El legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Luis Almeida, en su escrito ingresado en la Unidad Judicial de Quito, solicitó al Juez constitucional Pedro Troya que deje sin efecto las medias cautelares dictadas el pasado 27 de mayo. Según argumenta, es “inoportuna y extemporánea por cuanto la Comisión dejó de existir el 26 de mayo de 2022″. Esto, ya que ese día se presentó el informe y, por lo tanto, “se ha presentado la medida cautelar contra un legitimado pasivo inexistente”.

Por lo que, aclaró al magistrado que el fallo que ordena abstenerse de continuar con sus funciones o tratar de cualquier asunto se lo hizo a una comisión que concluyó con su tarea.

Asimismo, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, notificó a los miembros de la Comisión Pluripartidista de la decisión de la Unidad Judicial Penal de Quito. Además, solicitó que se le concediera las medidas cautelares que plantearon los asambleístas Sofía Sánchez y Salvador Quishpe.

Por lo que, dichos asambleístas junto con el coordinador nacional del movimiento Pachakutik (PK), Marlon Santi, reclamaron que la conformación de dicha instancia se hizo con la presencia del legislador Peter Calo (PK-R). Según el coordinador, Calo no contaba con la aprobación de la bancada ni de la agrupación política para participar.

Dicha comisión se designó por el pleno de la Legislatura el 26 de abril de 2022 para que sustancie una denuncia planteada en contra de Llori, por el legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Esteban Torres, por supuesto incumplimiento de funciones.

La investigación

El 25 de mayo concluyó la investigación y aprobó un informe recomendando su destitución en calidad de presidenta de la Asamblea Nacional. No obstante, la medida cautelar dispuso que “se abstengan de tratar cualquier tema puesto en su conocimiento.

Esto debido a que la conformación de la Comisión Pluripartidista ad hoc fue creada sin respetar la representación. Además, de no acatar el derecho de decisión democrática” de Pachakutik, pues no postularon un delegado.

Asimismo, el juez que tramitó la causa, Pedro Troya, determinó que la Presidencia y el pleno de la Función Legislativa se abstengan de conocer y tratar el informe. Por lo que, ordenó que se conforme una nueva Comisión Pluripartidista respetando el artículo 61 de la Constitución y la Ley de la Función Legislativa.

Esto para que Pachakutik y otras organizaciones políticas designen a sus delegados antes de tratar la denuncia.

Bajo esos fundamentos, Llori informó que se abstendrá de conocer, tratar y resolver el informe aprobado por la Comisión. Por lo que “devolvió” el documento “por cuanto viola derechos constitucionales, atenta al debido proceso y seguridad jurídica”.

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“Compañeros y ciudadanos, una vez más regreso a prisión. Lo dije y lo repito Glas no huye. Creo que ya lo he demostrado en exceso. La infamia se ha impuesto una vez más. La podredumbre de un sistema de justicia que no tiene parecido en la historia del Ecuador. Regreso a la cárcel y volveré a salir. Un abrazo a mi familia, a mis amigos, a los militantes y a los que no son militantes y que saben que lo que hacen en mi contra es una infamia sin antecedentes en la historia”, dijo el exvicepresidente.

Añadió que han excedido con creces el grado de vileza en contra de una persona por tener un solo ideal. “Que los ecuatorianos y ecuatorianas que la pasen mal la pasen menos mal. Que tengamos un buen vivir para todos los ecuatorianos. Regreso a la cárcel con mucho dolor, pero como parte de mi lucha personal y de un proyecto político que es historia viviente. Hasta la victoria siempre”.

La sentencia

La resolución de los jueces contiene seis puntos:

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado por el juez Diego Moscoso, por falta de competencia. Así como por haber causado indefensión al no notificar a la Procuraduría General del Estado.
2. Disponer la inmediata localización, captura y traslado de Jorge Glas a la Cárcel de Latacunga.
3. Oficiar a la Fiscalía que investigue a los funcionarios del SNAI que intervinieron en este proceso.
4. Solicitar al Ministerio Público que indague a todos los funcionarios judiciales de Manglaralto que participaron en el caso.
5. Remitir el expediente a Latacunga.
6.  Declarar el error inexcusable del juez Moscoso, con lo que el Consejo de la Judicatura podría destituirlo.

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“La ANT dispuso a 147 Municipios y Mancomunidades de Tránsito del país, la anulación de más de 100 mil matrículas generadas en la base única nacional, que presentan irregularidades en el pago de las tasas e impuestos generados por la ANT y el SRI. Esto habría generado un prejuicio al Estado por aproximadamente USD 50 millones”, explicó la Institución en un comunicado.

Además 1.700 vehículos con procesos irregulares están registrados como robados en la base de datos de la Policía Nacional. La ANT también otorgó 72 horas a los Municipios para crear un plan de contingencia con la finalidad de que los procesos de matriculación no cierren y no se afecte el servicio a la ciudadanía.

Nuevo proceso de matriculación

Después de cumplirse ese tiempo, la ANT cerrará el acceso al sistema a 399 usuarios que registran anomalías en su proceso de matriculación. Para evitar la suspensión del servicio, los GAD deben enviar a la institución una lista de nuevos usuarios.

El proceso de matriculación es competencia directa de los Municipios, la ANT es el ente rector, sin embargo, existe un número inusual de matriculación en municipios que reciben el doble y hasta el triple de trámites en relación con su parque automotor.

