Los integrantes de la base militar se percataron del hecho y activaron los protocolos de seguridad, con lo que evitaron que los implicados sustrajeran ese material. las autoridades revisaron el departamento donde guardan el material bélico y otras áreas, pero no reportaron mayor incidente.

Los afectados relataron que el intento de robo se habría coordinado con un cabo primero de la brigada. Los implicados fueron entregados a la Policía Nacional para que inicie con las investigaciones correspondientes.

«Estas acciones que van en contra de la seguridad y bienestar nacional, serán censuradas en estricto cumplimiento a las normativas administrativas disciplinarias», reza el comunicado.

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Según el parte policial, al que tuvo acceso Radio La Calle, un grupo de antisociales en dos motocicletas llegaron a la UPC del cantón y sometieron al policía que custodiaba el inmueble. Los criminales ingresaron al rastrillo, presumiblemente, con una llave dado que no existe evidencia de que las seguridades de los candados hayan sido manipuladas o forzadas.

En específico, los delincuentes sustrajeron 58 pistolas Glok y seis armas largas tipo carabina. El ilícito fue reportado por la Jefatura de la Policía Subzona Manabí #13 a las 02:25.

Por otro lado, el policía guardia presenta una herida a la altura de la cabeza. Adicionalmente, el Cbos. César Delgado indicó que «la llave solo la maneja él y que al momento de llegar las puertas de ingreso no registraron forzamiento y no se encontraban los candados».

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El juez Jhonatan Arizaga ordenó la liberación del candidato y sus tres acompañantes «por no contar con los elementos para formular cargos tras escuchar las intervenciones de las partes», reza la resolución en los archivos del Consejo de la Judicatura (CJ).

La noche del viernes 4 de agosto, la Policía Nacional detuvo a estos cuatro hombres en un operativo preventivo, en Machala. En la inspección, los uniformados decomisaron tres armas de fuego, 48 cartuchos sin percutir, cinco celulares y dos vehículos.

Becerra intentó burlar la ley con un permiso de tenencia de armas caducado en junio 2022. Otro de los aprehendidos registra antecedentes por tentativa de asesinato, extorsión y robo.

Centro Democrático -partido de Jimmy Jairala- es la organización política que impulsa a Becerra hacia el Legislativo. Asimismo, esta tienda política es la que respalda a la candidatura presidencial de Jan Topic.

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Alrededor de las 9:20 de este sábado, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra los nueve involucrados.

El juez no calificó la legalidad de la aprehensión de Sánchez debido a que en el parte policial no se adjuntaron los comprobantes de evidencias. Fiscalía investigará a quienes elaboraron dicho parte policial. En cambio, para el resto se dictó prisión preventiva.

A los implicados se les formula cargos de acuerdo al quinto inciso del artículo 275 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), cuya sanción puede llegar a los 14 años de prisión al tratarse de funcionarios públicos.

La tarde del 4 de agosto, nueve funcionarios del SNAI fueron detenidos por su participación en el delito de ingreso de objetos prohibidos a los recintos carcelarios. Dos directores, cinco servidores administrativos y dos guías penitenciarios.

Durante una requisa, la Fiscalía General del Estado (FGE) halló fusiles, bombas, granadas, explosivos y droga en oficinas del Guayas. El operativo lo llevaron la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Los agentes realizaron los operativos luego de que las PPL terminaran el orden de distintos reclusorios en el país. Luego de 61 reos muertos y más de una centena de guías penitenciarios tomados como rehenes, el presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción en los centros.

Entre los objetos incautados están: un fusil, 15 pistolas, dos revólveres, 13 alimentadoras, municiones, drogas, radios y electrodomésticos.

“Otras requisitas”

Las entidades del orden ingresaron en horas de la madrugada a los pabellones 2 y 5 de la cárcel de Guayas, donde encontraron otras armas, municiones y otros objetos prohibidos.

Los agentes se mantienen en constante control, tanto así que en la Penitenciaria del Litoral encontraron un piscina de tilapias, 15 perros y aves. Según las autoridades, esa sería la tercera vez que en menos de 15 días ingresaron al reclusorio.

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Durante el operativo, las autoridades decomisaron armas, celulares, herramientas, drogas, licor, routers y equipos tecnológicos.

En la requisa participaron 500 militares, 140 efectivos de la Policía Nacional y 37 servidores del Grupo Especial de Seguridad en Situación de Crisis (Gessic) del SNAI.

«Como parte de la Transformación Penitenciaria en el CPL Los Ríos N°2, se ejecutó operativo de planificación para fortalecer la seguridad de los centros de privación de libertad», publicó la entidad a cargo del sistema carcelario en su Twitter.

Operativo en las cárceles

El 10 de junio, un total de 124 personas privadas de libertad (PPL) de la Cárcel de Esmeraldas fueron trasladados a diferentes centros penitenciarios del país.

El SNAI informó que las acciones formaron parte de operativos desplegados por la seguridad de los recintos carcelarios con el objetivo de prevenir hechos violentos y cuidar la integridad de los presos.

De igual manera, otro grupo de 64 reos fueron desplazados desde la Cárcel de El Inca, en Quito, a diferentes centros. El SNAI aclaró que por motivos de seguridad no se puede revelar a qué cárceles fueron enviados los presos.

