El primer ataque ocurrió en la parroquia Leonidas Plaza, cantón Sucre, en Manabí, cuando hombres armados dispararon contra un vehículo en el que se movilizaba una familia. Como resultado, murieron Pablo Javier Ureta Bermúdez, de 34 años, y su bebé de 11 meses. La madre del menor resultó herida en el atentado. Sucre es considerado el tercer distrito más violento de la provincia, después de Manta y Portoviejo, y es escenario de una disputa entre los grupos narcoterroristas ‘Los Lobos’ y ‘Los Choneros’.

Horas después, en Huaquillas, provincia de El Oro, una niña de 3 años fue asesinada en un ataque armado que también dejó otras dos víctimas mortales. El hecho ocurrió la tarde del 13 de febrero cuando hombres armados abrieron fuego. La escena del crimen, con el cuerpo de la menor tendido en la vía pública y sus familiares con gritos de desesperación, se viralizó en redes sociales.

¿Y el Plan Fénix?

Ante estos hechos, la Policía Nacional informó que ha desplegado operativos de investigación y rastreo en ambas provincias para identificar y capturar a los responsables. «Condenamos estos actos de violencia y estamos trabajando exhaustivamente para llevar a los autores materiales e intelectuales ante la justicia», indicó la institución en un comunicado.

Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Aunque el Gobierno reportó una disminución del 15% en homicidios durante 2024, los delitos de extorsión, secuestro y asesinato siguen en aumento. En 2023, el país registró la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica, con 47,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La violencia atribuida a grupos criminales vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas dejó una marca devastadora en la población.

Solo en enero del 2025 se reportaron más de 650 muertes violentas, lo que equivale a un asesinato cada hora. La escalada de violencia ha puesto en jaque los esfuerzos gubernamentales por contener la crisis y reforzado las críticas sobre la falta de resultados en materia de seguridad pública.

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Es 2 de enero de 2025 y Luis Arroyo y su familia celebran en su casa en el barrio popular de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, el cumpleaños de su hija.

La niña cumple 9 años, pero el ambiente no es festivo. Hace días que no come, está triste. Extraña a sus hermanos mayores, Ismael y Josué, a quienes vio por última vez el 8 de diciembre.

Su papá se esfuerza para darle, aunque parezca un imposible, algo de normalidad. Compra un pollo asado y comen todos juntos.

Arroyo afirma que a ratos quisiera estar viviendo una pesadilla de la que va a despertar. «Pero no es una pesadilla, es real (…) me arrebataron a mis hijos de la peor forma», dice en conversación telefónica con BBC Mundo.

Sólo horas antes había enterrado a Ismael (15) y Josué (14), cuyos cuerpos incinerados y con signos de tortura le tocó reconocer.

Sus hijos son dos de los «4 de Guayaquil», los menores de edad ecuatorianos que fueron víctimas de una presunta desaparición forzada tras ser detenidos por miembros del ejército, un caso que ha conmocionado a Ecuador y que pone en entredicho la política de seguridad del gobierno y el papel que está teniendo el Ejército.

Además de Ismael y Josué, las otras víctimas son Nehemías Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11.

Los cuatro salieron a jugar fútbol el 8 de diciembre, pero nunca regresaron.

«Papi, ven, sálvame»

La noche del 8 de diciembre Luis Arroyo salió a comprar y cuando volvió a su casa, a eso de las 8:40 de la noche, le pareció raro que Ismael y Josué no hubiesen regresado.

«Como la luz se va acá a las 9 de la noche, antes de esa hora ellos siempre estaban en casa. Le pregunté a mi mujer: ‘¿Y los bebés?’. ‘Se fueron a jugar a la pelota, ya vienen’, me dice.

Entonces, pensé que debían de venir en camino. Pero no llegaban y luego me empecé a preocupar, los salí a buscar y no los encontraba. Yo decía: ‘¿Qué pasó? ¿ Dónde están’? En eso fueron pasando las horas y mi mujer recibió una llamada a las 10:40 de la noche».

El padre de los adolescentes cuenta que un hombre que nunca se identificó contactó a su esposa para decirles que sus hijos habían sido detenidos por militares, que estaban desnudos y necesitaban ayuda, pero que él no podía protegerlos porque temía meterse en problemas.

