En siete años, el número de cuentas activas cayó de 1,3 millones a 340.980. La tasa de penetración pasó del 29,55 % al 6,29 %, mientras que la población usuaria se redujo de 4,9 millones a 1,1 millones. Hoy, el servicio sobrevive mayoritariamente en tres provincias: Pichincha, Guayas y Manabí, que concentran el 66 % del total nacional.

¿Por qué se van los usuarios?

Los gremios del sector apuntan a la piratería como la principal causa. Sin embargo, los usuarios tienen otras respuestas: precios inestables, servicio limitado, fallas de atención y poca adaptabilidad tecnológica. Comentarios como “suben el precio sin avisar”, “retiran canales sin explicación” o “todo pasa por el bolsillo” abundan en redes sociales.

Para quienes tienen que elegir entre pagar por entretenimiento o por conectividad, la opción es clara: prefieren internet en casa y comunicarse por redes.

¿Qué provincias aún conservan el servicio?

Según Arcotel, las provincias con más suscriptores son:

• Pichincha: 98.400
• Guayas: 87.344
• Los Ríos: 27.552
• Azuay: 16.909

En contraste, en Zamora Chinchipe, Galápagos y Pastaza no llegan ni a los 2.000 usuarios por provincia.

¿Quién se beneficia de esta caída?

El auge de plataformas de streaming —Netflix, Amazon, YouTube y más— ha cambiado las reglas del juego. Pero no todos tienen acceso. La televisión pagada era, para muchas familias, una forma accesible de entretenimiento y acceso a información. Su caída implica no solo una transformación comercial, sino también una redefinición del derecho al ocio y a la cultura en los hogares más alejados o con menos conectividad.

Mientras tanto, las empresas intentan reinventarse: ofrecen combos con internet, desarrollan apps y piden eliminar el 15 % del impuesto a los consumos especiales (ICE), alegando que las telecomunicaciones ya no son un lujo.

La pregunta de fondo es otra: ¿Cómo garantizar acceso a contenidos de calidad y a precios justos, sin dejar atrás a quienes no pueden seguir el ritmo de la digitalización forzada?

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El 24 de mayo del 2023 la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) suspendió por 120 días la renegociación de los contratos. La justificación de la entidad es que faltaba la valoración del espectro radioeléctrico, una acción en conjunto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Los contratos entre el Estado y las operadoras telefónicas se deben renovar cada 15 años. Si la renegociación pasa del límite de tiempo establecido, el servicio de telefonía celular de más de catorce millones de usuarios podría verse afectado. 

Según datos de Arcotel, Claro tiene 9.2 millones de líneas activas, es decir, una cuota de 52 % en el mercado. Por otro lado, Movistar posee 5.4 millones de líneas, lo que significa un 30.5 % de participación.

Las últimas negociaciones

Siguen pendientes cuatro trámites con entidades del Estado para desbloquear el proceso de renegociación con Conecel (a cargo de Claro) y Otecel (que maneja las marcas de Movistar y Tuenti).

La última negociación ocurrió en 2008 durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, en esta época se realizó un contrato con Claro, en ese entonces Porta, de USD 4.800 millones. De igual manera se cerró un trato con Movistar de USD 220 millones, en total de USD 700 millones.

Tres meses después de la posesión del presidente Guillermo Lasso, en agosto del 2021, Arcotel anunció el inicio del proceso para renovar contratos a las operadoras. (A.G.M).

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El abogado de 29 años fue formado bajo la visión de la Fundación Ecuador Libre, a esta organización pertenece la mayoría de los funcionarios del Gobierno. Además, se ha desempeñado como subsecretario Jurídico de la Presidencia, delegados de directorios como la Empresa Nacional Minera (Enami) , la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones (Cepai).

¿Qué es el IAEN?

