A tres días del inicio de la campaña electoral continúan las inconsistencias acerca del pedido de licencia tanto del presidente como por parte de los asambleístas que van a la reelección. El artículo 93 del Código de la Democracia en su artículo 93 indica que «los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral».

Nathaly Morillo, candidata a la reelección dijo que la bancada legislativa de ADN no se acogerá a la licencia sin sueldo, pero que no harán campaña política. Lo denominó un sacrificio por la democracia. Sin embargo, la legisladora Yadira Bayas estuvo entregando cocinas de inducción en Santo Domingo.

Puede interesarle: ¿Campaña con recursos públicos? Asambleísta Yadira Bayas entrega cocinas de inducción 

El Pleno de la Asamblea será el encargado de resolver el tema de las licencias sin sueldo para los candidatos a la reelección antes del receso legislativo. Por otra parte, el ministro de Gobierno, José de la Gasca, expresó que no es obligatorio para Noboa pedir licencia por una interpretación de la Corte Constitucional.

“No es obligatorio que el presidente tome licencia, no existe una norma expresa que establezca que el presidente debe tomar licencia. En estos casos, el artículo 93 del Código de la Democracia dice que es obligatorio para los casos de reelección, este no es un caso de reelección. No porque lo diga De La Gasca, no porque lo diga el Ministerio de Gobierno, porque lo ha dicho y así lo ha interpretado la Corte Constitucional. Eso es claro. Esto está fuera de toda discusión”, dijo.

La entrada ADN anuncia eventos por inicio de campaña; sus candidatos a reelección no solicitaron la licencia sin sueldo se publicó primero en La Calle.

La sorpresa también apareció en la lista de asambleístas nacionales. La madre del mandatario, Anabella Azín, lidera este espacio. La acompañan el ministro de Turismo, Niels Olsen; el viceministro de Gobierno, Esteban Torres; la asesora presidencial, Diana Jácome y la ministra de Ambiente, Sade Fritschi.

ADN se convierte en el primer movimiento político en dar los nombres oficiales de sus candidatos de cara a las elecciones generales 2025. Los demás partidos y movimientos tendrán sus convenciones en el transcurso de agosto hasta septiembre cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuncie el inicio de este nuevo proceso electoral. (MIB)

La entrada Noboa va por la reelección; su madre lidera la lista de asambleístas se publicó primero en La Calle.

Benavides explicó que ni la Constitución ni el Código de la Democracia especifican los parámetros básicos para las nuevas postulaciones. Sin embargo, recalcó -en entrevista para Radio La Calle– que una sentencia de la Corte Constitucional (CC) especifica que el período (2023-2025), al ser atípico, no se considera «imputable para efectos de la reelección».

La sentencia 002-10 de la Corte indica que las elecciones anticipadas legislativas y presidenciables convocadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) se deberán entender que son para completar el resto de los períodos. Por lo que, no podría considerarse «un nuevo período regular imputable para el caso de reelección».

«Es decir, todos podían ser candidatos para las elecciones. Los asambleístas nuevos, destituidos (con algunas salvedades) e incluso el propio presidente Guillermo Lasso», dijo.

También, mencionó que, si ahora hay rostros conocidos en el Pleno del Legislativo se debe a la sentencia de la CC, pues ellos sí podían postular para completar el período (2023-2025).

De la misma manera, el abogado constitucionalista Mauro Andino aclaró que existe otro escenario. Uno en el que los legisladores se postularon por primera vez, estos podrán culminar este lapso y postularse -de ser el caso- en las elecciones de 2025 y 2029.

«A ellos no se les contabiliza este tiempo entero y podrán postularse para el mismo cargo en los siguientes dos períodos», apuntó para Radio La Calle.

Los vacíos

Ambos juristas detallaron que los principales vacíos están en la Constitución y el Código de la Democracia. Tanto Benavides como Andino resaltaron la necesidad de generar otra interpretación a esta medida para que se puedan reglamentar los procesos que quedaron varados. «Por ejemplo, al disolver la Asamblea Nacional varias leyes, reformas y decretos se mantienen en el archivo», señaló Andino.

El abogado explicó que otras incógnitas surgen en los procesos de juicio político contra los diferentes actores políticos, los indultos o plazos interrumpidos.