«Y ahí me pasa a mi hijo Ismael, el mayor. Y me dice: ‘Papi, ven, sálvame que estamos por aquí en Taura [un barrio de Guayaquil], botados, los militares nos cogieron por supuestamente haber estado robando, pero nosotros no estábamos haciendo nada, papá, ven acá a rescatarnos por favor. Estoy asustado'».

Luis Arroyo intentó calmarlo. «‘Hijo mío, quédate tranquilo, que yo ya te voy a rescatar’. Y ahí este sujeto le quitó el celular y dice: ‘Espérate que aquí viene pasando la mafia en una moto’. Y yo le digo que por el amor de dios no le haga nada a los niños, que tenga misericordia. Él me dice: ‘Tienes 45 minutos, una hora para venir a verlos (…) Si tu quieres a tus hijos, tienes que venirlos a ver ya'».

El padre de los menores asegura que el hombre le envió su ubicación y efectivamente estaban a la altura del kilómetro 26 de Taura.

«Yo no tenía cómo movilizarme, yo no me iba a arriesgar a ir allá solo. Entonces corté la llamada y dije: ‘Mis hijos están secuestrados, dios mío santo protégelos’. Ahí llamé a un familiar para que reportara la novedad al cuartel de Taura y a los policías con la ubicación que yo le doy. Con la foto de este tipo y el número».

«Pero cuando los policías llegan al punto no encuentran a nadie. Y ahí mi familiar coge y me llama y me dice: ‘Primo, no están los bebés’. Desesperado le corto la llamada y llamo a este sujeto de nuevo y le digo: ‘Barón, dios te bendiga, ¿por qué no entregastes a mis hijos si yo los mandé a ver? Y él me dijo, disculpe la mala palabra: ‘Eres como la verga porque me mandaste a la policía. Se ve que no quieres a tus hijos (…) vino la mafia como en 10 motos y se los llevó'».

«Ahí me cortó la llamada y no supe nada más de mis hijos».

No recibió una llamada, ni un mensaje. Se enteró por las redes sociales, en vísperas de Nochebuena, que cuatro cuerpos habían sido encontrados incinerados y con signos de tortura cerca de una base militar.

«Ahí nos pusimos mal, porque nosotros hasta ese día seguíamos orando, confiando en el señor… Pedíamos: ‘Que no sean nuestros hijos'».

«Ellos los encontraron el martes y el viernes nos llamaron a nosotros desde criminalística para ir a dar unas características de nuestros hijos. Y ese mismo día hicimos una prueba de ADN».

A esas alturas una jueza había solicitado que el caso se investigara como una presunta desaparición forzada y 16 militares fueron detenidos.

«Mamitas, papitos, son sus hijos»

Pero fue el 31 de diciembre, cuando los familiares participaban de la audiencia de formalización de los 16 militares envueltos en la detención de los menores de edad, cuando tuvieron plena confirmación.

«Cuando se acabó la audiencia, el fiscal llegó donde nosotros, a la sala en la que estábamos reunidos. Vino con el otro fiscal de derechos humanos de Quito y preguntó: ‘¿Ya les dijeron?’

Y nosotros dijimos que no y él dijo: ‘Bueno, papitos, mamitas, yo les dije que yo iba a ser transparentes con ustedes, que no les iba a mentir en nada, y lamentablemente los cuerpos que fueron hallados en Taura sí son sus familiares, son sus hijos'», recuerda Luis Arroyo.

«Eso fue horrible, ahí mi mujer casi se muere. Fue espantoso».

La próxima parada sería la morgue.

«Sólo les dejaron sus pies»

«Yo vi a mis dos hijos, solamente les dejaron sus pies, debajo de los dedos, y como Ismael tenía sus callos, sus juanetes, de pie de futbolistas, (pude) distinguirlo por eso, porque la cabeza tampoco estaba. Al otro le habían dejado una manito, un dedito y su pelo, parte de su cráneo, y de la cara».

«Mi esposa no quiso verlos, ella estaba enferma y la dejé en casa. Yo preferí que ella no los viera, pero ahí el papito del niño de 11 años, Steven, vio a su hijo también. Al chiquitito también yo lo vi, sus piececitos pequeños, pobrecito, me da mucha pena de ver todo lo que han hecho. Al niño Nehemías lo vio su tío, y él lo reconoció por los brackets y el pelito. Porque él estaba más completo que los otros».