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Para el presidente del PSE, Gustavo Vallejo, Lasso mostró el proyecto “en el que algunos morirán, pero ahora ya nos permiten usar armas”.

Sostuvo que el proyecto se da en medio de una ola de violencia, con homicidios y delitos diarios. La población no está preparada para hacerle frente a los grupos delictivos. “Nos enfrentamos a personas que usan rifles, armas de alta gama y más”, manifestó Vallejo.

Según el concejal electo de Quito y miembro del PSE, Andrés Campaña, la medida es inconstitucional porque “el Estado renunció a su competencia exclusiva de garantizar la seguridad ciudadana”. Añadió que Ecuador está incumpliendo con el Convenio Internacional de Ginebra, donde se prohíbe el uso y producción de armas.

“La guerra es entre la delincuencia organizada y ustedes”

Vallejo criticó el decreto ya que “delega el monopolio del uso de la fuerza a los particulares porque no ha podido cumplir con su trabajo”. “Lasso dijo que la guerra es entre la delincuencia y ustedes”, ¿la guerra no debería enfrentarla el gobierno?, cuestiona.

Antes en Ecuador se tenía un promedio de seis muertes violentas cada 100.000 habitantes. Sin embargo, ahora al menos en Esmeraldas hay más de 40, lo que la pone en la ciudad más violenta de América Latina, ejemplificó.

 “Sálvese quien pueda”

La excandidata a la Prefectura de Pichincha, Elsa Guerra sostiene que el decreto es una “irresponsabilidad” del Estado. “Lo único que ha hecho el gobierno es lavarse las manos y decir que la ciudadanía se defienda sola”, dijo.

Además, cuestionó las acciones de la prefecta, Paola Pabón, pues “no se ha sentado con el presidente Lasso para hablar de un plan de seguridad ciudadano”.

En 2022, los homicidios perpetuados con armas de fuego aumentaron en un 80 %, por lo que Guerra cuestiona qué va a pasar con el libre uso de armas. El permiso del porte libre de armas solo incrementará la violencia, es un decreto de “sálvese quien pueda”, explicó.

Los requisitos del Gobierno

El Gobierno aclaró que no se trata de un libre porte de armas y que para hacerlo hay que lograr el permiso que otorga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

No obstante, el grupo jurídico que acompaña al PSE declaró que los requisitos que pide el gobierno no aseguran nada. “El hecho de que una persona no beba, no significa que no pueda matar”, ilustró uno de los abogados.  (D.C.)

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Entre los abogados que presentaron la demanda está el presidente del Centro de Investigación y Estudios de Derechos Humanos (CIEDH), Alexander Barahona, que anunció en redes sociales esta acción legal para dejar sin efecto lo dispuesto por el Ejecutivo.

La demanda argumenta que los artículos que regulan los requisitos para el porte y tenencia de armas de fuego letales y no letales a nivel nacional por parte de civiles tienen reserva de ley por su incidencia en derechos como la vida, la integridad y la libertad.

Asimismo, estos letrados consideran que el Ejecutivo debía haber efectuado una consulta prelegislativa a pueblos indígenas, ya que la normativa modificada ya contemplaba previamente el uso de armas ancestrales en territorios indígenas para usos tradicionales como la caza y la pesca.

«El riesgo a los derechos es evidente», afirmó Barahona, que confió en que la Corte Constitucional admita a trámite la demanda y disponga medidas cautelares urgentes.

Dizque aclaraciones del Gobierno

Antes de emitir los decretos que autorizan que un civil pueda llevar armas de fuego para defenderse de un delincuente, el Gobierno aclaró que no se trata de un libre porte de armas y que para hacerlo hay que lograr el permiso que otorga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Lo que se modificó en la normativa son los motivos esgrimidos para demandar el permiso de porte de armas e incluir el de defensa personal, para lo que se requieren todos los requisitos previamente dispuestos en la ley.

Entre las exigencias para lograr el permiso está ser mayor de 25 años y presentar una petición donde se justifique la necesidad de adquirir el arma.

También se requiere una certificación de dirección domiciliaria, la factura o contrato de compraventa del arma, un certificado biométrico emitido por la Policía Nacional, un certificado que acredite que no se cuentan con antecedentes penales y otro que demuestre no contar con denuncias o procesos de violencia familiar.

Asimismo, será igualmente necesario un certificado psicológico y toxicológico, así como uno que acredite destreza en el manejo y uso de arma de fuego.

Redacción: EFE

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Según la Policía Nacional, los antisociales habrían ingresado al conjunto en dos vehículos de alta gama y dos motocicletas.

De la misma manera, el comandante general de la Zona 8, William Villaroel, indicó que los sujetos neutralizaron a los guardias para quitarles las armas, cuatro terminales móviles y tres radios de la compañía. Los uniformados aún investigan las causas del atentado y a los implicados en el caso.

No es la primera vez que roban armas

El pasado 11 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el robo de 44 armas de fuego de un rastrillo en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de la Policía Nacional (UVC) en Naranjito, provincia del Guayas.

