En un vídeo de Tik Tok, la legisladora llega con un camión que lleva las cocinas.»Más de 80.000 cocinas embodegadas, pagaron 10 millones de dólares para tenerlas embodegadas cuando hay tanta necesidad y eso es lo que a mí realmente me indigna».

Lo que no dijo la asambleísta es que las cocinas quedaron embodegadas desde septiembre de 2018 cuando el plan de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción se detuvo y el gobierno del presidente Noboa esperó hasta el 18 de diciembre para anunciar que las entregaría gratuitamente.

https://vm.tiktok.com/ZMkDJeX22

Asimismo, se ve cómo un ciudadano le agradece a ella y al presidente. La legisladora también subió fotografías a su Instagram en un evento de entrega de estas cocinas por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. «Hacemos historia al devolver a las familias santodomingueñas lo que legítimamente les pertenece, demostrando que en el Nuevo Ecuador nadie se queda atrás», dice parte de la publicación.

https://www.instagram.com/p/DD5BJG0Jvxh/?igsh=MWNwdmh2NWxwaHlhbg==

¿Qué dice la ley?

El artículo 120 de la Constitución de la República indica que, entre las funciones de la Asamblea y sus miembros están la legislación y la fiscalización. 

La legisladora Nathaly Morillo (ADN) que va a la reelección, indicó a diario Expreso que no van a realizar campaña electoral. «Nos vamos a sacrificar por cuidar la democracia. ¿Por qué? Porque no haremos campaña. Pero no vamos a permitir que los mismos de siempre desbaraten lo que ya está construido». 

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La Fiscalía se refiere a un presunto robo y que ya se han abierto las investigaciones al respecto. «Fiscalía y la Policía procedieron con el levantamiento de indicios balísticos y reconocimiento del lugar de los hechos, entre otras diligencias, con el fin de esclarecer los hechos». Arguello es candidato a asambleísta por el PSE y se encuentra estable, sin embargo, su padre está grave en el hospital.

El presidenciable se pronunció con indignación a través de sus redes sociales, ya que días atrás, dio a conocer que sujetos entraron a la casa de su hermano, lo golpearon y se llevaron documentos que – según Granja – eran las pruebas de corrupción en el sistema eléctrico nacional y contratos de candidatos con el Estado.

«Joselo Argüello, mi amigo hace 30 años, baleado hoy luego de un evento con comuneros en el q estuvo a mi lado. Mi hermano Peter, asaltado el lunes en su domicilio. 3 costillas rotas. Es horrible todo esto. No es una campaña presidencial. Estoy enfrentando a los peores criminales», expresó.

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La causal de impedimento es la censura y destitución del cargo de Ministro del Interior tras un juicio político en la Asamblea en febrero del 2023. La información es de conocimiento público ya que este tipo de certificación consta en la página web del Ministerio del Trabajo.

Esto dice la ley

Según el Código de la Democracia, en el numeral dos del artículo 95 detalla que los requisitos para ser asambleísta son:

Para ser asambleísta, representante ante el Parlamento Andino, gobernadora o gobernador
regional, consejera o consejero regional, prefecta o prefecto provincial, viceprefecta o viceprefecto, alcaldesa o alcalde distritales y municipales, concejalas o concejales distritales y municipales o vocales de las juntas parroquiales se requiere haber cumplido diez y ocho años de edad al momento de inscribir la candidatura; estar en goce de los derechos políticos; haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella, de forma ininterrumpida, los dos últimos años previos a la inscripción de la candidatura; constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral; y, no encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución. 

En todos los casos, las ciudadanas o ciudadanos, como requisito para la inscripción de sus
candidaturas, presentarán una declaración juramentada ante Notario Público en la que indiquen que no se encuentran incursos en las prohibiciones previstas en la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero del 2017.

Por su parte, la Constitución del Ecuador no indica la inhabilidad para ejercer un cargo público como impedimento para ser asambleísta. Así lo indica el artículo 115:

Para ser asambleísta se requerirá tener nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido
dieciocho años de edad al momento de la inscripción de la candidatura y estar en goce de los derechos políticos.

El artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en cambio, indica que la censura y destitución impide al funcionario enjuiciado políticamente ejercer un cargo público por dos años.

Censura y destitución.- Para proceder a la censura y destitución de las y los funcionarios previstos en el artículo 131 de la Constitución de la República se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, con excepción de las ministras o ministros de Estado, secretarios nacionales, ministros sectoriales, ministros coordinadores, demás funcionarios que ejerzan funciones de rectoría, y las y los miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura, en cuyo caso se requerirá el voto favorable de la mayoría calificada.

La censura tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años. En el caso de que la o el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a la Resolución de censura adoptada por la Asamblea Nacional.
Este particular será puesto en conocimiento de manera inmediata al Ministerio rector de relaciones laborales para fines de registro y cumplimiento.

¿Son lo mismo el goce de derechos políticos que la inhabilidad para ejercer un cargo público?

No, una persona goza de sus derechos políticos si no tiene sentencias ejecutoriadas o insolvencia. Por lo que la inhabilidad para ejercer un cargo público no está registrada ni en el Código de la Democracia, ni en la Constitución del Ecuador como impedimento para ser asambleísta.

Posesión en la Asamblea

Carrillo cobró protagonismo en los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. En el primero se desempeñó como comandante general de la Policía y estuvo al frente del paro de Octubre del 2019. El estallido de la paralización de junio de 2022 llegó cuando era ministro del Interior del presidente Lasso. A eso se suma el femicidio de María Belén Bernal a manos de su esposo en la Escuela de la Policía Nacional y donde, según el Legislativo, Carrillo hizo un trabajo nefasto.

Para las elecciones anticipadas de 2023, Carrillo se inscribió como candidato a asambleísta nacional por el movimiento Construye, liderado por la exministra de Gobierno, María Paula Romo (MIB)

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«Una vez que la Policía aprehendió –en flagrancia- al asambleísta Peter C., por presunta violación a una joven de 19 años, Fiscalía practica diligencias y desplega los protocolos pertinentes, para decidir su situación jurídica en las próximas horas», escribió la institución en un tuit.

Denuncia por estafa

Asambleísta de Pachakutik por Cotopaxi, no es la primera vez que Calo enfrenta problemas con la justicia. El 3 de febrero de 2023, la Fiscalía de Salcedo presentó cargos contra Calo y su esposa, Nelly Diocelina Calo Sangucho, por una presunta estafa inmobiliaria.

El juez que conoce la causa, Carlos Sánchez, autorizó el inicio del proceso penal, luego de que en abril de 2022, un comerciante de 24 años, llamado Milton Yugsi, presentara una denuncia en su contra.

Según diario Expreso, el afectado asegura que los hechos ocurrieron en 2018, cuando Peter Calo se llamaba Diego Calo. El funcionario se cambió el nombre de cara a las elecciones de 2021.

Yugsi cuenta que en ese entonces Calo tenía una inmobiliaria llamada El Cisne y que ofrecía lotes de terreno en Salcedo en USD 15.000 dólares, los cuales supuestamente eran de su propiedad.

La víctima dice que accedió a comprar el lote de terreno y que mensualmente hizo pagos entre USD 300 y 1.000 .Después de haber cancelado USD 8.121, el denunciante se enteró que el terreno no era de Calo ni de su esposa ni de la inmobiliaria.

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«Para no hacer aparecer como los tales aportes interpretados como diezmos. Esos diezmos tiene mucha repercusión y puede costarle el puesto al asambleísta. En ese sentido que no aparezca, sino como un fondo común voluntario aporte de ustedes», dijo el asambleísta en el audio.

Sobre el porcentaje, el legislador especificó que podría ser «5 % (…) Como no son aportes individuales que vaya a hacerse vía banco, tiene que haber una persona que reciba esos aportes, que tenga una cuenta y se vaya gastando lo que vaya llegando en el devenir de los días y las necesidad».

