El pasado 10 de marzo el Legislativo aprobó el paquete de amnistías para los 268 judicializados, con la aprobación de 99 asambleístas. Entre los amnistiados constan, el presidente del Movimiento indígena, Leonidas Iza, el expresidente de la CONAIE, Jaime Vargas, el vicepresidente de la Asociación Inocencio Tacumbi, Jorge Rivera y otros imputados.

Leonidas Iza sostuvo que no se pudo probar los delitos por los que eran acusados debido a las protestas del pasado octubre de 2019.

«Vamos a avanzar presentando otra lista de compañeros criminalizados por octubre 2019 y por octubre del 2021. También por los criminalizados en los territorios. Así inmediatamente, recurriendo a este bien jurídico en la Asamblea Nacional presentaremos otro grupo de amnistía, porque no estamos haciendo nada ilegal», dijo Iza.

A su vez, sostuvo que si se desea sancionar lo ocurrido en las protestas, no solo se debe ir encontrar de los manifestantes, sino también de las autoridades que impusieron el decreto que dio como resultado un estallido social.

Por su parte, el Ejecutivo busca apelar la decisión que ha catalogado de «injusta e irresponsable». Asimismo, ciudadanos autoconvocados protestan frente a la Asamblea pidiendo frenar la decisión.

“El Gobierno se opone a las amnistías y está buscando los mecanismos constitucionales para hacer efectiva esa oposición”, advirtió Carlos Jijón, vocero de la presidencia en una rueda de prensa, el pasado 14 de marzo.

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En enero de 2020, los legisladores Roberto Gómez (exCREO) y Amapola Naranjo (RC) presentaron la solicitud de juicio político. Sin embargo, el mismo presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, no convocó al CAL para iniciar el proceso.

La funcionaria admitió que no es la primera vez que solicitan el juicio político en su contra por los hechos violentos sucedidos en las protestas de octubre. Según el registro de la Defensoría del Pueblo se registraron “8 personas fallecidas a escala nacional, siendo Pichincha la provincia con la mayor incidencia” resultado de los enfrentamientos y la represión policial.

Romo alegó que a pesar de responder a las preguntas del Legislativo, “hay voces que insisten en la calificación de este juicio”. Según la ministra, es resultado de su gestión. “No me perdonan haberlos enfrentado y denunciado” agregó.

Según un tuit publicado en su cuenta oficial, María Paula Romo comparecerá ante la Asamblea las veces que requiera. Sin embargo, los antecedentes dicen algo diferente. A pesar de recibir las convocatorias de comparecencia en ocasiones anteriores, la funcionaria logró evadir la función fiscalizadora de la Asamblea.

Exceso policial en las movilizaciones de octubre de 2019

El proceso propuesto por los asambleístas Gómez y Naranjo responde a diferentes causas. Entre ellas, se menciona el exceso policial, el uso de bombas lacrimógenas caducadas, el ataque a centros de paz y el incumplimiento de funciones al convocar de forma tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Esto último a propósito de las agresiones que sufrieron los periodistas que cubrían los sucesos de octubre.

Ahora la solicitud pasará a la Comisión de Fiscalización para que inicie el proceso de recepción de pruebas y testimonios. El proceso también contempla el juicio en contra del implicado en actos de corrupción por fraude al CONADIS y el presidente del Consejo de Participación (CPCCS), Christian Cruz.

Un poco antes de la aprobación de la solicitud, la ministra Romo colgó en sus redes sociales un video sobre la carta enviada al CAL. En él, pide que califiquen el juicio político en su contra. Para la ministra, el proceso se da porque es “incómoda” para muchos sectores políticos. (AB)

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La tarde del jueves 12 de diciembre, la Comisión de Fiscalización tenía previsto debatir sobre el borrador del informe de juicio político contra Romo.

Apenas inició la sesión, Daniel Mendoza, asambleísta morenista pidió el archivo del juicio político, solicitud que fue respaldada por 9 legisladores.

Según Johanna Cedeño, presidenta de la mesa, explicó que no hay sustento en las acusaciones.