Los antisociales habrían entrado por el conducto del aire acondicionado para llevarse las armas de fuego. La institución encargada de brindar seguridad pública aún no se ha expresado oficialmente sobre el hecho. (N.J.C)

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¿Deberíamos preocuparnos por la Ley Orgánica reformatoria a varios Cuerpos Legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la seguridad integral? ¿Qué cambios son los más alarmantes?

Creo que, si hay que preocuparse, precisamente por el hecho de que hay al menos cuatro cambios que amplían el poder punitivo del Estado. Esto quiere decir que le reduce la capacidad de control democrático a través de la intervención de los jueces, sobre todo para que Policía y Fiscalía puedan llevar a cabo investigaciones criminales. No solo por medio de espionaje de fuentes humanas, sino fundamentalmente por el ciberespacio.

Creo que este es un primer elemento clave porque la ley reformatoria permite no solo que se pueda crear la figura del agente encubierto informático, sino que permite que todas las grabaciones de audio y video de cámaras de vigilancia, ojos de águila, pero también las que realicen policías y militares con equipos de dotación propios, puedan servir como medios probatorios de incriminación.

El segundo cambio demuestra una mayor influencia de las Fuerzas Armadas en asuntos que no son ni de defensa ni de seguridad. Esta delegación de competencias o esta restitución de facultades le da mayor peso político y económico a las FF.AA., lo cual da cuenta de la debilidad que hoy tiene el poder civil sobre ellas.

El tercer cambio tiene que ver con la visión narcotizada de la seguridad que se basa en ampliar algunos tipos penales como el terrorismo o incluir nuevos tipos penales bajo la lógica de que eso va a ser suficiente para contrarrestar la ola criminal en la que vivimos.

¿El espionaje y la influencia de las FF.AA. en otras áreas no atentaría contra la democracia?

Tiene que ver con la base conceptual de la política de seguridad que ha planteado el gobierno. Esto se basa en la idea de que al estar en una guerra contra los narcotraficantes se requiere mayores facultades para la persecución de los delitos del crimen organizado. El dilema que propone esta base conceptual es más seguridad a cambio de menos derechos y libertades civiles. Lo podemos ver en el caso de El Salvador, donde un presidente, Bukele, ha logrado contrarrestar las pandillas a costa de un enorme desgaste de las reglas democráticas.

Se debe a esta base conceptual de guerra contra las drogas que evidentemente va carcomiendo el margen democrático bajo el pretexto de garantizar y dar seguridad. Es un error que se plasma en las normas. Lo peligroso de esto es que, al abrirse las puertas para un mayor poder punitivo, las víctimas de la persecución y hostigamiento no serán solo criminales relacionados a organizaciones transnacionales sino también opositores políticos, periodistas incómodos, generadores de opinión que molesten al gobierno de turno.

Esto se vivió en el caso del gobierno de Rafael Correa, que compró el programa Galileo a la empresa Hacking Team para hacer espionaje y persecución político y lo hizo con los dirigentes indígenas, con los yasunidos y una serie de opositores políticos. Lo hizo al margen de la ley, ahora lo grave es que se está creando un marco legal para que esto se permita y legalice.

¿Esto se relaciona de alguna forma con las compras en seguridad que ha estado haciendo el Gobierno Nacional?

Eso es parte de lo que podríamos especular. No hay datos ni evidencia concluyente al respecto, pero si hemos visto el acercamiento que se ha dado con el Gobierno de Israel que entre sus productos estrella tiene la oferta del programa Pegaso, un spiceware para hacer espionaje cibernético, no es difícil pensar que una de las adquisiciones que haga el gobierno o que ya hizo fue precisamente la de este programa con toda la asesoría y equipamiento que eso implica.

Con respecto a la tenencia de armas ¿hay beneficiados allí? Porque el presidente ha dicho que lo han pedido las empresas de seguridad privada, los agricultores ¿quién se beneficia de esos cambios?

Sin duda yo creo que hay un sector claramente beneficiario que son los grupos económicos vinculados a ciertas agroindustrias que han venido presionando desde algunos años atrás para que se les dé mayores facilidades en la tenencia y porte de armas y constantemente las empresas de seguridad privada, no así los guardias, cuyo gremio ya salió a manifestar su rechazo. Los guardias seguramente no estarán de acuerdo porque los expone a mayor riesgo letal, pero los dueños están de acuerdo porque esto supone mejorar su servicio y por lo tanto rentabilizar mejor la oferta de protección privada.

Esto tiene que ver mucho con el modelo neoliberal y la política económica del gobierno porque ese es uno de los grandes puntos ciegos en el análisis de la seguridad. Normalmente se suele pensar que la seguridad no tiene nada que ver con la política económica cuando es todo lo contrario. Hay una relación intrínseca entre ambos campos de acción porque la política económica del gobierno que apuntala un gobierno neoextractivista, privilegiando ciertos sectores económicos, fomentando la acumulación a nivel del capital financiero. Es absolutamente congruente con esta liberalización del mercado de las armas y con la conversión de la protección en una mercancía.

