El asambleísta adujo que no existen las pruebas para demostrar que el presidente haya incurrido en peculado y que si la proponente del juicio político, Viviana Veloz le presenta la prueba madre de que Lasso cometió latrocinio, él apoyaría la destitución del mandatario, así lo dijo en entrevista con Teleamazonas.

Según diario El Universo, el informe borrador de 278 fojas expresa que, con los aportes y comparecencias en la fase de presentación de pruebas, comprobaron que no hubo una celebración del contrato entre FLOPEC y Amazonas Tankers en el período del presidente Lasso.

El informe borrador se incluirá en la reunión de la Comisión de Fiscalización a la que convocará Villavicencio el 6 de mayo. Después el documento se enviará al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela para que aplique el artículo 92 de la Función Legislativa que define los plazos para que los legisladores revisen el informe y se convoque al Pleno para su conocimiento, debate y resolución. (MIB)

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“El Comité de Ética, luego de revisar las pruebas de cargo y descargo, así como los argumentos de ambas partes resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea el archivo de la denuncia. No han sido justificadas las consultas que se presume configurarían la denuncia señalada”, dice la recomendación del Comité.

De acuerdo con Zambrano, la legisladora Astudillo habría violado el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Éste prohíbe: “Ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del presupuesto general del Estado. Con excepción de los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional”.

El asambleísta José Chimbo, presidente del Comité reiteró que “la asambleísta no gestionó recursos fuera de la ley. Nunca realizó tráfico de influencias en gestionar recursos públicos”.

Pronunciamiento de la bancada

Bajo el título “se cayeron sus mentiras”, la bancada de Unión por la Esperanza respaldó la decisión del Comité de Ética. “Quedó demostrado que ella actuó en el ámbito de sus competencias. La denuncia solo pretendió silenciarla e impedir sus funciones de fiscalización a favor de los ciudadanos”.

Agregaron que el país no debe olvidar a Eitel Zambrano, a quien “no le importó perjudicar a las Asociaciones de la Economía Popular y Solidaria para satisfacer su odio. […] Nosotros seguiremos siendo el espacio para que las voces de los humildes, maltratados, trabajadores, y organizaciones con derechos vulnerados se hagan escuchar”. MIB

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“La decisión se tomó debido a que, en la administración anterior de la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no despachó la documentación respectiva una vez calificada, en ese entonces la Asamblea no establecía plazos para hacerlo”, explica el comunicado del Legislativo.

Además, indica que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, dispuso se retome el proceso. La Secretaría General ubicó la documentación para seguir el trámite con los plazos establecidos por la nueva normativa. “La Comisión de Fiscalización, al no poder avocar conocimiento sobre un proceso calificado por el anterior CAL, decidió archivar el proceso de juicio político contra el exministro Martínez.

Con seis votos a favor, la Comisión también decidió abrir un expediente de auditoría sore el manejo de la deuda externa de los últimos 15 años con China.

En los EE. UU

Richard Martínez dejó su puesto en el Ministerio de Economía para convertirse en vicepresidente de Países del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en noviembre de 2020. Según la web del BID, como ministro “encabezó medidas para salvaguardar el empleo y la industria. También emprendió iniciativas para catalizar inversiones, simplificar y fortalecer el sistema fiscal, velar por la sostenibilidad de la deuda pública”.

Esas medidas de salvaguarda fue el pago de la deuda externa antes de usar el dinero para la emergencia sanitaria por el COVID-19 que sufría el país. “El Ecuador hará el pago del capital de los bonos 2020 que vence el 24 de marzo”, dijo Martínez, quien no detalló que el monto asciende a los USD 300 millones. Además, indicó que el Ecuador continuará con el pago de todos los bonos de deuda externa que, juntos, alcanzan los USD 540 millones.

La deuda externa con China fue la herencia de Moreno al nuevo Gobierno. “Después de la histórica renegociación de nuestra deuda externa, también logramos reprogramar las obligaciones con China. Pagaremos USD 417 millones de amortizaciones a partir de fines del 2021. Esto nos permite afrontar mejor la situación que vive el país”, escribió el mandatario en esa ocasión.

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“Desestimar los pedidos realizados por el Comité por la Institucionalización de la Democracia. […] Archivar el caso No. 4-19-RC”, indica la decisión de la Corte Constitucional.

La iniciativa ciudadana buscaba a una reforma constitucional para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), transformar a la Asamblea en bicameral y una mayor autonomía para la Fiscalía. Al no tener apoyo en el Legislativo el pasado 16 de marzo, la organización solicitó un auto de verificación de sentencia.

Entre los que integran este Comité están Pablo Dávila, Darwin Seraquive, Rosalía Arteaga. El proyecto contaba con cerca de 300 000 firmas de respaldo.

¿Qué dice la ley en este caso?

El Artículo 442 indica que “una iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes. Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación”.

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“Se llame a atención al Presidente y a los miembros de la Comisión de Fiscalización y de Control Político por las violaciones a la Constitución, a la ley y a instrumentos que se han verificado en la tramitación ante ese órgano de la Función Legislativa”, dice parte del pedido de Celi.

El exfuncionario también solicitó “se dé inicio al procedimiento administrativo disciplinario en contra del Presidente y los miembros de la Comisión por incumplimiento de funciones.

Juicio político

Con 134 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el juicio político contra el excontralor subrogante Pablo Celi.

Después de conocer las posiciones de los miembros de la Comisión de Fiscalización, los legisladores decidieron que el pedido de censura llegue al Pleno. Celi será juzgado por seis causales: Inaplicabilidad del Mandato del 8 de marzo de 2019. Incumplimiento de funciones por no determinar las responsabilidades correspondientes en contra de la empresa Odebrecht. Incumplimiento de funciones por inobservar el procedimiento de control interno Empresa HDC Producciones.

Interferencia en las competencias de la Función Electoral y la Delincuencia organizada.

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