En un debate tenso y polarizado, la Asamblea abordó este 7 de agosto la reforma constitucional que busca eliminar el financiamiento público a movimientos políticos. La propuesta, impulsada por el oficialismo, apunta a modificar los artículos de la Constitución que garantizan recursos estatales y promoción electoral equitativa para estas organizaciones.

El presidente de la comisión legislativa, Esteban Torres (ADN), abrió la discusión con un cuestionamiento frontal al sistema vigente. Reveló que desde 2008 se han destinado USD 263 millones entre el Fondo Partidista Permanente y el Fondo de Promoción Electoral.

«En las últimas elecciones, 16 candidatos presidenciales compitieron y la mayoría no superó el 1% de votos«, subrayó, mientras detallaba montos históricos recibidos por fuerzas como Alianza PAÍS (USD 18 millones), Partido Social Cristiano (USD 12 millones) y Revolución Ciudadana (USD 2 millones). Torres defendió que la transparencia de ingresos seguirá bajo vigilancia del Consejo Nacional Electoral, la UAFE y el SRI.

División de opiniones

Frente a esta postura, la oposición levantó alertas sobre el riesgo para el pluralismo político. Carmen Tiupul, quien ha votado con el oficialismo en las últimas leyes, anunció su voto en contra. «Esta reforma perjudica a los movimientos pequeños», dijo. Aunque evitó hablar por toda su bancada, señaló que «la mayoría» de sus seis legisladores rechazarán la propuesta.

Desde Revolución Ciudadana, el asambleísta Christian Hernández acusó al oficialismo de hipocresía fiscal: «¿Recuperarán los USD 70 millones gastados en consultas populares de 2024 y 2025, los USD 76 millones de la deuda Noboa o los USD 150 millones de Progen?». Hernández insistió en que eliminar el financiamiento «atenta contra la igualdad de participación».

La reforma, que ya fue aprobada en comisión el 23 de julio, deberá someterse a consulta popular a finales del 2025 si obtiene el aval del Pleno Legislativo.

La entrada Asamblea aprueba eliminar el financiamiento a organizaciones políticas se publicó primero en La Calle.

Aunque el momento duró apenas segundos, Internet hizo lo suyo. La escena se viralizó, generando todo tipo de reacciones, desde risas y críticas, hasta cuestionamientos sobre el nivel del debate legislativo en el país. Fue el tipo de episodio que, sin pretenderlo, puede catapultar una figura al ojo público.

Este no es el primer episodio que la coloca en el centro del debate. Meses atrás, en una entrevista en Café Radio de Cuenca, León fue cuestionada por no saber responder qué son los quintiles, un concepto básico para entender distribución de ingresos y pobreza. El momento se viralizó y generó múltiples comentarios en redes. Ahora, con este nuevo incidente en el pleno, vuelve a ocupar espacio en la opinión pública, pero desde otro ángulo.

Lea también: «Olsen mantiene “en reserva” listado de funcionarios en nepotismo»

¿Quién es Camila León?

Camila León tiene 20 años y representa al movimiento oficialista ADN en la Asamblea Nacional. Actualmente preside la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, un espacio importante en una época marcada por el debate ambiental.

Sin embargo, antes del video viral, muy poco se conocía públicamente sobre su perfil o propuestas. Como suele pasar con varias figuras políticas jóvenes, su camino ha sido más silencioso que visible.

De hecho, en información oficial registrada por entidades como la Senescyt o la Contraloría, se puede trazar su paso por instituciones públicas como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Incluso hay una denuncia ingresada en la Fiscalía en mayo de 2024, aunque eso, al igual que otros datos, seguramente será materia de seguimiento por parte de otros actores.

Antecedentes

En los registros de la Fiscalía General del Estado, consta que el 30 de mayo de 2024, una ciudadana identificada como Rosa Y. presentó una denuncia en la Fiscalía del Azuay en contra de Camila León, por el presunto delito de estafa. El caso fue ingresado mientras León aún ejercía funciones en el MIES.

La denuncia está en trámite, y hasta el momento no se han emitido pronunciamientos oficiales sobre su evolución

¿Patrimio declarado?

Según su declaración patrimonial en la Contraloría General del Estado, en enero de 2024, cuando era funcionaria, León registraba un patrimonio de USD 8.935. Para mayo de 2025, ya como asambleísta, el monto declarado ascendía a USD 30.164. La información es pública y forma parte de los reportes requeridos por ley para quienes ejercen cargos de elección popular. Este caso se suma a una serie de situaciones que reflejan la falta de control y evaluación sobre quiénes acceden a cargos de representación en el país. Mientras ciertos perfiles emergen en medio de la polémica, la atención pública vuelve a centrarse en la necesidad de mayor transparencia, formación y responsabilidad dentro del sistema político ecuatoriano.

La entrada Camila León: la asambleísta poco visible que terminó en el centro de la conversación pública se publicó primero en La Calle.

Según la organización, la normativa presentada como herramienta contra el crimen organizado podría convertirse en un mecanismo de «persecución política, financiera y social» que vulnera derechos fundamentales.

En un comunicado, la CONAIE denunció que la iniciativa otorga facultades «desproporcionadas» a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), permitiéndole congelar cuentas sin orden judicial previa y presumir culpabilidad sin pruebas, lo que violaría la presunción de inocencia y el debido proceso.

«Esta ley podría usarse para criminalizar la oposición y silenciar a quienes defendemos la vida y los territorios», sostuvo la confederación, señalando que afectaría especialmente a organizaciones indígenas, juntas de agua y colectivos que manejan fondos comunitarios.

¿Qué dice la ley?

El proyecto, dirigido a ONG, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, exige nuevos estándares de transparencia financiera, auditorías obligatorias y registro en el Sistema Unificado de Información (SUIOS) bajo amenaza de disolución. Además, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) tendría facultades para intervenir entidades, mientras que la UAFE podría inmovilizar fondos por ocho días sin autorización judicial —con validación posterior— e identificar a sus analistas mediante voz e imagen distorsionadas.

La CONAIE rechazó la iniciativa al considerarla parte de un patrón de «medidas autoritarias» que, bajo discursos de seguridad, limitan derechos. A esto sumó su preocupación por más de cinco mil despidos en el sector público, que calificó como un golpe a familias e instituciones. «La lucha contra el crimen no puede convertirse en persecución de los pueblos», afirmó el texto, exigiendo el archivo del proyecto y llamando a la comunidad internacional a mantenerse vigilante.

La entrada CONAIE alerta graves riesgos en la nueva ley de Noboa se publicó primero en La Calle.

LEA TAMBIÉN: Emprender cuesta más: la ley de “solidaridad” que encarece las SAS y ata los recursos empresariales

Admisión sin medidas cautelares

La Corte comunicó la decisión este viernes 4 de julio, tras aceptar los expedientes 50-25-IN y 51-25-IN al comprobar que cumplían con los requisitos jurídicos exigidos por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Sin embargo, la Corte aclaró que no se concedieron medidas cautelares, ya que los pedidos de suspensión de la norma no cumplieron con las condiciones legales requeridas.

En contraste, la Corte rechazó una tercera demanda que presentó el ciudadano Gabriel Salvador Lema, al determinar que no cumplía con lo establecido en el numeral 5 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Críticas desde la oposición

El partido Unidad Popular (UP) fue uno de los actores que presentó una de las acciones legales. Geovanni Atarihuana, su director nacional, calificó a la Ley de Solidaridad como una amenaza al orden democrático.

TUIT Geovanni Atarihuana: https://x.com/geovanni_atari/status/1941271342252544345

 “El Gobierno busca consolidar un esquema de poder autoritario, usando como excusa la lucha contra la delincuencia”, afirmó Atarihuana. Además, denunció que la normativa otorga facultades excesivas al presidente, poniendo en riesgo derechos fundamentales y abriendo la puerta a detenciones sin garantías judiciales.

El debate de fondo: seguridad o concentración de poder

Aunque el Ejecutivo ha defendido la Ley como una herramienta legal para combatir el crimen organizado y restablecer el orden interno, varios expertos constitucionalistas advierten que sus disposiciones abren la puerta a una peligrosa concentración de poder. Según juristas consultados por este medio, la normativa permite al presidente emitir decretos con fuerza de ley y restringir derechos sin control legislativo efectivo, lo cual “viola el principio de separación de poderes y el equilibrio institucional”. El riesgo, señalan, es que bajo el argumento de enfrentar una emergencia, se naturalice el estado de excepción como forma de gobierno.

LEA TAMBIÉN: Ley Orgánica de Solidaridad Nacional: los puntos clave

Mientras el Gobierno defiende la Ley de Solidaridad como una herramienta para enfrentar la crisis de seguridad, crecen las alertas sobre posibles abusos de poder. La Corte Constitucional será ahora la encargada de dirimir si esta norma se ajusta al marco jurídico vigente o si vulnera las libertades fundamentales de los ecuatorianos.