Andino añadió que los principales cambios se deberían realizar a la Constitución y a la Ley de la Función Legislativa. Algo similar explicó Benavides, que argumentó que el CNE también podría establecer lineamientos para una nueva reglamentación en este caso.

Además, apuntó que sería propicio una interpretación del Procurador general para definir algunas limitaciones en este espacio.

En la Constitución, el único punto que topa la disolución del Legislativo es el artículo 148. Sin embargo, no especifica tiempos, relaciones, limitaciones o abstenciones de los actores políticos y las elecciones anticipadas.

Sobre la elección de los asambleístas

El artículo 93 del Código de la Democracia reza que los dignatarios de elección podrán reelegirse por una sola vez de manera consecutiva o no, para el mismo cargo en dos períodos. No obstante, esta decisión no rige para las autoridades de elección popular que ostenten la calidad de suplentes. En este inciso se incluye la salvedad del decreto de la muerte cruzada.

«Se entenderá por reelección, igualmente, la de las autoridades que habiendo sido elegidos para un cargo han pasado a desempeñar por subrogación definitiva otro cargo de elección popular», reza el artículo.

La entrada Asambleístas podrían ocupar su curul hasta nueve años y medio por vacíos constitucionales, tras la muerte cruzada se publicó primero en La Calle.

La legisladora reelecta Sofía Sánchez presentó la reforma en julio de 2022, cuando formaba parte de la bancada de Pachakutik. Según reporta Ecuavisa, el objetivo de la propuesta es que quienes busquen una curul en el Parlamento cumplan, además, una de las siguientes tres condiciones:

1. Probidad notoria a través de una declaración juramentada bajo pena de perjurio;
2. Experiencia relacionada con el puesto; también cuenta participación social o vinculación política; y,
3. Formación justificada, es decir, estudios formales o capacitaciones en procesos legislativos.

Por el momento, la ley obliga solamente a cumplir con dos requisitos: ser ecuatoriano en goce de sus derechos políticos y tener más de 18 años.

Hay una segunda propuesta

Otra enmienda constitucional cayó por sorteo a la magistrada Nuques. Se trata de incluir a los integrantes del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a que puedan ser sometidos a juicio político.  

Para ello, habría que reformar el artículo 131 de la Carta Magna que limita el enjuiciamiento político a ministros o altas autoridades de otros poderes del Estado y entidades de control, reseñó el medio. La propuesta fue planteada por el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, en enero de 2023.

La jueza Nuques ya notificó a la Asamblea Nacional, que apenas posesionada deberá resolver los dos temas en el término de cinco días como máximo.

La entrada Enmienda constitucional busca aumentar requisitos para ser asambleísta en Ecuador se publicó primero en La Calle.

Los exlegisladores ganaban mensualmente USD 4759, por lo que se estima que el valor sea de 4 mil dólares. Sin embargo, la liquidación final será ajustada al tiempo que trabajaron.

Se prevé una reunión con el Ministerio de Finanzas y los encargados de la Asamblea para fijar los valores a pagar. Además, se espera que la resolución de la liquidación para todos los exempleados se establezcan hasta el 30 de mayo.

El resto de exempleados

La Administración de la Asamblea verificará los convenios de cada uno de los acompañantes que tenían los exfuncionarios. Asimismo, se examinará los contratos de los extrabajadores antes de establecer el valor de liquidación, recogió La Hora.

El Pleno Legislativo tiene que coordinar la liquidación de 1000 personas excluyendo a los 137 exasambleístas. Los contratos pertenecen a los asesores, asistentes, comunicadores de los medios legislativos, y demás personal.

Por otro lado, 88 funcionarios continuarán con su funciones en la Asamblea. Dentro de este grupo está personal de carrera que mantienen nombramiento en la institución. De la misma manera, se respetará al personal vulnerable, es decir, a personas con discapacidad y mujeres que estén en periodo de lactancia.

¿Quién está en la Asamblea?

El administrador general de la Asamblea, Miguel Pesantez, afirmó que dentro del edificio Legislativo hay personal «para que la Asamblea se mantenga y siga funcionando». Además, explicó que el funcionamiento administrativo debe continuar aunque el área legislativa dejó de operar.