El Municipio con más procesos de matriculación es Quinindé en Esmeraldas con 20.045. El segundo es Balzar, Guayas con 11.780. De allí siguen Muisne (Esmeraldas) con 10.637 casos. Cumandá (Chimborazo) con 10.395. Bucay (Guayas) con 9.025. Yaguachi (Guayas) con 8.872. Mocache (Los Ríos) con 7.799. Quinsaloma (Los Ríos) con 6.724. Olmedo (Manabí) con 6.202. San Vicente (Manabí) con 5.058. Pedernales (Manabí) con 4.442. Naranjal (Guayas) con 3.831 y El Tambo (Cañar) con 1.117. MIB

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Gina Yanguez firmó un documento que resuelve extinguir la licencia otorgada el 20 de junio del 2020, concedida para el predio Nro. 5785206-01. Se dispone a la Dirección de Territorio dejar sin efecto los registros informáticos correspondientes a esa licencia.

«Acaba de llegar la nulidad del permiso para la construcción del Cenizario Urkupamba!!! El Municipio de Quito finalmente hizo lo correcto. La seguridad de los quiteños, primero. Un abrazo a los vecinos de Belisario Quevedo, ésta es su victoria», expresó en un tuit la asambleísta Holguín.

El cenizario Urkupamba

«Nuestro principal servicio será brindar la posibilidad de receptar las cenizas en columbarios y/o la siembra de las mismas junto a un sistema de arborización nativa diseñada acorde a las plataformas preexistentes y topografía natural del terreno», dice la página oficial de este sitio.

También indican que el Municipio de Quito entregó el permiso de construcción. Señalan, además otros permisos otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente y otras instancias del Municipio.

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«Ecuatoriano, si no califican la candidatura para el día de las elecciones, votaremos nulo. Que se anulen las elecciones porque son producto del fraude y la trinca política respaldada por Maduro, por las FARC, por el partido socialcristiano, por la 21, por corruptos que han robado el país. En vista de que no se pueden hacer manifestaciones por el Covid-19. Usen las redes, llamen a las radios, hagan una campaña para anular las elecciones», pidió el empresario.

Noboa dijo a los ciudadanos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) busca por cualquier modo no inscribir su nombre como candidato por Justicia Social.

«El tiempo sigue pasando y el CNE busca excusas para postergar la candidatura. Ya comenzaron la campaña electoral y aún no la han calificado. Voy a seguir luchando para que la califiquen, así sea un día antes de las elecciones. Lucharé hasta el final y después voy a declarar ante el mundo que las elecciones son nulas. Son nulas porque aunque yo represente a la mayoría del Ecuador, no podremos votar por Álvaro Noboa», expresó.

El empresario que debe al Fisco

Noboa, que busca su séptima elección a la presidencia de la República, tiene la empresa que más debe impuestos al Estado ecuatoriano, según datos del Servicio de Rentas Internas.

«La exportadora Bananera Noboa, de Álvaro Noboa, es el mayor deudor del Estado ecuatoriano, con USD 168 millones. A pesar de que se les perdonó más de 2.600 millones, con la Ley de Fomento Productivo de 2018», indicó en una entrevista el economista Pablo Dávalos.

A esa lista también se suman Banco del Pichincha (USD 12 millones), Almacenes Juan Eljuri (USD 63 millones), Schlumberger (USD 46 millones), Banco de Guayaquil (USD 70 mil), OCP (USD 15 millones) y Claro (USD 60 millones).

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“Establecer que el tercer inciso de la disposición transitoria décima segunda de la Resolución PLE-CNE-2-6-7-2020, expedida por el Consejo Nacional Electoral el 06 de julio de 2020, carece de eficacia jurídica y resulta inaplicable”, indica la sentencia.

El pasado 6 de julio, el Pleno del CNE expidió varias reformas al Reglamento de Democracia Interna. Entre esas estaba la disposición de que mientras dure la pandemia de Covid-19, las elecciones primarias se iban a realizar vía telemática.

“No obstante, la proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular es expresa, indelegable y personalísima, y se realizará en unidad de acto en el plazo de 10 días de efectuada la elección, ante los delegados del Consejo Nacional Electoral”, explica la resolución.

Problemas para Centro Democrático

La sentencia favorable del TCE llega tarde para el partido Centro Democrático. El partido y la coalición UNES escogieron para el binomio presidencial a Andrés Arauz y Rafael Correa. Sin embargo, al momento de aceptar la precandidatura a la vicepresidencia, los delegados del CNE indicaron que Correa no estaba de forma personalísima.

A pesar de que su representante legal en el país (su hermana) estaba presente para entregar la documentación que cuenta con la firma electrónica del expresidente. Además, Correa se encontraba vía telemática en la aceptación.

El delegado del CNE no aceptó la precandidatura de Correa por lo que en la casilla de precandidatos a la vicepresidencia no contaba su nombre. Sin embargo, en el sistema del CNE contaba como registrada su precandidatura.

 El pasado 23 de septiembre, y ante la incertidumbre. El binomio registró la candidatura, la cual apareció sin problemas en el CNE. No obstante, Correa no pasaría como candidato a vicepresidente debido a que sobre él pesa una sentencia de ocho años por cohecho y la pérdida de sus derechos políticos. Por otro lado, si la anulación de ese inciso se realizaba anterior a la aceptación de precandidaturas y candidaturas. Los problemas en la inscripción habrían sido menores.

El 30 de septiembre, el Pleno rechazó la candidatura de Correa, lo que le permite a Centro Democrático registrar el binomio Arauz-Carlos Rabascall.

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