La entrada Ley de Solidaridad bajo fuego: Corte admite demandas por autoritarismo presidencial se publicó primero en La Calle.

Entre ajustes útiles y riesgos de control excesivo, este es su impacto empresarial:

SAS bajo lupa: ¿control o muro?

Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), diseñadas para agilizar emprendimientos, ahora enfrentan obstáculos:

• Prohibidas en sectores claves como minería, finanzas o mercado de valores.
• Obligadas a transformarse en sociedades anónimas si tienen más de 5 socios o más de USD 460 000 de capital.
• Exigen tasación pericial de aportes no dinerarios con respaldo legal.

Justificación oficial: evitar el lavado de activos, fomentar el aporte privado al Estado ante el conflicto armado. Pero el superintendente Luis Cabezas-Klaere aclara: las SAS democratizaron el emprendimiento, y las mafias ya utilizan estructuras alternativas más costosas. ¿Será esta ley una barrera para emprendedores legítimos?

Sociedades deportivas: nueva figura legal sin revuelo futbolero

Surge la figura de sociedades anónimas deportivas: empresas con personalidad jurídica, fines lucrativos y doble supervisión (Ley del Deporte + Compañías). Su objetivo declarado: profesionalizar y transparentar el sector deportivo, evitando que se convierta en refugio de actividades ilícitas.

• Supervisión cruzada entre Superintendencia y ente deportivo.
• Prohibiciones explícitas contra lavado de activos y triangulación financiera.

Bienvenida la figura, pero su diseño se insiste en el enfoque empresarial: riesgo real de que el Estado ponga más atención a formularios que a partidas presupuestarias opacas en subnivel.

Donaciones con rebaja fiscal… ¿qué solidaridad?

Las empresas que donen bienes a policías o Fuerzas Armadas obtienen hasta 30 % de deducción del impuesto a la renta. Esta medida incluye:

• Equipos, insumos o inmuebles, siempre trazables y auditables.
• Mecanismo de fiduciarios privados para compras colectivas, transparentes.

¿Un acto de altruismo fiscal, o una manera de suplir falencias presupuestarias del estado? Si las grandes empresas asumen funciones estatales, ¿quién vigila esa filantropía?

Grandes deudas, cero indulgencia

La ley establece que las empresas con capital mayor a USD 30 millones y deudas tributarias firmes serán cobradas en 30 días bajo vigilancia del SRI y el Ministerio de Economía.
Por fin un gesto hacia la justicia fiscal que aún no llega a pymes, informalidad o grandes multilatinas que negocian contra el tiempo.

¿Solidaridad real o control selectivo?

Esta ley es ambivalente. Por un lado, fortalece controles, penaliza a grandes evasores y busca evitar lavado; por otro, impone rigideces a los emprendimientos jóvenes y blinda la implantación empresarial en temas bajo la sombrilla de “emergencia económica”.

Un Estado fuerte debe proteger a los pequeños y no solo vigilar a los grandes. La solidaridad no debe ser sinónimo de sufrimiento administrativo. Los emprendedores que ya cargan con trámites, ahora deberán costear transformaciones empresariales automáticas. El verdadero reto es que la ley incluya mecanismos de apoyo real, capacitación y eficiencia institucional, no solo barreras administrativas.

¿Control o valla? Esa es la pregunta clave mientras Ecuador redefine el contrato entre empresa, Estado y sociedad. Ojalá la voluntad de recaudar no termine asfixiando la creatividad y la esperanza emprendedora.

La entrada Emprender cuesta más: la ley de “solidaridad” que encarece las SAS y ata los recursos empresariales se publicó primero en La Calle.

La medida impulsada por el legislador oficialista Henry Bósquez (ADN), tuvo la aprobación del Parlamento bajo el argumento de «vulneración a los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima» en el proceso original, realizado el pasado 13 de mayo.

La resolución, articulada en dos puntos clave, declara «sin efecto» lo resuelto en la sesión 1027 del Legislativo, subrayando que dichas decisiones –según el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)– deben adoptarse exclusivamente mediante «resoluciones o acuerdos», requisito que, a juicio del oficialismo, no se cumplió. Adicionalmente, ordena notificar formalmente al CPCCS sobre esta decisión, dejando sin vigencia la terna integrada por Iván Montero, Yolanda Salgado y Ángel Romero.

El ambiente en el hemiciclo derivó en un enfrentamiento abierto cuando Bósquez insistió en incluir el análisis de la terna en el orden del día. Tras una primera votación fallida donde la abstención de la asambleísta Carmen Tiupul (Pachakutik) bloqueó la iniciativa, una rápida gestión de bancadas oficialistas logró que la legisladora rectificara su posición.

Este giro permitió la reconsideración de la votación, desatando inmediatas protestas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Fernando Cedeño (RC) interpeló al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, acusándolo de violar el artículo 145 de la LOFL: «¡Lea la ley, señor Olsen! Los cambios al orden del día solo pueden resolverse por votación directa, sin rectificaciones posteriores», exclamó. Además presentó una apelación formal a la presidencia de Olsen que posteriormente fue desestimada y se continuó con la sesión.

Reacciones

La reacción de Revolución Ciudadana (RC) fue contundente: en un comunicado titulado «Fuera las manos de Noboa del Consejo de la Judicatura», denunciaron un intento del gobierno de Daniel Noboa de «tomarse ilegalmente el CJ». El texto detalló tres violaciones:

1. La inexistencia de normas que permitan retirar una terna ya enviada.
2. La ilegalidad de «reconsiderar una decisión ya reconsiderada» (Art. 145 LOFL).
3. La vulneración de principios constitucionales (Arts. 61.7, 82 y 226).
   «El CJ no es un botín del Ejecutivo. Seguramente, en esa terna hay alguien que no pueden controlar», concluyó el movimiento.

La crítica trascendió, pues el legislador Otto Vera (PSC) manifestó su perplejidad por «rever decisiones legítimamente tomadas», recordando que la terna «fue aceptada, votada y reconsiderada en el periodo anterior». El CPCCS, ahora notificado, queda a la espera de un nuevo proceso de designación, mientras la sombra de la polarización judicial se extiende sobre Quito.

La entrada La Asamblea de Olsen anuló la terna de la Judicatura designada en la anterior administración se publicó primero en La Calle.

Peña fue separado de las filas correístas tras votar a favor del informe de la Ley urgente de Economías Criminales impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, en contra de la línea definida por su bloque.

Este incidente expone tensiones profundas dentro de RC. Enfrentan lealtades partidistas con criterios técnicos legislativos. Esto pone bajo la lupa el centralismo en la toma de decisiones de la principal fuerza opositora.

La bancada de la Revolución Ciudadana anunció la expulsión de Sergio Peña, acusándolo de “traicionar” los principios del movimiento. El legislador quedó aislado de sus excolegas tras apoyar el proyecto gubernamental contra las economías criminales.

Un voto “traidor” y la expulsión inmediata de Peña

El 29 de mayo de 2025, la bancada de RC oficializó la expulsión inmediata de Sergio Peña tanto del bloque legislativo como del movimiento político. En un comunicado público, la dirigencia acusó al asambleísta de “mentir al país” y “traicionar nuestros principios”, señalando que “no tolerará actos de deslealtad” dentro de sus filas. “A las manzanas podridas se las separa de las íntegras”, sentenció el pronunciamiento, en el que RC tildó la actuación de Peña como un episodio de oportunismo y afirmó que la medida responde a una “responsabilidad política ineludible”. La bancada advirtió incluso un proceso de “depuración interna” frente a quienes se aparten del proyecto político, reafirmando que la ética y coherencia con los principios fundacionales son innegociables.

La decisión llegó apenas horas después de un agrio cruce público entre Peña y la excandidata presidencial Luisa González, máxima directora de RC. González había cuestionado duramente el sentido del voto de Peña en la Comisión de Desarrollo Económico, donde él respaldó el informe para primer debate de la Ley de Economías Criminales a pesar de que la directiva del bloque había resuelto abstenerse en esa instancia.

Según reveló el propio Peña, tres días antes la orden interna de RC fue “votar en contra” del informe del Ejecutivo, marcando una postura de rechazo total a la iniciativa gubernamental. Sin embargo, en la sesión del 27 de mayo, Peña se desmarcó: votó a favor del texto, convencido de que varias de sus observaciones técnicas habían sido incorporadas durante el trámite en comisión. Este sorpresivo apoyo al proyecto de Noboa fue interpretado por sus compañeros como una “traición insalvable” a la línea partidista.