«Esto nos tomó de sorpresa a todos, nunca antes se había dado, pero la Asamblea sigue funcionando», dijo. (DCJ)

La entrada Ministerio de Finanzas prepara la liquidación para exasambleístas se publicó primero en La Calle.

«Lo que Lasso hace es ilegal. Obviamente no hay ninguna conmoción interna, sino un juicio político en aplicación de la Constitución», dijo.

Correa aseguró que el jefe de Estado «no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse«. Sin embargo, llamo a la ciudadanía a ver esta situación como una gran oportunidad para «librarnos de Lasso«. Asimismo, manifestó que esto promueve que los «asambleístas de alquiler» se vayan a su casa.

Por otro lado, acusó al Gobierno por la falta de mujeres dentro de su Gabinete. «La equidad de género es impresionante«, explicó al ver que en la cadena nacional estuvieron seis hombres acompañando a Lasso.

El expresidente cuestionó la ausencia del vicepresidente Alfredo Borrero, durante el comunicado nacional. «Y Borrero brilla por su ausencia», escribió. Además, reconoció el humor del pueblo en las más duras crisis.

La muerte cruzada

El presidente de la República, Guillermo Lasso, disolvió la Asamblea Nacional a través del decreto 741 de muerte cruzada la mañana de este miércoles 17 de mayo de 2023. Ahora, el jefe de Estado gobernará vía decreto los siguiente seis meses sin el contrapeso del Legislativo, pero no terminará su mandato.

De acuerdo con el documento, el primer mandatario firmó el decreto considerando la existencia de “una grave crisis política y conmoción interna, de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador”.

Según fuentes legislativas, el Ejecutivo activó este mecanismo constitucional a las 5:00. Además, se notificó al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que convoque a elecciones dentro de siete días como obliga la ley. (DCJ)

La entrada Correa: Lasso no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse se publicó primero en La Calle.

El asambleísta, Esteban Torres indicó que, tres años después de presentar la propuesta socialcristiana para la tenencia de armas, finalmente se debate en la Asamblea. Aseguró que esta iniciativa está permitida desde 1830.

“Los agentes de la ley tienen todo el respaldo que necesiten, si tienen que tirar a matar a los delincuentes tienen el respaldo de la bancada”, recalcó el asambleísta.

Destacó que las leyes más fuertes siempre han salido por iniciativa de la bancada. Además, precisó que se demandan soluciones “inmediatas, firmes y contundentes” contra la delincuencia. “Son cerca de 3 mil civiles asesinados por muertes violentas en lo que va del año”, enmarcó.

Grupos divididas sobre la tenencia de armas

Según Torres, son inconcebibles los últimos atentados que se registraron en el país y presenta como una solución la tenencia de armas. “No vamos a permitir que en el Ecuador se continúen detonando choches bomba, secuestrando, que vacunen a los negocios y a la gente pobre”, mencionó.

Por otro lado, el abogado Stalin Sacoto en entrevista con Vera a su manera mencionó que el país presenta tres grupos a la hora de debatir la tenencia de armas.

• Primero están las personas que han tenido malas experiencias con las armas. “Son personas a las que les dijeron que las pistolas son cosas del diablo”, acentuó.
• Segundo, las personas con buenas experiencias, las que quieren registrarlas, tenerlas en casa, “personas de bien”, dijo
• Por último, “los doble cara”, aquellos funcionarios, ministros de Estado que tienen escoltas y se oponen a que los civiles defiendan su patrimonio. (N.J.C)

La entrada «Los policías tienen el respaldo de tirar a matar a los delincuentes», dice Esteban Torres se publicó primero en La Calle.

El legislador solicitó la comparecencia de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Hernán Ulloa, María Rivadeneira, Graciela Estupiñán y Francisco Lorenzo, que votaron a favor del designado Procurador. El proceso buscaría que los consejeros expliquen si se ha cumplido con todos los requerimientos y principios del reglamento para la designación de la primera autoridad de la PGE.

Vanegas informó que pedirá al contralor general del Estado, Carlos Riofrío dé inicio a un examen especial para verificar si el Larrea comunicó de sus acciones en su declaración juramentada.