En el fondo lo que está pasando es eso. El Estado ya no administra ni garantiza la protección del ciudadano, sino que le convierte a la protección del ciudadano en una mercancía que, así como se la compra, también se la vende. Por lo tanto, quien tenga mayores recursos, tendrá mejor capacidad de comprar la protección. Es a lo que nos avoca, tanto la Asamblea con su ley como el decreto ejecutivo 707.

Entonces no es que todo el mundo se va a armar sino los que tengan el dinero para hacerlo…

Sin duda alguna. Es una política súper elitista porque parte de un presupuesto falso pretendiendo que los ciudadanos y los civiles vamos a poder armarnos cuando es evidente que lo harán los sectores socioeconómicos que primero cuenten con los recursos para capacitarse, entrenarse y comprar las armas y municiones permanentemente. Eso es un poco la ilusión que genera, pero que evidentemente tiene un enorme redito en los sectores más acomodados de la sociedad que también están asustado y ven en esta opción la garantía de protección y cuidado.

Lo riesgoso de esto es que además se constituya lo que se conoce como vigilantismo, es decir, estrategias que utilizan los que son víctimas de crimen para poder enfrentar a los criminales y evitar ser victimizados. El vigilantismo en América Latina ha tomado varias formas, pero tal vez la más popular sea los linchamientos colectivos y las autodefensas. Los linchamientos normalmente son esporádicos, las autodefensas son más bien sostenidas en el tiempo.

Lo que podemos encontrar es que, si uno analiza la economía en ciertas zonas del Ecuador y la captura criminal del aparato policial, donde cada vez se muestra una policía más corrompida es muy probable que el país con esta flexibilización de la tenencia y porte de armas, más estos otros dos ingredientes, faciliten la creación de grupos de autodefensa vinculados a agroindustrias.

Ya hemos visto las denuncias de los gremios de pescadores artesanales por el tema de la piratería en el mar y también se ha autorizado el servicio de seguridad privada en espacios acuáticos. Es lo que ha pasado en la región y Ecuador no es un país excepcional, está en la norma general de lo que ha ocurrido en otros países violentos. (MIB)

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La frase es de Joaquín Gallegos Lara, y tras un 5 de febrero digno, a los tres meses vuelve a emerger en memorioso cuestionamiento estructural debido al catatónico «confort» sin zona delimitada que la sociedad demuestra ante la barbarie.

El Ecuador es un país cuyas realidades y noticias más sobresalientes cada día son: cuádruple asesinato de Chérrez, autor y testigo potencial de narco-corrupción de un presidente y su círculo más cercano; bolsonariano porte de armas como gigante cortina de humo, con todo y tuit canallamente escrito por ese mismo presidente; amenazas de muerte contra periodista que denunció el caso «Gran Padrino» y su familia; amenazas de muerte y exilio obligado de otra periodista; multitudinario éxodo de ecuatorianos por el arriesgado tapón del Darién; ola de violencia y de asesinatos diarios, secuestros, ejecuciones espantosas, vacunas masivas, femicidios y desapariciones forzadas y bajo engaño; sin que el Estado y en el centro el gobierno ejecutivo, actúen: por vez primera en un siglo se devela no sólo incompetencia gubernamental sino ineptitud de clase (la élite parasitaria que vive a costa de 15 millones de ciegos, sordos y mudos), mientras aparecen indicios evidentes de mafialización de la fuerza pública y de la «mexicanización» de la justicia, la fiscalía y los aparatos armados del Estado.

Y, por contraste, se informa como cosa natural, el aumento de las ya de por sí escandalosas ganancias del banco Guayaquil y la destrucción (premeditada) de los servicios públicos y del fin social del Estado: salud, seguro social, jubilación, educación, carreteras, registro civil, instituciones, empleo, alimentación diaria reducida, bancarrota de tantos, desigualdad, injusticia social, etc. Pero mi aldea no es París incendiada. Teme y detesta más a las protestas que el vil estado de cosas.

Y más me llama la atención, por la total impunidad de la clase media y su absoluta ausencia de autocrítica, de las personas de carne y hueso, con nombre y apellido, que votaron por este señor, y que no se responsabilizan hasta hoy en lo absoluto, de lo que ahora significa haber votado por un banquero, por total desconocimiento de lo que significa el propósito de la banca y del capital especulativo y parasitario.

Cada uno de ellos, mientras no reaccionen, me recuerdan a la sociedad alemana de los años ’30, que votó por Hitler y los nazis solamente por un patológico odio ideológico a la izquierda, sociedad que se hizo la pendeja cuando empezó la primera gran masacre silenciosa y olvidada: el exterminio de cientos de miles de Tahisítas, niños y adultos con Discapacidades graves y de los pacientes terminales como Nelly, y los pacientes con enfermedades mentales. Ante ese primer crimen callaron en nombre de un repugnante individualismo social y con la anuencia masiva de la atrocidad.

El lassismo como élite delincuencial se alegra de tanta ignorancia y cobardía. Y de que se vayan los ecuatorianos huyendo del país que un día tuvimos: no son vistos como familias ni seres humanos sino como remesas. ¿Me comprende usted?

El Ecuador desconoce por completo el ejemplo del pueblo italiano que un día despertó, con miedo natural sí, pero con la fuerza arrolladora de su voluntad para parir y movilizar el primer movimiento social masivo anti-mafia; ergo: anti-gobierno.