El padre de Ismael y Josué dice que como familia quiere pedir la exhumación de los cuerpos, pues aún no tienen la información completa de qué fue lo que pasó con ellos.

«Nosotros quisiéramos sacar los cuerpos y llevarlos internacionalmente a que les hagan el examen de ADN. En eso quisiéramos que nos ayuden, porque queremos justicia. Esto no se puede pasar por alto, eran cuatro niños indefensos, imagínese hacerles todo esto, con esta saña, con esta maldad», dice.

«Ellos nos entregan los cuerpos pero no nos dicen de qué murieron, si fueron torturados, baleados, sacados sus órganos. Nos entregaron el esqueleto, en estado de descomposición, quemados totalmente, sin cabeza mi hijo, es algo aterrorizante. El forense de criminalística no nos ha dicho las causas, sólo nos hicieron llenar una ficha para poder retirar los cuerpos para darles cristiana sepultura».

«¿Dónde dejo esos goles que disfruté con él?»

Luis Arroyo llegó este lunes hasta el cementerio Ángel María Canales con las medallas ganadas por su hijo Ismael en las competencias de fútbol colgadas en el cuello. Era un homenaje al que fue su sueño de toda la vida: convertirse en futbolista profesional.

«Mis hijos eran muy amorosos, amigueros, ellos no tenían problema con nadie».

«Eran unos hijos excelentes, amaban a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Ellos siempre estaban dedicados a sus estudios, a la pelota. Nos decían: ‘Papá, mamá, yo voy a llegar a jugar fútbol profesional, voy a viajar por el mundo, te voy a comprar una casa, mamá… Yo los voy a sacar de aquí’. Ese era el sueño de mi hijo».

«Y a mi otro hijo, Josué, a él le encantaba la pelota, pero le gustaba más el estudio. Y él también decía: ‘Mamá yo te voy a comprar una casa, yo te la voy a comprar primero que Ismael, ya vas a ver'».

«Yo hacía un esfuerzo por verlos bien, porque ellos se sintieran bien, de pagarles sus estudios, que no les hiciera falta su comida. Todas las semanas llevaba a Ismael a jugar, porque él entrenaba de lunes a viernes y los días sábado y domingo le tocaba ir a jugar los partidos. Imagínese ahora, ¿a quién voy a llevar al fútbol? ¿Dónde dejo esos goles que yo disfruté con él? Mi hijo Josué…¿A quién voy a llevar al colegio? Con todo ese vacío que dejan en nosotros, en esta familia».

«Yo los amo con mi vida, siempre los voy a tener en mi corazón a Ismael Arroyo y Josué Arroyo, son mi vida. Ellos están en un nuevo lugar, porque yo sé que dios los tiene arriba en el cielo, son unos angelitos, siempre los voy a amar y no voy a descansar hasta que se haga justicia. Eso sí yo se lo prometo, mis amores. Sus muertes no van a quedar impunes. Ellos eran todo para mí, eran mi motor, mi pieza fundamental».

Un llamado de justicia

Arroyo sostiene que sus hijos fueron discriminados por su color de piel y que no son los primeros ni serán los últimos niños que desaparezcan ante la estrategia de seguridad militar del gobierno de Daniel Noboa.

«Esta es una mala estrategia por parte del gobierno: mandar a esta gente a matar a las calles, porque eso es lo que hacen, salir a matar… ¿En qué mundo estamos, en qué país estamos? El presidente apoya la sinvergüencería que hacen estos militares, tapando las cosas y discriminando a nuestros hijos, poniéndolos por los suelos», critica.

«Ellos quieren dejar mal a nuestros hijos, quieren incriminarlos como terroristas, ladrones, delincuentes, cuando nuestros hijos jamás… Mis hijos no eran delincuentes, ellos tampoco estaban robando, no hay ninguna evidencia de que ellos hayan estado robando nada», dice en alusión a lo que dijo inicialmente el Ministerio de Defensa sobre el caso, que sugirió que los menores habían estado involucrados en un robo antes de ser detenidos.

«El presidente los declaró héroes nacionales antes del 24 de diciembre y ahora él no se ha manifestado, no nos ha ayudado, nosotros no hemos recibido ninguna ayuda por parte del gobierno», se queja.

Luis Arroyo dice sentir miedo y hace un llamado a las autoridades ecuatorianas a darles protección a él y a su familia. «Estoy aterrorizado con esto, quisiera salir corriendo de Ecuador. Nos sentimos solos, sin protección, pueden atentar contra nuestras vidas».