El parlamentario alegó posible conflicto de interés de ser cierto que el nuevo Procurador sea accionista del Banco de Guayaquil, pues “adecuaría su postulación, designación y posesión”. “En caso de ser posesionado, cuando desde la Presidencia de la República presenten una solicitud de consulta a la Procuraduría General del Estado, se activaría el conflicto de interés cuando le corresponda responder mediante el dictamen vinculante”, explicó Vanegas en un documento enviado al titular del Legislativo.

Asimismo, el asambleísta sostuvo que existe una denuncia presentada por los consejeros David Rosero contra la designación de Larrea a cambio de favores “Los miembros del consejo del CPCCS pretenden realizarle una consulta a este procurador para ver si procede o no el juicio político contra los siente consejeros”.

Otras oposiciones

Legisladores de la Bancada Unión por la Esperanza (UNES), Ana María Raffo y Mónica Palacios también expresaron su oposición al nombramiento de la nueva autoridad. “Juan Carlos Larrea, nuevo Procurador, además de accionista del Banco de Guayaquil es socio del Estudio “Larrea Canesa Barriga. Es decir, socio de Juan Javier Canesa, exoperador político del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES 2019) y secretario de Otto Sonnenholzner. Otro apadrinado de Moreno y Lasso”, aseguró Palacios.

La entrada Presunto conflicto de interés evitaría posicionamiento del nuevo Procurador se publicó primero en La Calle.

Quito, 12 sep (La Calle). – Fernando Villavicencio, dio fuertes declaraciones en el contexto de la consulta popular. La mañana del 12 de septiembre habló acerca de la pregunta de reducir el número de asambleístas.   

 “Los asambleístas corruptos tendrán que irse a su casa. Si esta Asamblea no cumple que venga la consulta popular. Vamos a reducir el número de asambleístas”

Añadiendo “para eso me ha  mandado el pueblo, para destapar la cloaca de la corrupción del correísmo, del morenismo y también de los actuales”

Horas después el ex mandatario, Rafael Correa respondió ante sus declaraciones. Enfatizó que el actuar del asambleísta le recuerda al ex senador estadounidense Joseph McCarthy, quien por las consecuencias del exceso del alcohol terminó su vida.

¿Estás a favor de la consulta popular?  

En la consulta popular implementarán temas como:

• Complementar las funciones de la Policía Nacional con las Fuerzas Armadas.
• Extraditar ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional
• Garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado.
• Reducir el número de asambleístas.
• Exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados
• Eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS.
• Incorporar un subsistema de protección hídrica.
• Compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales.

¿Quieres saber más detalles de estas preguntas? Te lo contamos

La entrada Villavicencio: “los sentenciados y prófugos no podrán votar en la consulta popular” se publicó primero en La Calle.

La presentadora de televisión y bailarina, Carla Sala encabezará la lista de concejales de Guayaquil en Centro Democrático, cuyo candidato a alcalde de esa ciudad es Jimmy Jairala. Así también el presentador de televisión, José Delgado se encuentra entre los aspirantes a concejales por este partido partido.

Para la alcaldía de Milagro, el exfutbolista José Francisco Cevallos irá con la lista 4 Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), partido del primo del expresidente Lenín Moreno. Se enfrentará contra su hijo Francisco Andrés, quien optará a esa dignidad con el partido de Gobierno, CREO.

El PID también apoyará la candidatura de Nicolas Lapentti a la prefectura del Guayas, junto con el Partido Sociedad Patriótica y AMIGO.

Asambleístas

Los asambleístas alistan sus renuncias. Varios de ellos participarán en las elecciones para alcaldes o prefecto. Al menos cuatro de la Revolución Ciudadana y dos en el Partido Social Cristiano (PSC). Los legisladores tienen entre el 22 de agosto y el 21 de septiembre para poner la renuncia a sus curules antes que empiece el proceso de inscripción.

En el lado de UNES, Pabel Muñoz aspira llegar a la alcaldía de Quito, Carlos Zambrano a la prefectura de El Oro, Alexandra Arce irá por la alcaldía de Durán y Humberto Alvarado buscará la prefectura de Los Ríos.

En el PSC, Soledad Diab aspira a una concejalía en Guayaquil y Carlos Falquez iría a la alcaldía de Machala. La independiente María del Carmen Aquino buscará ser alcaldesa de Santa Elena.