Sólo las universidades y uno que otro sector disidente han sacado la cara por la dignidad del país ante la infame bolsonarización decidida en el porte de armas, que la enfermiza élite lumpen de la sociedad aplaude.

«De toda la política, sólo entiendo una cosa: la rebelión», escribió Flaubert. Y Marx escribió: «Un pueblo que se indigna (para insurreccionarse) es un tigre que se agazapa y salta».

‘Ni Flaubert ni Marx son ecuatorianos’, responde la piara.

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La academia advierte que este es un gran error del Gobierno Nacional y que lo único que logrará es agudizar los conflictos y la violencia en el país. Además, exigen al Ejecutivo inmediatamente esta decisión y formular verdaderas políticas para garantizar la seguridad y promover un ambiente social de convivencia.

Al pronunciamiento se suma la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de las Artes, la Universidad Católica de Cuenca y la Universidad Tecnológica Equinoccional.

Flacso se pronuncia

Una carta firmada por 46 docentes y estudiantes de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) expone su preocupación por la medida del jefe de Estado.

Los firmantes argumentan que la tenencia y porte de armas son un retroceso social que intensificará la violencia en lugar de pacificarla. Además, solicitan a la Asamblea del Sistema de Educación Superior que interponga una acción de inconstitucionalidad contra el decreto 707.

«Exigimos la inmediata observación y monitoreo de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos sobre la situación que se presentará en Ecuador», finaliza el comunicado.

¿Y la Central?

Fernando Sempértegui, rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), convocó al Honorable Consejo Universitario a sesión extraordinaria para emitir un pronunciamiento institucional sobre el decreto del régimen.

La reunión de las autoridades está prevista para este lunes 3 de abril a las 10:00 de forma virtual.

Autodeclaratoria de «Estado fallido»

El 1 de abril, el primer mandatario y su equipo llegaron a la conclusión de que el libre porte y uso de armas y gas pimienta para defensa personal es una parte de la solución en medio de la inseguridad que engulle al Ecuador.

«Hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas, es decir, en términos generales: 1. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamentos. Se autoriza también el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal», dijo en cadena nacional.

Entre otras medidas también está prohibida la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal, se establece controles y registro informático y la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación.

Los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad. Además han instalado el puesto de mando unificado de manera permanente en Guayaquil que rotará entre Santa Elena y los Ríos.

Estado de excepción

Lasso decretó el estado de excepción en la zona 8 que conforman los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón en Guayas y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. El toque de queda será de 01:00 a 05:00 a partir del 2 de abril. La delcaratoria tendrá vigencia durante 60 días.

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Artículo 5

Se cambia el inciso i del artículo 5 que dice:

i) Otorgar, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, permisos para
tenencia de armas a instituciones bancarias, organizaciones de seguridad privada y más personas jurídicas

y que ahora dirá:

i) Otorgar, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes, permisos para porte y tenencia de armas a organizaciones de seguridad privada y otras personas jurídicas, conforme permita la normativa.

Artículo 11

También cambia el artículo 11 que dice:

Art. 11: Son comerciantes importadores, las personas naturales y jurídicas cuyos
artículos a ser comercializados, los obtienen de empresas extranjeras. Se clasifican en comerciantes importadores de:

Ahora dirá:

Art. 11: Son comerciantes importadores, las personas naturales y jurídicas quienes su Registro Único de Contribuyente especifique su actividad afín a la importación de armas letales o no letales y cuyos artículos a ser comercializados, los obtienen de fábricas extranjeras; únicamente tratándose de sustancias químicas controladas, radiológicas y bacteriológicas, podrán ser importadas de fábricas o distribuidores autorizados. Se clasifican en comerciantes importadores de: ´

Artículo 15

Esto dice el artículo 15:

Art. 15.- Son armas de guerra y por tanto de uso privativo de las Fuerzas Armadas, aquellas utilizadas con el objeto de defender la soberanía nacional, mantener la integridad territorial y el orden constitucional, tales como:
a) Pistolas calibre 9mm o superiores;
b) Fusiles y armas automáticas, sin importar calibres;
c) Los tanques de guerra, cañones, morteros, obuses y misiles de tierra, mar y aire en todos los calibres;
d) Lanza cohetes, lanzagranadas, bazucas en todo sus calibres;
e) Granadas de mano, bombas de aviación, granadas de fragmentación, torpedos,
proyectiles y minas;
f) Granadas de iluminación fumígenas, perforantes o de instrucción;
g) Armas que lleven dispositivos tipo militar como miras infrarrojas y lacéricas; o
accesorios como lanzagranadas o silenciadores;
h) Las municiones correspondientes al tipo de armas enunciadas; e,
i) Las demás determinadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

A este artículo se le quita la especificación de guerra y se aumenta que «Las Fuerzas Armadas quedan facultadas para el cumplimiento de su misión constitucional y el deber legal para emplear armas que no son de su uso privativo». Es decir podrán tener otras armas si son militares.

