesa una sequía histórica, la más grave en 61 años, lo que ha reducido significativamente los caudales de agua, afectando la generación hidroeléctrica. En este contexto, justificó los cortes como parte de un programa de mantenimiento de la red de transmisión y distribución, que presenta un considerable retraso.

Aunque las interrupciones no afectarán a todas las zonas simultáneamente, la duración de los cortes variará según la ubicación y las necesidades de las distribuidoras. Destacó que en apenas diez meses, se han adquirido 1200 megavatios adicionales, es decir, cinco veces más que en los últimos siete años.

Acciones del Gobierno

El ministro también informó sobre la compra de una nueva barcaza con capacidad de 240 megavatios, que se espera llegue en octubre, y la implementación del bombardeo de nubes para estimular la lluvia, con el fin de evitar apagones en caso de precipitaciones suficientes. “Si llueve de manera constante, no habrá necesidad de más cortes”, aseguró.

Asimismo confirmó la militarización de las hidroeléctricas del país como medida preventiva, debido a recientes incidentes y fallas humanas. “Estamos viendo cosas extrañas en estas zonas estratégicas, y necesitamos protegerlas”, concluyó.

Los cortes de energía están programados del lunes 23 al jueves 26 de septiembre, y su aplicación se revisará semanalmente. Las diferentes distribuidoras de energía deberán establecer los horarios de los cortes de luz. Por su parte la Empresa Eléctrica de Quito publicó el siguiente cronograma:

Contradicciones claras

Hace algunos días en el mismo espacio de entrevistas, el ministro de Gobierno, Arturo Félix, enumeró una serie de acciones para combatir la crisis energética y que no habría apagones, incluso, se molestó con el entrevistador que cuestionó esta afirmación.

Más tarde el mismo Ejecutivo anunció un corte masivo de energía desde las 22h00 de este 18 de septiembre hasta las 06h00 del siguiente día, luego entre gallos de medianoche el gobierno informó que el apagón también sería durante la semana del 23 de septiembre. (AGM).

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El pasado 28 de agosto el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, junto al gerente general (S) de Petroecuador, Diego Guerrero, efectuaron el apagado de primer pozo productor de Ishpingo en el Bloque 56 en cumplimiento al mandato popular de la Consulta Popular de agosto del 2023.

La cartera de Estado informó que se realizarán labores de limpieza y se colocarán tapones de cemento para el abandono definitivo de la estructura.

Asimismo el cronograma establecido para el cierre de los 247 pozos determina un cierre progresivo que durará más de cinco años para que las intervenciones »no afecten al medio ambiente y a las comunidades aledañas». El bloque está conformado por las áreas de Ishpingo, Tiputini y Tambococha.

Cuestionamientos sobre la mesa

Para el colectivo Yasunidos todo se trató de un ‘show’ montado por el gobierno, pues argumentó que el pozo de Ishpingo ya cerró en junio. Según las conclusiones del documento entregado por el Gobierno a la Corte Constitucional, hasta el 30 de junio existían 247 pozos perforados de los cuales uno ya estaba abandonado.

»Lo que hizo el ministro es irse al Bloque 43 para tomarse la foto en un pozo que ya estaba abandonado», dijo el colectivo en sus redes sociales y advirtió que si existe un incumplimiento al mandato popular tomará medidas legales.

¿Pérdidas millonarias?

Según David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo (ANTEP) implicaría aproximadamente una disminución de 55 mil barriles diarios, es decir, USD 1.200 millones por año. Asimismo, alrededor de mil trabajadores de las comunidades aledañas perderían su empleo.

Almeida aclaró que es viable el apagado de los pozos petroleros en cinco años, sin embargo, la disolución total junto a la restauración de la zona implicaría más tiempo.

»El desmantelamiento de bloques es algo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo ni siquiera existe una normativa», dijo en entrevista para La Calle.