Al parecer, la intención de Abad es borrar todo registro de lo que si, se configura en la práctica, es un delito que le costaría la expulsión. «Que no haya depósitos, ni recibos para quitar las cuestiones legales. Aporten con ideas, yo ya les expongo el panorama. Si se ponen de acuerdo, llegamos a feliz término».

¿Qué dice el asambleísta?

Nuestro medio preguntó al asambleísta Abad cuál era su opinión al respecto del audio filtrado. El legislador dijo que no conocía sobre la grabación.

«Desconozco. Sin duda a los asambleístas que participamos diciendo las verdades siempre buscan bajarlos. Y pueden haber malas interpretaciones y acomodos tratando de denigrar», respondió a Radio La Calle.

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En una entrevista para Radio Sucesos, Villavicencio aseguró que la destitución de Carrillo de su cargo como ministro del Interior, no fue más que una estrategia del Gobierno de turno.

Patricio Carrillo fue destituido de su cargo el pasado 23 de septiembre. En su lugar, el presidente de la República, Guillermo Lasso, posesionó al coronel en servicio pasivo, Juan Zapata como su nuevo ministro. Zapata era presidente del ECU 911.

Debido a la repentina decisión del Ejecutivo, Fernando Villavicencio condenó el acto, mientras se encontraba en una entrevista en vivo. “Lo que permite el Gobierno del presidente Lasso es una falta de decoro y de condescendencia, en la vida no hay que ser así”, dijo.

Fernando Villavicencio también había renunciado horas antes a su cargo como presidente de la Comisión de Fiscalización. Su sostén fue el no querer administrar corruptelas y tapar vínculos con el narcotráfico. “La sociedad ecuatoriana queda de rodillas frente a los narcotraficantes”, sentenció el asambleísta. (J.C)

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Según el legislador, el culpable de querer manchar su nombre es UNES. “¿Quiénes están detrás de esta basura? El bloque de UNES y el correísmo. Lo voy a confirmar, pero antes de hacerlo voy a decir que es tan falsa esta información que ni siquiera los estercoleros locales mediáticos que ellos tienen aquí, lo han publicado. Tuvieron que ir a Miami”, dijo Villavicencio.

Recordó la fotografía de la piscina donde aparecen Xavier Jordán y el legislador Ronny Aleaga antes de empezar a lanzar acusaciones. “Esta información yo ya sabía que iban a publicar. Buscaron periodistas de Colombia que les pidieron los documentos y negaron la publicación porque es una tomadura de pelo”.

Boscán lo alertó

Según Villavicencio, el periodista Andersson Boscán de La Posta fue a uno de los que ofrecieron el artículo par publicar. “Se negó y me dijo textualmente: eso es una basura y yo jamás iba a publicar”. Radio La Calle intentó comunicarse con el periodista, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

¿Quiénes más estarían detrás? “Rafael Correa, Juan Pablo Jaramillo Dávila, hombre de Xavier Jordán y Santiago Díaz, famoso garrotero de la SENAIN”.

El legislador nombró a Pedro Zamora como contacto entre UNES, Jordán y el Venezolano News. “Su pareja, Genesis López, asesora de Marcela Aguiñaga. Esto va a salir publicado, solamente estoy dando unos tips”.

Asambleístas de UNES le avisaron

La bomba vino después. “¿Quiénes más me dijeron que esta información iba a salir? Los propios legisladores de UNES. Me reservo los nombres. Legisladores que están cansado y me han alertado de que su movimiento está contaminado por el narcotráfico”.

Finalmente agregó que la información de que tiene tres cuentas con USD 14 millones es falsa. Mostró un documento del Banco pichincha que indicaría que esas cuentas no son suyas.  MIB

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«Es indignante lo sucedido porque el seguimiento que me ha realizado un equipo entero de policías que, en lugar de ejecutar su trabajo de protección a la ciudadanía, han preferido ceder y prestarse a intereses políticos del gobierno. Por presión a los asambleístas, estamos siendo víctimas de situaciones similares debido a la votación para la destitución relacionada al Consejo de la Judicatura», dijo la legisladora en un comunicado.

