Según lo que se escucha el consejero Juan José Murillo dice al juez “A ver, como usted ve, las fuerzas políticas están queriendo y pretendiendo cambiar dentro de la Asamblea. Ya ha llegado Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea y esto va a empujar a que se produzcan varios movimientos en algunas instituciones: Judicatura, CPCCS, inclusive están hablando de la presidencia de la República. Así de claro”.

Agregó que es un “tema político que están tratando de controlar al Ejecutivo. Me ha contactado el presidente y estaba conversando un poquito con fuerzas políticas para ver cómo esto ya se logra revertir.” De acuerdo con Murillo se va a cambiar al presidente de la Asamblea y que su nombramiento sería solo temporal.

Murillo añade que “hay un tema puntual, para no hacerles pasar más el tiempo. Ha llegado a su sala una decisión de una jueza de la niñez y adolescencia de Iñaquito ¿no sé si ya revisó?”.

El juez Gustavo Ocejo le responde. “O sea recién me estoy enterando hace un momento. La verdad no tengo la más mínima idea del fondo y, si le soy sincero, desde hace tiempo atrás no veo noticias de algunas cosas”.

Llamada del presidente de la República

En el audio se escucha que Murillo le pide al juez revisar la conformación de la Comisión Multipartidista que se originó por el trámite en el CAL de la denuncia del asambleísta Esteban Torres, quien también denunció que un grupo de consejeros está presionando al juez en esta causa.

Murillo dice “Le voy a ser frontal y sincero porque son de confianza. El presidente de la República me ha llamado personalmente el día de ayer. Me ha pedido que, si se puede, se apoye el tema, porque estas circunstancias no van en buen camino, no va a ir en una línea de derecho, sobretodo. Porque todo lo que han hecho y están haciendo se aparta de la línea del derecho”. MIB

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Frente al inicio de las movilizaciones convocadas por el movimiento indígena para este 13 de junio, algunos asambleístas expresaron su punto de vista.

La asambleísta y vicepresidenta nacional del movimiento Creo, María José Plaza mostró su descontento con la lucha social, pues afirmó que el Gobierno ha brindado todas las herramientas y que los pedidos del movimiento indígena si se han cumplido.

«El Diésel y gasolina Extra no han cambiado de precio, están con precio internacional y subsidiados (…) No creo q sea negociable, porque estamos con precio internacional. Todas las herramientas están ahí en la mesa para que todos los ciudadanos puedan salir adelante», dijo Plaza.

El Gobierno está preocupado en otras cosas

Por su parte, el asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres ratificó su apoyo al accionar de la Policía Nacional en las manifestaciones, mencionando que la institucción debe permitir a los manifestantes expresarse en paz.

Además, aseguró que el Gobierno está preocupado en presionar a los jueces de la Corte Constitucional de Pichincha para que falle a favor de la apelación de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en lugar de evitar que la protesta derive en vandalismo.

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“La embajada de Alemania se permite solicitar el acceso virtual a la audiencia en el proceso de apelación del hábeas corpus del ciudadano ecuatoriano – alemán Jorge David Glas Espinel el 18 de mayo en la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, para comparecer a la justicia en conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional y en el marco de la asistencia consular a ciudadanos alemanes”, dice el documento.

La embajada también aclaró que el pedido se debe a la nacionalidad alemana de Glas. “La Embajada de la República Federal de Alemania en Ecuador quiere aclarar que el Sr. Jorge Glas también tiene nacionalidad alemana. En marco de la asistencia consular que otorgamos a cualquier ciudadano alemán se incluye la posibilidad de observar el proceso judicial”.

Agregaron que la observación del proceso judicial se estipula en la Convención de Viena sobre asuntos consulares y es un acompañamiento rutinario. MIB

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“Hemos pedido a la Corte Provincial de Quito una apelación para hacer respetar los derechos de la Asamblea Nacional como los derechos humanos de la presidenta. Fueron vulnerados, incluso esa sesión se transmitió en vivo. Todos los ciudadanos fueron testigos a la violación al debido proceso y también al pronunciamiento del procurador general del Estado”.

También reaccionó sobre la Comisión Multipartidista. “Para mí la comisión Multipartidista empezó mal y va a terminar mal porque violaron siempre el debido proceso y la seguridad jurídica. También las medidas cautelares que hasta ese momento estaban vigentes”.