La Ley de Economías Criminales: contenido y puntos polémicos

El proyecto que detonó la controversia es la Ley para Combatir las Economías Criminales, calificada como urgente por el Ejecutivo en medio de la creciente inseguridad. Oficialmente denominada “Ley de Solidaridad Nacional” en la Asamblea, esta iniciativa busca enfrentar las finanzas del crimen organizado mediante alianzas Estado-empresa privada y reformas legales de gran alcance.

Uno de sus ejes permite que el sector privado done hasta el 30% del Impuesto a la Renta en forma de insumos, equipos y bienes para respaldar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la lucha contra las mafias. Estos aportes requerirían autorización del Ministerio del Interior o de Defensa, según corresponda, y valoración del Servicio de Rentas Internas para aplicar el beneficio tributario. La propuesta busca “la unión y trabajo conjunto entre el Estado y la empresa privada para enfrentar al crimen organizado”, explicó la asambleísta oficialista Valentina Centeno al defender el espíritu de la ley.

No obstante, la atención pública se ha centrado en el componente penal del proyecto, que trae reformas polémicas. Por un lado, se tipificaría como delito la pertenencia a bandas de delincuencia organizada, más allá de la comisión directa de crímenes, con penas que superarían los 25 años de prisión aun si no hay evidencia de delitos específicos. Adicionalmente, el texto impulsa reglas más estrictas contra quienes provoquen “disturbios y terrorismo” en las calles, lo cual ha despertado alertas sobre potencial criminalización de la protesta social.

En la versión original del Ejecutivo se proponía crear jueces especiales para un supuesto “conflicto armado interno” y limitar a solo 15 días las investigaciones de estos casos; pero en comisión se eliminaron los nuevos jueces y se amplió el plazo investigativo a 90 días, atendiendo observaciones de juristas que exigieron procesos más robustos.

Igualmente, se incorporó de forma explícita el respeto a los tratados de Derechos Humanos en los principios de la ley, para prevenir que las nuevas facultades se presten a perseguir a periodistas, políticos u opositores bajo el pretexto de combatir el crimen. Estos ajustes, introducidos en pocos días de trabajo técnico, moderaron algunas de las aristas más duras de la iniciativa original. Aun así, el proyecto en su conjunto ha sido comparado con estrategias de mano dura al estilo Bukele y genera preocupación en sectores garantistas. Revolución Ciudadana, principal bancada opositora, adelantó reparos de fondo: temía que la ley atentara contra derechos y consolidara una agenda punitivista del gobierno. En consecuencia, el bloque correísta condicionó su apoyo a incorporar cambios y en un inicio definió que ninguno de sus miembros debía respaldar el informe hasta que sus observaciones fueran plenamente atendidas.

Entre lealtad partidista y criterio técnico de Peña

Sergio Peña, abogado especializado en derecho tributario y novato en la legislatura, decidió romper la disciplina partidaria argumentando razones técnicas. Tras su polémico voto favorable en comisión, Peña defendió que “la oposición debe ser propositiva” y no oponerse por mero cálculo político: “¿Oponerse por oponerse? No, gracias” replicó, insistiendo en que actuó con criterio propio de profesional.

Según explicó, la Comisión de Desarrollo Económico sí acogió varias de sus propuestas de cambio al documento – como las garantías de derechos y la no generalización de la prisión preventiva – por lo cual consideró técnicamente válido dar paso al debate en el Pleno “Mis observaciones sí fueron acogidas. La prisión preventiva ya no se vuelve una regla general (como quería el Ejecutivo), volvimos a una prisión preventiva excepcional pero eficaz en casos puntuales”, detalló Peña para ilustrar que su intervención mejoró el proyecto.

Desde su perspectiva, impedir incluso el primer debate de una ley necesaria para combatir al crimen habría sido irresponsable. “Creo que pensar diferente, o pensar dentro del partido, es una traición para ellos (la dirigencia correísta)”, lamentó el legislador refiriéndose a sus excolegas Su posición es que la bancada RC no puede caer en un obstruccionismo sistemático, sino ejercer una oposición firme pero abierta a acuerdos técnicos en beneficio del país.

La cúpula de RC vio los actos de Peña bajo otra luz.

Luisa González señaló que el voto de Peña “no corresponde al criterio técnico, legal y constitucional analizado” previamente por el bloque y, peor aún, contradijo la decisión colectiva tomada internamente. En otras palabras, insinuó que no hubo nada técnico en la postura de Peña, sino un desmarque inconsulto.

Para la dirigencia correísta, el asambleísta faltó a la lealtad colectiva y a los principios progresistas con los que fue electo. De hecho, en el comunicado de expulsión RC subrayó la “contradicción” entre el discurso de campaña de Peña (alineado al progresismo correísta) y sus votos recientes en temas clave. La bancada incluso sugirió que Peña “mintió” a sus electores y puso sus intereses personales por encima del mandato popular.

Detrás de estas afirmaciones subyace la sospecha de que Peña pudo haber sido “cooptado” por el oficialismo, teoría alimentada por algunos hechos: el partido de gobierno (Acción Democrática Nacional, ADN) había propuesto a Peña para puestos clave en el Parlamento – primero como vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL) y luego como miembro de la Comisión de Ética – lo cual generó recelos entre los propios correístas.

De hecho, RC se negó a apoyarlo para integrar el CAL, y solo gracias a los votos de ADN, Pachakutik y otros independientes, Peña logró ser elegido al Comité de Ética legislativo. Este inusual respaldo cruzado profundizó la percepción de que actuaba alineado con el gobierno. “Su verdadera lealtad nunca fue con el pueblo que lo eligió, sino con sus intereses personales”, llegó a afirmar RC en su misiva de expulsión, reflejando el quiebre total de la confianza.

Por otro lado, cabe la pregunta, ¿La RC puede sostener alianzas?

No es un caso aislado

Figuras prominentes como Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, han expresado su descontento con la dirección actual del movimiento. En sus redes sociales, Aguiñaga afirmó: «Duele ver en lo que están convirtiendo a la Revolución Ciudadana. El movimiento que construimos con compromiso y esperanza, que fue la primera fuerza política del país, hoy se diluye entre egos e imposiciones».

Asimismo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha tenido desencuentros públicos con el expresidente Rafael Correa. La tensión escaló cuando Correa criticó al abogado defensor de Álvarez en el caso ‘Triple A’, calificando de «vomitivo» que Ramiro García diera «clases de moral y ética profesional». Álvarez respondió que el comentario era «totalmente innecesario» y una «falta de respeto».

Estos eventos reflejan una crisis de liderazgo y una falta de apertura al debate interno en la RC. La expulsión de Peña por ejercer su criterio técnico y las críticas de Aguiñaga y Álvarez sugieren que el movimiento está priorizando la lealtad ciega sobre la deliberación democrática. Para mantenerse relevante y eficaz, la RC debe fomentar un ambiente donde el pensamiento crítico y la autocrítica sean valorados y no castigados.

Reacciones en el correísmo: unidad vs. pensamiento crítico

La sanción a Peña puso al descubierto fracturas dentro de la propia RC, con reacciones diversas de sus figuras principales. El expresidente Rafael Correa, líder máximo del movimiento (residente en Bélgica), respondió con dureza ante la polémica. En un mensaje publicado en X (Twitter),

Correa tildó a Peña de “vulgar oportunista e impostor” y le exigió que renuncie a su cargo de asambleísta: “Si eres tan ‘digno’, ¿por qué no renuncias a la curul, que sería lo moralmente correcto?” increpó el exmandatario. Correa dejó entrever que para él el caso estaba cerrado con calificativos personales, rematando: “No eres el primero ni serás el último sinvergüenza que nos topemos en el camino”.

La línea dura de Correa dejó claro que, desde la cúpula, no hay tolerancia para quien se aparte del libreto. Es más, el exgobernante sugirió que si Peña tuviera decencia política debería dejar la curul obtenida gracias a RC, devolviendo así la dignidad al movimiento traicionado.

Luisa González respaldó la expulsión enfatizando la necesidad de cohesión.

González había sido la primera en alzar la voz tras el voto disidente de Peña, publicando un comunicado el mismo 27 de mayo. En él advirtió que la actuación de Peña “no corresponde al criterio técnico, legal, constitucional analizado” ni a la resolución tomada en bancada, visibilizando la indisciplina. Sus palabras provocaron la inmediata respuesta desafiante de Peña en redes (“soy un profesional con criterio propio”, “¿Oponerse por oponerse? No, gracias”), lo que a su vez escaló el conflicto. Tras consumarse la expulsión, González habría apoyado internamente la decisión como una muestra de firmeza ejemplarizante para el resto de legisladores: en RC las directrices se siguen, so pena de ser tachado de “traidor”.

Sin embargo, no todo fue unanimidad dentro del correísmo. La reacción de Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas y destacada dirigente histórica de RC, evidenció malestar con la línea dura. Aguiñaga, quien ha marcado cierta distancia con la cúpula en meses recientes, criticó abiertamente la situación: “Esto ya no se parece al proyecto colectivo que defendimos”, lamentó, exhortando a que “la RC debe reaccionar” y corregir el rumbo.

