En las declaraciones de Antonio y Enrique Pere Ycaza, implicados en el caso, se detalla la entrega de coimas a funcionarios ecuatorianos por contratos con Petroecuador.

Antonio Pere aceptó los cargos imputados en su contra por lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Además, reconoció que durante junio de 2011 y julio de 2019, el pago de sobornos fue realizado a través de empresas y cuentas bancarias en los Estados Unidos.

Todo esto, con el fin de obtener contratos a favor de las empresas identificadas como “Empresa comercial 1 y 2” y “Asphalt Company”.

Entre los funcionarios implicados estaría Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador y dos funcionarios más identificados como “oficial ecuatoriano 1, 2 y 3”.

Por su parte, la abogada de Arias, María Teresa Padrón, mediante un correo electrónico dijo que no le notificaron respecto a las nuevas revelaciones.

“Mi clienta ha comparecido a las investigaciones iniciadas por Fiscalía. Ha rendido versiones respecto de los hechos que conoce cuando se requiere en procura del esclarecimiento de los hechos y en la medida de los que está en su conocimiento”, explicó Padrón.

Mientras que, el actual gerente General de Petroecuador, Ítalo Cedeño asegura que se busca la rentabilidad de la empresa.

“Petroecuador es una empresa muy rentable que genera recursos en beneficio del país. Una industria petrolera bien manejada puede ir por ese camino y eso buscamos en el Gobierno del Presidente, Guillermo Lasso”.

La trama de corrupción

Tras la firma del contrato de Petroecuador con una entidad estatal en Asia, los hermanos Pere junto con la empresa comercial 1, convinieron pagar sobornos a funcionarios para beneficiarse de dicho contrato.

Enrique Pere firmó con la empresa comercial 1 un acuerdo de consultaría, donde se acordó el pago a la consultora una comisión por barril que la empresa adquiera a la estatal asiática por medio del contrato con la petrolera ecuatoriana.

El mismo procedimiento se utilizó en beneficio de la empresa 2, donde se firmó un contrato entre Petroecuador y una compañía estatal de Medio Oriente. El acuerdo en este caso constituyo un contrato de consultoría con empresas fantasmas localizadas en Curazao.

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