El proceso se originó tras acusaciones de Jaramillo contra Goyes por "incumplimiento de funciones", específicamente por su ausencia en una sesión plenaria del CJ el 16 de abril de 2025, donde se debatía el Reglamento para la creación de judicaturas constitucionales. El legislador sostuvo que la vocal faltó injustificadamente a cuatro convocatorias posteriores, afectando el quórum.  

En su defensa, Goyes calificó el juicio político de "absurdo y sin fundamentos", argumentando que su retiro de aquella sesión respondió a la negativa de discutir sus observaciones técnicas al reglamento. La vocal reveló que durante meses presentó objeciones al modelo propuesto, destacando que este no garantizaba la especialización judicial exigida por el Artículo 181 de la Constitución, ni incorporaba los resultados de la consulta popular de abril de 2024 que costó USD 60 millones y sigue sin implementarse.  

Argumentos:

Goyes exhibió una propuesta alternativa presentada el 10 de enero de 2025, que incluía 24 unidades judiciales, 9 tribunales de apelación y criterios de selección basados en méritos y transparencia, con un presupuesto estimado de USD 18.7 millones. Además, recordó que su postura fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia del 26 de mayo, que declaró inconstitucional el reglamento original.  

Tras la votación, Viviana Veloz, coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana, señaló que el oficialismo "no probó el incumplimiento de funciones" y advirtió que el proceso buscaba "sepultar la independencia judicial". Un intento de reconsideración solicitado por Victoria Desintonio fue rechazado, dejando firme la decisión que mantiene a Goyes en su 
cargo.  

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Tres asambleístas de Revolución Ciudadana –Juan Andrés González, Lenín Barreto y Blasco Luna– formalizaron el 31 de julio ante la presidencia de la Asamblea Nacional una solicitud de juicio político contra Manzano. La petición, respaldada por más del 25% del Legislativo (según artículo 79 de la LOFL), alegó causales constitucionales y legales (artículos 78-79 LOFL y 131 Constitución).

Los legisladores vinculan a la ministra con el Caso Progen –contratos adjudicados el 2 de agosto de 2024 para construir las centrales hidroeléctricas El Salitral (100 MW) y Quevedo (50 MW)–, donde la Contraloría detectó indicios de responsabilidad penal y civil.

González manifestó que «la Asamblea no puede evadir su deber de control político ante posibles actos de corrupción», mientras Barreto alertó que el escándalo «ha comprometido todo el sector energético». La Fiscalía General del Estado mantiene una investigación penal paralela por el caso.

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Salcedo —presente el 17 de julio ante la comisión— había autoimpuesto 10 días para documentar sus señalamientos, entre ellos:

• – Presunta vinculación de Xavier Jordán (procesado por Caso Metástasis) con financiamiento ilegal a campañas, incluida la Revolución Ciudadana;
• – Declaraciones sobre el asesinato del candidato Fernando Villavicencio («Lo mejor era silenciarlo«);
• – Mecanismos de adjudicación fraudulenta de contratos médicos con empresarios y exfuncionarios.

Falta de respaldos y credibilidad en entredicho

La asambleísta Ana Herrera confirmó hoy que no se recibió ningún documento en los correos institucionales. Argumentó que su silencio erosiona la seriedad de sus denuncias». El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez (ADN), había calificado previamente la comparecencia como «una ironía sin sustento», subrayando que un sentenciado por corrupción acusaba «sin presentar un solo papel».

Contraste con contrapruebas

Mientras Salcedo incumple, Xavier Jordán —acusado por él— presentó 12 contratos del Hospital de Manta que expondrían desvíos por USD 1.600 millones (2020-2025).

Según Jordán, estos vinculan a «familiares y operadores de Ferdinan Álvarez, Salcedo y Publio Vázquez». Álvarez rechazó las imputaciones y criticó la ausencia de Jordán en su citación del 21 de julio, aunque aceptó analizar los documentos.

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Quito, 16 de julio (La Calle). – En medio de una supuesta lucha contra el nepotismo, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, informó sobre la desvinculación de 40 funcionarios con vínculos familiares con legisladores de RC, PSC y ADN. Sin embargo, la transparencia del proceso ha sido cuestionada, pues los nombres permanecen bajo reserva, lo que ha generado una nueva duda sobre si esta medida responde realmente a un intento por limpiar la institución o a una estrategia política selectiva. ¿La transparencia en la Asamblea vuelve a estar en duda?.