En un mensaje difundido en redes, la prefecta advirtió que el movimiento “hoy se diluye entre egos e imposiciones”, deplorando lo ocurrido con Peña y el curso que ha tomado la organización que ella, Correa y otros fundaron años atrás. Sus declaraciones públicas, inusuales por provenir de una figura de alto perfil del movimiento, reflejan una corriente crítica interna preocupada por el sectarismo.

Aguiñaga llegó a decir que prefiere ser “la oveja negra de la RC antes que callar mi voz”.

tomando distancia de posturas como la denuncia de supuesto fraude electoral que Correa y González enarbolaron tras perder las elecciones presidenciales de 2025.

La postura de Aguiñaga recibió inmediata réplica de Peña en tono irónico: el ex-RC le advirtió que “tenga cuidado con lo que expresa; no vaya a ser que los caciques del movimiento lo lean y le acusen de traición por expresarse con objetividad”. Tal intercambio público entre correístas evidenció el nivel de tensión interna. Acto seguido, ese cruce desató la ya mencionada reacción de Correa, quien salió en defensa de la “compañera” Aguiñaga a la vez que arremetió contra Peña llamándolo oportunista e instándole a dimitir.

En pocas horas, la disputa interna de RC quedó expuesta ante el país: de un lado, la cúpula correísta cerrando filas y calificando a Peña de “manzana podrida” que había que sacar del canasto; del otro, voces dentro del movimiento pidiendo autocrítica por el rumbo que se está tomando.

Incluso dentro del bloque legislativo correísta hubo matices.

La asambleísta Patricia Núñez declaró ese mismo 29 de mayo que en RC “no se obliga” a votar según órdenes de los líderes, aunque reconoció que existe un buró político que delinea las posturas en temas importantes. Núñez consideró que “no era necesario llegar a extremos” como la expulsión y que aún cabía diálogo con Peña, a quien excusó por ser “un compañero nuevo que debe irse acoplando”.

Sus palabras sugieren que algunos en RC hubieran preferido manejar el desacuerdo internamente y con más tolerancia. No obstante, otros dirigentes fueron inflexibles: Jahiren Noriega, también de RC, sentenció que le “tenía sin cuidado” si Peña se iba, afirmando que “un voto más o un voto menos no suma si esa persona no hace política desde los principios y no está alineado a la ética de la organización”. Este contraste de opiniones revela un debate soterrado en el movimiento entre quienes priorizan la unidad monolítica y quienes abogan por dar espacio a criterios propios sin romper la cohesión básica.

¿Oposición constructiva o sectarismo? Análisis y perspectivas

El caso Sergio Peña trasciende la anécdota personal y se interpreta como síntoma de desafíos mayores para la Revolución Ciudadana. Por un lado, deja al bloque correísta con 65 curules en la Asamblea, disminuyendo su capacidad numérica frente a la bancada oficialista de ADN y sus aliados.

En términos prácticos, la salida de Peña – ahora declarado independiente – beneficia ligeramente al gobierno, que ve debilitado al principal bloque opositor. Pero más allá de los números, la controversia ha reavivado cuestionamientos sobre el modelo de conducción interna de RC.

No son pocos los analistas que advierten que el movimiento fundado por Correa podría seguir el camino del extinto Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) si no se renueva internamente. El propio Peña vaticinó, al romper con sus excolegas, que “si no hay recambio en el correísmo, le pasará lo mismo que al PRE, que se extinguió”.

La referencia no es menor

El PRE de Abdalá Bucaram fue en los 90 una fuerza populista dominante que, tras años de caudillismo y falta de relevo, terminó desintegrándose.

Hoy, la RC se enfrenta a dilemas similares. ¿Puede un movimiento político sobrevivir sin apertura al disenso interno? Varios politólogos sugieren que es hora de una reflexión profunda. El analista Jacobo García señala que RC deberá “recomponer su estructura interna y recuperar la confianza de su militancia” tras esta crisis, lo cual exige apertura al debate, inclusión de nuevas voces y renovación de su liderazgo.

En su criterio, sería sano permitir una disputa interna democrática – por ejemplo, en la elección de sus autoridades o definición de estrategias – en vez de seguir con un “control remoto” ejercido desde el extranjero, pues “será insostenible” manejar el movimiento a distancia bajo un esquema tan centralizado.

No es un secreto que RC es comandada desde Bélgica por Rafael Correa.

mientras figuras como Luisa González o Andrés Arauz actúan como voceros locales del líder. Esta verticalidad, que en tiempos de cohesión garantizó disciplina, podría convertirse en el talón de Aquiles si ahoga todo atisbo de pensamiento crítico interno.

En la misma línea, otros expertos apuntan que la reacción punitiva contra Peña puede tener un efecto contraproducente. El politólogo Javier Vera advierte que los movimientos con estructuras muy cerradas ven estallar sus conflictos desde dentro si no los gestionan con transparencia. La salida abrupta de disidentes hacia las filas del gobierno – como la posible incorporación de exmilitantes correístas al gabinete de Noboa, que ya se rumora– puede debilitar al correísmo más de lo que fortalece al oficialismo.

Además, para una parte del electorado de Noboa que votó contra Correa, ver a antiguos cuadros correístas en cargos estatales sería una “contradicción” incómoda si no se explicitan acuerdos. Esto sugiere que la estrategia gubernamental de cooptación también conlleva riesgos de deslegitimación si no se maneja con cuidado.

El terremoto político en RC podría reconfigurar el equilibrio de la oposición y el oficialismo en formas inesperadas.

Mientras tanto, Sergio Peña asiste a las sesiones plenarias desde una nueva ubicación: su curul fue reubicada lejos de sus excolegas correístas y más cerca de la bancada de ADN. El alejamiento físico simboliza su ruptura política “de raíz”. Peña ha ratificado que actuará como independiente “propositivo” y no descarta apoyar u oponerse a iniciativas gubernamentales según su mérito técnico, sin alineamiento automático.

Incluso aclaró que su voto favorable al primer informe de la Ley de Economías Criminales “no es un cheque en blanco” y que, de no incluirse mejoras adicionales en el texto para el segundo debate, votará en contra de la versión final. Con ello, busca subrayar que su lealtad última es a sus principios técnicos y a sus electores, no a banderas ciegas.

El episodio de Sergio Peña ha abierto un necesario escrutinio sobre la forma en que la oposición ejerce su rol en Ecuador.

¿Debe la Revolución Ciudadana replantear su estrategia parlamentaria, pasando de la negación sistemática a un opositor técnico propositivo como Peña sugiere? ¿O corre el riesgo de aislarse en un núcleo duro cada vez más pequeño? Las voces críticas dentro y fuera del movimiento señalan que la intolerancia al disenso y el excesivo centralismo pueden minar la vitalidad de RC a largo plazo.

Por el contrario, una apertura controlada al debate interno y la renovación podría fortalecerla como opción política moderna. El camino que tome RC en respuesta a esta crisis marcará su destino: o bien la consolidación como una oposición madura capaz de incidir con propuestas técnicas, o el ahondamiento de su fractura sectaria que podría hacer realidad la profecía de extinguirse como los viejos partidos del pasado.

En última instancia, la expulsión de Sergio Peña ha puesto a la Revolución Ciudadana frente al espejo de su propio proyecto político: uno que nació prometiendo participación y pensamiento crítico, y que hoy debe decidir si esas premisas tienen cabida puertas adentro.

Por Rafael Rubio Rubio

La entrada Cuando pensar es traición: la caída de Peña y el centralismo que asfixia al correísmo – OPINIÓN se publicó primero en La Calle.

Mónica Salazar, exmiembro de RC, fue la figura más controversial al asumir la tercera vocalía del Consejo de Administración Legislativa (CAL) con 77 votos tras unirse a ADN. Su salida de la RC en abril —denunciando «clasismo» y exclusión— culminó con su adhesión pública al oficialismo, mediada por el ministro de Gobierno, José De La Gasca. «Ella formalizó su compromiso con las prioridades nacionales», declaró el funcionario.

Pero no fue la única: Samuel Célleri desertó durante la sesión para unirse a ADN y ocupar la segunda vocalía del CAL sin consultar a su partido, ni recibir su respaldo. Esta acción generó el repudio de la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano (PSC), quien anunció el cierre de su provincia a los socialcristianos: «Me da vergüenza su actitud contra Célleri», afirmó.

A estos se sumaron seis asambleístas de Pachakutik, quienes votaron con ADN para elegir a Niels Olsen (oficialista) como presidente del Legislativo. El movimiento indígena los tildó de «extraviados políticos» en un duro comunicado, aunque sin expulsarlos formalmente: «Esperamos que recapaciten», señalaron.