El procurador jurídico de la legislatura y defensa de la presidenta, Santiago Salazar, anticipó que Llori agotará todos los mecanismos: legales, políticos y administrativos para que la revocatoria de la acción de protección quede sin efecto.

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La decisión de la jueza

La decisión fue anunciada este 10 de mayo, luego de que la magistrada evaluó y resolvió que no existió una vulneración en contra de los derechos de Llori. Tampoco vulneración al debido proceso ni a la seguridad jurídica, cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la denuncia del asambleísta Esteban Torres (PSC) en contra de la titular de la Legislatura.

El asambleísta Torres se pronunció sobre la decisión de la jueza y los pasos de la Comisión Multipartidista. “El siguiente momento de la Comisión es, luego de la audiencia a la que debe convocar, producir un informe que tendrá que llegar al Pleno para que tome la decisión sobre destituir o no a la presidenta Llori. El proceso es irreversible en lo político y lo jurídico. Además creo que en este momento lo pertinente sería el archivo inmediato de la investigación sin piso que se quiso abrir contra los legisladores que conforman la Comisión”. MIB

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El magistrado pidió enviar el expediente original a la Corte de Justicia de Santa Elena. De acuerdo con el SNAI, “dentro del proceso y sentencia de habeas corpus existe inobservancia de los principios de tutela judicial, jurisdicción y de prueba, en un abuso de esta acción constitucional”.

La institución agregó que se ha pedido que los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena actúen y resuelvan el recurso conforme y de acuerdo con los principios básicos que rigen el sistema de justicia. “El recurso judicial en mención se presentó por este Servicio, en estricto respeto y apego al derecho, a la normativa y jurisprudencia vigente en el Ecuador”.

Caso Glas

El 2 de octubre del 2017, la Policía detuvo al exvicepresidente por el caso Odebrecht. Pasaría cinco años en prisión y en ese período de tiempo se lo encontró culpable de dos delitos. Asociación ilícita por el caso Odebrecht con seis años de condena y cohecho por el caso Sobornos con ocho años de cárcel.

El caso Singue todavía no tiene una sentencia final. El pedido de habeas corpus de su defensa la aceptó un juez en Manglaralto y Glas salió de Latacunga al mediodía del 11 de abril. MIB

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Afirmó que el proceso podría tardar hasta 35 días. Sin embargo, la comisión puede agilizar este proceso en cuanto reciban los expedientes e informes de gestión de Llori y demás miembros de la Comisión de Administración Legislativa (CAL).

Aclaró que Virgilio Saquicela es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), por ello, asumirá el cargo de Llori, pero que aún no elegirán nuevo presidente desde las bancadas. «Llori sigue siendo la presidenta», enfatiza Torres, no obstante, quien preside la AN tras la apelación de su cargo, es Saquicela.

Según él, Pachakutik (PK) y el oficialismo presentaron tres cambios al orden del día pues el máximo de cambios es tres. Pretendían que no se trate la moción de apelación de la presidencia de Llori. Torres anotó que presentaron cambios del orden del día con firmas ‘pegadas’, es decir, incluyeron la imagen de las firmas en un documento, lo cual es invalidar documentos y es ilegal.

Con esto, no fueron válidos estos cambios al orden del día y se pudo presentar la moción de apelación a Llori, que fue aprobada con 84 votos.

Más declaraciones de Esteban Torres

El legislador Esteban Torres también aseguró que luego de los últimos altercados, el trabajo de la Asamblea no se ha detenido. Añadió que a pesar de que no es una situación «cómoda», el trabajo de las distintas comisiones no se ha detenido.

Sostuvo que mientras evalúan la mala gestión y supuestos casos de corrupción de Llori, no se descarta la idea de elegir a un nuevo presidente, según avance el proceso.

«Quien está lamentablemente dirigiendo en este momento la Asamblea le ha contaminado de todo tipo de acciones judiciales», dijo. A ello sumó que ignoran términos jurídicos, por lo que «tuvieron que leer todo porque no pueden expresarse, siquiera, sin leer».

Tras el caos, Asamblea aprueba Comisión para evaluar a Llori

Precisó que el Gobierno fue quien puso a Llori y por ello ayer abandonaron la sesión en rechazo a la apelación a la presidenta, «porque son los únicos que la defienden». Torres señaló que como partido, esperan la salida de Llori y que le suceda Saquicela, ya que no hay precandidatos para el reemplazo del puesto de la presidencia. Acotó que no propondrán candidatos así surja esa posibilidad.