Según Primicias, otros nombres que todavía no han sido oficializados, pero podrían estar en las seccionales son: Juan Cristóbal Lloret (UNES) para la alcaldía de Cuenca, Bruno Segovia (IND) para la prefectura del Azuay. John Vinueza (IND) para la prefectura de Chimborazo por el movimiento RETO y Gruber Zambrano (BAN) a la prefectura de Santo Domingo por CREO.

La entrada Asambleístas, presentadores y exfutbolistas serán candidatos en 2023 se publicó primero en La Calle.

Esteban Torres (PSC) es accionista en El Heraldo CA y Humberto Alvarado (UNES) es el gerente general de Queveradio S.A. De acuerdo con el Observatorio, esto denotaría un posible conflicto de intereses al momento de votar.

Según la Ley de la Función Legislativa, quienes tengan conflictos de interés en la aprobación de leyes o resoluciones, deberán abstenerse en las votaciones.

¿Qué dicen los legisladores?

El asambleísta Torres dijo a Radio La Calle que no existe ningún conflicto de interés ya que no es la única empresa en la que tiene acciones y su porcentaje de participación no supone un problema. «Tengo (si no me equivoco) 6 acciones de un paquete de miles de acciones», expresó. En El Heraldo, Torres tiene el 0.081, es decir, 81 acciones de un total de 100.000.

Según la información de la Superintendencia de Compañías, el legislador tiene acciones en seis empresas: El Heraldo, Corporación Favorita, Holcim Ecuador, Cervecería Nacional, Mercantil Torresco y Huayra Investment.

Por otro lado, el asambleísta Alvarado respondió que no votará en esta ley. «Primero, Yo no tengo ninguna acción ni representación legal en ningún medio de comunicación. Segundo, no participaré en debate ni en la votación de la ley».

Sin embargo, la Superintendencia indica que el legislador es el gerente general y accionista de Queveradio S.A. Al respecto dijo «Es una compañía que se creó para el concurso de frecuencia, que lamentablemente no fue otorgada».

La derogación del reglamento de la ley de Comunicación y el envío de un nuevo proyecto fueron las primeras actividades de Guillermo Lasso a la presidencia. Han transcurrido un año para que esta ley llegue a un término. MIB

La entrada Asambleístas tendrían posibles conflictos de interés con la Ley de Comunicación se publicó primero en La Calle.

«Usted ha ido a mendigar en mi oficina en varias oportunidades, que está al lado de la suya, y a pedirme que no sea malo que le ayude (a que no la destituyan) (…) la última vez que estuvo fue el día anterior a la sesión del CAL», dijo Saquicela en el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa.

Guamaní rechazó dichas declaraciones y las tildó de falsas. Asimismo, expresó que la denuncia por incumplimiento de funciones que pesa sobre ella es infundada. Señaló que hizo una consulta a la Corte Constitucional y eso no va contra la ley.

«Seamos honestos, la denuncia en mi contra es por la moción que yo hice de realizarle consulta a la Corte Constitucional, sobre proyectos derogatorios», acotó.

La segunda vicepresidenta enfatizó que detrás de esa denuncia están grupos de poder que buscan destituirla para ganar espacios de poder en la Asamblea. También acusó a Saquicela de haberle pedido que dialogue con legisladores de Unión por la Esperanza (UNES) para conformar una nueva mayoría.

Profunda crisis del Legislativo

El informe de la Comisión Ad-Hoc para evaluar la gestión de la presidenta Guadalupe Llori recomienda su destitución. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), de darse ese escenario, será reemplazada por el primer vicepresidente Virgilio Saquicela, o la segunda vicepresidenta, Yesenia Guamaní; en ese orden.

No obstante, la situación no es tan simple. Esto debido a que tanto Saquicela como Guamaní tienen denuncias en su contra.

El 18 de mayo, el asambleísta de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) alineada al Gobierno de Lasso, Eitel Zambrano, ingresó una denuncia contra Saquicela. Según él, el vicepresidente habría incumplido funciones por faltar a sesiones del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Estas inasistencias, sin justificaciones, impidieron el debido desarrollo del CAL, mencionó Zambrano. En consecuencia, Saquicela podría correr el mismo destino que Llori, una evaluación con posible destitución.

