Araus asegura que Varela fingió una reunión con el fallecido exministro de Gobierno, César Monge, para perjudicarlo en su ascenso. Hoy, la justicia le dio la razón, anuló la calificación para los últimos ascensos y lo reintegró a su cargo, mientras se resuelve el tema judicial.

El pasado 4 de agosto, el presidente Guillermo Lasso, a través del Decreto 146, oficializó la salida de cuatro generales de Distrito: Pablo Rodríguez Torres, Paulo Terán Vásconez, Fernando Correa Gordillo y Víctor Araus Macías, quienes estuvieron 37 años en la institución.

En el mismo documento del decreto se explicó que la Comisión de Calificación, a la que pertenecía Valera, entregó un informe técnico sobre los requisitos para los ascensos y se recomendó su salida.

Araus sostiene que las actas de las supuestas evaluaciones y reuniones mantenidas entre el ministro Monge y la generala Varela no existen, por lo que nunca le fueron entregadas.

«Se hizo justicia, justicia Constitucional reconoció que reunión para calificar Aspectos Generales no se realizó. Mañana me reintegro a mi cargo», reaccionó Araus en sus redes sociales.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento sobre el destino de la comandante Tannya Varela.

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En la calificación aplicaron una metodología no aprobada que incluyó una nota subjetiva denominada “concepto”. Este elemento dependió del criterio de los miembros del Consejo de Generales y de la ministra Romo.

Con fecha del 26 de septiembre de 2018, Romo dejó sin funciones a los 11 oficiales no ascendidos, mediante el Acuerdo Ministerial 44 emitido el 18 de octubre de 2019. Los agentes accedieron a su derecho a la impugnación ya que nunca conocieron sus calificaciones y les notificaron de su desvinculación mediante telegrama 2028-782-DGP-ASL.

En julio de 2019, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha emitió un dictamen a favor de  Roberto Almeida Parra y Richar Martínez Reyes después de comprobar que sus derechos constitucionales no se respetaron.

Los 11 agentes de policía presentaron acciones de protección en varios tribunales, pero solo aceptaron a cuatro. De esos, dos los desecharon después de la impugnación del Ministerio de Gobierno y solamente quedaron las de Martínez y Almeida.

Manuel Velepucha, delegado de María Paula Romo, intentó defender la transparencia del proceso de calificación. Sin embargo, la Corte Provincial desestimó los argumentos.

Rómulo Bárcenes, abogado de los dos oficiales, presentó ante la Corte una acción de incumplimiento de la sentencia. El abogado aseguró que el desacato al dictamen del tribunal puede plantear acciones penales contra Romo.

Los afectados consideran la posibilidad de presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir reparación en este caso por violación a los derechos constitucionales.

Otras denuncias

El 5 de septiembre, el asambleísta Roberto Gómez pidió a la ministra de Gobierno informar sobre una intercepción en las comunicaciones de políticos opositores y periodistas por parte de Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.

A finales de agosto, una publicación de un medio digital indicó que la ministra supuestamente repartió el manejo de hospitales públicos a una veintena de asambleístas. La funcionaría lo negó.

El 8 de septiembre, la Asamblea Nacional inicó el proceso de juicio político en contra de Romo por los hechos violentos en el paro nacional de octubre de 2019. La ministra lo calificó como un pretexto de sus enemigos púbicos.

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