«Por hacer estas tonterías, por no caerse del cargo (Llori) se ha expuesto a denuncias en el Comité de Ética, en donde va a perder su curul», explicó el asambleísta refiriéndose a otras tres denuncias contra ella, por faltas graves que implicarían su destitución como asambleísta.

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“Dentro del proceso y sentencia de habeas corpus existe inobservancia de los principios de tutela judicial, jurisdicción y de prueba, en un abuso de esta acción constitucional. Además, se solicita de manera expresa a la Corte Provincial que ponga en conocimiento del área disciplinaria del Consejo de la Judicatura reunir circunstancias constitutivas de la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109 del COIP”, dice el comunicado.

El SNAI agregó que se ha pedido que los jueces de la Corte Provincial de Santa Elena actúen y resuelvan el recurso conforme y de acuerdo con los principios básicos que rigen el sistema de justicia. “El recurso judicial en mención se presentó por este Servicio, en estricto respeto y apego al derecho, a la normativa y jurisprudencia vigente en el Ecuador”.

El expresidente Rafael Correa reaccionó al comunicado. «La verdad: SNAI no se opuso a NADA en la audiencia de habeas corpus, porque sabe que Jorge Glas tiene razón y que debió salir libre hace 18 meses, pero por presión «mediática» ahora «apela» Ya no tenemos Estado de derecho, sino Estado de opinión».

Liberación de Glas

El 2 de octubre del 2017, la Policía detuvo al exvicepresidente por el caso Odebrecht. Pasaría cinco años en prisión y en ese período de tiempo se lo encontró culpable de dos delitos. Asociación ilícita por el caso Odebrecht con seis años de condena y cohecho por el caso Sobornos con ocho años de cárcel.

El caso Singue todavía no tiene una sentencia final. El pedido de habeas corpus de su defensa la aceptó un juez en Manglaralto y Glas salió de Latacunga al mediodía del 11 de abril. MIB

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«Por orden de la Presidencia de la República y del Ministerio de Gobierno, el SNAI apelará la decisión del Juez de Manglaralto», publicó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia a través de su cuenta de Twitter.

No obstante, previo a la emisión de este comunicado, el SNAI había publicado otro documento en el que, «en respeto a la independencia de funciones», acataría la medida judicial.

Por su parte, el Consejo de la Judicatura también se manifestó al respecto y emitió un escrito que reza que el «SNAI tiene la facultad de presentar los recursos que considere pertinentes contra la sentencia emitida”.

Contexto

Jorge Glas estuvo en prisión cerca de cuatro años y seis meses, tras ser sentenciado a seis años por el caso Odebrecht y ocho años por el caso Sobornos.

Diego Javier Moscoso, juez de la Unidad Judicial de Manglaralto, Santa Elena, resolvió conceder el habeas corpus a Glas el pasado sábado 9 de abril de 2022. En el oficio, se ordenó la inmediata liberación del privado de libertad.

La defensa de Glas aseguró que la petición del recurso de habeas corpus se debe a que la integridad, tanto física y psicológica del exvicepresidente estaba en riesgo.

Liberación

Decenas de simpatizantes se encuentran a las afueras del centro de privación de libertad de Cotopaxi.

El expresidente Rafael Correa publicó que Glas saldría cerca de las 08:00 de la cárcel de Latacunga; y que luego viajará en caravana a Guayaquil.

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El próximo miércoles 13 de abril se llevará a cabo la audiencia de apelación de Santiago Ortega Morales, quien recibió 10 años de prisión, tras golpear al ladrón que agredió a su hermana, mismo que falleció meses despúes.

Tras seis meses de ocurrido el hecho, Santiago fue detenido un 6 de febrero de 2021 y en diciembre del mismo año fue sentenciado por el delito de homicidio.

Ahora, se encuentra recluido en la cárcel de El Inca, en Quito.

Santiago espera ser absuelto, pues lo único que hizo fue defender a su hermana, quien en ese momento se encontraba embarazada.

Henry Cáliz, abogado de Santiago mediante una entrevista a otro medio, dio a conocer que la Fiscalía no reconoce el hecho como legítima defensa. Sino más bien, alega que fue un asesinato con alevosía y a traición.

Contexto

La familia Ortega Morales vive en el sector de Carcelén donde ocurrió el percance, debido a la Pandemia tuvieron que buscar la manera de subsistir, lo que hizo que abrieran una pequeña tienda en el garaje de su casa.