El asambleísta por CREO, Roberto Gómez, al saber sobre esta decisión adelantó que en la próxima semana su bloque iniciará con la recolección de firmas para un nuevo juicio político que lleve a la Ministra a la censura y destitución del cargo.

«Ahora por el tema de las revueltas de octubre donde se usará como prueba el video en el que ella admite que usaron gases lacrimógenos caducados y pide disculpas», resaltó y rechazó el voto de Luis Pachala que dio paso al archivo del juicio político. «Es una vergüenza que Luis Pachala haya votado de esa manera. Él tendrá que explicarle al Ecuador por qué ha blindado a un Ministro de Gobierno que ha perjudicado a la ciudadanía», dijo.

Juicio Político

El martes 19 de noviembre, los asambleístas Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez presentaron una solicitud de juicio político contra la ministra María Paula Romo. Entre las causas estaban: incumplimiento de funciones en el tema de seguridad, crisis carcelaria, mal uso de recursos públicos, y, además, supuesta responsabilidad en casos de femicidio.

El pasado 2 de diciembre, Romo compadeció en la Asamblea Nacional. Empezó por nombrar las funciones que competen a un Ministro de Gobierno. Dijo que quien comanda los operativos, debe tener 35 años de experiencia en la función y aunque estén regulados por el Ministro de Gobierno, “no me corresponden a mí las funciones operativas, hacerlo sería una falta de respeto a la institución”, agregó.

Sobre la falta de actuación de la Policía Nacional en el caso de femicidio de Diana Carolina en Ibarra, Romo expresó que los servicios de emergencia atienden 100.000 casos de violencia de género y que no pueden juzgarle por uno que salió mal.

Al respecto de la crisis carcelaria, dijo que no es un tema que le compete pues “hace 37 años que el Ministerio de Gobierno no se encarga de la seguridad de las cárceles”.

“Soy una autoridad de gobierno, la policía se encarga de mi seguridad 24 horas, 7 días durante todo el año. Se extiende a quiénes son parte de mi familia. Ese es el protocolo”, enfatizó.

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La sesión inició con la intervención del asambleísta por la bancada de Revolución Ciudada, Hermuy Calle quien criticó la inconstitucionalidad de la ley. Ejemplificó el artículo 157 de la Ley de Crecimiento Económico que, dijo, pretende determinar la autonomía del Banco Central (BCE), lo que transgrede el artículo 303 de la constitución.

Además, los artículos 230 y 237 del proyecto proponen la disminución gradual de la proporción de liquidez doméstica. Calle sostuvo que mientras actualmente, el 60% de los depósitos de los ecuatorianos en la banca están obligados a que sean invertidos en el Ecuador, con la ley, esta obligación se eliminará. A su parecer, este proceso seguirá un círculo vicioso que nos llevará a una crisis sistémica parecida a la de 1999.

Pabel Muñoz, legislador por Revolución Ciudadana, estuvo abierto a recibir un nuevo proyecto de ley por parte del Ejecutivo. “Nos comprometeríamos, entiendo yo, a trabajar sábados y domingos para tratar un nuevo informe de ley, pero no cabe que este se preste a ese tipo de juegos”, puntualizó.

Tello y Almeyda mocionaron el archivo

La moción de negación y archivo vino desde los asambleístas Raúl Tello, independiente, y Vicente Almeyda de la bancada socialcristiana.

Para Raúl Tello la propuesta del Ejecutivo afectaba a la mayoría más vulnerable de la población. Resaltó que sí se debe dar trámite a la remisión de los intereses por deudas de estudiantes y beneficios a maestros comunitarios. “Veo que aquí en primera instancia existe la tozudez del Presidente de la República. Hay inconstitucionalidades como por ejemplo, que el proyecto trataba varias materias y no como dice la Constitución que trate solo una. El artículo 141 es lesivo a los derechos de los afiliados y jubilados de este país. En el último acto castrense que participó el Presidente de la República se comprometió a dejar fuera a la Policía y a las Fuerzas Armadas, el ISPOL y el ISSFA, esto es discriminatorio porque los ecuatorianos somos todos iguales de acuerdo a la Constitución y a la ley”, dijo el asambleísta.