Artículo 30

El artículo 30 menciona:

Art. 30.- Los Representantes o Distribuidores legalmente registrados, podrán importar previa autorización del Comando Conjunto, armas y municiones de uso civil bajo las siguientes modalidades:

En el cambio después de la palabra civil irá el siguiente texto: «así como también podrán incrementar su requerimiento de acuerdo con la necesidad que previamente sea justificada, respecto de la cantidad de armas a mantener en stock, bajo las siguientes modalidades:» Por lo que las armas que ya se importan a los fabricantes extranjeros aumentarán más su demanda, beneficiando a esos fabricantes extranjeros.

Armas para los pueblos originarios

El decreto añade el punto 61.3 para «Autorizar el porte y tenencia de armas ancestrales para actividades de caza y/o supervivencia de pueblos y nacionalidades ancestrales del Ecuador, mismas que se podrán usar exclusivamente en el territorio ancestral. Para hacer porte y uso fuera de esta jurisdicción de estas armas deberá tener la autorización emitida por el Comando Conjunto.

El territorio ancestral sería entendido conforme lo dispone la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y el Reglamento correspondiente.»

¿Quiénes podrán portar armas?

El artículo 84 quedaría así:

Art. 84: Los permisos para porte o tenencia de armas de fuego para personas
naturales y jurídicas tendrán una validez de dos y cinco años respectivamente, y para su renovación, y deberán cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento y lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial que el Ministro de Defensa emita para el efecto.

Las personas naturales podrán tener y portar el arma de uso civil para defensa personal si cumplen con los siguientes requisitos:

Art. 84.1: El Ministerio de Defensa en coordinación con el Ministerio del Interior
incorporará a su Sistema Informático de Control de Armas, periódicamente, un registro de los siguientes datos:

Estarán personas con sentencia ejecutoriada por el cometimiento de delito, gente con antecedentes de violencia contra la mujer e intrafamiliar, ex policías o militares dados de baja por mala conducta, personas de grupos criminales e información de armas perdidas o robadas.

¿Quiénes no tendrán permiso de porte de armas?

Según el cambio en el artículo 86, no se le darán armas a:

Art. 86: No se conferirá permiso para portar armas de fuego a: interdictos; dementes aunque no estén bajo interdicción; fallidos, mientras no hayan sido rehabilitados; a quienes carecen de domicilio en el Ecuador; a quienes se encuentren inmersos en delitos contra la inviolabilidad de la vida; contra la integridad personal; violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar; contra la libertad personal; contra la integridad sexual y reproductiva; contra el derecho a la propiedad; contra la producción o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización; contra la seguridad pública, entre otros.

Desaparece la parte de «a los de mala conducta notoria; y a quienes
no hubieren merecido el informe favorable de la Dirección de Inteligencia del Comando Conjunto«. (MIB)

El reglamento completo sin los cambios aquí:

El decreto 707 con los cambios, aquí:

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«Hemos modificado el decreto que permite la tenencia y el porte de armas, es decir, en términos generales: 1. Se autoriza la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal de acuerdo con los requisitos de ley y reglamentos. Se autoriza también el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal», dijo en cadena nacional.

Entre otras medidas también está prohibida la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal, se establece controles y registro informático y la Secretaría de Seguridad Pública asumirá las acciones de coordinación.

Los guardias de seguridad privada apoyarán a la Policía Nacional en las tareas de vigilancia y seguridad. Además han instalado el puesto de mando unificado de manera permanente en Guayaquil que rotará entre Santa Elena y los Ríos.

Lasso decretó el estado de excepción en la zona 8 que conforman los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón en Guayas y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos. El toque de queda será de 01:00 a 05:00 a partir del 2 de abril. La delcaratoria tendrá vigencia durante 60 días.

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“Así quedara eso como chatarra en Colombia, no entregábamos las armas rusas, para que se llevaran eso a Ucrania y se libre una guerra“, declaró el primer mandatario colombiano en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Argentina el martes 24 de enero de 2023.

El equipamiento militar fue adquirido en la administración de Iván Duque. El objetivo, combatir fuerzas como las Farc, pero sin la posibilidad de darles mantenimiento.

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, había solicitado la donación de armamento militar ruso para la defensa del pueblo ucraniano.

Argumentó la incapacidad para el sostenimiento del mismo, ofreciendo cambiar el arsenal por uno de fabricación estadounidense.

El presidente Petro expresó su compromiso con la paz, oponiéndose a tomar una posición respecto al conflicto en Ucrania. Incentivó que América Latina exija la paz en lugar de jugar al bloque militar.

Decisión que fue valorada por la embajada Rusa en Colombia a través de un comunicado en Twitter “Valoramos mucho las declaraciones del Presidente Gustavo Petro de que los equipamientos militares rusos utilizados por el Ejército Nacional no serán entregados a Ucrania“. (O.S.V)

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Son 80 pasos irregulares que utilizan las bandas para pasar el armamento, que incluye fusiles y ametralladoras. Muchas vienen de las Fuerzas Armadas del Perú.

Estas estructuras están conformadas por colombianos, ecuatorianos, peruanos y venezolanos. Hay todo un esqueleto bien armado que se encarga desde el transporte, pasando por la logística y el encaletamiento del arsenal. Finalmente, llegan a las bodegas ubicadas en la provincia de El Oro.

