En Twitter, los ciudadanos hicieron pública su molestia.

Los problemas empezaron el 2 de mayo y los usuarios siguen reclamando que hasta la tarde del 3, la aplicación no se abre.

La asambleísta Jahiren noriega (UNES) expresó que llevarán estos problemas a la Asamblea Nacional. «10:30 am y la banca virtual del Banco Pichincha sigue sin funcionar desde el día ayer. Sobre este y otros abusos, hoy pediremos explicaciones a la Superintendencia de Bancos en la Comisión de Régimen Económico. A pesar de brindar un pésimo servicio a los usuarios, la banca sigue ganando. ¡Esto debe parar!».

El Banco del Pichincha no ha contestado formalmente a las quejas, pero si mediante respuestas a los tuits indicando que la aplicación móvil está en mantenimiento. «¡Buen día! Al momento la app Banca Móvil está en mantenimiento. Puede hacer sus consultas y transacciones en Banca Web, cajeros automáticos, agencias y Mi Vecino. Saludos». (MIB)

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«El debate ya no es entre los que están a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación, sino del tiempo máximo para que éste proceda (temporalidad); la mejor forma de denunciar y las condiciones en las que se aplicaría», indica parte del documento.

La coalición añade una pregunta que, a su juicio, es dura, pero necesaria. «¿Si fuera tu hija o tu hermana la que se encontrara en esta situación? ¿Quisieras que cuente con las mejores condiciones para que pudiera interrumpir la gestación o que luego de la violación además deba iniciar un suplicio administrativo?».

Los legisladores afirman que están de acuerdo para que las sobrevivientes de violencia sexual sean tratadas con las mejores condiciones y que la decisión que omen no sea juzgada por un Estado que no las supo proteger.

«Nosotros defendemos la vida. Una vida libre de violencia. Nosotros estamos por ampliar los derechos de las mujeres víctimas de violaciones. Nosotros y nosotras estamos por una Ley justa y reparadora».

La carta está firmada por 21 asambleístas de UNES y 13 asambleístas de otras bancadas (Pachakutik e ID). También por 12 asambleístas suplentes y otros actores que respaldan el comunicado.

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“Fallo que yo respeto más allá de no coincidir, pero lo respeto porque es mi obligación ¿Qué está sucediendo ahora? Aprovechan esa ventana para ir más allá de lo que estableció la Corte Constitucional. Téngalo por seguro que ya no solo en el campo personal sino como presidente de la República, mi obligación será vetar esa ley a efectos de que no vaya más allá del fallo Constitucional que se resolvió en abril de 2021”, dijo el mandatario a Ecuavisa.

El anuncio se realiza cuando el informe para segundo debate de este proyecto de Ley se está armando en la Comisión de Justicia del Legislativo, es decir ni siquiera el Pleno de la Asamblea ha revisado y debatido esta normativa.

De acuerdo con la Constitución, si el veto es parcial, el proyecto deberá obtener 90 votos para su aprobación, sin embargo, si el veto es total, la Asamblea Nacional tendrá que esperar un año para volver a debatir.

Intervención de la Iglesia

No solo el Ejecutivo criticó este proyecto de ley. En un comunicado, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana también se queja de la normativa. “El actual proyecto de ley se concentra en el aborto como única alternativa para las mujeres víctimas de violación y reduce al ser humano a un simple producto sin ningún derecho humano”, dicen.

Empatía

En las sesiones de la Comisión de Justicia se analiza artículo por artículo. “Estamos construyendo un proyecto de ley para que las niñas, jóvenes y mujeres puedan tomar las decisiones. A veces hay hombres que comentan cosas que no pueden vivir. Hay que ser empáticos y ponerse en los zapatos del resto. Si no pensamos así y actuamos de forma torpe y machista no podemos llegar a conclusiones reales”, expresó por su parte el asambleísta Alejandro Jaramillo, miembros de la Comisión.

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Antes de iniciar el debate se convocó a una Comisión General. Allí 23 personas entre: médicos, representantes de colectivos feministas y ciudadanos comparecieron sobre el tema. Sin embargo, algunos de ellos ignoraron que el aborto por violación es legal y solicitaron que el proyecto de ley no se cumpla.

«Es importante que la denuncia la haga el servicio de Salud para que los casos no queden en la impunidad. En el caso de una niña de 12 años cuya madre no quería poner la denuncia. Ella accedió al aborto y el caso fue a Fiscalía y se supo que el perpetrador fue el padre», expresó Ana Cristina Vera, representante de Surkuna.

Legalidad ignorada

El debate de los asambleístas, salvo algunas excepciones, también ignoró la legalidad de este tipo de aborto y expresaron sus posiciones personales.

«Este bebé que está aquí es culpable de todo. Resulta que este bebé de aquí hace justicia a una mujer violada», dijo la asambleísta Geraldine Weber (PSC).

«En un país justo, ninguna niña es madre. Les digo que denunciar no es nada fácil, asimilar una agresión nos dura años, muchas de nosotras no estamos dispuestas a denunciar porque nos culpa de lo ocurrido», expresó Jahiren Noriega (UNES).

El segundo debate decidirá el destino de la ley de aplicación del aborto por violación. Cada día, la Fiscalía recibe 11 denuncias de abuso sexual, el 60% de menores de 14 años, de las cuales el 95% fueron abusadas por personas de su círculo personal.

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«Nosotros hemos hecho seguimiento a las reuniones de la Comisión. Las organizaciones nos dimos el tiempo de entregar por escrito nuestros apuntes para que los tengan en cuenta en la ley, sin embargo, ayer qué se reunieron, la asambleísta Sofía Espín no leyó el informe para dar sus observaciones»,  dijo a Radio La Calle, Consuelo Arequipa de la Organización de Mujeres Interculturales.

Añadió que es preocupante la demora de la Asamblea debido a que las víctimas de violación se dan diariamente y necesitan la ley como una herramienta para hacer valer sus derechos.

De acuerdo con las organizaciones, el proyecto de ley de Ricardo Vanegas sobre este mismo tópico entorpece el tratamiento de la ley enviada por los colectivos y la Defensoría del Pueblo.

Ya es ley

Arequipa indica que algunos asambleístas parecen estar confundidos. «Piensan que debe despenalizarse el aborto y no es así, la ley es para que la interrupción de embarazo tenga una normativa. Las mujeres somos muchas y dimos el voto a las asambleístas. Nos apena que cuando las necesitemos, hagan oídos sordos».

«Hay algunos derechos que por falta de presupuesto no se ponen en marcha. No sólo este tema, también otros como la violencia. Queremos que entiendan que esta lucha es para las mujeres empobrecidas que no pueden viajar y pagar su aborto en los países donde ya se aplica la ley»

La Asamblea Nacional tiene hasta el 17 de diciembre para promulgar esta ley de aplicación de acuerdo con lo ordenado por la Corte Constitucional.

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