El mismo 18 de mayo, la legisladora de UNES, Jhajaira Urresta, denunció a Guamaní por incumplimiento de funciones. La vicepresidenta fue acusada de dos presuntas irregularidades. La primera, calificar por medio del CAL un proyecto de derogatoria de ley en 87 días, cuando la LOFL establece un plazo de 60 días. Y la segunda, mocionar una consulta técnica a la Corte Constitucional del mencionado proyecto de derogatoria cuando este ya fue calificado.

La entrada «Usted ha ido a mi oficina a mendigar votos», le dice Saquicela a Guamaní se publicó primero en La Calle.

El segundo lugar lo ocupa la asambleísta del Partido Socialcristiano (PSC), Dallyana Passailaigue, con 18.169 seguidores falsos de los casi 100 mil usuarios que la respaldan.

Los siguientes siete puestos pertenecen a legisladores de Unión por la Esperanza (UNES). El tercer y cuarto puestos son para Marcela Holguín con 15.188 y Pabel Muñoz con 10.075 cuentas fake.

La lista continúa con asambleístas que registran menos de 10 mil seguidores falsos: Pamela Aguirre (7.152), Fausto Jarrín (5.642), Ronny Aleaga (4.454), Paola Cabezas (3.812) y Sofía Espín (3.507).

El último lugar es para el legislador por Pachakutik (PK), Salvador Quishpe, con 2.426 cuentas fraudulentas.

En los casos de Villavicencio, Passailaigue, Holguín y Muñoz, estos «seguidores fantasmas» representan entre el 15 y 20 % de respaldo twittero. Mientras que en los demás asambleístas, el cifra ronda el 10 %.

La yapa…

Hay tres parlamentarias que rozan las 2 mil cuentas falsas: Pierina Correa de UNES (1.951), Victoria Desintonio de UNES (1.836), y Guadalupe Llori de PK (1.704).

Sin Twitter

Twitter es la red social predilecta de la política ecuatoriana y mundial. Sin embargo, Radio La Calle no logró identificar las cuentas de seis asambleístas: Edgar Quezada (PK), Manuel Medina (PK), Amparo Guanoluisa (ID), Edwin Frías (ID), Pedro Zapata (PSC), y Elina Narvaez (PSC), principalizada tras la salida de César Rohón.

Asimismo, sus perfiles de Twitter tampoco están disponibles en la plataforma Radiografía Política, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

La lista de asambleístas y sus seguidores (aquí).

La entrada Los 10 asambleístas con más seguidores falsos en Twitter se publicó primero en La Calle.

En la denuncia inicial se incluían 93 asambleístas y, posteriormente, Guadalupe Llori envió un nuevo listado con 81 asambleístas. “Esto le hace pensar a la Fiscalía que únicamente se pretende utilizar a la justicia penal como un instrumento de presión política», declaró la Fiscal.

Salazar señaló que la Fiscalía no ha interferido en ninguna función del Estado y fue Guadalupe Llori quien activó el sistema penal, a través de la denuncia en contra de los asambleístas.

“Tenemos la obligación de cumplir la Constitución. Se debe aplicar lo que me manda la Ley y realizar una investigación previa frente a las denuncias que llegan a la Fiscalía”, afirmó Salazar.

Además, comentó que Guadalupe Llori no reconoce firma y rúbrica y tampoco ha comparecido para rendir su versión libre y voluntaria, pese a que Fiscalía la ha llamado en varias ocasiones.

La Fiscalía notificó, el pasado 6 de mayo, a 93 legisladores que votaron a favor de una comisión que evalúe a la presidenta de la Asamblea, que inició una investigación previa para determinar el incumplimiento de medidas cautelares otorgadas en favor de Guadalupe Llori.

La entrada La fiscal Diana Salazar dice que LLori cambió el listado de asambleístas para investigar se publicó primero en La Calle.

“Como presidenta de la Asamblea y en cumplimiento de lo dispuesto por la jueza Constitucional, hago un llamado a la conciliación de los asambleístas, miembros del CAL. Los convoco a mantener un diálogo abierto y transparente para este efecto”, dice parte de la declaración.

Llori expresó también que confía en que “es posible llegar a acuerdos que beneficien a la Asamblea Nacional para fortalecer nuestra acción frente a la ciudadanía”.