Tuit Secretaría Integridad: https://x.com/Integridad_EC/status/1944162353391841470/photo/1

 Olsen vincula partidos políticos, pero no da nombres

El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, anunció este 15 de julio de 2025 la salida de 40 funcionarios por presunto parentesco con legisladores y altos cargos. La medida se dio tras una reforma al reglamento administrativo del Parlamento, como parte de una supuesta cruzada contra el nepotismo, desatada luego del escándalo que involucró a Dominique Serrano, asambleísta del oficialismo.
Del total de desvinculados, 19 renunciaron voluntariamente y 21 fueron cesados. Olsen detalló que 12 trabajaban con legisladores de la Revolución Ciudadana, 10 con ADN y 2 con el PSC. El resto pertenecía al personal administrativo.

Tuit Niels Olsen: https://x.com/NielsOlsenP/status/1945296509085377003

 PSC se deslinda y critica la publicación parcial

El Partido Social Cristiano (PSC) respondió con firmeza, asegurando que sus tres legisladores actuales no tienen familiares en la Asamblea. Mediante un comunicado, señalaron que no pueden hacerse responsables por asambleístas que ingresaron auspiciados por el PSC pero que ahora forman parte de ADN. Esta declaración refuerza la sospecha de que la publicación del listado tiene un trasfondo político más que técnico.

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 “Depuración” sin transparencia

Pese al anuncio público, la Asamblea mantiene en reserva los nombres de los desvinculados, amparándose en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
La decisión ha generado críticas dentro del Legislativo. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, varios legisladores respaldan la medida, pero exigen que los nombres salgan a la luz: “¿A qué le temen? A lo mejor aparecen apellidos conocidos de ADN”, expresó un legislador.

Esta situación pone en entredicho la credibilidad del proceso, en un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones sigue en descenso.

Tuit Luisa González: https://x.com/LuisaGonzalezEc/status/1945178089404649755

La Asamblea intenta enviar un mensaje de integridad institucional, pero el hermetismo en torno a los nombres siembra dudas sobre la verdadera intención de esta depuración.

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Aunque la norma ha sido presentada como una herramienta para mejorar la gestión ambiental, organizaciones sociales, pueblos indígenas y sectores ecologistas advierten que podría abrir la puerta a la privatización y a nuevas actividades extractivas en zonas que deberían estar protegidas.

Riesgo de negocios privados en territorios protegidos

Desde movimientos ecologistas y sectores de izquierda se ha cuestionado que la ley permite la participación del sector privado en la administración de áreas protegidas, lo que podría derivar en concesiones disfrazadas de fortalecimiento institucional.

Para los críticos, esta ley refuerza un modelo extractivista que prioriza la entrada de capital privado en espacios naturales, dejando en segundo plano su conservación.

Denuncian que esta norma podría convertir la protección ambiental en un discurso vacío, mientras en la práctica se habilitan acuerdos con intereses empresariales.

Áreas sin comunidades quedarían expuestas

Otro punto alarmante de la ley es que la prohibición de actividades extractivas solo se aplica a territorios indígenas. Esto deja desprotegidas otras áreas protegidas que, aunque no tienen presencia comunitaria, poseen una alta biodiversidad.

Además, colectivos sociales señalan que no se garantiza el derecho a la consulta previa ni se establecen límites claros frente a posibles intervenciones económicas.

Temen que esto dé luz verde a la minería, el petróleo o el turismo comercial en zonas que deberían mantenerse como patrimonio natural intocable.

Gobierno niega privatización, pero dudas persisten

La asambleísta Valentina Centeno, del bloque oficialista, ha defendido la ley asegurando que “no busca privatizar las áreas protegidas”, sino fomentar el turismo sostenible y fortalecer la institucionalidad ambiental.

Sin embargo, esta posición no ha convencido a sectores sociales ni a colectivos ambientales, que sostienen que la norma abre un marco legal para la intervención empresarial, sin mecanismos claros de control ni participación real de las comunidades.

La aprobación de esta ley marca un momento clave en la política ambiental ecuatoriana. En lugar de fortalecer la protección de la naturaleza, podría facilitar la entrada de intereses privados y extractivos en territorios que deberían estar resguardados por el bien común.

Defender la biodiversidad y los derechos colectivos requiere de leyes participativas, claras y orientadas a la justicia ambiental, no normas que pongan al patrimonio natural al servicio del mercado.

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Un informe que incomoda a Carondelet

Durante el 2024, el gobierno de transición del presidente Daniel Noboa enfrentó una preocupante ola de denuncias por presuntos actos de corrupción, según reveló un informe oficial presentado el 7 de julio. El documento, expuesto por la Secretaría de Integridad Pública durante su rendición de cuentas, registra 331 alertas de posible corrupción dentro del Gobierno Central.