Castillo rechazó el acoso a ella y su familia «al recibir la invasión en la puerta de mi hogar para realizar una supuesta requisa sin una orden previa y sin sustento alguno».

A las 12:30 del 28 de agosto, el Pleno se informará de las distintas posiciones de los miembros de la Comisión de Fiscalización que han llevado la investigación de este caso. Allí decidirán si van o no al juicio político. Para eso se necesitan 70 votos.

En su cuenta de Facebook, la legisladora denunció la presencia de los gendarmes.

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“Con este proyecto de ley se busca crear una banca pública de desarrollo, la Cooperativa Financiera Ecuatoriana y el Banco Ecuatoriano de Desarrollo, protegida por la ley porque solo la regulan decretos ejecutivos, tanto es así que con un decreto se fusionaron la Corporación Financiera Nacional CFN y el BanEcuador”, explicó en una entrevista con Radio La Calle.

Sobre el tema principal del proyecto, la legisladora expresó que “al objeto de la ley le precede un título que es la defensa del Banco del Pacífico. Es la segunda institución financiera más importante, el banco es público, a pesar de que lo que todos en el Gobierno digan, tiene administración privada, pero es público”.

El banco del Pacífico nació en 1972 de forma privada y fue beneficiado de una política de fortalecimiento desde el Estado. “El último gran rescate que tuvo este banco con fondos públicos fue en el periodo del feriado bancario y eso el presidente Lasso lo sabe porque fue protagonista del feriado. Es público porque el Estado invirtió muchos recursos en rescatado, sus activos pertenecen a la CFN. Su patrimonio realmente es de USD 3.000 millones”, añadió Sánchez.

Proceso de venta

De acuerdo con la legisladora se ha realizado una limpieza dentro del banco para prepararlo para su venta. “Hay el despido de muchos empleados y cierre de agencia. Es un proceso de sanación para que aquella empresa que lo adquiera lo encuentre sin problemas y rentable.”

Añadió que, si bien no es posible evitar la venta, se puede revertir el proceso. “La ley no puede impedir la venta del banco, lo que está tipificado en este proyecto de ley es que el proceso de venta puede ser revertido por la procuraduría en el marco de la ley. ES vox populi que la venta ha conmovido a los ciudadanos. En su último reporte de utilidades prevé que en 2022 será de USD 100 millones”.

Para Sánchez, se quiere justificar la venta del banco con la desnutrición infantil. “Lo que se quiere hacer es vender un recurso publico a precio de gallina con peste. La venta del banco elimina la competencia para el gran negocio financiero en Ecuador. Detrás de esto está la captación de sus 2,7 millones de clientes”.

El gran riesgo es que la venta de este banco puede ser una medida de control de los créditos. “La banca no llegará a los pequeños productores y medianas empresas. Si solo nos quedamos con la banca comercial, el abanico de posibilidades se cierra. No realizan créditos a largo plazo. Si se cierra este banco no se atenderán esas necesidades. El país se entregará totalmente a un capitalismo especulativo sin procesos de capital productivo”. MIB

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El parte indica que, por motivos de seguridad, se cambió el vehículo que el legislador utiliza normalmente. El 14 de mayo, su hermana Alexandra Villavicencio tomó el coche y a la altura de la avenida Galo Plaza Lasso, en el sector de Carcelén, norte de Quito, aproximadamente a las 17:30, un desconocido rompió el vidrio trasero del carro por lo que ella aceleró, señala el documento recogido por diario El Universo.

Según las declaraciones de la hermana, no tenía nada de valor de forma visible para que fuese víctima de robo. Ante esta alerta, se informó del hecho al ECU911 y se tomaron las acciones respectivas.

¿Qué dice Villavicencio?

“Aproximadamente a las 18:00 mi vehículo a la altura del intercambiador de Carcelén recibió una agresión en la puerta derecha del lado de atrás. Le presté mi auto a mi hermana y es la primera vez que se lo he prestado. Yo me movilicé en otro vehículo junto a mi resguardo policial”, contó el asambleísta a diario el Universo.