Desde la ANTEP estiman que la inversión para apagar el Bloque del ITT sería alrededor de USD 4.500 millones y dejan sobre la mesa la interrogante de »¿Quién va asumir ese gasto?» y temen que el presupuesto salga de Petroecuador.

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El pasado 16 de agosto, el Ministerio de Energía de Colombia emitió una resolución que establece que solo venderá energía térmica, que es la más costosa. Asimismo, la provisión de este recurso se efectuará siempre y cuando haya excedentes en las plantas térmicas luego de cubrir su demanda nacional.

La normativa estará vigente hasta el 30 de noviembre e implicaría una afectación a Ecuador por el impacto del estiaje. El ministro de Energía, Antonio Goncalves, ya advirtió que los últimos tres meses del año son críticos y el país podría retornar a los racionamientos de energía.

Pese a las limitaciones impuestas por el país vecino, el precio de la energía sigue drenando los recursos del país. Hasta el 21 de agosto el Ecuador pagó 0.42 ctvs por kWh. En el 2023 el valor promedio era de 0.21 ctvs por kWh, sin embargo, en ciertos días de febrero y marzo del 2024 la energía llegó a un costo de hasta 0.61 y 0.72 ctvs por kWh.

Una crisis energética cara

El principal cuestionamiento que hace el analista energético Jorge Luis Hidalgo es »¿Quién va a pagar todo esto?», ya que los gastos que suma el país para resolver la crisis energética sobrepasaría el presupuesto de USD 1.000 millones que estableció el ministro Goncalves.

A su criterio es necesario eliminar el subsidio eléctrico a las grandes empresas, entre ellas las mineras que solo pagan 0.05 ctvs el kWh.

»Con la restricción de la energía de Colombia lo que está pasando es que ya estamos utilizando las reservas de agua de los embalses. Entonces estaremos protegidos por un mes y medio aproximadamente (…) octubre y noviembre son los meses más críticos», dijo en entrevista para La Calle. (AGM).

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El titular de la cartera de Estado indicó que el gobierno realizó todos los esfuerzos para preservar al máximo las reservas de la Central Hidroeléctrica de Mazar con el fin de enfrentar un futuro estiaje. Asimismo Ecuador aún compra energía a Colombia con un valor promedio entre 0.16 y 0.17 ctvs el kWh en junio, un precio »no tan malo», según el ministro.

Las acciones descritas podrían evitar una serie de apagones durante septiembre, sin embargo, los últimos tres meses del año son críticos y el país podría retornar a los racionamientos de energía. »Sin embargo, estamos trabajando para que eso no ocurra», dijo Goncalves en entrevista con Carlos Vera.

Acciones para evitar apagones

Además de seguir importando este insumo desde Colombia, el ministro Goncalves anunció la adjudicación de un contrato adicional de energía térmica en Esmeraldas. Esta negociación suma un total de 341 MW en contrataciones de emergencia para mitigar los impactos del estiaje.

Asimismo la barcaza turca contratada para abastecer la demanda nacional empezará a producir energía a finales de agosto. Para cubrir el déficit de 700 megavatios el gobierno declarará nuevamente en emergencia al sector eléctrico para dar cara a esta situación y lograr un contrato de hasta 500 megavatios de más energía.

Adicional, el Ejecutivo emitió un decreto que dispone al Ministerio de Energía y Minas coordinar y ejecutar todas las acciones necesarias con el CENACE y las empresas de generación, transmisión y distribución de energía para evitar los efectos que pueda producir el estiaje.

Además, ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas asignar los recursos presupuestarios suficientes para atender lo expuesto.

Plan ahorrar paga

Ante la futura crisis, el gobierno implementará un programa llamado Ahorrar paga, que se presentará a finales de agosto. Esta iniciativa ofrecerá reducciones en las tarifas para los usuarios industriales y domésticos que disminuyan su consumo en octubre de 2024 en comparación al mismo mes en 2023.

Además, otra fase de la campaña pretende que las empresas eléctricas contribuyan al suministro nacional, con el objetivo de alcanzar 200 megavatios adicionales. (AGM).

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