Monopolio de poder

ADN sumó apoyos clave para monopolizar su poder en la Asamblea. Con los votos de desertores y aliados, el oficialismo logró controlar el CAL luego de la primera sesión.

• Presidente: Niels Olsen (ADN).
• Vicepresidentas: Mishel Mancheno (ADN) y Carmen Tiupul (Pachakutik).
• Vocales: Sade Fritschi (ADN), Mónica Salazar (exRC), Samuel Celleri (exPSC) y Steven Ordóñez (aliado SUR-ADN).

El próximo 16 de mayo se conformarán las 15 comisiones especializadas de la Asamblea Nacional para el tratamiento de leyes y reformas en camino desde el Ejecutivo. Con una mayoría en el Legislativo, el gobierno pone en pausa la idea de una Constituyente.

La entrada El oficialismo se nutre de los ‘camisetazos’ políticos se publicó primero en La Calle.

El colectivo LOA, impulsor de la primera propuesta junto a la Defensoría del Pueblo, exige al Legislativo el archivo de la ley que representa un retroceso histórico para los derechos que los animales habían conquistado en el país.

LEA TAMBIÉN: Corte Constitucional reconoce a los animales silvestres como sujetos de derecho

LODA: Un retroceso de décadas en protección animal

La nueva legislación, aprobada con 96 votos a favor, elimina garantías establecidas en la anterior Ley Orgánica de Bienestar Animal (LOA) y desconoce la sentencia 253-20-JH/22 de la Corte Constitucional que marcó un avance histórico en los derechos de los animales en Ecuador. La nueva propuesta de ley desconoce el estatus de los animales como seres sintientes y contradice lo dispuesto por la Corte Constitucional a reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, y abre la puerta a la explotación indiscriminada de animales en nombre del «interés social y económico».

“La Lopda quiere reconocer como tradiciones a prácticas crueles como las peleas de gallos, corridas de toros y otras formas de entretenimiento con animales. Esto haría que retrocedamos en lo que el pueblo ya decidió en la consulta popular”, expresó el colectivo LOA mediante un comunicado.

COMUNICADO LOA. https://x.com/LoaEcuador/status/1921950246709465114

«Estamos viendo cómo nuestros legisladores traicionan a los animales y desechan años de avances en materia de protección», denuncia Lucía Fernández, activista por los derechos animales. «La LOPDA permite que los animales sean tratados como objetos y no como seres sintientes que merecen respeto», aseguró.

La crueldad se legaliza bajo el disfraz de «tradición»

La nueva propuesta de ley, que desdibujó la iniciativa del colectivo de defensores y activistas, permite prácticas crueles como peleas de gallos, corridas de toros y rodeos, disfrazándolas como «expresiones culturales». El texto ignora deliberadamente el sufrimiento animal en nombre de supuestas tradiciones, contradiciendo la evidencia científica que demuestra que los animales sienten dolor y miedo durante estos eventos.

«Las pruebas científicas son contundentes: los animales utilizados en espectáculos sufren estrés, terror y dolor extremo», afirma el Dr. Eduardo Ramírez, veterinario especialista en bienestar animal. «Con esta ley, Ecuador legitima la tortura animal como entretenimiento».

LEA TAMBIÉN: Animales fueron rescatados durante un operativo en mercado «Las Cuadras».

Propuestas de LODPA que retrocede en derechos:

• Elimina la obligación de proporcionar condiciones adecuadas de bienestar a animales de producción
• Reduce las sanciones por maltrato animal hasta hacerlas prácticamente simbólicas
• Permite el abandono de animales bajo circunstancias ambiguas
• Autoriza el sacrificio de animales callejeros sin garantías de métodos humanitarios
• Desprotege a animales silvestres frente a la explotación comercial

«Esta ley condena a millones de animales a condiciones de vida miserables y muertes dolorosas», advierte María Torres de la Coalición por los Derechos Animales. Asimismo, indica que los asambleístas han elegido ignorar el sufrimiento animal en favor de intereses económicos particulares.

Protestas masivas contra la regresión de derechos

Frentes ciudadanos y colectivos sociales se han manifestado frente a la Asamblea Nacional para expresar su rechazo a la LOPDA. Las protestas, que continúan creciendo en todo el país, evidencian que la ciudadanía rechaza mayoritariamente la crueldad animal institucionalizada. Carlos Mena, dirigente de varias organizaciones protectoras, indica que la propuesta de la Comisión representa un retroceso de al menos 15 años en materia de derechos animales. «Esta ley no refleja los valores de la sociedad ecuatoriana moderna que cada vez es más consciente del respeto que merecen todos los seres vivos».

TUIT MANIFESTACIONES. https://x.com/radiolacalle/status/1922011449175461961

Un llamado a la acción

Las organizaciones defensoras de los animales anuncian que presentarán recursos legales ante la Corte Constitucional para revertir esta ley regresiva y llaman a la ciudadanía a mantenerse movilizada.

«No permitiremos que esta crueldad quede normalizada», concluye Fernández. «Los animales en Ecuador merecen protección real, no una ley que legitima su explotación y sufrimiento».

La entrada ¡RETROCESO! LOPDA condena a los animales a un futuro de sufrimiento en Ecuador se publicó primero en La Calle.

17 proyectos de Ley vetados por el presidente

Hasta la fecha, Noboa ha vetado —total o parcialmente— diecisiete iniciativas legislativas, abarcando reformas en áreas sensibles como justicia, seguridad social, medio ambiente, cultura, trabajo y administración pública. Entre los proyectos que recibieron observaciones se encuentran las Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley de Prevención y Defensa contra Incendios y el Proyecto de reformas al Código Orgánico Ambiental, los cuales, según el Ejecutivo, requerían ajustes para cumplir con estándares de técnica legislativa y constitucionalidad.

LEA TAMBIÉN: Daniel Noboa: Ya tenemos 70 curules en la Asamblea

Uno de los vetos que ha generado mayor debate es el de la Ley Reformatoria para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), que buscaba obligar al Estado a transferir recursos a las municipalidades en los primeros cinco días de cada mes. El presidente Noboa vetó parcialmente esta ley, argumentando que imponer plazos estrictos podría afectar la liquidez del Estado.

También se destaca el veto a la Ley Orgánica Reformatoria al Código de Trabajo y la Ley del Servicio Público, que pretendía eliminar la discriminación laboral hacia trabajadores mayores de 40 años. El Ejecutivo consideró que la propuesta, aunque bien intencionada, presentaba ambigüedades que podrían generar conflictos de interpretación y problemas en su aplicación.

Entre las otras normativas vetadas figuran:

• Ley de Registro
• Ley Orgánica de Cultura
• Reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa
• Ley del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales
• Ley de Reconocimiento a Veteranos de Guerra del Ecuador
• Código Orgánico Integral de Reactivación Agropecuaria y Pesca
• Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social para pescadores y campesinos artesanales
• Proyecto de Ley de Servicio Cívico Militar Voluntario
• Proyecto de Participación de Rentas del Estado a favor de GAD por industrialización de petróleo en Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos

El tratamiento de las reformas relacionadas con la seguridad social ha sido particularmente sensible. Noboa vetó dos leyes que buscaban crear regímenes especiales: una dirigida a los habitantes de Galápagos y otra a pescadores y campesinos artesanales. El presidente argumentó que estas iniciativas, sin el debido respaldo financiero, pondrían en riesgo la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Críticas al nuevo mandato de Daniel Noboa

A pesar de las críticas provenientes de distintos sectores políticos y de gobiernos locales, el Ejecutivo ha defendido su postura asegurando que los vetos buscan «garantizar leyes viables, técnicas y responsables». Mientras tanto, en la Asamblea Nacional crece la discusión sobre posibles insistencias legislativas frente a los vetos, aunque estas requerirán mayorías calificadas para revertir las decisiones del Ejecutivo.

Lea también: Asamblea Nacional cuestionó tres nuevos vetos de ley de Daniel Noboa.

Con un escenario político cada vez más tenso, surge la pregunta: ¿qué papel jugará Anabella Azín, madre del presidente, en el respaldo o en la redefinición de la estrategia gubernamental en los próximos meses?

La entrada Noboa frena al Legislativo: vetos en cola y un poder cada vez más centralizado se publicó primero en La Calle.

Noboa reconoció que la diferencia de once puntos porcentuales lo sorprendió: «No teníamos proyectada esa ventaja, pero la estrategia de captar votos indecisos al final funcionó«, dijo en entrevista a CNN. Además, desestimó las acusaciones de fraude de su rival, señalando que «el resultado está claro» y atribuyó su aislamiento a que González «se quedó sola».