“Es mi vehículo y ese es el asiento donde yo siempre viajo, justo el único día que no utilicé mi vehículo ocurre esto”, agregó Villavicencio, quien seguirá usando el vehículo. De acuerdo con el legislador, el Gobierno realizó un informe de alto riesgo y que por lo tanto se le asignó seguridad policial.

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“He puesto una noticia criminis en la Fiscalía general del Estado sobre la desmaterialización de unos chats donde se comunican la exministra María Paula Romo y el exlegislador Daniel Mendoza, sentenciado por corrupción y el expresidente Lenín Moreno. Estos nuevos elementos debían ser parte de la investigación que sentenció a Mendoza. Misteriosamente no están dentro de ese proceso, de lo que conocemos públicamente, pero pueden ayudar muchísimo al trabajo de la Fiscalía dentro del reparto de cargos”, explicó el asambleísta a los medios.

Agregó que los chats eran explícitos y contiene mensajes y ordenes claras del expresidente Moreno y la exministra Romo. “Esperamos por el bien del país, que ha sufrido con el reparto de hospitales, que esto se resuelva con celeridad. La exministra se da el tiempo para dar pronunciamientos políticos e ir campante por el mundo cuando debería responder a la justicia”.

Las pruebas que presentó Aleaga fueron encontradas en las pericias realizadas al teléfono celular de Mendoza. “Llama la atención que en el proceso contra Daniel Mendoza no conste este tipo de información. Esperemos que no dejen pasar mucho tiempo como en el caso de los INA Papers o la consulta mañosa”.

Entre otros políticos inmiscuidos en estos chats estaría la exasambleísta Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización en el período legislativo 2017 -2021.

Caso Mendoza

En junio de 2021 se dio a conocer que Mendoza habría repartido cargos en el Hospital de Pedernales y la Corporación Eléctrica Nacional (CNEL). No sabemos que le van a dar a Daniel. Se bronqueó con el ministro. Lo mandó a la m… entonces Daniel lo mandó a la v… al ministro… Vamos a ver con quien negocia, entonces no sé si pide con estratégico o pida CNEL», dice una de las conversaciones que José Veliz, contratista del hospital de Pedernales con Frank Calderón, quien cobró algunos cheques de Consorcio Pedernales, empresa contratista.

En noviembre, el juez Marco Rodríguez sentenció a una pena de 50 meses a Mendoza en el caso del Hospital Pedernales. Él y siete personas recibieron una pena por delincuencia organizada. De acuerdo con la fiscal general, Diana Salazar, los hechos tuvieron lugar en Manabí y Pichincha entre los años 2019 y 2020. MIB

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“Un año de estudios en una de las universidades particulares más caras de Quito cuesta alrededor de USD 10.000. El Estado invierte USD 7.000 por año en cada estudiante de Medicina que cursa en las universidades públicas. En Yachay, la Universidad del Conocimiento inaugurada en 2014, por cada uno de los estudiantes matriculados el Estado invirtió USD 301.500”, dice un reportaje de revista Vistazo.

De acuerdo con este reportaje, los USD 602 millones es el presupuesto invertido durante seis años en Yachay, según el informe de Cordero que no tuvo el apoyo de toda la Comisión a la que pertenece. “A pesar de que el documento es el resultado de ocho meses de trabajo, no tuvo el aval de toda la Comisión. ¿Explicaciones? La nueva mayoría de la fanesca socialcristiana, correísta y el ala resabiada de Pachakutik no validó el documento final”.

El presupuesto

Sobre esta información han reaccionado la asambleísta Pamela Aguirre y el expresidente Rafael Correa. Aguirre dijo que ese no es el presupuesto real. “Jamás se invirtieron 602M en la Universidad. El presupuesto EJECUTADO de la Universidad oscila entre 5M y 18M. El presupuesto EJECUTADO de la Ciudad del Conocimiento fue de 240M. Incluye escuela, colegio, salud, vías, etc. Todo en funcionamiento”.