Una tarde, Shantal, la hermana mayor de Santiago estaba atendiendo el negoció cuando se percató de la presencia de un asaltante, con quien forcejeó para evitar que le robe 80$ de la venta del día.

En medio del enfrentamiento pidió ayuda a su hermano, que de inmediato la socorrió y persiguió al ladrón, a quien a tres cuadras del lugar le propició unos golpes con el fin de amedrentarlo. Sin imaginar que esto le provocaría la muerte meses después

“Me siento culpable por haber dicho, auxilio Santiago, hubiera preferido quedarme callada. Hoy mi hermano no estuviera en la cárcel, él es inocente”, dijo Shantal.

La familia y la madre de Santiago esperan que se haga justicia en el caso y que el joven salga libre.

“Yo lo único que pido es justicia para mi hijo porque es un joven que no fue a matar, fue a defender la vida de su hermana y su sobrino”, expresó Tania Morales, madre del joven sentenciado en una entrevista.

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“La Asamblea es el órgano donde se procesan las diferencias políticas e ideológicas. Un procesamiento correcto permite que exista paz en el país, sin embargo, por tercera vez se violenta el proceso legislativo. No solo en el tratamiento de mociones sino en una figura de tradición legislativa como la apelación a la presidencia. Cuando esto sucede la persona que dirige la sesión tiene la obligación de bajar a defenderse a su curul. Es la segunda vez que no se da y se suspende abruptamente la sesión. Afortunadamente no han apagado la luz y tampoco han ordenado que la escolta legislativa ponga candados en el Pleno”, dijo el legislador Esteban Torres.

El coordinador del PSC estuvo acompañado de miembros de UNES y el ala radical de Pachakutik. “Presidenta, se está aferrando al cargo. No deja que fluya lo que dice la ley y nosotros no toleraremos acciones de este tipo e ilegalidades. La función legislativa tiene el derecho de plantear observaciones y usted no está dando la posibilidad de debate”, añadió Marcela Holguín.

Llori y el debate

Durante la sesión del Pleno, los legisladores debatieron las expresiones de presunta corrupción por parte de algunos miembros de la Asamblea. El legislador por Pachakutik Mario Ruiz dijo que este periodo legislativo ha sido atacado desde que comenzó su gestión. “Aquí hay asambleístas que no nos hemos reunido nunca con un ministro. No hemos aceptado ni hemos pedido nada porque nada queremos”, expresó.

La presidenta suspendió el debate para dar paso a la votación sobre la resolución de las declaraciones del presidente. Al mismo tiempo empezaron los reclamos de los legisladores de UNES y Pachakutik. “Vuelven a la calma o suspendo la sesión”, dijo Llori.

Finalmente se suspendió la sesión por falta de garantías. De acuerdo con la presidenta, la apelación a su cargo no se pidió por el sistema. No obstante, el artículo 140 de la LOFL no indica este requisito para la apelación.

Art. 140.- De la apelación a la Presidencia.­ Un asambleísta podrá apelar la Presidencia, cuando considere que ésta ha vulnerado las normas procedimentales establecidas en esta Ley. En este caso la Presidenta o Presidente encargará la dirección de la sesión a quien corresponda; el apelante tendrá hasta tres minutos para presentar y justificar la apelación y el apelado podrá en igual tiempo, contestar la apelación. A continuación, la Presidenta o Presidente actuante, sin debate, dispondrá que se vote. Si la apelación es negada la Presidenta o Presidente reasumirá la dirección de la sesión; y si es aceptada, continuará la sesión con la Presidenta o Presidente actuante hasta su culminación, reintegrándose el titular en la sesión siguiente. MIB

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«Aspiramos es a que el TCE genere la función que tiene que es precautelar la decisión de la voluntad del pueblo. Nosotros vamos hasta las últimas instancias. Somos un cuerpo colegiado que busca establecer los mecanismos legales necesarios para que se restaure la democracia y transparencia en el Ecuador», señaló el abogado Castillo.

Por su parte, el abogado Julio César Sarango denunció que los funcionarios del CNE Guayaquil «no permitieron que se abran los paquetes electorales y se pueda verificar el número de votos con inconsistencias. Es decir, todo lo que se hizo ahí es antireglamentario».

Ante el anuncio de paro nacional, Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik, dijo que «hay indignación en los miles de ecuatorianos. Ellos tienen la facultad y el derecho a reclamar el voto y esto se hace en las provincias».