Comisión Multipartidista

La Comisión Multipartidista Ad Hoc para investigar a Llori por incumplimiento de funciones empezó sus labores el 28 de abril. Minutos antes de la primera sesión donde se elegirían las autoridades se informó de una amenaza de bomba y la evacuación del edificio. Sin embargo, los miembros de la Comisión y demás asambleístas permanecieron en el piso 6 del Legislativo.

Después de la interrupción de los miembros del GIR, los cinco miembros de la Comisión eligieron como presidente a Pedro Zapata del Partido Social Cristiano. Pamela Aguirre de Unión por la Esperanza será la vicepresidenta. MIB

La entrada Llori llama a una conciliación al CAL; Comisión sigue en marcha se publicó primero en La Calle.

La amenaza se anunció justo antes del inicio de la sesión donde se escogería al presidente y vicepresidente de la Comisión Multipartidista AD HOC para fiscalizar a Guadalupe Llori.

Desde la Asamblea informaron de la evacuación de los administrativos y asambleístas. Varios de los legisladores expresaron su inconformidad y dudas en las redes sociales.

La legisladora Johanna Moreira calificó a la amenaza de falsa y que busca interrumpir la elección autoridades para fiscalizar a la presidenta Guadalupe Llori.

«Para impedir que la comisión pluripartidista sesione, la Asamblea difunde la noticia falsa de amenaza de bomba para evacuar a todos y cerrar la asamblea. ¡Basta de tantos atropellos! Pd: Desde el martes intentaron hacer lo mismo y no les funcionó», escribió en un tuit.

Noticia en desarrollo…

La entrada Evacuan Asamblea Nacional tras amenaza de bomba se publicó primero en La Calle.

La ID dio a conocer su postura mediante un comunicado con fecha 21 de abril, en la que rechazaron la separación de dos legisladores. En el texto se declaró que se hizo «incumpliendo el debido proceso, los estatutos y sin garantizar su derecho a la defensa».

“Deja entrever un ánimo de persecución y cero conciliación a la interna de nuestra organización política. Por el contrario, la mayoría del CEN respalda absolutamente la acción política que han demostrado los compañeros legisladores en la Asamblea Nacional con el tratamiento de leyes y procesos de fiscalización que benefician al pueblo ecuatoriano”, dice la carta.

En ese sentido, se exhortó al legislador Marlon Cadena, jefe de bancada de ID en la Asamblea, a reintegrar al bloque a los dos asambleístas. De esta manera, en la carta solicitó al presidente nacional del partido, Guillermo Herrera, la restitución de ambos legisladores.

Asimismo, el CEN recordó también que la mayoría de sus integrantes respaldan la acción política que han venido desarrollando Jaramillo y Moreira en la Asamblea Nacional con el tratamiento de leyes.

Destitución

Jaramillo fue separado por decisión del Consejo Nacional de Ética y Disciplina, el 28 de marzo, a raíz de una denuncia del militante Eduardo Salazar. Debido a que lo acusó de dar declaraciones que ponen en tela de duda la honorabilidad del partido.

Además, otra de las razones es porque el legislador se había expresado en contra del presidente del partido.

Asimismo, el 20 de abril, Guillermo Herrera dispuso separar a Moreira por su actuación en las sesiones dl Consejo de Administración Legislativa (CAL). En dicha sesión votó a favor de calificar la denuncia de Esteban Torres (PSC). Dicha denuncia era en contra de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, por supuesto incumplimiento de funciones.

La entrada Izquierda Democrática pide restituir a dos asambleístas de su bancada se publicó primero en La Calle.

“La UNIÓN INTERPARLAMENTARIA admite nuestra denuncia ante la PERSECUCIÓN POLÍTICA Y JUDICIAL contra nuestros asambleístas en REPRESALIA por su investigación a Guillermo Lasso por su vinculación a Pandora Papers, que se basó en el trabajo periodístico de la ICIJ”, escribió la legisladora Pamela Aguirre.