Según la Coordinación Administrativa Financiera de Yachay, el presupuesto para la Universidad que se ejecutó oscila entre los USD 18 y 5 millones. Entre 2014 y 2021 se habrían gastado USD 80 millones de presupuesto para la Universidad.

La legisladora expresó que había solicitado a revista Vistazo el derecho a la réplica y que no lo consiguió. “La verdad sobre el presupuesto fue demostrada en la Comisión de Fiscalización, por eso NO SE APROBÓ el informe de Cordero. Atenta contra la verdad, publicar información que no tiene el sustento de la Comisión ni de la Asamblea”.

Aguirre también se pronunció sobre los bienes de Yachay. “Entre las mentiras del “publireportaje”, se dice que los bienes de Yachay no tienen propiedad. FALSO.La propiedad ESTÁ en manos de la Senescyt. La prueba, es que el 22 de marzo de 2022, Alejandro Ribadeneira suscribió el acta de uso de varios edificios.¿Cómo lo hizo si no tienen la propiedad?”, añadió. MIB

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“Estoy en esta lista que el presidente ha puesto. A veces quiero verle lo positivo a esta catástrofe (…) Lo positivo es que el pueblo ecuatoriano va a ver mi cara porque le aseguro que usted nunca me ha visto como legisladora en 10 meses. No he salido en medios porque no me siento identificada con la gente que sale y dice cualquier cosa”, expresó en una entrevista en Teleamazonas.

De acuerdo con Molina, no pidió beneficios económicos al presidente o sus asesores, sin embargo, ha dicho que, si hay pruebas de ello, ofrecerá disculpas al país. Ambas expresiones se contradicen. “Jamás en la vida he hecho un pedido de esa clase al presidente o a ninguno de sus colaboradores. Si tienen las pruebas, les exhorto a que presenten al pueblo ecuatoriano porque mi deber es dar una respuesta a mi provincia y a los ecuatorianos. Si es que esas pruebas existen seré la primera en pedir disculpas y hacerme cargo de lo que me imponga la ley”.

A favor de la ley de Inversiones

La legisladora indicó que votó en contra del archivo de la Ley de Inversiones el pasado 24 de marzo. “Yo voté con el Gobierno. Se supone que el presidente me mandó a pagar, pero el dinero no ha llegado a mí. Entonces él tiene que presentar al pueblo cuál es el coimador (…) Es un gran problema y es el doble para mí porque los demás compañeros votaron a favor del archivo”, agregó.

El 26 de marzo, el presidente Lasso envió una carta a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, indicando que cinco asambleístas de Pachakutik habrían solicitado beneficios económicos a cambio de apoyar la ley de Inversiones con su voto en el Pleno. La Fiscalía anunció el inicio de la investigación, mientras que los legisladores negaron las acusaciones. MIB

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«El documento restringido, al que hace referencia el procurador en su denuncia, es un documento publicado por medios digitales semanas antes de que inicie el juicio político en su contra», explica Álvarez en un comunicado.

De acuerdo con el asambleísta, Salvador no tiene la potestad de nombrar un documento como reservado. «Deben existir ciertos requisitos y ese documento no los cumple. El membrete de reservado no lo convierte en confidencial».

Álvarez agregó que hará uso de su derecho a la defensa y comparecerá ante la Fiscalía General del Estado. «Tenga por seguro que en algún momento solicitaré la malicia o temeridad de su denuncia, al usar de forma indebida el sistema para persecusión política».

La denuncia

Sobre la información que Salvador entregó a Lasso sobre Perenco, el procurador dice que lo hizo mediante un oficio reservado. «La divulgación de documentación reservada es delito de acuerdo con el COIP. De modo que el juicio político contra mí esta basado en documentos obtenidos ilícitamente», dijo a los medios antes de entregar la denuncia en Fiscalía.