Licencia de campaña y tensión legislativa

Sobre la polémica por no ceder la Presidencia durante la campaña, Noboa defendió el uso de una figura legal de licencia temporal avalada por el CNE. Respecto a la Asamblea, criticó a Viviana Veloz, presidenta del Legislativo por usar el cargo para «atacar al Ejecutivo». No obstante, se mostró optimista: «Con pactos puntuales, estamos cerca de lograr mayoría. En política latinoamericana, todo es posible».

El mandatario destacó el ascenso de su partido, ADN, como una alternativa renovadora frente a los tradicionales. «Llegamos con un proyecto fresco y directo que conectó con el deseo de cambio», afirmó. De igual manera dijo que su victoria «no refleja un voto anticorreísta, sino de correístas desilusionados», consolidando un respaldo del 30% del electorado.

Relación con Trump y distanciamiento de Bukele

Noboa confirmó que invitará a Donald Trump a su toma de posesión y destacó su reunión privada en marzo: «Fue una buena conversación para afianzar planes». Sobre los aranceles del 10% a productos ecuatorianos, minimizó su impacto y celebró que Ecuador haya salido de la lista prioritaria de deportaciones de EE.UU.

Aunque admitió similitudes con líderes como Nayib Bukele, aclaró: «No seguimos manuales ajenos. Ecuador tendrá un estilo propio: el estilo Noboa»

La entrada Daniel Noboa: «Ya tenemos 70 curules en la Asamblea» se publicó primero en La Calle.

Según la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, la resolución ministerial que adjudica el campo al consorcio Sinopetrol (integrado por Sinopec y NSE), sigue vigente. Esto permitiría al Ejecutivo firmar el contrato en cualquier momento, lo que ha generado críticas de legisladores opositores, quienes exigen su derogación inmediata.

Incumplimiento de plazos y contradicciones

El presidente Daniel Noboa había fijado como plazo límite el 11 de marzo para el pago de una prima de USD 1.500 millones, requisito no cumplido por el consorcio. Sin embargo, NSE anunció que logró recaudar USD 120 millones –mediante la venta de acciones– como parte del financiamiento, mientras que Shell aportaría los USD 480 millones restantes.

Analistas de HFI Research, señalan que el acuerdo no está descartado, pese al incumplimiento del plazo. La fecha oficial de cierre sigue siendo el 16 de abril, dos días después de la segunda vuelta electoral. Si Noboa gana, el contrato podría concretarse; de lo contrario, el financiamiento se cancelaría.

Crisis política y judicial

La bancada de la Revolución Ciudadana, acusó al gobierno de opacidad y prepara un juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, por no comparecer ante la Asamblea para explicar el caso. Paralelamente, el abogado Washington Andrade, representante de trabajadores petroleros, denunció persecución judicial contra quienes se oponen a la concesión, asegurando que el gobierno utiliza denuncias falsas para intimidar a los críticos.

Mientras el Ministerio de Energía insiste en que «no hay nada más que discutir», el mercado petrolero y los inversionistas permanecen en vilo, a la espera de los resultados electorales y una definición legal sobre el futuro del Campo Sacha.

La entrada «Consorcio aún busca operar el Campo Sacha», denuncia la Comisión de Fiscalización se publicó primero en La Calle.

Un escenario político polarizado

En las recientes elecciones, Daniel Noboa, actual presidente y candidato a la reelección por ADN, obtuvo el 44,63% de los votos válidos, mientras que Luisa González, representante del correísmo, alcanzó el 43,81%. Estos resultados evidencian una división casi equitativa en el electorado ecuatoriano. La Asamblea Nacional, reflejo de esta polarización, se ha convertido en un espacio donde ambas fuerzas políticas miden fuerzas, buscando consolidar apoyos y deslegitimar al adversario.

Lea también: RC y ADN lideran las curules de la nueva Asamblea

Campañas electorales: ¿propuestas o ataques?

En este contexto, las campañas de ambos candidatos han intensificado sus discursos, enfocándose más en descalificaciones mutuas que en la presentación de propuestas concretas para solucionar los problemas que aquejan a la ciudadanía. Noboa, por un lado, destaca su lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, mientras que González critica la gestión del actual mandatario, señalando el incumplimiento de promesas y el aumento del costo de vida. Además, González ha enfatizado la necesidad de combatir la corrupción y ha criticado la gestión de Noboa, acusándolo de utilizar recursos estatales para su campaña y de violar normativas legales. Estas acusaciones han generado un ambiente de desconfianza y han intensificado la confrontación en la Asamblea.​

Ciudadanía en medio del fuego cruzado

El país observa con preocupación cómo la política se convierte en un espectáculo de confrontaciones, dejando de lado los verdaderos intereses del país. La falta de debates sustanciales y la prevalencia de ataques personales generan desconfianza en el electorado, que busca soluciones reales a problemas como la inseguridad, el desempleo y la crisis económica. Es esencial que, más allá de las disputas partidistas, los líderes políticos prioricen el bienestar de la nación y trabajen en conjunto para construir un Ecuador más próspero y seguro.

La entrada Asamblea en la encrucijada: Noboa y González se disputan la gobernabilidad se publicó primero en La Calle.

En curso: proceso contra exsuperintendenta

Por ahora, la comisión se encuentra tramitando el juicio político contra Sofía Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria. A ella se la acusa de incumplimiento de funciones por no ejercer los controles adecuados sobre las organizaciones del sector no financiero. También se le señala por la falta de supervisión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Ambato, y por haber emitido una resolución que habría dejado sin control a las cajas comunales.

El asambleísta Xavier Jurado, de la bancada ADN, presentó la solicitud de este juicio.

El proceso contra Hernández, continúa su curso en la Comisión de Fiscalización. Actualmente se encuentra en la fase de contestación a las acusaciones políticas y la presentación de pruebas de cargo y descargo. Este periodo tiene un plazo de quince días que concluirá el 4 de abril.

Luego, se abrirán diez días adicionales para la actuación de las pruebas, etapa que finalizará el 14 de abril. Una vez cumplido ese plazo, la comisión tendrá cinco días más para aprobar un informe que recomiende o no el inicio del juicio político en contra de la exfuncionaria. Ese informe deberá emitirse a más tardar el 19 de abril.

El juicio contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.

A partir del 20 de abril, la Comisión de Fiscalización, presidida por la asambleísta Pamela Aguirre (RC), podrá conocer el pedido de juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Señalan a la funcionaria por seis presuntos incumplimientos de funciones, relacionados con el sumario administrativo que suspendió por 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad.

Las asambleístas Jahiren Noriega (RC), Carla Cruz (PSC), Mariana Yumbay (PK) y Cristina Chávez, alterna de SUMA por Cotopaxi, presentaron esta solicitud. Si la comisión califica el juicio, iniciará la fase de contestación de las acusaciones y presentación de pruebas. Sin embargo, por los plazos establecidos en el procedimiento, no se alcanzará a completar la siguiente etapa —la actuación de pruebas— ya que se requiere un periodo de diez días que excede el 13 de mayo, fecha en que culmina el actual periodo legislativo.

Con esto, el proceso quedará a medio camino y será la próxima Asamblea Nacional la que deberá retomarlo y decidir si recomienda el juicio político ante el pleno o archiva la solicitud. Sin embargo, la polarización que se prevé en el nuevo Parlamento dificultará que los legisladores reúnan los 101 votos necesarios para censurar y destituir a la ministra.

Juicio político pendiente contra el presidente del Consejo de la Judicatura

La siguiente solicitud de juicio político pendiente de trámite en la Comisión de Fiscalización corresponde al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Este pedido fue planteado por los legisladores de la bancada Construye, Jorge Peñafiel y Camilo Salinas.

Los legisladores acusan a Godoy de un presunto incumplimiento de funciones por vulnerar el principio de independencia judicial, al supuestamente intimidar y amenazar a la jueza Nubia Vera Cedeño. La magistrada denunció que la presionaron para emitir una sentencia desfavorable en la acción de protección que presentó la vicepresidenta Verónica Abad, con la intención de anular la sanción de suspensión por 150 días sin sueldo que le impuso el Ministerio del Trabajo el 8 de noviembre de 2024.

La actual Comisión de Fiscalización no alcanzará a conocer este pedido, por lo que la nueva comisión deberá abordarlo en el próximo periodo legislativo como parte de los casos pendientes.

Juicio pendiente contra el ministro de Defensa y casos suspendidos

El tercer juicio político ya calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que deberá ser conocido por la Comisión de Fiscalización en el próximo periodo legislativo fue presentado por el asambleísta Héctor Valladares. El pedido es en contra del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, a quien se acusa de un posible incumplimiento de funciones relacionado con la “desaparición forzada” de cuatro menores de edad en el sector de las Malvinas, en Guayaquil, tras un operativo militar realizado el 8 de diciembre de 2024.

Además, cabe recordar que también se encuentran suspendidos los juicios políticos contra los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y contra jueces electorales del Tribunal Contencioso Electoral. Estas suspensiones se deben a que el país se encuentra en un proceso electoral, y la ley impide que los representantes de esa función del Estado sean enjuiciados mientras duren los comicios.