Eduardo Esparza, subsecretario general de Integridad Pública, explicó que las alertas provienen del monitoreo interno de la Función Ejecutiva, pero hasta el momento el Gobierno no ha ofrecido detalles públicos sobre nombres, instituciones involucradas ni avances concretos en las investigaciones.

En un año marcado por tensiones institucionales y promesas de moralización del Estado, esta omisión del gobierno ha generado fuertes cuestionamientos desde distintos sectores ciudadanos y en redes sociales, donde muchos dudan de la efectividad del mecanismo de integridad.

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¿Dónde están los focos de posible corrupción?

Del total de alertas registradas, 82 corresponden a micro corrupción, como cobros irregulares, tráfico de influencias y uso indebido de bienes públicos.
Otras 43 tienen relación con conflictos laborales; mientras que, 33 apuntan a irregularidades en procesos de contratación pública. También se identificaron 22 casos potenciales de macro corrupción, sin que se sepa aún el alcance ni los involucrados. 64 alertas carecen de información suficiente y otras 87 siguen en gestión este 2025, según el informe presentado.

A pesar del volumen y la gravedad de los datos, el Gobierno ha manejado las alertas con hermetismo y sin transparentar el contenido de los expedientes, lo que ha incrementado la desconfianza pública.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1941165105602855391

¿Qué acciones ha tomado el Ejecutivo?

Eduardo Esparza defendió la labor de la Secretaría de Integridad Pública al asegurar que los casos fueron trasladados a la Contraloría General del Estado y al sistema judicial para su respectiva investigación. “Se han iniciado procesos judiciales y administrativos”, afirmó, aunque no ofreció evidencia ni resultados tangibles de dichos procesos.

La falta de seguimiento visible y la ambigüedad del reporte provocaron críticas directas a la gestión del presidente Daniel Noboa, quien se ha posicionado como un líder de «manos limpias» frente a la corrupción.

Transparencia en entredicho Aunque el Gobierno insiste en que estas alertas son evidencia de un sistema que vigila, la falta de información concreta sobre los responsables o avances reales deja más dudas que certezas. En un país golpeado históricamente por la corrupción, la opacidad puede ser tan peligrosa como el delito mismo.

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Aunque el titular del Legislativo señaló que el eslogan de una «Asamblea Distinta» es un compromiso real, las reglas para evitar el nepotismo en la institución ya existían. Además todas las desvinculaciones que ordenó están relacionadas con sus propios compañeros de bancada según el asambleísta Héctor Rodríguez (RC).

¿Qué dice la norma?

La iniciativa plantea una paradoja: tanto la Ley Orgánica de la Función Legislativa (Art. 159) como el Reglamento Interno (Art. 7) ya establecen prohibiciones explícitas contra el nepotismo. La normativa vigente:

1. Impide contratar a parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de autoridades nominadoras o asambleístas.
2. Exige transparencia: la nómina de asesores debe publicarse en el portal de la Asamblea.
3. Delimita contrataciones: máximo dos asesores y dos asistentes por legislador, con requisitos de formación.

El asambleísta opositor Blasco Luna cuestionó la tardía reacción: «La ley ya existe y es clara. El perjurio cometido por quienes ocultaron vínculos familiares en declaraciones juradas ante la Contraloría exige acciones legales inmediatas: devolución de salarios y procesos civiles». Luna recalcó que la prioridad debería ser aplicar la normativa vigente, no reformularla.

La solicitud de Olsen al Consejo de Administración Legislativa (CAL) enfatiza la «depuración» de personal, pero no aclara si las renuncias exigidas incluirán investigaciones por presunto perjurio.

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En su defensa, presentada ante la Comisión presidida por Ferdinand Álvarez, Goyes desmonta los dos hechos imputados: su retiro de la sesión del 16 de abril y su inasistencia a la reinstalación del 22 de abril. Argumenta que ningún marco legal obliga a un vocal a avalar propuestas que considere inconstitucionales. Además recalcó que su postura defendió el artículo 181 de la Constitución, que exige especialización en garantías jurisdiccionales.

La funcionaria recordó que desde enero de 2025 propuso un modelo técnico para la selección de jueces, el cual incluía la creación de 24 unidades judiciales, 9 tribunales de apelación y 75 jueces especializados, con un presupuesto de USD 18.7 millones. Dicha iniciativa establecía criterios de mérito, transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, sus ocho observaciones al reglamento —presentadas entre febrero y marzo— fueron ignoradas, junto con su solicitud de una matriz comparativa.

