»Antes estuvieron dando seguridad en las instalaciones, hoy en día apoyarán en la operación y estarán de back up para evitar cualquier jugada en el sector eléctrico», dijo el funcionario en entrevista para Teleamazonas.

Asimismo informó que el gobierno está investigando los hechos en relación al apagón nacional del pasado 7 de septiembre. Cuestionó que de haber sido una falla del sistema hubiera colapsado todo, sin embargo, resaltó que en cuestión de horas volvió el servicio eléctrico.

También indicó que al interior del Ministerio de Energía existen grandes profesionales de carrera que hacen bien su trabajo, sin embargo, manifestó que hay otros servidores inconformes con la gestión del gobierno.

Pese al inesperado apagón del pasado fin de semana, aseguró que las acciones ejecutadas por el Estado garantizarán el abastecimiento de energía. »Lo del sábado fue una falla humana», resaltó.

Capacitaciones a las fuerzas del orden

El presidente Daniel Noboa ordenó que se efectúe un proceso de capacitación entre las fuerzas del orden y el Ministerio de Energía para la implementación de todas las medidas de protección necesarias en el sector eléctrico, que incluyan la operación de las centrales.

El bloque de seguridad informó que los perfiles profesionales del más alto nivel de las filas policiales y militares como ingenieros mecánicos, electrónicos y técnicos afines a la rama participarán en este proceso. Con esto, las fuerzas de seguridad trabajarán para evitar atentados contra la infraestructura de sectores estratégicos, sancionado con pena privativa de libertad de 7 a 10 años. (AGM).

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»Esta sentencia de intereses políticos aberrante, arbitraria y corrupta no será acatada por ser imposible de aplicar», dijo el secretario del Legislativo, Alejandro Muñoz.

El funcionario argumentó que si la Asamblea efectúa esta sentencia estaría incumpliendo un dictamen aún mayor de la Corte Constitucional que impide que la justicia constitucional interfiera en temas políticos. La decisión final la tomarán los 137 parlamentarios luego del receso legislativo.

Por otro lado, Muñoz cuestionó que en primera instancia la acción de protección haya sido retirada del Tribunal de Iñaquito, al norte de la capital, tras conocer quien sería el juez de la causa. El recurso legal fue presentado nuevamente en Quitumbe y cayó en manos del juez Edgar Salazar, quien falló a favor de la asambleísta Alarcón.

Desde el Legislativo se solicitará a Judicatura la destitución del juez del caso y se interpondrá una denuncia en Fiscalía por el delito de prevaricato. Asimismo analizarán las acciones de la asambleísta que »puso en problemas legales» al primer poder del Estado.

La respuesta del oficialismo

Por su parte la asambleísta Inés Alarcón señaló que el Legislativo »debe acatar la decisión de la justicia y dejar de proteger a los exministros de Lasso».

Según justificó, el juez reconoció que no se le notificó oportunamente el retiro de las firmas de respaldo a su pedido de juicio político contra el exministro de Economía, Pablo Arosemena, ni tampoco se dio paso al ingreso de las nuevas rúbricas de apoyo al proceso.

El ministro de Gobierno, Arturo Félix, también se pronunció ante lo ocurrido y bajo el discurso de la vieja política pidió al Legislativo que se respeto el orden de los juicio políticos y acojan la resolución del juez.

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