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Lastimosamente en Ecuador eso parece un sueño lejano. A los cuatro de Guayaquil le siguen otros casos de violación a los derechos humanos, humillación, persecución y otras acciones que atentan contra la seguridad de los ecuatorianos. El 10 de enero de 2024, el presidente Noboa, que llevaba dos meses en el cargo, decidió decretar «conflicto armado interno», una figura que refiere a dos o más partes beligerantes en un mismo Estado. Los cambios llevaron a que las Fuerzas Armadas realicen operaciones en conjunto con la Policía Nacional.

Caso Carlos Vega

Resulta paradójico que las fuerzas del orden que deben velar por nuestra seguridad y protegernos, sean quienes pueden infligir un daño potencial. El 3 de febrero, un grupo de militares abrió fuego contra Carlos Vega, le dieron cuatro disparos. Iba con su primo Eduardo Velasco a vender un cachorro. Las Fuerzas Armadas dijeron que los tomaron por presuntos terroristas ¿por qué asumir en vez de preguntar? ¿porque atacar en vez de dialogar?

Para la Fiscalía procesó a un miembro activo de la Armada del Ecuador por su muerte. El uniformado será investigado por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado de muerte. Su familia, con dolor pide que lo procesen por ejecución extrajudicial. Carlos soñaba con ser marino y su vida terminó a manos de un miembro de las Fuerzas Armadas.

Con el caso de los 4 de Guayaquil, las dos sentencias de habeas corpus ponen la mirada en las extralimitaciones de los militares y la nula capacitación que tienen en Derechos Humanos. A ello se suma la formación que tienen, destinada a los conflictos externos ¿Por qué militarizar el país sin entender las consecuencias que pueden tener para los ciudadanos?

Caso Aidita Ati

El 29 de junio, encontraron a la subteniente Aidita Ati muerta en su habitación del Fuerte Militar Napo. Lo que en un inicio se dijo era una muerte accidental se convirtió en un caso de femicidio al descubrirse en la autopsia que la asfixia fue por estrangulamiento. Su padre se preguntaba el día de su velorio y entierro «¿Quiénes nos están defendiendo, si ellos están matando a nuestras hijas?».

Deberíamos preguntarnos lo mismo ¿quiénes nos están cuidando? En septiembre, la Fiscalía se abstuvo de acusar a los 6 militares involucrados y quedaron libres. La Comisión Ocasional que investigó este caso en la Asamblea Nacional indicó que hubo omisiones y negligencia por parte de la Fiscalía. A las inconsistencias de la autopsia se suman una cadena de custodia deficiente y la presunta falta de perspectiva de género en la investigación. No hay justicia ni verdad para la familia de la subteniente ni para el país.

¿Qué nos queda?

Estos casos no son los únicos. Gente en redes sociales denuncian extralimitaciones por parte de las Fuerzas Armadas. Es indignante que el discurso de las Fuerzas Armadas y el Gobierno sea culpar a los ciudadanos asesinados. Que los niños de Las Malvinas estaban involucrados en un presunto robo, que Carlos Vega y su primo eran presuntos terroristas, que la subteniente Ati había acudido a una fiesta no autorizada y bebió demasiado alcohol.

¿Dónde está la responsabilidad del Gobierno? Un discurso que no culpe a las víctimas ¿los ciudadanos tenemos la culpa de ser asesinados en este país? Es el momento de preguntarnos ¿qué nos queda? Verdad, justicia y reparación son palabras muy gastadas en el país. Debemos utilizarla casi todo el tiempo porque no son visibles. Porque vivimos en un país indefenso y sin certezas.

Nos solidarizamos, desde la Calle, con las familias que han perdido a sus seres queridos de una forma grosera y horrorosa y sin respetar ninguna condición. En nuestras manos está como ecuatorianos exigir respuestas. Mañana puede ser cualquiera de nosotros, por ello debemos recuperar el respeto a los Derechos Humanos en el Ecuador. Depende de nosotros pasar de un país indefenso a un país respetuoso de los derechos y los ciudadanos.

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Ubicaron las características del vehículo en que se movilizaban, lo que les permitió aprehender a Wilson O., quien habría sido el conductor y, por ende, coautor del delito. Los agentes decomisaron un arma de fuego, varios cartuchos y un teléfono celular.