Alegatos

El 16 de abril, durante una sesión plenaria Goyes advirtió que el reglamento en discusión vulneraba el mandato popular del referéndum de abril de 2024 y omitía la especialización judicial. Ante la falta de diálogo, se retiró tras solicitar un espacio de concertación, gestión que posteriormente lideró la vocal Yolanda Yupangui. Esto derivó en la resolución 034-2025, que incorporó tres de sus cuatro observaciones (especialización, experiencia y probidad), excluyendo la paridad.

Goyes destacó que su postura fue avalada por la Corte Constitucional mediante una sentencia del 26 de mayo que declaró inconstitucional la Resolución 006-2025 por aplicar criterios administrativos ordinarios a la justicia constitucional. La Corte ordenó rediseñar el reglamento, y Goyes enfatizó que este fallo, más no su actuación causó el retraso en el concurso de jueces. Este hecho habría afecctado la planificación de la Escuela Judicial y la asignación presupuestaria.

“He propuesto y defendido un reglamento acorde con los principios constitucionales. No hay causal para juicio político, sino coherencia con el derecho y compromiso con el país”, señala en el documento.

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La entidad confirmó hoy que, derivado de la Ley Orgánica de Integridad Pública publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 68, dejará de emitir los informes de pertinencia y favorabilidad previos a toda contratación pública. La normativa —aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio— deroga el artículo 22.1 de la Ley de Contratación Pública y reforma el artículo 18.1 de la Ley Orgánica de la Contraloría, eliminando este mecanismo de control anticipado.

Según el comunicado oficial, únicamente se procesarán los informes de procedimientos cuya fase preparatoria haya iniciado hasta el 26 de junio de 2025. La Contraloría aclaró que, pese a la modificación, mantendrá la vigilancia sobre el uso de fondos públicos mediante sus atribuciones constitucionales.

Reformas de amplio espectro

La ley, originalmente planteada por el presidente Daniel Noboa como proyecto económico urgente para reformar la contratación pública, experimentó un giro de 180 grados en la Comisión de Desarrollo Económico. El texto final incluye reformas a más de 20 cuerpos legales, abarcando ámbitos judiciales, de servicio público, financieros, monetarios y de protección a la niñez, trascendiendo el objetivo inicial.

Instituciones públicas deberán ajustarse a la nueva estructura desde este jueves 27 de junio. La Contraloría enfatizó que la omisión del informe previo no exime a las entidades de garantizar transparencia. También advirtió auditorías posteriores para fiscalizar el manejo de recursos, es decir, cuando el daño ya está hecho.

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Sin embargo, diversos sectores sociales y críticos han expresado preocupación por los vacíos que presenta la Ley de Integridad Pública, especialmente en lo relacionado con mecanismos de control ciudadano, sanciones efectivas y la independencia de los organismos fiscalizadores.

¿Reforma o Riesgo?

Ante la recién aprobada Ley de Integridad Pública, se evidencian una serie de reformas que, en teoría, buscan fortalecer la ética y la eficiencia en la gestión estatal. Sin embargo, su contenido abre el debate sobre varios ejes sensibles que no han sido suficientemente cuestionados. Más allá del discurso anticorrupción, la normativa introduce cambios que podrían poner en riesgo pilares fundamentales del sector público y del funcionamiento institucional del Estado.

Garantías laborales en cuerda floja

Tras su aprobación, el sector público enfrenta la aplicación de evaluaciones de desempeño que, aunque buscan mejorar la eficiencia, carecen de criterios técnicos claros y de mecanismos efectivos para garantizar la defensa de los trabajadores. Esta ausencia de garantías puede convertirse en un pretexto para justificar despidos arbitrarios y la precarización laboral. Durante años, los servidores públicos han gozado de estabilidad y beneficios colectivos que hoy están en riesgo.

La reforma plantea un modelo en el que el concepto de “integridad” podría ser utilizado para legitimar purgas internas y restringir el derecho a la negociación colectiva, afectando especialmente a sectores vitales como salud, educación y justicia. En este contexto, la incertidumbre crece y la confianza de los empleados públicos en el sistema se ve gravemente afectada.

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Banco Central en la mira

El fondo de esta discusión, llamada “coordinación” entre el Gobierno y el Banco Central del Ecuador (BCE), se establece con la nueva ley. Aunque menciona que esta medida busca que las decisiones económicas estén mejor alineadas, expertos advierten que esto podría afectar la independencia del Banco Central, una institución clave para cuidar la economía del país.