Por su parte, Vicente Almeyda del Partido Social Cristiano, criticó el tratamiento del proyecto de Ley. “El pueblo tiene que saber que en este parlamento han ocurrido situaciones vergonzosas que dejan la imagen de la Asamblea Nacional más debilitada de lo que se encuentra. Hemos denunciado y condenado que este proyecto arrastra una serie de nulidades, irregularidades, ilegalidades que van desde la convocatoria al tratamiento del informe”. Para el asambleísta hubo anexos enviados que no se trataron y que la misma ley se resume en 8 hojas que no representa la esencia del proyecto.

El respaldo a la moción

El apoyo al archivo contó con la aprobación de la bancada de Revolución Ciudadana, la del Partido Social Cristiano, Suma y algunos asambleístas de CREO.
A continuación los nombres de los legisladores que apoyaron la moción de archivo:
Marcela Aguiñaga
Verónica Arias
Carlos Bergmann
Rodrigo Collaguazo
Hermuy Calle
Juan Cárdenas
José Chalá
Kharla Chávez
Esther Cuesta
Liliana Durán
Ronny Aleaga
Augusto Espinosa
Carmen García
Diego García
Verónica Guevara
Marcela Holguín
Juan Cristóbal Lloret
Esteban Melo
Pabel Muñoz
Amapola Naranjo
Mauricio Proaño
José Agualsaca
Carmen Rivadeneira
Silvia Salgado
Franklin Samaniego
Mónica Alemán
Doris Soliz
Bairon Valle
Juan Pablo Velín
Wendy Vera
Lira Villalva
Nancy Guamba
Lexi Loor
Wilma Andrade
Magda Zambrano
Raúl Auquilla
Henry Cucalón
Mercedes Serrano
José Ugarte
Henry Llanes
Guillermo Celi
Segundo Yunga
Jeannine Cruz
Lourdes Cuesta
Mauricio Zambrano
Javier Cadena
Elio Peña
Freddy Campoverde
Doris Calderón
Cristina Reyes
Roberto Gómez
Mariano Zambrano
Jimmy Candell
Encarnación Duchi
Jaime Olivo
César Rohón
Vicente Taiano
Manuel Mendoza
Esteban Torres
Gabriela Larreátegui
Héctor Muñoz
Raúl Tello
Eddy Peñafiel
Tito Puanchir
Fredy Alarcón
Vicente Almeyda
Dennis Marín
Soraya Rodríguez
Fabricio Villamar
Héctor Yépez

A su vez, se abstuvieron los asambleístas:
Esteban Albornoz
José Serrano
Ivan Casanova
Elizabeth Cabezas
Lenin Plaza
Andrea Yaguana
Lina Astudillo
Fernando Burbano
Eliseo Azuero
Fernando Callejas
Rina Campain
Absalón Campoverde
César Carrión
Ángel Sinmaleza
René Yandún
Homero Castanier
Pedro Curichumbi
Patricio Donoso
Fernando Flores
Rosa Verdezoto
Ángel Gende
Diana Saltos
Mae Montaño
Henry Moreno
Luis Pachala
César Solórzano
Boris Estupiñan
Washington Paredes
Marcelo Simbaña
Byron Suquilanda
Tanlly Vera

Pero también hubo parlamentarios que estuvieron en contra de la moción de Tello y Almeyda. En su mayoría pertenecen a la bancada oficialista de Alianza PAIS:
Alberto Arias
Marcia Arregui
Karina Arteaga
José Marquez
Rubén Bustamante
Carlos Cambala
Fausto Terán
Calletano Tenorio
Gabriela Cerda
Jorge Corozo
Liuba Cuesta
Michel Doumet
Brenda Flor
William Garzón
Fafo Gavilánez
César Litardo
Ana Belén Marín
Daniel Mendoza
Manuel Ochoa
Rosa Orellana
Ximena Peña
Nelly Andrade
Luis Quijije
Julio Quiñónez
Guadalupe Salazar
Carlos Vera
Martha Chactong
Juan Carlos Yar
Noralma Zambrano
Alberto Zambrano
María Mercedes Cuesta
Franco Romero

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