El presidente Guillermo Lasso y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez fueron citados a comparecer, pero no asistieron. La secretaria de la sala mencionó que de manera oficial no se emitió ningún informe desde la Presidencia para notificar su falta. Sin embargo, publicó un oficio para justificar su ausencia el día 7 de octubre a la sesión convocada. El ministro envió su disculpa por compromisos de agenda ministerial ya planificada.

La señora Otavalo habló sobre la incomprensión de las autoridades y que ha buscado ayuda internacional. Además, señaló que en la búsqueda de su hija no recibió la indumentaria necesaria.  

“El crimen de mi hija les da miedo porque está destapando una olla de grillos (…) supuestamente los policías fueron al cerro en carros, motos; y el día 20 de septiembre ellos fueron solos. Si no me quieren decir nada a mí, por qué no informan a la Fiscalía. Quisieron hacer una revictimización de mi niño. Y yo he tenido el apoyo de instituciones no gubernamentales e internacionales y de nadie más”, manifestó.

Las asambleístas señalaron que seguirán con su trabajo hasta esclarecer este hecho tan desagradable. Su compromiso es esclarecer este caso y no dejarlo en la impunidad.

Suspensión de sesión

La sesión se suspendió por la inasistencia del presidente Lasso y el ministro Jiménez. La inconformidad de las legisladoras se hizo presente y aclararon que seguirán insistiendo en la presencia del mandatario a las reuniones.  

“No conoce el concepto respeto. Señor presidente queremos que este aquí. Él no tiene la obligación, pero sí la obligación moral (…) No hay respeto de parte del presidente. Prefiere irse al mundial que estar aquí defendiendo lo que es su responsabilidad: la vida, la vida de todos los ecuatorianos”, mencionaron los parlamentarios.

La presidenta de la Comisión canceló la reunión por la falta de empatía de las autoridades ante el caso. La presidenta realizó un nuevo llamado a las autoridades a asistir a las audiencias a dar respuesta al clamor de ayuda de la madre de la víctima. (A.M.B)

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La asambleísta aseguró que Herrera alteró la afiliación de algunos candidatos a la presidencia para que no puedan postularse para la nueva directiva.

“Guillermo Herrera va a recibir una denuncia por lo que ha hecho, ha alterado las afiliaciones de compañeros, de presidentes provinciales que fueron afiliados en el 2016, fueron electos como presidentes. Hoy por arte de magia aparecen afiliados desde el 2021 – 2022. Para que no puedan ser candidatos a presidentes”, dijo la asambleísta, Johanna Moreira.

Johana Moreira, Alejandro Jaramillo y otros asambleístas que fueron separados de la Izquierda Democrática (ID) el pasado 20 de abril, pidieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de una nueva directiva para esta organización política.

Asimismo, detalló que se han acusado a los cinco asambleístas expulsados del partido por alteración de documentos. No obstante, Moreira ratificó que esas acusaciones impuestas por Herrera son falsas, por lo que deberá compadecerlas con un juez.

El Apoyo

A la sede del organismo se presentó Enrique Chávez, dirigente de la ID, acompañado de un grupo de simpatizantes que portaban camisetas y banderas de la lista 12.

Enrique Chávez solicitó su inscripción como presidente encargado de la ID. Esto basándose en los resultados de una convención nacional que tuvo lugar en Manabí el 30 de abril pasado.

Aunque los resultados son desconocidos por Guillermo Herrera, Chávez explicó que en esa decisión participaron delegados de 19 provincias. Además, responsabilizó a Herrera de dividir al partido junto con el excandidato presidencial, Xavier Hervas.

Confrontación

No obstante, Guillermo Herrera, expresó que la convención que se realizó en Manabí no fue legal. Por tanto, aseguró que él se mantiene como presidente legalmente reconocido por el CNE.

Señaló que esto se da porque hay algunas directivas que no quieren dar paso a las elecciones internas. “Quieren prorrogarse en funciones y así poner sus candidatos en las seccionales”, adujo.

Herrera obtuvo una certificación de la Secretaría del CNE sobre la directiva del partido el 13 de mayo pasado y se ratificó como presidente de esta tienda política.

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“Cumpliendo esa resolución hemos notificado la reintegración de los compañeros autodenominados rebeldes a la bancada de Pachakutik”, expresó el jefe de bancada de Pachakutik, Salvador Quishpe, durante una rueda de prensa.

Recalcó que todos los asambleístas de Pachakutik tienen el deber de hacer cumplir y de respetar todas y cada una de las resoluciones adoptadas en la bancada. “Nos reuniremos todos los días lunes a las 16:00 para analizar y planificar las actividades que debemos cumplir en la Asamblea Nacional”, comentó Quishpe.

El asambleísta sostuvo que, si alguien no cumple con estas resoluciones, no hará falta ningún proceso. Se entenderá que han tomado la decisión de apartarse y autoexcluirse de Pachakutik.

Por otro lado, manifestó que, de darse el caso de la destitución de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, ningún asambleísta de Pachakutik podrá candidatizarse a esa dignidad.

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Salazar argumenta que los 81 asamblesísta que votaron a favor de la Comisión que evaluará al Consejo de Administración Legislativa (CAL) inclumplieron con la decisión de autoridad competente y no tendrían inmunidad parlamentaria por este caso.

«Se requiere autorización del Pleno en una mayoría calificada para que se lleve un proceso penal en la instrucción fiscal. En este caso estaríamos hablando de la etapa de la investigación previa, por lo que no cabría el proceso», dijo.

Salazar dice que la denuncia de la a presidenta de la Asamblea Nacional, ante la Fiscalía, por un presunto delito de «incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente», busca dejar sin efecto la calificación de la denuncia y anular la creación de la comisión.

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