A las 16h00 de este lunes 1 de marzo, el presidencial Yaku Pérez y Marlon Santi presentarán el recurso de apelación ante el TCE.

Organización indígena del Cañar declara movilizaciones y cierre de vías

La Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris (UPCCC) declaró movilizaciones y cierre de vías dentro de la provincia del Cañar desde este 1 de marzo a partir de las 08h00 am.

La UPCCC justificó esta resolución «por el accionar maliciosa de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE); no han respetado la voluntad depositada en las urnas a favor del proyecto político del movimiento de unidad plurinacional Pachakutik listas 18».

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La recusación fue presentada en contra de los magistrados David Jacho, Wilman Terán y Dilza Muñoz. Según Dueñas, los jueces ya han “fallado en otra instancia del mismo proceso”. La justificación la dio porque los jueces resolvieron el 5 de febrero pasado, el recurso de hecho que el exasambleísta interpuso ante la negativa que recibió de la jueza Daniella Camacho para apelar el sobreseimiento que le dio al empresario Cai R.

Bajo esta premisa, la Corte Nacional de Justicia deberá evacuar la recusación para determinar si el proceso sigue con el mismo Tribunal o deben cambiarlo. Por tanto, la audiencia prevista para el miércoles queda suspendida.

Es la segunda suspensión de la audiencia

En un inicio, la Corte tenía previsto cumplir con la diligencia este viernes 19 de junio a las 14:00. Pero por pedido de cinco de los 20 sentenciados, fue diferida para el miércoles 24 de junio. Bajo la recusación, la audiencia se suspende nuevamente.

Dentro del caso se encuentran 20 sentenciados. Bajo el delito de cohecho agravado, recibió sentencia de ocho años de privación de la libertad el expresidente Rafael C., el exvicepresidente Jorge G., el exsecretario jurídico de la Presidencia Alexis M, los exministros María de los Ángeles D., Vinicio A. y Walter S., así como la exasesora presidencial Pamela M. y su exasistente Laura T. Además de diez empresarios.

La indemnización que deben pagar los sentenciados asciende a USD 14,7 millones.

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La audiencia que comenzó a las 16 horas y terminó cerca de las 21:30 ratificó la prisión preventiva para ambos detenidos. Ramiro Aguilar, abogado defensor mencionó que «la única alternativa que les queda a los presos es la CIDH».

Un grupo numeroso de manifestantes estuvo en las afueras del edificio de la Corte Provincial y al impedir el flujo del tráfico, miembros de la policía formaron dos hileras a cada lado de la acera. Con banderas, cantos de respaldo y un número de danza mostraron su apoyo a la prefecta.

Paola Pabón permanece detenida desde el 14 de octubre por el delito de rebelión. La misma causa pesa sobre Cristian González y Virgilio Hernández, recluidos en la Cárcel de Latacunga y la Cárcel N°4, respectivamente.

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“La Institución considera que los jueces que conforman este Tribunal no tomaron en cuenta la totalidad de las pruebas presentadas, entre ellas, la valoración psicológica a las menores, que amplía los testimonios anticipados rendidos inicialmente en la Cámara de Gesell, así como el informe policial investigativo, la versión de los padres de las víctimas, entre otros”, así lo informó la Fiscalía General del Estado en un comunicado de prensa.

El pasado miércoles 13 de noviembre en la Unidad Judicial Penal 2, Arturo A. fue declarado inocente ante la sentencia por abuso sexual a dos niñas, en la urbanización Castilla, cantón Daule.

Steven Reyes, abogado de la parte acusadora mencionó que el fallo no fue unánime. “Para dos jueces no existió un delito, es decir, que no hubo pruebas que demuestren lo contrario”. No se tomó en cuenta lo que dijeron las menores, ni hubo valoración psicológica, simplemente “hubo violación de domicilio pero no abuso sexual”.

El abogado del procesado, Santiago Mendoza, dijo que han “logrado que se ratifique el estado de inocencia. Hay un voto salvado porque este tipo de delito genera cierta controversia, pero las pruebas fueron contundentes y la Fiscalía no pudo demostrar nada». Recalcó, además, que en el testimonio dado por las niñas en la cámara de Gesell, no hubo tocamientos.

«Esperamos que el día de mañana (Arturo) recupere su libertad. El error de él fue consumir alcohol y confundirse de casa», declaró el abogado.

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