El primer mandatario declaró esto luego de que sus abogados exigieran a los asambleístas resolver inadmisible el juicio político en su contra. Según ellos, no existe pruebas que ratifiquen una presunta malversación de fondos en el contrato de transporte de Flopec y la empresa privada Amazonas Tanker Pool Company LLC.

Cuando el medio le preguntó si activaría la muerte cruzada en caso de que la Asamblea dé luz verda al proceso, Lasso respondió: «Correcto, correcto. Eso es lo que declaro».

La Comisión de Fiscalización inició el proceso de comparecencias el 18 de abril. La mesa legislativa llamó al exsecretario Anticorrupción, Luis Verdesoto; al exgerente de Petroecuador, Hugo Aguiar; al exsecretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo; y el periodista del medio digital La Posta, Andersson Boscán, quien comunicó que no asistirá al llamado.

Posibles votos a favor

Dentro de la Asamblea Nacional los votos a favor y en contra del juicio político contra Lasso han dado de qué hablar. Las bancadas Revolución Ciudadana (RC), Partido Socialcristiano (PSC), una fracción de la Izquierda Democrática (ID) y el ala rebelde de Pachakutik están a favor de la censura y destitución del mandatario.

No obstante, los otros integrantes de PK comentaron que analizan las posturas para determinar si la bancada vota a favor o en contra en el juicio político.

¿Puede activar la muerte cruzada?

El abogado constitucionalista Ramiro Aguilar explicó para Radio La Calle que teoricamente es posible que Lasso active la muerte cruzada en medio del juicio político. Sin embargo, no es algo que podría ejecutarse en la práctica.

Para dar paso a este proceso, también se necesitaría la autorización de la Corte Constitucional (CC). Recalcó que en el momento en el que el Tribunal autorizó el juicio político contra el presidente, lo lógico sería que espere el pronunciamiento de la Asamblea para admitir el trámite de la muerte cruzada.

Supuestas negociaciones

El pasado 4 de abril, el Partido Social Cristiano (PSC) denunció la presunta negociación de votos en la Asamblea para que no voten por la destitución del presidente en el juicio político.

”No es una negociación. Es corrupción en dos direcciones”, dijo el PSC en un comunicado firmado por el jefe de bancada Esteban Torres. (N.J.C)

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 “No podemos seguir con un gobierno que mantiene el dinero de los ecuatorianos en el extranjero para asegurar sus finanzas y no gestiona los recursos en estos momentos tan jodidos que vive el Ecuador”, expresó el presidente la Conaie, Leónidas Iza.

El líder indígena aseguró que fue el propio Gobierno Nacional quien orquestó una desestabilización, pues en el tiempo que lleva de su mandato los ecuatorianos no han visto obras por parte del régimen.

 “No se tiene estabilidad política, económica ni social, sino todo lo contrario. Las instituciones competentes deben dar paso al juicio contra Lasso”, manifestó Iza.

Además de esta solicitud las organizaciones sociales marcharon en favor de los habitantes de Alausí por la inoperancia del Ejecutivo y en defensa de las personas de la Amazonía que son despojados de sus territorios.

“Lasso vio la desaprobación del pueblo de Alausí, pero confirmó la aprobación democrática de la Conaie por el pueblo ecuatoriano”, expreso uno de los manifestantes.

Sobre el proyecto de Ley de Aguas

La CC señaló en 2022 que la propuesta de la Ley de Aguas de 2014 era inconstitucional. Por lo que la entrega de un nuevo proyecto era competencia del primer mandatario.

Sin embargo, el Gobierno nunca se pronunció al respecto. Ahora, la Conaie elaboró una nueva ley de recursos hídricos que entregó a la Asamblea la tarde del 28 de marzo.

«Necesitamos que la Ley de agua garantice su distribución para el consumo humano y todas las actividades. No se debe permitir la privatización del agua”, declaró Iza.

Además, exigieron al Gobierno que retire las empresas mineras e hidroeléctricas de la selva amazónica. “No esperen a que pase lo mismo del 2019 o 2022, si no respetan los derechos de los pueblos”, mencionó el presidente de la Confenaie, Marlon Vargas.

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Según la Corte Constitucional (CC), la ponencia de Nuques no alcanzó los votos necesarios en el Pleno, por lo que resortearon el nombre del juez designando a Richard Ortiz como el nuevo ponente y designaron a Alí Lozada como el segundo ponente de este proceso.

El informe de Nuques recibió tres de los seis votos que necesitaba para que sea aceptado en el Pleno de la CC.

La nueva votación para definir si se efectúa el juicio político contra Lasso será el 28 de marzo de 2023. Los jueces tienen hasta el 30 del mismo mes para que emitan un resultado final.