Cuando el BCE es autónomo, puede tomar decisiones importantes como manejar las reservas de dinero del país, controlar la cantidad de dinero que circula o decidir sobre el dinero electrónico sin presiones del Estado, pero al no haber límites claros en esta ley, existe el riesgo de que el poder político se meta en temas que deberían ser técnicos, generando desconfianza para los ecuatorianos en subir los precios o desestabilizar la economía de futuras generaciones.

El BID y las condiciones que no se cuentan

La ejecución de proyectos energéticos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), orientados a la transición hacia fuentes renovables. Aunque la iniciativa es presentada como un avance hacia la sostenibilidad, existe preocupación por la falta de transparencia en los términos de estos créditos multilaterales. Hay que recordar que el BID suele imponer condiciones que facilitan la participación privada en sectores estratégicos, lo que puede derivar en una privatización encubierta de la matriz energética.

Además, el endeudamiento necesario para financiar estos proyectos puede afectar la estabilidad fiscal y económica del país, generando una dependencia que compromete la soberanía energética.

Lea más: https://radiolacalle.com/el-gobierno-recurre-una-vez-mas-a-la-via-facil-y-riesgosa-del-endeudamiento-externo/

En conclusión, aunque el gobierno muestra la Ley de Integridad Pública como un gran avance hacia la transparencia, existen varios puntos poco claros y consecuencias que visibilizan un cambio profundo en cómo funciona el Estado, este cambio puede deteriorar seriamente los empleos públicos, la economía del país y el control que deben tener las instituciones.

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En un comunicad la asambleísta Jácome sostuvo que una resolución del Consejo Administrativo Legislativo (CAL) le otorga a su comisión la potestad «exclusiva» para investigar los contratos de Progen, invocando el Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) Según Jácome, esto impide que otras comisiones intervengan, calificando el proceso como «cuestión de legalidad, no de disputa de espacios».

Sin embargo, el asambleísta Guido Mendoza (RC) replicó de inmediato, pues precisó que el CAL no encargó una fiscalización formal, sino solo un «requerimiento administrativo de información». Mendoza acusó a Jácome de «confundir a la opinión pública» al equiparar ambos procedimientos, recordando que para abrir una investigación formal se requiere aprobación mayoritaria de la comisión, trámite no cumplido.

El legislador reveló además que Jácome excluyó el tema Progen del plan de trabajo de la Comisión de Transparencia. «Pretenden distorsionar el procedimiento parlamentario», denunció Mendoza, subrayando que la Comisión de Garantías Constitucionales sí inició una fiscalización formal y actúa dentro de sus atribuciones.

Conflicto de fiscalización

El conflicto surge mientras avanzan dos procesos paralelos:

1. La Comisión de Transparencia insiste en su «autofiscalización» basada en resoluciones administrativas.
2. La Comisión de Garantías Constitucionales, dirigida por Jaime Estrada impulsa una investigación formal sobre pagos a Progen, empresa señalada por presuntas irregularidades en contratos energéticos.

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El propósito de la propuesta enviada como tercera Ley con calificación económica-urgente es incentivar el turismo ecológico, la investigación científica, los servicios ambientales y otras formas de “inversión privada responsable” para generar empleo y ampliar las economías locales en territorio catalogado como reserva natural del país. Así como lo mencionó la Secretaría General de Comunicación del Gobierno mediante un comunicado oficial en sus redes sociales:

TUIT PRESIDENCIA:

¿A quién favorece, realmente, esta ley?

Desde una mirada crítica, esta nueva propuesta del Ejecutivo levanta serias dudas sobre las verdaderas intenciones del actual Gobierno ¿Realmente se busca generar empleo e inversión, o es otro mecanismo para favorecer a las élites económicas del país? La propuesta no es aclara en quién controlará los recursos ni cómo se distribuirá la riqueza, lo que abre la puerta a una gestión poco transparente y excluyente. Aunque se anuncia la condonación del 100 % de intereses en las deudas del sector pesquero artesanal, esto solo beneficia a un grupo reducido, mientras miles de comunidades siguen sin un plan integral que garantice mejoras reales en sus condiciones de vida. En lugar de atender al pueblo, parece que una vez más se legisla para proteger intereses privilegiados.

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¿Por qué es tan urgente?

Debemos tener claro que, aunque este proyecto se presenta como algo positivo, podría ser solo un disfraz para avanzar en la privatización de lo público. Detrás del discurso de inversión y desarrollo, se esconde el riesgo de entregar nuestros recursos al sector privado, poniendo en peligro a la naturaleza y a las comunidades locales. En lugar de convertir la tierra, el agua y la biodiversidad en mercancías, se debería proteger la naturaleza como un bien común, no como un negocio.