Para lograr cruzar el armamento, las organizaciones se benefician de las debilidades en la vigilancia aduanera y policial. También aprovechan la falta de coordinación entre las Fuerzas Armadas y las policías de Ecuador y Perú. La corrupción estatal y en entidades privadas en la frontera es otro componente que ayuda al crimen organizado, reveló un reportaje de Vistazo.

Operativos

En noviembre de este año, el Ejército ecuatoriano descubrió un vehículo que transportaba 31 cajas de municiones Sellier & Bellot por las calles de Machala. En total, 1.550 cartuchos.

Esta marca es la más utilizada por las bandas narcodelictivas en Ecuador. La jefatura de Guayaquil realizó un análisis forense a 9.600 vainas recogidas en escenas de crimen por sicariato, entre enero y septiembre de 2022.

«El 31 por ciento de vainas correspondió a esta marca, fabricada en República Checa. El 15 por ciento tenía procedencia de Estados Unidos. El 14 por ciento procedía de Perú; el 13 por ciento, de Corea del Sur; el nueve por ciento fue fabricado localmente en la planta Santa Bárbara y el seis por ciento, correspondía a la marca Águila de México», reseñó el medio.

En octubre, en cambio, se incautaron fusiles y municiones hechas por FAME, la industria proveedora de la Policía Nacional y el Ejército peruano. Asimismo, en Camilo Ponce, en Azuay, se encontró un arsenal de dinamita de fabricación peruana.

En enero, en Tulcán, provincia del Carchi, las autoridades hallaron 798 cajas de explosivos de frabricación peruana. Por las mismas fechas, 10 mil municiones localizadas en Huaquillas.

Según una fuente de Vistazo, «no hay un modelo único de vigilancia que regule el control de armas de fuego, para uso civil en Perú y de hecho la normativa de ese país es muy desactualizada».

Sorprenden las cifras de armas por habitantes. Perú posee 33 millones de personas y hay 127 mil armas de fuego registradas. En contraste, Ecuador tiene menos, 18 millones de ciudadanos, pero supera en registro de armas con 160 mil.

El crimen organizado controla

La Policía Nacional reportó hasta octubre 3.641 homicidios intencionales, de los cuales 3.075 fueron con armas de fuego. Casi un tercio de casos ocurrió en Guayaquil. En cambio, con armas blancas se produjeron 388 de los asesinatos.

Las cifras apuntan que las armas más usadas son los revólveres, pistolas, cartucheras, escopetas y carabinas. No obstante, los fusiles y ametralladoras aumentaron en uso y es preocupante que este armamento sofisticado posea el crimen organizado.

A partir de la pospandemia, las bandas criminales ecuatorianas lograron crecer. Se apoyaron en los carteles mexicanos y de Los Balcanes. Ahora cuentan con equipos letales que alimentan a Los Lobos, Los Choneros, Chone Killers, Tiguerones y R7.

«Hasta octubre pasado, la Policía y FF.AA. capturaron 6.817 armas. El año pasado se capturaron 7.531, según informes de la Policía, que estiman que apenas se incauta un tercio del cargamento», se revela.

Rutas

Los criminales utilizan vías de tercer orden para transportar el arsenal. En específico, las poblaciones que unen a Tumbes (Perú) y Huaquillas (Ecuador). Su estrategia es el despliegue por picas y rutas por todo el Canal Internacional «Zarumilla». Luego contactan a los dueños de fincas para que continúen con el trabajo. Con las fincas tienen acuerdos económicos voluntarios o bajo amenaza.

Esta es la ruta de las municiones y armas: van desde Tumbes hasta Zarumilla y Aguas Verdes. Después son escondidas en taxi-rutas y mototaxis, que van hasta las fincas fronterizas y parten a varias ciudades del Ecuador, sobre todo de la Costa. También ingresan por la frontera camuflados entre frutas, hortalizas y legumbres.

El papel del Ejército peruano

Según informes de Inteligencia, buena parte de armas y material explosivo utilizado en la minería ilegal proviene de fabricación de las Fuerzas Armadas del Perú. El Ejército ecuatoriano ha registrado y advertido esto constantemente en las incautaciones fronterizas.

“Obtienen este tipo de material en Perú, en ese país existe la libre importación de armas, municiones y explosivos, que son adquiridas a un bajo costo en el mercado negro, para luego trasladarlos por los pasos clandestinos de frontera hasta el cantón Huaquillas, donde almacenan y posteriormente es comercializada a bandas delincuenciales en Ecuador y armados en Colombia”, indica un informe del Comando Conjunto.

El 2022 incrementó el número de armas que obtienen las bandas criminales y su acceso a ellas. Sin embargo, la particularidad es que ahora han accedido a armas de largo alcance y calibre, solo equivalente al de las Fuerzas Armadas en la guerra.

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Según reporta la periodista Dayanna Monroy, el joven dice que ha asesinado a unas 15 personas, entre ellas, al tío de uno de los líderes de Chone. Por este último supuesto crimen, «Cara Sucia» se habría escondido en Esmeraldas.

El joven habría empezado a asesinar personas a los 13 años. Es decir, en tres años ha matado a más de una docena de personas.