El dictamen de Nuques

La jueza presentó el proyecto la mañana de este 27 de marzo y la CC mantuvo una reunión a las 14:00 que definiría el futuro de dicho documento.

Si el proyecto no llegaba a obtener el apoyo necesario, los magistrados sortearían un/a juez/a dentro de la misma mesa para que presente un nuevo proyecto que sustente la decisión de la mayoría de los votantes. Luego, el Pleno de la CC debatirá el contenido del nuevo informe entregado. (N.J.C)

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La legisladora Sofía Espín (UNES) comentó para Radio La Calle que el informe que se presentará al CAL tiene otros temas de forma que se los está tratando para evitar que la Corte Constitucional (CC) se oponga al proceso. Apuntó que el documento será entregado martes o miércoles de la siguiente semana.

Indicó que uno de los interpelantes será la parlamentaria Viviana Veloz (UNES) y están a la espera de que otras bancadas mencionen a sus delegados. De la misma manera, el asambleísta Esteban Torres mencionó que él se sumaría a esta causa.

«Tanto la bancada de UNES y el Partido Socialcristiano comentaron que e informe va porque va», dijo.

Por el contrario, el jefe de bancada del PSC, Esteban Torres, manifestó, para La Defensa, que este martes 14 de marzo se juntará información importante para el proceso que se plantea contra Lasso. Indicó que la solicitud puede ser entregada el jueves o viernes de esta semana.

También, repitió que si la Asamblea no continúa con este proceso en este momento se puede producir un estallido social.

«No es posible que un asambleísta que se debe a los electores no puede simplemente taparse la nariz y hacer como si nada ha pasado», refirió.

El juicio va porque va

El titular de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, y las cuatro principales fuerzas políticas aseguraron que el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, está en firme.

A través de un comunicado, el Legislativo informó que realizarán la petición de enjuiciamiento político a mediados de marzo, es decir, entre el 13 y 19 del mes en curso.

También, aclaró que «el informe de una comisión no es lo mismo que la petición de un Juicio Político. El Ecuador se merece la verdad, sin injusticia, complicidad o impunidad», reza el escrito.

Representantes de las bancadas de las principales fuerzas políticas respaldan el documento: Virgilio Saquicela como cabeza del Parlamento, Esteban Torres (PSC), Rodrigo Fajardo (ID), Mireya Pazmiño (PK-Conaie) y Mauricio Zambrano (UNES). (N.J.C)

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La acusación fue presentada por el legislador Bruno Segovia, mientras que el informe borrador fue entregado el 6 de marzo al comité. Sin embargo, los integrantes pidieron que se realicen algunas modificaciones, por lo que la votación se llevó a cabo el 8 de marzo.

Aunque el proceso de la destitución presentado por las asambleístas Marjorie Chávez (PSC) y Luisa González (UNES) no alcanzó los votos favorables, la opción para que se archive la causa tampoco fue posible. Esta última moción fue presentada por el presidente de la Comisión, José Chimbo.

A la reunión no asistieron los legisladores Freddy Rojas (CREO), Dalton Bacigalupo (ID) ni sus parlamentarios alternos, según El Comercio.

Origen de la denuncia

Segovia aseguró, en la presentación de cargos, que Llori habría puesto desde la gobernadora y tenientes políticos hasta funcionarios en algunas dependencias de la provincia de Orellana.

Cerca de 20 funcionarios habrían llegado a sus puestos cuando Llori se desempeñaba como presidenta de la Asamblea, del 15 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2022, tiempo en el que fue destituida.

«Todos eran exfuncionarios del gobierno provincial de Orellana cuando Llori fue prefecta, la mayoría son afiliados a Pachakutik o eran parte de su equipo en el Pleno», comentó.

Llori no se presentó al proceso, pero envió a su abogado, Julio Cesar Sarango, quien negó todos los vínculos de la expresidenta con las acusaciones.

De todos modos, irá a la Asamblea

El informe pasará a revisión en el Pleno de la Asamblea, aunque no haya alcanzado los votos necesarios para efectuarse.

Llori habría incidido en el nombramiento de varias autoridades de la provincia. Esta acción infringe el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que establece que los asambleístas no podrán gestionar nombramientos de cargos públicos.

Ya se salvó de una destitución

La asambleísta se salvó de la destitución por supuesto cobro de diezmos. Los votos del Pleno del Legislativo no fueron suficientes para llevar a cabo la moción de la legisladora de UNES, Johanna Ortiz.

El 23 de noviembre la Asamblea debatió la moción de destitución. Se registraron 82 votos a favor de los 92 que necesitaba para la aprobación. Hubo 14 votos en contra y 20 abstenciones, en su mayoría del oficialismo y de asambleístas de Pachakutik. (N.J.C)

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