IF

La entrada Asamblea sin tiempo: juicios políticos a Núñez, Godoy y Loffredo se postergan para el nuevo periodo legislativo se publicó primero en La Calle.

Aunque en un inicio la mesa legislativa recomendaba iniciar un juicio político contra el Ministerio, el rumbo cambió ya que la presidenta de la Comisión, Pierina Correa, de Revolución Ciudadana (RC5), realizó un cambio a último momento, declarando solo la responsabilidad para así obtener el apoyo de algunos partidos políticos que no estaban decididos a comenzar el juicio.

Uno de esos casos, es el Partido Social Cristiano. El jefe de la bancada, Vicente Taiano calificó a Loffredo como «ministro incompetente, sin embargo, dijo que llevarlo a juicio no devolverá los niños, por ello, lo mejor es centrarse en resolver el abandono de ciertos sectores.

Cuestionamientos de Pierina Correa

La presidenta de la Comisión mencionó que el funcionario, Loffredo, habría cometido varios errores en torno al caso de los 4 niños de las Malvinas. Uno de ellos, es el hecho que no respondió con claridad sobre las capacitaciones a militares en temas de derechos humanos.

Por otro lado, cuestionó las disculpas del ministro. El funcionario se disculpó con los familiares de los niños el 6 de enero, supuestamente, a manos de militares, pero, después dijo que «llegarán hasta las últimas consecuencias» para que se sancione a la jueza que declaró la desaparición forzada.

Para la Comisión, ese pronunciamiento por parte del ministro constituiría una «amenaza» que aún se mantiene contra la jueza y una intromisión en la Función Judicial.

El informe también destaca una clara falta de coordinación entre las instituciones estatales para manejar este tipo de situaciones. Los legisladores afirman que estos casos no son hechos aislados, basándose en información obtenida de diversas fuentes.

La delegada de la Defensoría del Pueblo, Alba Jalón, dijo que la entidad ha dispuesto la investigación de 38 alertas de supuesta desaparición forzada.

Además, mencionó que «la mayor cantidad de personas se ubican en Guayas, Esmeraldas y Los Ríos. Solo en Esmeraldas son diez casos por desaparición forzada».

Lucio Gutiérrez, coronel en servicio pasivo y asambleísta, rechazó el informe, ya que, asegura que busca denigrar y anular a las Fuerzas Armadas.

Informe aprobado

El informe tuvo el respaldo de 66 legisladores, en su mayoría de Revolución Ciudadana, a este partido se le unieron Pachakutik y algunos independientes. Bloque como el de ADN, Construye y el propio PSC se abstuvieron de votar a favor.

Correa aclaró que las resoluciones se aprueban con mayoría simple, o sea, la mitad más uno de los presentes. En ese caso, los 66 votos excedían el número de 125 legisladores que se registraron para la votación.

Además, explicó que ya existe un pedido de juicio político en contra de Loffredo que está en trámite. Por ello, incluirlo en la resolución aprobada este 25 de febrero no tendría sentido.

IF

La entrada Aprobación de informe en el caso Malvinas y responsabilidad del ministro de Defensa se publicó primero en La Calle.

¿Qué festejaba ADN?

Luego de los resultados preliminares de las elecciones del pasado domingo 9 de febrero, el presidente-candidato Daniel Noboa no salió a festejar junto a sus simpatizantes en el evento que su partido le tenía preparado en el Hotel Le Parc de Quito. Un día después, el primer mandatario decidió que su mejor salida pública sería un comunicado en redes sociales para “agradecer” a sus votantes, sin embargo, lejos de mostrar humildad y aceptar su derrota de primera vuelta en urnas, aseguró que ADN había ganado a los partidos del “Viejo Ecuador” y que se habían convertido en la primera fuerza política del país.

Horas más tarde de ese lunes post electoral, se conocía que la Revolución Ciudadana tenía más curules en la Asamblea Nacional. Pero, Noboa intentó sostener la narrativa de haber ganado, pero ¿a quién? Este viernes 14 de febrero, el Consejo Nacional Electoral llevó a cabo la sesión de audiencia pública para conocer el reporte de los resultados de las actas de escrutinio de los comicios de primera vuelta para las dignidades de presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Los consejeros no tuvieron ninguna observación y los resultados finales serán proclamados mediante resolución de pleno, luego del análisis de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del órgano electoral.

Vea también: «Prohibición de fotos en el voto: CNE evalúa medida ante denuncias de presiones«

Sin embargo, con 67 curules para la próxima Asamblea Nacional la Revolución Ciudadana se impone como la fuerza política con una diferencia mínima de ADN. El partido oficialista obtuvo mayores resultados en la Sierra ecuatoriana, pero la RC ganó ampliamente en la Costa, ante lo que presidente Noboa se refirió en una entrevista del martes como las provincias que votaron por el narcotráfico.

Estas declaraciones dadas en cadena radial el lunes en la mañana, gracias a la retransmisión de los medios aliados a radio Centro Digital, conocido medio afín al oficialismo, provocaron reacciones de autoridades de gobierno y una ciudadanía que afirmaba que estos señalamientos estigmatizaban el voto de los costeños. La excandidata vicepresidencial, Cristina Reyes, fue una de las primeras en manifestar su rechazo en redes sociales. Luisa González, candidata presidencial de la RC, respondió a sus declaraciones pidiendo respeto por el país y el electorado que no le dio el voto. Asimismo, la presidenta de la actual Asamblea, Viviana Veloz, aprovechó la sesión ordinaria del pleno del miércoles 12 de febrero, para rechazar sus señalamientos. Del mismo modo, se manifestaron alcaldes y prefectos de las provincias, cantones y parroquias de la Costa del país.

Dato que mata relato

Según la aplicación del Consejo Nacional Electoral, los resultados con corte al 15 de febrero corresponden al 100% de actas escrutadas a nivel nacional e internacional. Estos datos que serán oficializados por el pleno del CNE muestran que el movimiento de la Revolución Ciudadana se reivindica como la primera fuerza política del país con 67 asambleístas sobre los 66 de ADN, 9 de Pachakutik, 4 del Partido Social Cristiano, 1 de la Alianza UP-PID-PSE, 1 de Construye y 2 de partidos locales. Noboa y sus voceros aseguraron que se habría dado un fraude por tres curules legislativos con supuestas inconsistencias en provincias de la Costa ecuatoriana, situación que fue resuelta por los observadores internacionales de la OEA, quienes desmintieron estas aseveraciones del primer mandatario.

Ver «Comunicado de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Ecuador»

La tendencia es irreversible

Los resultados de la Asamblea Nacional reflejan el escenario político que tendrá el país para los próximos cuatro años de gobierno, sobre una división de poderes entre la Revolución Ciudadana y ADN. Para el balotaje de abril, los candidatos de ambos partidos tienen una diferencia mínima en menos del 1% de que marca una polarización aún más profundizada, que podría vaticinar que Ecuador va hacia un bipartidismo.

La entrada Revolución Ciudadana reivindica su fuerza política en el Legislativo se publicó primero en La Calle.

«Es importante que esta Asamblea Nacional, como primer poder del Estado y representante del pueblo ecuatoriano y sus diferentes etnias, regiones, culturas, nacionalidades e ideologías, rechace de forma categórica y enérgica las declaraciones realizadas por el poder de turno, en las que se afirma que los mandantes, electores que no votaron por un candidato, son delincuentes y narcotraficantes», expresó en sus declaraciones.

Agregó que los voceros del Gobierno promueven una campaña de odio entre los ecuatorianos. «Desde esta Asamblea Nacional no vamos a permitir que se falte al respeto ni se humille a nuestros compatriotas de la Costa, Sierra, Amazonía y la región Insular por el simple hecho de pensar distinto».

Las declaraciones tuvieron lugar en la Sesión 1008 del Pleno Legislativo, en la que los asambleístas conocieron el informe para el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras en Ecuador enviada como económica urgente desde el Ejecutivo.

La entrada Presidenta de la Asamblea rechaza expresiones estigmatizantes hacia los ecuatorianos se publicó primero en La Calle.

Este resultado convertiría a ADN en la principal fuerza legislativa para el período 2025-2029. Entre los candidatos electos destacan Anabella Azín, madre del jefe de Estado; el exministro de Turismo, Niels Olsen; la exministra del Ambiente, Sade Fritschi; el exasambleísta y exviceministro de Gobierno, Esteban Torres; y Diana Jácome, exasesora de la Administración Noboa.

Por su parte, la Revolución Ciudadana (RC), junto con su aliado RETO, consolidaría la segunda mayor representación en la Asamblea con 65 curules. En este bloque se encuentran figuras como el exconcejal de Guayaquil, Raúl Chávez, y Ricardo Patiño. Además, Pamela Aguirre, Viviana Veloz, Victoria Desintonio, Roberto Cuero y Mónica Palacios repetirán su periodo legislativo.