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“Yo me abstuve en la votación del informe que recomendaba la sanción al señor Recalde porque no hay pruebas. La asambleísta denunciante intentó pasar un cheque en blanco girado. No hay un perito que indique cómo se realizó la investigación ¿Cuáles son las pruebas contra él? Dos testigos, uno de ellos una trabajadora que fue recomendada por la asambleísta alterna de Recalde”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

González agregó que se debe mantener la seguridad jurídica en los procesos de destitución. “Hay que pronunciarse ajustados al derecho. Si no hay pruebas no se puede procesar a una persona y ante la duda va libre”. La legisladora indicó que probablemente se abstenga en la votación del Pleno. “Yo he expuesto a mi bancada las razones de mi abstención y las haré conocer en el Pleno”, precisó.

La decisión

En el informe del Comité de Ética se encuentran las pruebas tanto de cargo como de descargo. Entre las pruebas presentadas por la asambleísta denunciante, Johanna Moreira (ID), están testimonios y un cheque que señalaría la culpabilidad de Recalde en este caso diezmos. Por su parte, el legislador indicó en sus pruebas de descargo, que el proceso estaba viciado de nulidad.

Para la destitución de Recalde se necesitaría de una mayoría calificada, es decir 90 votos.

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En la sesión 11 del Comité se presentó el informe sobre este caso. El presidente José Chimbo entregó a sus compañeros el informe para que lo analicen y presenten sus aportes. El viernes debatirán el informe final para entregarlo a la Presidenta de la Asamblea.

El legislador indicó que las pruebas de Moreira no tienen sustento. “La asambleísta Johanna Moreira presentó 25 pruebas, 10 fueron descartadas por no tener el sustento legal. Dentro de esas pruebas se encuentra un cheque en el que no consta el nombre del beneficiario ni que haya sido entregado a Eckenner Recalde. No demuestra que los supuestos perjudicados entregaron cuenta alguna”.

De acuerdo con el legislador, es falso que una tercera persona haya recibido dinero o cheques de Javier Otuño y Alexandra Maya, los asesores de Recalde. “Estas declaraciones son contradictorias. La Fiscalía también se contradice. Dicen que se les ha solicitado USD 1.200 y que Otuño debía entregar USD 500 y solo entregó USD 200”.

Recalde indica que Moreira ejerce presión sobre el Comité para recomendar su destitución. “Ella sigue presionando a los miembros del Comité a través de los medios de comunicación. […] El Pleno tendrá que resolver y yo me defenderé con mis pruebas de descargo”.

El legislador alertó que la cúpula de la Izquierda Democrática (ID) busca quitarle su curul. “Alejandro Jaramillo ha ofrecido mi curul y el voto para armar la mayoría con el Gobierno Nacional”.

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“Los vocales del Consejo Nacional Electoral, le deben respuestas al pueblo ecuatoriano sobre su accionar durante su gestión en el último proceso electoral. Hemos ingresado la solicitud de Juicio Político para el trámite correspondiente”, indicó el legislador.

De acuerdo con Ruiz, el motivo del proceso es que los miembros del CNE impidieron que se verifiquen las inconsistencias presentadas en las 39.000 urnas en las elecciones generales de febrero del 2021.

¿Fraude en el CNE?

De acuerdo con el artículo 148 del Código de la Democracia “si de la nulidad de las votaciones de una o más parroquias o zonas electorales dependiere el resultado definitivo de una elección, de manera que una candidatura se beneficiare en detrimento de otra u otras, el Consejo Nacional Electoral dispondrá, hasta dentro de diez días, que se repitan las elecciones cuyas votaciones fueron anuladas”. Según el legislador, el CNE debía agotar todas las posibilidades para saber si existían inconsistencias y sus consejeros no lo hicieron.

Ruiz indicó que la única forma de saber si se realizó un fraude es abrir las urnas. EL legislador indicó que todo el país se quedó con la duda de si al excandidato presidencial por Pachakutik, Yaku Pérez, le hicieron fraude.

El proceso político está dirigido en contra de Diana Atamaint, José Cabrera, Esthela Acero, Enrique Pita y el exconsejero Luis Verdesoto. La solicitud tuvo el apoyo de 40 asambleístas entre Pachakutik y la Izquierda Democrática.

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El 4 de noviembre, el asambleísta escribió en un tuit «Pasar del tubo a la curul y surgen estás «argucias torpes». El tuit citaba a una publicación de 4 Pelagatos sobre Mónica Palacios.