El IAEN es la primera universidad de posgrados del Ecuador. La institución ofrece escuelas de: Derechos y Justicia, Economía Pública y Sectores Estratégicos, Seguridad y Defensa, Gobierno y Administración Pública, Relaciones Internacionales y Prospectiva Estratégica. (A.G.M).

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Así lo establece la resolución de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), que expidió el pasado 20 de febrero.

El objetivo de esta nueva política es que el usuario identifique el contacto. La ARCOTEL informa sobre la política para la identificación de llamadas de índole comercial. El objetivo es que la ciudadanía identifique llamadas con fines comerciales, publicitarios o proselitistas.

La Asamblea Nacional también proponía hacer una reforma a la Ley de Defensa del Consumidor para regular las ventas a través de llamadas. La asambleísta Marcela Holguín planteó  el Proyecto de Ley ‘Defensa Consumidor’,que busca reformar la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor con el objetivo de regular la comercialización de productos y servicios por llamada telefónica. 

La política para la identificación de llamadas exige a las operadoras del servicio móvil avanzado realizar los cambios tecnológicos necesarios para que las llamadas asociadas a 4 sectores priorizados (VENTA, FINANZAS, TURISMO y PROSELITISMO), puedan ser previamente identificados.

Para el efecto, deberán generar un número único que agrupa todos los números telefónicos de un determinado sector, según el siguiente listado:

1.- Bancos, Cooperativas, Tarjetas de Crédito y Seguros: Identificador “FINANZAS”.

2.- Actividad Turística, oferta de paquetes, viajes, aerolíneas y otros similares: Identificador: “TURISMO”.

3.- Venta de productos varios (de uso personal, comida, libros, muebles, inmuebles y otros afines): Identificador: “VENTA”.

4.- Proselitismo: Identificador “PROSELITISMO”.

5.- Prestadores del Servicio Móvil Avanzado: identificador por cada prestador del servicio.

Asimismo, la aplicación de esta configuración en las redes de MOVISTAR, CNT EP y CLARO, deberá cumplirse hasta el mes de abril de 2021, luego de lo cual, si los usuarios continúan recibiendo llamadas de VENTA, FINANZAS, TURISMO y PROSELITISMO que no identifiquen, pueden presentar su denuncia a la ARCOTEL al 1800 567 567.

Finalmente, ARCOTEL mencionó que este procedimiento es legal y cuenta con la aprobación y supervisión de las autoridades del sector de las telecomunicaciones.

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¿Qué es el “bypass”?

El “bypass telefónico”, conocido también como tráfico gris, es la introducción de llamadas entrantes internacionales en el país, enmascaradas como llamadas locales.

Este proceso se lleva a cabo gracias a personas y organizaciones que transforman estas llamadas a través de varios equipos (Simbox), entre otros, que codifican las llamadas entrantes internacionales a través de un sistema en internet para hacerlas ver como locales.

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“Está en riesgo la libertad de expresión y el derecho de opinión, los dos consagrados en la Constitución”, dijo la prefecta de Pichincha Paola Pabón. Ella aseguró que el asunto está vinculado con el anuncio que hizo la alianza Unión por la Esperanza (UNES) de su binomio presidencial Aráuz – Correa.

“No nos parece casual que el día de ayer (martes 18) UNES haya lanzado el binomio presidencial. A reglón seguido viene la persecución contra una institución que no tiene nada que ver con los procesos de las distintas organizaciones que integran UNES. Rechazamos esta persecución”, añadió la prefecta.

El abogado del Pichincha Universal, Cristian Pérez, aseguró que en los próximos días tomarán dos acciones legales. Presentarán una acción extraordinaria de protección para apelar la revocatoria y de no ser favorable empezarán acciones vía contenciosa administrativa.

En el marco del paro nacional de octubre 2019, Arcotel sacó del aire la señal de Pichincha Universal con base en un informe de un miembro de las Fuerzas Armadas, sobre el programa de opinión “La Oreja”.

La página oficial de este medio también ha recibido varias denuncias y bloqueos a lo largo de este año.

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