Sin embargo, este proyecto es la tercera ley urgente que emite el Presidente Daniel Noboa eso significa que la Asamblea tiene solo 30 días para aprobar, y si no lo hace, el presidente puede imponer directamente como en situaciones anteriores ya lo ha hecho.

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Según González, la oferta fue realizada durante una reunión en el Parque La Carolina por intermedio de Fausto Jarrín, exfigura de la RC. El legislador vinculó el intento de cooptación con la debilidad del oficialismo, tras la ratificación de la presidencia de Henry Olsen con solo 78 votos. «Sabían que con dos votos menos estarían fuera. Por eso actúan con desesperación», afirmó en entrevista con Only Panas.

En un llamado urgente a la conciencia de sus pares, González advirtió sobre el riesgo de caer en el «show mediático» que, a su juicio, busca desestabilizar a las bancadas opositoras. Además, cuestionó a los miembros de ADN: «Muchos están confundidos; creen servir al país, pero les falta sentido común».

¿Crisis interna en RC?

La denuncia se produce en medio de tensiones dentro de RC. Xavier Lasso, otro asambleísta del movimiento, confirmó la gravedad de la situación tras la fractura evidenciada en la votación de la Ley de Solidaridad el pasado 7 de junio, donde ausencias y abstenciones de su bancada marcaron un precedente «preocupante».

«Es complicada la situación», admitió Lasso, anunciando una reunión urgente con los 65 legisladores de RC para analizar las causas de la desunión: «¿Por qué tuvimos abstenciones? ¿Por qué faltaron asambleístas sin reemplazar sus votos?». El parlamentario enfatizó la necesidad de actuar con inteligencia: «Escribimos demasiado en chats y eso genera errores. Debemos hablar de frente».

Sobre posibles deserciones, Lasso fue contundente: «Si alguien vota sistemáticamente con el gobierno, será separado. No podemos admitir más bajas». Sin embargo, reconoció el costo político: «Es penoso, pero necesario».

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En una circulación interna enviada a los 151 legisladores el pasado 6 de junio la administración de Olsen detalló algunas normas para regular el acceso a la sede legislativa, dirigidas a legisladores y funcionarios. El comunicado ya enviado a correos institucionales, establece:

1. El ingreso al Palacio Legislativo de personas ajenas a la institución se realizará por la entrada de la calle Piedrahita, previa comunicación al personal de la Escolta Legislativa, a través de correo electrónico, quienes validarán dichos ingresos.

2. Los funcionarios que autoricen el ingreso de personas externas, asumirán la plena responsabilidad de las acciones que tales personas realicen durante su visita.

3. Queda prohibido el acceso de asesores, asistentes, personal administrativo o legislativo a las sesiones del Pleno. En el caso de que un asambleísta presente alguna moción en dicha sesión, podrá autorizar el acceso de hasta 1 miembro de su equipo, informando su nombre y cargo con 24 horas de anticipación al correo electrónico.

4. Para el acceso de medios de comunicación y personal periodístico, se deberá coordinar directamente con la Secretaria de Comunicación de la Asamblea Nacional. Se requiere comunicar su presencia con al menos 24 horas de anticipación al correo electrónico correspondiente.

Contraposición institucional

Pese al tono restrictivo del comunicado, la Secretaría de Comunicación emitió este 7 de junio un mensaje al chat de prensa donde afirma que: «La Asamblea Nacional extiende una cordial bienvenida a medios acreditados […] Hoy se garantiza acceso habitual conforme a procedimientos establecidos».

El texto además invitó a nuevos medios y periodistas a acreditarse vía correo electrónico, contradiciendo la exigencia de 24 horas planteada en las normas internas. Actualmente los medios comunicación cuentan con una credencial que les permite el acceso al Palacio Legislativo para sus coberturas diarias.

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El veto al proyecto de facilidades de pago de créditos educativos, aprobado con 112 votos en abril en abril del 2025, exige incluir «beneficiarios en su totalidad» (deudores, garantes y codeudores) y una tabla de plazos. La norma vetada permitía refinanciar deudas hasta en 240 meses con cuotas accesibles, sin embargo, el Ejecutivo alega «inconveniencias técnicas».