Varias publicaciones hablan de un vídeo de la asambleísta cuando era modelo. Lo hicieron pasar como video íntimo. Palacios mostró pruebas para el caso Pandora Papers que se trata en el Legislativo.

¿Qué dice la Ley?

Las reformas al Código de la Democracia están vigentes desde febrero de 2020. En el artículo 280 se indica que la violencia política es una agresión cometida por una persona o grupo en contra de una mujer inmersa en la vida política.

Se considera violencia política a:

1. Amenazas o intimidaciones que busquen anular sus derechos políticos.

2. Cualquier expresión que denigre a las mujeres, ya sean candidatas o ejerzan sus funciones, con base en estereotipos de género y con el objetivo de menoscabar su imagen.

La violencia política se determina como una infracción electoral muy grave.  Implica la imposición de una multa desde 21 a 70 salarios básicos unificados, la destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años.

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Cordero fue una de las 804 estudiantes que recibieron una beca de parte del Gobierno, a través de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENECYT). Así lo indica un tuit del 29 de agosto de 2012.

“Ya en la ceremonia de adjudicación de becas SENECYT ¡Mi nombre entre los 804 becarios!”, escribió la ahora legisladora. También puso una cita del expresidente en el momento de la ceremonia. “Este es su esfuerzo, su dinero, nuestro petróleo, nuestros impuestos, dice Rafael Correa en la ceremonia de adjudicación de bacas Senecyt”, escribió.

Otro tuit dice: “Mientras ingresa Rafael Correa a la ceremonia de adjudicación de becas SENECYT suena la canción de ¡Patria, Tierra Sagrada! Con infinito amor”. Este último fue respondido por su esposo y secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo. “Por favor, foto de ti cantando con el Mashi”. Ella respondió: “Le di la manito =)”.

Ahora…

El 27 de octubre, la asambleísta y vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización escribió este tuit. “El presidente Guillermo Lasso le pone fin a 14 años de hipoteca de nuestro país al narcotráfico”.

El expresidente respondió: “Asambleísta: No hable tonterías. Lo mínimo que esperamos de una legisladora es algo de solvencia moral e intelectual. Es público y notorio que fue Lasso quien gobernó con Moreno, y destrozaron todo, probablemente también el mejor sistema de radares”.

Esta fue la respuesta de la asambleísta Cordero:

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“Solicito remita a mi despacho el informe detallado del proceso de verificación de los vínculos familiares entre el señor Roger Arosemena Benites y el señor Guillermo Lasso, presidente de la República, eventualmente contrarios al orden legal vigente, a la ética pública y a la transparencia en el manejo de la cosa pública”, dice el pedido.

De acuerdo con el Código de Ética que el Gobierno expidió está prohibido el nepotismo en la función Ejecutiva. Los funcionarios no deben tener familiares con cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad trabajando en las entidades donde ese funcionario tuviera participación directa.

Roger Arosemena sería concuñado de Guillermo Lasso, además de tener presuntos vínculos con paraísos fiscales. De acuerdo con una investigación de Página 12 en 2017, el notario Roger Arosemena Benítez, en cuyo despacho reposan las escrituras de los bienes del expresidente ejecutivo del Banco de Guayaquil y actual presidente de la República, Guillermo Lasso, es su socio en dos empresas, en paraísos fiscales.

Carta Ciudadana

Un grupo de migrantes ecuatorianos que reside en Italia depositaron una carta en el sobre del Vaticano dirigida al papa Francisco. En ella manifiestan su preocupación por los nexos offshore que tendría el embajador en el Vaticano, Roger Arosemena.

“Desde el 2017 los migrantes sentimos que fuimos la última rueda del coche en el gobierno de Lenín Moreno. Nos quitaron el apoyo, no contamos con los servicios consulares habilitados al 100%. Se equivocaron y dejaron como herencia dependencias desmanteladas. No queremos que la historia se repita”, dice una de las migrantes que dejó la misiva.

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