En 2020, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, declaró como Sujeto Especial de Derechos para la protección, recuperación y conservación con enfoque integral al Parque Nacional Natural Los Nevados.

En la sentencia, el juez ordenó la creación de un Comando Especial de la Fuerza Pública para enfrentar delitos ambientales. Para lo cual Duque, las entidades gubernamentales y municipales tenían el plazo de un año, pero ninguna cumplió con el fallo.

Fue así que este 2 de junio de 20202, la Sala V Laboral del Tribunal Superior de Ibagué ordenó arresto domiciliario por cinco días y el pago de una multa equivalente a quince salarios mínimo mensuales vigentes en Colombia, en contra del presidente Duque por incumplir lo ordenado.

«De conformidad con lo previsto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, imponer como sanción por desacato en que ha incurrido el señor Presidente de la República de Colombia, Doctor Iván Duque Márquez, medida de arresto domiciliario (…)», indica la sentencia.

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Según un trino del periodista Galo Arellano, Pólit pagó USD 200 mil con tres cheques que sumaron esta cantidad: Uno de USD 60 mil, otro de USD 90 mil y el tercero de USD 50 mil.

La jueza Jacqueline Becerra, del tribunal de Florida, Estados Unidos, aceptó la moción de fianza solicitada por la defensa del excontralor. Y concedió que el exfuncionario pague una fianza de USD 200.000 en efectivo, no de USD 14 millones al contado como circula en medios nacionales.

Pólit tendrá que usar un dispositivo de posicionamiento global (GPS).

Además, firmó un documento documento llamado «waiver of extradition», con el cual puede ser extraditado al Ecuador sin necesidad de su proceso judicial. Ahora guarda arresto domiciliario en casa de su hija en Miami y solo podrá salir por razones médicas, audiencias judiciales o reuniones con sus abogados.

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“En el Guayas: se reinstala audiencia de vinculación de Paúl G., expresidente del Directorio del IESS, y Paola M., exgerente del hospital Los Ceibos, al proceso por delincuencia organizada en que se investiga a Jacobo, Abdalá y Michel B. P., y 12 personas más”, indicó Fiscalía en un tuit.

Un juez nacional indicó que Granda no tiene fuero de la Corte Nacional por lo que el proceso pasó a un juzgado de Guayaquil. “Es lamentable que un juez nacional tramite el proceso de manera apresurada y con violación de la ley. Sin embargo, sea en Corte Nacional o en juzgado de Guayas, defenderé mi honor ya que jamás he formado parte de delincuencia organizada alguna”, expresó Granda.

En este caso también se encuentran los hermanos Bucaram Pulley, acusados de vender medicinas a los centros de Salud de la Seguridad Social.

Caso Ocles

Este viernes también se llevó a cabo la audiencia preparatoria del juicio contra Ocles. La exfuncionaria enfrenta un proceso por presunto tráfico de influencias en la compra de kits alimenticios durante la emergencia por Covid-19.

La jueza Daniela Camacho se declaró incompetente para conocer el caso de Ocles e indicó que la exsecretaria de Gestión de Riesgos no tiene fuero de la Corte Nacional por lo que el caso pasará a manos de la justicia ordinaria.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga presuntos delitos cometidos en el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil. Los principales implicados serían el exdirector del centro médico, Luis Jairala Z., y otros 12 funcionarios públicos supuestamente artífices del delito de peculado. Mientras tanto, las decisiones judiciales de Marcela Ortega determinaron arrestro domiciliario para Jairala y prisión preventiva contra otros tres implicados en el supuesto delito.

Según la tesis de Fiscalía, los delitos acontecidos en este centro médico provocaron al Estado ecuatoriano un perjuicio de al menos USD 12 millones. La FGE basó su cálculo en la indagación  de 18 contratos con presunto sobreprecio.

Antecedentes

En julio, el juez Patricio Vidal dictó prisión preventiva contra el exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jairala Z. Los cargos implicaban delitos de delincuencia organizada. Por ello, Teresa Rivas, abogada del acusado, se manifestó contra esta medida. Afirmó que su cliente padece problemas cardíacos y otros cuadros clínicos. “Si es de ir a prisión, él irá. Pero no huirá del país”, argumentó Rivas.

Semanas más tarde, Rivas también declaró que Jairala había sido víctima de Covid-19. Así, la prisión preventiva en su contra era una posibilidad cada vez más remota.

En el marco de la crisis sanitaria, cada vez más casas de salud revelan su condición de puntos estratégicos de presuntas redes de corrupción más grandes. Incluso las escasas iniciativas de la Fiscalía señalan la existencia de una supuesta red de corrupción articulada alrededor de las casas de salud. Así, altos funcionarios del Estado, legisladores y, por supuesto a un nivel jerárquico inferior, directores de los centros médicos, serían integrantes de un presunto reparto de hospitales como cuotas políticas. (JBS)

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El trámite de hábeas corpus inició a las 11:00 de este lunes 24 de agosto. Esto, después que el Tribunal aceptara a trámite la demanda el pasado viernes 21 de agoto a las 21:00. A esa hora la defensa recibió la notificación. Por este motivo, la jueza Luz Marina Serrano debió entregar un informe motivado sobre su decisión.

Serrano fue quien ordenó la medida cautelar de arresto domiciliario y vigilancia policial durante las 24 horas a Bucaram.

Delincuencia organizada

De acuerdo a la fiscal de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (Fedoti) de Pichincha los procesados en el caso conformaron un «grupo estructurado para planificar actividades delictivas». Ellos, dijo, operaban en Quito y Guayaquil, entre noviembre de 2019 y agosto de 2020.

Según desprendieron las primeras investigaciones, el grupo nació para beneficiarse económicamente sobre la venta de insumos médicos a hospitales públicos. Entre ellos está la comercialización de pruebas para Covid-19 y mascarillas, productos necesarios en medio de la emergencia sanitaria.

Además de la delincuencia organizada, la Fiscalía investiga a los procesados por enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria y hasta delitos contra la vida.

Como fruto de las investigaciones, el exmandatario también es investigado por tráfico ilícito de armas y municiones y por tráfico de bienes patrimoniales, en el que se le inició una instrucción fiscal el 5 de agosto pasado. Este último, por poseer figuras de propiedad del Estado en su domicilio.

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Los tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Klever Stalin A. H., Jhony Samuel O. T. y Leandro Germán B. R. tienen prisión preventiva y son investigados por el mismo delito que, según Fiscalía, se habría estructurado para el desarrollo de otros delitos en investigación.

Investigación en proceso

Según datos de la Fiscalía, las personas procesadas habrían conformado un grupo con fines delictivos entre noviembre 2019 y agosto 2020. Uno de los delitos es la comercialización de pruebas para Covid-19 y mascarillas.

La investigación de los cuatro detenidos está en proceso por su posible relación con los dos ciudadanos israelíes detenidos en Santa Elena.

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Así lo informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter. «Juez dicta arresto domiciliario para María Sol L. La Fiscalía General del Estado formuló cargos por el presunto delito de peculado. La instrucción fiscal durará noventa días».

El abogado de Larrea, Teodoro Coronel mencionó que además del arresto domiciliario, está «la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la Fiscalía que lleva el caso». Agregó que mañana tendrá una nueva audiencia de formulación de cargos por presunto lavado de activos en la Unidad Judicial Norte.

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