Aquel 27 de noviembre, siete sujetos armados con revólveres, ametralladoras y fusiles ingresaron al Hospital de Chone en busca de «Cara Sucia». El menor entró a la casa de salud por varias herida de bala. Tomaron al personal médico y pacientes como rehenes. La Policía identificó que se trataba de miembros de la banda criminal «Los Choneros».

Afortunadamente, los uniformados controlaron la situación y sometieron a los antisociales. Liberaron a los rehenes y no se reportaron víctimas mortales o heridos.

«Cara Sucia» es investigado por la Policía Nacional desde hace dos años por consumo de drogas, microtráfico y sicariato, reseñó Primicias.

También la Policía sostiene que hay evidencia de que el joven haya participado en el asesinato de un uniformado motorizado. No obstante, no tiene boleta de captura.

Las autoridades identifican a «Cara Sucia» como integrante de la banda delictiva «Los Cornejos», célula de «Los Choneros» que se dividió tras el asesinato del líder «Rasquiña». Quienes habrían querido matarlo fueron «Los Fatales», otra célula separada de «Los Choneros», según el medio.

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Los antisociales tienen como rehenes al personal médicos y pacientes. La Policía Nacional acudió al lugar y mantiene el perímetro.

Los moradores del lugar envían videos sobre la situación. Se desconocen las exigencias de los asaltantes o si hay víctimas mortales o heridos.

Actualización a las 20:35

El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó la toma de rehenes por parte de los delincuentes. Señaló que la Policía está aplicando los protocolos de negociación a través de UNASE, reportó diario Expreso.

Los sujetos habrían ingresado al centro de salud con el fin de atacar a un hombre que habría sido herido en un atentado, según TC Televisión.

Actualización a las 20:45

Según Radio Pichincha, miembros de la Policía Nacional evacuaron al personal médico y a varios ciudadanos. Los uniformados ya controlaron la situación y sometieron a los antisociales.

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Según un reporte de Latina.pe, el vecino país del sur es un gran proveedor de armas, municiones y explosivos para el crimen organizado internacional. En una redada en la zona de frontera, el pasado 20 de octubre, la Policía Nacional encontró diferente material bélico que ingresó desde Perú.

Sin control en frontera

El pasado 17 de enero, un informe de las Fuerzas Armadas ecuatorianas indicaron que un arsenal de municiones buscaba pasar por la frontera en Huaquillas sin los permisos necesarios. 7.000 de las 10.000 eran calibre 5.56, un tipo que solamente pueden usar las fueras policiales o militares y no está al alcance de los civiles ni las armerías.

El exministro de Defensa peruano, Jorge Chávez, explicó a Latina que ese calibre sirve para «fusiles de largo alcance de orígen israelí». Agrego que «ese armamento y esa munición tiene una altísima posibilidad de salir de las Fuerzas Armadas. Hace unos 5 años, cada cartucho costaba USD 1, hoy por hoy cuestan USD 10 en el mercado negro. Inteligencia debe conocer y prevenir la venta porque el tráfico de armas le da seguridad al narcotráfico».

Perú también proveería de explosivos, dinamita y bombas que pasa hasta la frontera entre Ecuador y Colombia como lo demuestra un operativo de febrero de 2022 en Tulcán. Se encontraron 798 cajas de explosivos.

Así mismo, muchas de estas armas llegan a Colombia para alimentar a las organizaciones criminales que tienen vínculos con carteles mexicanos del narcotráfico. (MIB)

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En videos se observa a los PPL tomarse fotografías junto con armas de fuego y objetos cortopunzantes. Pasean como dueños de casa por los pabellones de la cárcel y tienen las llaves de las celdas. Algunos hasta transmiten en directo por redes sociales mientras toman licor y se maquillan de personajes de películas de terror como «Saw», «The Joker», «Viernes 13», entre otros.

Últimos enfrentamientos en la «Peni»

La tarde del 24 de octubre, ocurrió una balacera en este centro carcelario. Los enfrentamientos entre bandas criminales dejaron como resultado un muerto y dos heridos. La Policía Nacional intervino para disuadir el conflicto mientras se escuchaban disparos y el sobrevuelo de helicópteros.

Por si fuera poco, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tuvieron que apoyar el operativo con una tanqueta militar que ingresó al recinto alrededor de las 20:00. Familiares de los reos se mantenían a la expectativa en las afueras de la «Peni».

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En horas de la madrugada de este jueves 28 de julio, miembros de las Fuerzas Armadas mediante la Brigada de Fuerzas Especiales N° 9 Patria realizaron un operativo de control de armas, municiones y explosivos (CAMEX) en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi.

En el allanamiento se encontró un paquete envuelto en una funda plástica de color negro con cinta de embalaje, la cual estuvo escondida en el lado oeste de la cárcel, cerca de una de las mallas que protege el centro.

El paquete contenía 2 revólveres de calibre 38 mm y otro de 22 mm, 5 desarmadores, 2 cuchillos, 4 municiones calibre 38 mm y 8 municiones calibre 22mm.

No hubo detenidos y los objetos encontrados fueron puestos a órdenes de la Policía Nacional para su respectiva investigación.

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