Los denunciantes son los asambleístas: Mónica Palacios, Fausto Jarrín, Paola Cabezas, María Fernanda Astudillo, Victoria Desintonio, Pabel Muñoz y Viviana Veloz. Las causas de la denuncia constan como presuntas violaciones a los derechos humanos: amenazas y actitudes intimidatorias, violación al derecho de libertad de expresión, opinión, reunión, asociación y otros actos que dificultan el ejercicio parlamentario.

UNES y Pandora Papers

Parte de los asambleístas conforman la Comisión de Garantías Constitucionales que realizó el informe de Pandora Papers en la Asamblea Nacional, otros aportaron con las investigaciones de los presuntos nexos que existen entre las empresas relacionadas a Pandora Papers y el presidente Lasso.

Una de las demandantes, Paola Cabezas, se pronunció al respecto. “La Unión Interparlamentaria observa con preocupación que se encuentran procesos judiciales contra Victoria Desintonio, Fernanda Astudillo y Paola Cabezas en relación con el trabajo de investigación que realizamos en la Comisión de Garantías Constitucionales por el caso #PandoraPapers que involucra al presidente Lasso”.

La entrada Unión interparlamentaria admite denuncia contra Guillermo Lasso se publicó primero en La Calle.

“Hemos tenido un escabroso día enfrentando la intromisión de la justicia en la función Legislativa. Hemos tomado la decisión de presentar las denuncias para quitarle los pretextos a la presidenta de la Asamblea. Para que se tenga que conformar la Comisión tal como establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, dijo Jarrín a los medios.

Jarrín explicó que la denuncia se realiza contra los siete miembros del Consejo de Administración Legislativa. “Hemos decidido establecer que los miembros del CAL han incumplido sus funciones en el momento en el que pretendieron que la Corte Constitucional resuelva si debían o no tratarse las derogatorias de la Ley tributaria. Eso nos parece haber esquivado las funciones del CAL”, añadió.

Incumplimiento de funciones

Por otra parte, el coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres entregó una denuncia en contra de la presidente Guadalupe Llori por el incumplimiento de funciones “para que, sin ningún pretexto, sin ninguna orden judicial mañosa, se dé tratamiento a lo que establece la Ley de la Función Legislativa. En esta denuncia se detallan dos incumplimientos: el irrespeto a la apelación a la Presidencia y la inobservación de poner sesiones en un período de 30 días tal como establece la ley”, dijo.

A pesar de que estaba programado un cambio al orden del día para discutir la Comisión de evaluación a estos funcionarios, el asambleísta Jarrín desistió del pedido por las medidas cautelares que aceptaron los jueces en favor de la presidenta Llori. MIB

La entrada Asambleístas interponen denuncias contra Llori y el CAL se publicó primero en La Calle.

“Vemos con asombro y expresamos nuestra profunda preocupación frente a la paradójica decisión del Coordinador Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Marlon Santi, de iniciar un proceso disciplinario interno. Nos prohíben hablar en nombre de PK sin siquiera darnos el debido derecho a la defensa. (…)”, dice parte del documento.

De acuerdo con los legisladores, el proceso no puede hacerse sin la presencia de ambas partes: acusados y acusador. “La expulsión de PK amerita un debido proceso, pruebas, derecho a la defensa que lo ejerceremos ante el Comité de Ética y los tribunales de justicia respectivos. Poseemos como armas: la verdad y el cumplimiento de nuestro proyecto ideológico- político en contra del proyecto neoliberal que se quiere imponer al pueblo ecuatoriano”.

Apoyo desde la CONAIE

La Confederación de Nacionalidad Indígenas (CONAIE) rechazó el comunicado de Pachakutik donde se anuncia la expulsión de seis asambleístas de la bancada de este movimiento.

“Respaldamos a los asambleístas que, con sus acciones, han sido consecuentes con el proyecto político y no se han entregado a este gobierno neoliberal. Rechazamos la ilegal e ilegítima intención de expulsión de los compañero/as”.

De acuerdo con la organización, las acciones que se han tomado dentro de la Asamblea Nacional encabezada por Guadalupe Llori, la Coordinación Nacional y la Jefatura de Bancada no gozan de legitimidad. Lo que han hecho, indican, es beneficiarse y dejar ver un “pacto claro” con el gobierno de Guillermo Lasso. MIB

La entrada “No tenemos derecho a la defensa”, dicen los asambleístas excluidos de Pachakutik se publicó primero en La Calle.