En la misiva, el exmandatario sostiene que no ha constituido empresas en el exterior ni tiene o ha tenido participaciones o acciones sobre la empresa INA Investment Corporation. También señala que no recibió ni posee bienes en el extranjero.

“La potestad fiscalizadora de la Asamblea Nacional la tiene frente a los funcionarios públicos mientras actúan como tales y solo en el caso de los ministros se extiende hasta un año después del término de sus funciones. De acuerdo a lo que establece el artículo 131 de la Constitución, que usted erróneamente cita, en ninguno de sus párrafos hace relación al presidente, menos aún a un expresidente de la República”, dice el texto.

De igual forma, indica que más allá de la falta de fundamento legal para convocarlo a una comparecencia ante la Comisión, en el año 2019 la Fiscal General inició la investigación previa de carácter reservada, de acuerdo a lo establecido por el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal.

Según Moreno, al ser reservada, su difusión se encuentra sancionada como conducta delictual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal. “No violentaré los procesos legales establecidos”, puntualiza en el escrito.

El expresidente argumenta que al no existir fundamento constitucional o legal, se excusa de asistir a la Comisión de Fiscalización y Control Político. “Cuando fui presidente evité al máximo el espectáculo político y la sobreexposición mediática, más aún en mi calidad de expresidente no seré parte de un show político que carece de constitucionalidad en la Asamblea Nacional”, aseveró.

Asimismo, dice que, ante la Fiscalía General del Estado, ha entregado toda la información requerida y seguirá colaborando las veces que lo requieran.

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