Trabajo doméstico: Derechos postergados

La objeción a la «Ley para Dignificar el Trabajo del Hogar» enmarca las siguientes observaciones:

• – Acceso infantil: Noboa tilda de «discriminatorio» el acceso preferente a guarderías para hijas/os de trabajadoras, ignorando que el 78% de este sector vive en pobreza, según el último registro del INEC.
• – Denuncias anónimas: Califica de «inconstitucional» recibir denuncias sin verificación previa, pese a que el 92% de abusos laborales en el sector no se reportan por miedo a represalias, de acuerdo a la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines (UNTHA).
• – Ausencia presupuestaria: Rechaza la creación de nuevas estructuras en el Ministerio del Trabajo por una supuesta violación a la separación de poderes y déficit presupuestario.

La entrada ¿Noboa frena avances sociales? Veto parcial a leyes relacionadas a créditos educativos y trabajo doméstico se publicó primero en La Calle.

Iza expresó su descontento al señalar que el acuerdo no es «legislativo, sino una venta de dignidad por cuotas de poder efímero«. Subrayó que Pachakutik surgió como una expresión de resistencia y defensa de la soberanía, la justicia y los derechos de los excluidos, no para respaldar gobiernos que, según él, «reprimen protestas, silencian críticas y convierten el sufrimiento popular en marketing político».

El dirigente cuestionó la coherencia de los legisladores al afirmar que «no se puede defender el medio ambiente mientras se entregan recursos a transnacionales, ni hablar de justicia callando ante desapariciones y represión». Aseguró que el correísmo y el anticorreísmo han polarizado al país, beneficiando solo a una oligarquía indolente.

Iza hizo un llamado a rectificar: «Si aún les queda dignidad, este es el momento. El pueblo recordará quiénes estuvieron con ellos cuando más se necesitó».

Antecedentes de traición en Pachakutik

En junio de 2023, Guadalupe Llori, exasambleísta de Pachakutik y expresidenta de la Asamblea Nacional, fue designada por el entonces presidente Guillermo Lasso como delegada para el Consejo Amazónico. Su cercanía al oficialismo generó controversia, especialmente tras un abrazo público con Lasso durante su interpelación política en 2022. Llori, cuya gestión legislativa fue cuestionada incluso por su bancada, fue destituida de la presidencia de la Asamblea en mayo de 2022.

El comunicado de Iza refleja la fractura interna en Pachakutik, movimiento que históricamente ha navegado entre la autonomía política y las alianzas pragmáticas. Mientras el sector crítico exige fidelidad a sus raíces, otros apuestan por negociaciones para influir en la agenda nacional.

La entrada «No todos somos iguales, no todos nos vendemos», afirma Leonidas Iza ante alianza de PK y el oficialismo se publicó primero en La Calle.

Según la información de la Asamblea, la mesa parlamentaria de Régimen Económico tiene 52 proyectos de ley acumulados para revisión. 29 proyectos para conocimiento, 22 a la espera del informe de primer debate y uno para la construcción del informe de segundo debate. Entre esos cuerpos normativos están: Proyecto de Ley Orgànica Reformatoria a varios cuerpos legales para garantizar el alivio financiero a los deudores de la banca pública. Proyecto de Ley para el Refinanciamiento y Facilidades de Pago en Créditos con el Sistema Financiero y No Financiero Nacional, Entidades Emisoras de Tarjetas de Crédito; y, Casas Comerciales Acreditadas en el País. También un proyecto para establecer rentas del Estado a favor de Azuay, Cañar, Morona Santiago, Tungurahua y Santo Domingo por la venta de energía eléctrica.

En el caso de Desarrollo Económico, los proyectos suman 51, de los cuales, 13 todavía no son avocados, 35 están a la esperanza de informe del primer debate y 3 esperan el informe para segundo debate. Proyectos como: Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público de energía eléctrica para superar la emergencia eléctrica, Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos para el Control de la Seguridad Jurídica en los Contratos Petroleros, Ley de Economía Naranja, entre otras.

A poco más de un mes para que este período legislativo culmine sus labores, las comisiones continúan su trabajo de fiscalización y legislación. En el período 2023 – 2025, se aprobaron 55 leyes.

La entrada Más de 100 leyes empolvadas en comisiones oficialistas se publicó primero en La Calle.

“La conversación a la que hace referencia diario El Expreso ocurrió en el marco de la discusión de una resolución para exigirle al Gobierno Nacional que transparente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, resolución de la cual yo era proponente. Basta solo con ver las fechas para darse cuenta que no coincide con el juicio político en mención. Ninguna bancada tiene mayoría en la Asamblea Nacional y eso requiere que todas las organizaciones políticas mantengamos un diálogo permanente entre sí para lograr aprobar acciones de todo tipo. Es la dinámica legislativa”, aclaró la legisladora.

