La empresa canadiense asegura que  la aprobación la extendió el Ministerio de Energía mediante un oficio y un pronunciamiento de la Procuraduría que lo avala. Por el contrario, el ministro Santos señaló que un oficio no basta para concretar la autorización. Para obtener los permisos, la cartera de Estado debe llegar a un acuerdo ministerial con la petrolera, un hecho que no ha ocurrido, según el titular.

Como respuesta, la canadiense manifestó que al no encontrarse habilitada legalmente, no hubiesen tenido derecho a la tarifa por cada barril producido. Ya que, como lo afirma el Ministerio, el pago se efectúa en base al servicio de contratos vigente.

El derecho a la ampliación de contratos

“¿Sabe el Ministro que los dueños y mayores accionistas de las principales petroleras del Ecuador son fondos de inversión, de pensiones o individuos sin ninguna experiencia petrolera?”, resaltó la empresa en un comunicado.

Agregaron que el ministro Santos desonoce las clausulas contractuales al señalar que “la contratista no tiene derecho a la ampliación de los contratos”. En este sentido, aclaran que tanto las claúsulas de los contratos como la Ley de Hidrocarburos los amparan. Estos documentos indican que tienen derecho a la extensión de plazos en los contratos, incluso, pueden migrar a la modalidad de participación.

Los contratos de los bloques 16 y 67 con la empresa canadiense vencerán el 31 de diciembre del 2022, aunque su intención es extenderlo 15 o 20 años más. Pese a las negativas del Ministerio de Energía, están dispuestos a llegar a un arbitraje internacional. (A.G.M).

La entrada <strong>Petrolera Canadiense anuncia arbitraje al no lograr acuerdos con Ecuador</strong> se publicó primero en La Calle.

«A través del reglamento pretenden replicar las mismas prácticas que el expresidente Lenin de sustituir la Constitución y el contenido de la ley de arbitraje para modificar las reglas de esta institución jurídica», explicó a Radio La Calle, el abogado y exasambleísta Luis Fernando Molina.

El experto indicó que el reglamento expedido por Lasso expresa que todos los procesos de contratación pública tendrían que someterse a un arbitraje no solo nacional, también internacional. «Significa que cualquier contratación de relación pública desde artículos de oficina hasta consultoría de las empresas públicas entrarían a un proceso arbitral».

Adicionalmente se establece que los arbitrajes del Estado podrían implantarse en procedimientos de los mismos convenios. «Esto contradice la Constitución porque debe resolverse en derecho», añadió Molina.

Con el arbitraje peligran los intereses de las empresas públicas. «Los arbitrajes internacionales los ponen las multinacionales. Nos han causado un perjuicio de USD 10.000 millones al Estado. En el ámbito nacional los árbitros serán los que sugiera la Cámara de Comercio de Quito y Guayaquil», agregó.

El reglamento va en contra de los artículos 419 y 422 de la Carta Magna que indican que no se puede ceder jurisdicción al arbitraje internacional cuado estén de por medio los intereses del Estado.

Empresas en peligro

Molina también explicó que las empresas públicas están en peligro por estos nuevos cambios:

El presidente Lasso debe responder cuál será el papel del procurador general del Estado y su existen intereses de grupos legales de favorecer a sus clientes en los litigios.

¿Privatización?

El reglamento podría llevar a la privatización de las empresas, pero aún más grave, la destrucción de los recursos del Estado . «Como dijo el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, este reglamento busca que los grandes emporios económicos de lleven la carne de Estado y le dejen los huesos. Los recursos están en peligro a través de estos arbitrajes», precisó.

La entrada Con el arbitraje, Lasso aprieta la soga al cuello de las empresas públicas | Audio se publicó primero en La Calle.

Ante esta decisión los líderes de Pachakutik mostraron su rechazo. “El mismo equipo que manejó las petroleras hace 40 años siguen en estos puestos de poder en el Ministerio de Energía, seguramente para poner trabas al sueño del país de desarrollar su industria petrolera. En el caso Perenco son USD 374 millones que el Ecuador tiene que pagar que se suman a los USD 9.000 millones que debemos luego de estos arbitrajes injustos. Rechazamos los anuncios de la embajadora sobre este ingreso al CIADI”, dijo en rueda de prensa el asambleísta nacional Salvador Quishpe.

Primeros días del gobierno

El dirigente de PK, Marlon Santi dijo que esperaron el mes de rigor y ahora ya se hacen necesarias respuestas. “Todavía no dice que va a pasar con la fiscalización del plan de vacunación. Nosotros, en coherencia con las bases del pueblo ecuatoriano, estaremos atentos y, desde la Asamblea Nacional, aprobaremos las Leyes. No permitiremos que se diga que existe una alianza con el Ejecutivo. No nos responsabilizamos de los puestos que, de manera individual, gestionen integrantes del movimiento con el Gobierno “,  expresó.

Quishpe explicó que deben evaluarse los proyectos mineros con transnacionales. “Menos de USD 70 millones por la concesión minera de cobre con una empresa china  ¿cuál es el aporte?, se trato de un engaño, una burla para el Ecuador. En esos territorios pueden realizarse agricultura, investigación”, el asambleísta indicó que debería realizarse una Consulta Popular para decidir el destino de las concesiones mineras.

La entrada “Estamos en contra de los arbitrajes internacionales”, dicen los líderes de Pachakutik se publicó primero en La Calle.