Otros movimientos políticos pierden fuerzas. Pachakutik (PK) lograría ocho curules, el Partido Social Cristiano (PSC) seis, movimientos locales tres y Construye solo un representante, un gran retroceso en comparación a los escaños asignados en las elecciones anticipadas.

Parlamento Andino: ADN y RC se reparten los escaños

El avance del escrutinio en la elección de Parlamentarios Andinos refleja una clara distribución de los cinco escaños entre las dos principales fuerzas políticas. Con el 90 % de las actas procesadas, tres de los puestos corresponderían a ADN y dos a la alianza RC-RETO.

Por ADN, resultaron electos June Bohórquez, Rafael Rodríguez y Mónica Haro. Mientras tanto, por la Revolución Ciudadana, Verónica Arias y Virgilio Hernández repetirán en sus cargos, tras haber formado parte del Parlamento Andino en el período anterior.

Actualmente, los representantes de Ecuador en este organismo son Cristina Reyes, Mirian Liduvina y Paúl Desamblanc, junto a los reelectos Arias y Hernández.

Distribución de escaños y nuevo modelo electoral

La próxima Asamblea Nacional estará conformada por 151 legisladores, 14 más que la actual. Este incremento responde al crecimiento poblacional registrado en el Censo de Población y Vivienda de 2022, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). La Constitución ecuatoriana establece que cada provincia tendrá dos asambleístas, más uno adicional por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000.

La entrada RC y ADN lideran las curules de la nueva Asamblea se publicó primero en La Calle.

¿Qué ha pasado en estos 6 años?

Según el artículo 19 de le Ley Orgánica del CPCCS, vigente desde el Referéndum del 4 de febrero de 2018 durante el gobierno de Lenin Moreno, el pleno del Organismo está integrado por siete consejeras y consejeros principales y siete suplentes “elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto”, en paridad de género y con un vocal representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Hubo dos procesos electorales, el último fue en febrero de 2023 donde se eligió al actual Consejo. Sin embargo, en menos de dos años fueron destituidos cuatro consejeros principales y dos suplentes, y una consejera renunció a su cargo para participar de las elecciones presidenciales de este año.

Pero durante el primer periodo del CPCCS, de 2019 a 2023, también hubo reemplazos con el juicio político y destitución en el Legislativo de José Carlos Tuarez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez en agosto de 2019. Luego, en octubre del 2020, la Asamblea Nacional destituyó y censuró al entonces presidente Christian Cruz. Y, en enero de 2023, la Corte Constitucional destituyó a los siete consejeros de la administración de Hernán Ulloa, por incumplir con la designación del presidente para el Consejo de la Judicatura.

Vea también: Corte Constitucional destituye a los siete consejeros del CPCCS

Durante este tiempo también hubo remociones de dos presidencias. La primera fue el 9 de febrero de 2022, cuando Hernán Ulloa junto a María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo removieron de la presidencia a Sofía Almeida por falta de confianza del pleno del organismo. La historia se repitió el 3 de abril de 2024 con la remoción de Nicole Bonifaz de la presidencia, por la apelación de Mishelle Calvache, Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto y Juan Esteban Guarderas. La estrategia fue la misma, gracias a la asesoría de Xavier Urbina, asesor de Fantoni, quien también asesoró a Hernán Ulloa.

Vea también: ¿Abuso del COA para remover presidentes de órganos colegiados?

En total, del 2019 al 2025, se ha reemplazado a 19 consejeros y consejeras, y aún está por verse el proceso de destitución de dos consejeras. Johanna Verdezoto, quien fue removida de la vicepresidencia en enero de este año, tiene un proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por presunto conflicto de intereses, luego de los videos donde se ve a la vocal junto al entonces postulante a la Defensoría Pública, Rodrigo Frías. Del mismo modo, la expresidenta del Consejo, Nicole Bonifaz, se encuentra en proceso de destitución en la Corte Constitucional por la designación del Superintendente de Bancos, además del examen especial que lleva la Contraloría General del Estado.

¿Cinco nuevos vocales?

Con la salida de Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, asumen la principalización Gonzalo Albán, Piedad Cuarán y David Rosero. Le correspondía asumir el reemplazo de Saltos a Vielka Párraga, en orden de mayor votación, pero también fue parte del caso de la denominada “Liga Azul”, como lo determinó el TCE este 31 de enero, y no podrá ser parte del Organismo. Frente a esta decisión hubo reacciones de los consejeros destituidos. Verduga fue el primero en manifestarse en su cuenta de X, atribuyendo una contradicción en las posturas de los jueces Coloma y Ortega.

Yadira Saltos, quien estuvo en la presidencia menos de una semana, también se refirió a la actuación de los jueces del Contencioso indicando que responden a intereses políticos.

El recién titularizado vocal, Eduardo Franco Loor, en reemplazo del también destituido exconsejero suplente Juan esteban Guarderas, dijo que por varias veces había solicitado ser oído en la audiencia como parte de su derecho a la defensa.

Sin embargo, también hubo reacción del Ejecutivo mediante un comunicado oficial del Ministerio de Gobierno, refiriéndose a las funciones que los tres consejeros habrían ejercido usando artimañas jurídicas para aferrarse al cargo.

Ahora, si Johanna Verdezoto es también destituida por la Asamblea, asume Ángel Chela, como segundo más votado en la lista de pueblos y nacionalidades; mientras que, si Nicole Bonifaz es destituida por la Corte Constitucional, sería reemplazada por Mónica Mosquera. Esto significa que cinco serían los consejeros reemplazados en este año.

Futuro incierto para el Consejo de Participación

Durante el gobierno de Guillermo Lasso se realizó una consulta popular en febrero de 2023 con el objetivo de eliminar la atribución de designar autoridades de control en el CPCCS y de revertir la elección por sufragio universal, que modificó Lenin Moreno en el 2018. Sin embargo, el Referéndum no tuvo los votos suficientes y nada cambió. Hoy, luego de estas últimas destituciones, el presidente-candidato Daniel Noboa propone en su campaña una nueva constituyente con lo que sí se podría eliminar el Consejo de Participación.

La entrada CPCCS: 18 consejeros reemplazados y 6 administraciones en menos de seis años se publicó primero en La Calle.

¿Por qué se llevó a cabo el allanamiento?

La intervención se enmarca en una investigación denominada Caso Ligados, en la que la Fiscalía General del Estado indaga presuntos delitos de “usurpación y simulación de funciones públicas” e “incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente”. El comunicado oficial de Fiscalía menciona que los consejeros del Cpccs habrían cometido estos hechos.

El allanamiento coincide con la reciente designación de Yadira Saltos como vicepresidenta del Cpccs y de Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos, decisiones que han generado controversias en el ámbito político.

Además, este operativo ocurrió tan solo un día después de la inesperada reaparición de la fiscal general, Diana Salazar, quien el 23 de enero de 2025 interrumpió su licencia por maternidad para presentar su informe anual de labores ante la Asamblea Nacional. Durante su intervención, Salazar realizó un balance de su gestión en 2024 y de los casi seis años que lleva en el cargo, señalando que esta podría ser “tal vez su última exposición ante el pleno del Parlamento”.

Tras la intervención, el Cpccs reaccionó mediante un comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter), asegurando:
«Esta institución reitera al país y a la ciudadanía que, tal como ha sido su accionar en esta administración, prestará todas las facilidades requeridas para apoyar las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado y el Sistema de Justicia.»

Declaraciones de La vicepresidenta del Cpccs, Yadira Saltos, sobre el allanamiento:

La vicepresidenta del Cpccs, Yadira Saltos, calificó el allanamiento a las oficinas de la institución como una clara interferencia a la independencia de funciones: “Porque eso es la usurpación a la independencia de funciones, está clarísimo”, declaró.

Saltos también destacó que, el 23 de enero, un día antes del allanamiento, desconocidos hackearon la página de YouTube del Cpccs. En relación a este incidente, expresó: “Qué coincidencia, ¿no?” Tras el hackeo, Saltos solicitó información oficial sobre la situación y recibió un comunicado que confirmaba que se trataba de un ataque externo.

Además, reveló que, de manera informal, le comunicaron que probablemente no se llevarían a cabo las sesiones programadas: “De forma informal me dijeron que seguramente no iban a poder sesionar este miércoles”.

Adicionalmente, Saltos denunció que el Cpccs no notificó oficialmente las resoluciones legítimamente tomadas ese miércoles: “El Cpccs no notificó ninguna de las resoluciones”, concluyó.

IF

La entrada Fiscalía allana las oficinas del Cpccs en el marco de la investigación del Caso Ligados se publicó primero en La Calle.