Asimismo, utilizó su cuenta de X para referirse a esta noticia y a su redactor solicitando que se informe con la veracidad del caso. “Richard, por tu foto de perfil en WhatsApp, pareces un chico joven. No ensucies tu carrera periodista con mentiras y desinformación. Exigiré formalmente la réplica y rectificación que la ley me asiste”, escribió.

https://twitter.com/JahirenNoriega/status/1903255078712013255

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“Presidente Noboa, ¿por qué solo nos persigue a nosotras las mujeres? Voy a explicar el mecanismo de persecución del gobierno y el papel de sus alfiles en esta estrategia», dijo la presidenta en el audiovisual.

Veloz habló de una denuncia en su contra por parte de Ida Victoria Páez, el pasado 4 de enero, por presunta usurpación, traición a la patria, conspiración, sedición, así como retención ilegal de mando en el contexto de las licencias sin remuneración a los candidatos a la Asamblea de 2025.

La legisladora recibió otra denuncia el 9 de enero ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por el ciudadano César Wilfrido Cárdenas, por presunta precampaña. “¿Quién envía estos personajes? Presumiblemente el presidente Noboa, porque coincidenciamlmente estos dos ciudadanos son los que han presentado similares acciones a quienes cuestionan a este gobierno», aseveró Veloz.

También denunció que “medios digitales afines al Ejecutivo”, difundieron campañas de desprestigio en su contra, con noticias falsas que buscarían dañar su reputación y desacreditar su trabajo como presidenta de la Asamblea Nacional.

“Cuando estos individuos atacan no actúan solos, se apoyan en trolls y ciertos medios de comunicación engañosos. La persecución que estoy viviendo la enfrento con un TCE politizado que pretende negar la protección de mis derechos frente a las claras denuncias de violencia política de género que he presentado. Por el contrario, contra toda norma, estas han sido archivadas”, agregó.

Veloz indicó que se habría planeado un allanamiento a su domicilio. “Me han advertido a través de sus operadores que el presidente sea implacable conmigo en su persecución política por llevar a cabo la comparecencia en comisión general a quienes promueven la tipificación de la violencia vicaria en el Código Orgánico Integral Penal”, añadió Veloz.

“Presidente Daniel Noboa, escúcheme bien, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, no le tiene miedo y nunca lo tendrá. No permitiré que se antepongan los pequeños intereses de grupos económicos a los grandes intereses nacionales”, concluyó.

Otras denuncias

La bancada de ADN denunció a Andrés Aráuz, Santiago Díaz, Virgilio Hernández y a los cuatro ex miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por presuntos delitos relacionados al nombramiento del Superintendente de Bancos y un supuesto manejo político del correísmo.

La Revolución Ciudadana no es la única que recibe denuncias, Leonidas Iza, excandidato presidencial y presidente de la Conaie tiene una denuncia por “instigación” debido a la defensa del Campo Sacha. «Pero lejos de ser un obstáculo, esta denuncia confirma que seguimos en el camino correcto, combatiendo la corrupción, la indolencia y la mediocridad».

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Guarderas afirma que, tras analizar más de 5.000 actas, sus proyecciones indican que los resultados podrían variar significativamente, sugiriendo incluso una posible victoria en primera vuelta para el presidente-candidato Daniel Noboa. Destaca casos en zonas rurales de Pichincha, como Pintag, donde se registró un ausentismo nulo e, incluso, mesas con más votantes que los inscritos, situaciones que califica de «imposibles y absurdas».

«Mi tesis aquí es que utilizaron todas las actas de ausentismo para llenarlas a favor de Luisa González«, afirmó en rueda de prensa.

Culpa al CNE

El exconsejero responsabilizó al Consejo Nacional Electoral (CNE) por permitir estas inconsistencias y no ejercer un control adecuado durante y después del escrutinio. Además, sugiere un supuesto favorecimiento hacia los partidos Revolución Ciudadana (lista 5) y Partido Social Cristiano (lista 6). El exfuncionario sugirió el cambio de personal del órgano electoral en la segunda vuelta.

Censurado por la Asamblea

El 27 de diciembre de 2024, la Asamblea aprobó la censura y destitución de Guarderas por incumplimiento de funciones, incluyendo acusaciones de abuso de poder, uso indebido de recursos públicos y tráfico de influencias. El exvocal del Cpccs calificó el proceso de nulo, argumentando la falta de notificación adecuada y la violación de su derecho a la defensa.

Previamente, en noviembre de 2024, Guarderas presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) contra la vicepresidenta Verónica Abad por presunta infracción electoral. Aunque buscaba su destitución, la jueza Ivonne Coloma impuso una multa a Abad, sin retirarle sus derechos políticos.

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