Por otra parte, la Fiscalía informó que un juez dictó prisión preventiva al coautor de este trágico hecho. Desde la Policía Nacional expresaron que la directora asesinada debía informar si corría algún peligro y el SNAI, por el momento, no se pronuncia acerca la falta de escoltas para los directores de las cárceles del país.

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Uno de ellos proporcionó el lugar exacto, donde habrían abandonado el cuerpo y se trasladó con los moradores a Oyacoto, donde se encontró el cuerpo. Criminalística realizó las labores de levantamiento del cadáver y las personas aplicaron justicia por mano propia al sospechoso para entregarlo a la Policía que lo trasladó a una casa de salud, indicó la Policía.

Diferente fue lo que ocurrió en Cayambe, donde permanecía el segundo sospechoso, la comunidad, al enterarse de que encontraron el cuerpo del transportista, aplicó justicia por mano propia y la Policía no logró evitar que lincharan al ciudadano a quién luego colgaron en medio de la Plaza Central.

Al momento, la Policía no ha dado más información respecto a las investigaciones que se realizarán respecto a este caso. (MIB)

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Las familias de Kevin Mero, Kiarine Peña, María José Quintero e Israel Paredes confirmaron a los medios locales que eran los cuerpos de sus seres queridos. Los jóvenes se movilizaban en una camioneta blanca que se encontró en Naranjal, Guayas. La Policía Nacional detuvo a un hombre de 28 años en Puerto López por la sospecha de secuestro.

Miembros de la Policía Nacional y Criminalística están en el lugar realizando las diligencias respectivas, así como el levantamiento de los cadáveres que estaban embalados y ya presentaban signos de descomposición. (MIB)

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Un hombre recibió disparos y murió en la parroquia el Recreo, los asesinos se movilizaban en un vehículo y atravesaron las vallas metálicas del sector para cumplir su objetivo. Noboa prometió que reforzarían los operativos contra organizaciones delictivas, sin embargo en la mañana de este 18 de julio no se avistaban ni policías ni militares en la zona.

Un acto de fuerza

“A Durán nunca le ha llegado el progreso, el desarrollo, un político que se amarre los pantalones y le devuelva la paz a sus ciudadanos. Esta es una cuna del viejo Ecuador, donde son víctimas de un sistema corrupto que mantiene a la ciudad en la oscuridad, marginal y olvidada“, dijo el presidente al inicio de su discurso.

Según Noboa, “el viejo Ecuador quiere que Durán se mantenga como sede del narcotráfico”. Agregó que ellos no permitirán que jueguen con los ciudadanos de ese cantón. Además que no estarán un día sino el tiempo necesario para acabar con las mafias.

Durán es una zona roja dentro de la inseguridad y la violencia en Ecuador. Entre enero a mayo de 2024, según cifras del Ministerio del Interior, se registraron 209 homicidios intencionales, el número aumentó a 227 para junio. En ese mismo período durante 2023, la cifra era de 59. Según el Observatorio ecuatoriano del crimen organizado (OECO), en 2023 se registraron 279 asesinatos en ese cantón. (MIB)

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Alexander Chimbo, Víctor Flores y Erick Ramírez recibieron una pena de 12 años. Desde la red social X las hijas de Villavicencio se pronunciaron, Tamia indicó que seguirán en la búsqueda de los autores intelectuales, mientras que Amanda indicó «Necesitamos conocer toda la verdad y que esto no se vuelva a repetir. Tras la finalización del juicio, les mostramos una recopilación de los hechos.

Los hechos

El 9 de agosto de 2023, asesinan al excandidato presidencial, Fernando Villavicencio al salir de un mitin político, en Colegio Anderson al centro norte de la capital. La Policía detuvo a seis personas e incautaron armas de fuego, vehículos y explosivos. El séptimo implicado resultó herido, lo que causó su deceso en las instalaciones de la Fiscalía. Días después, se dispuso la liberación de dos detenidos.

El ejecutivo convocó de emergencia al gabinete de seguridad. Declaró estado de excepción por 60 días y solicitó ayuda al FBI para la investigación del asesinato del ex candidato. Patricia Villavicencio, hermana de Fernando, responsabilizó al gobierno de Guillermo Lasso y al Ministro del Interior Juan Zapata, señalando que el gobierno “no quería que destape la corrupción”, y calificando de complot el asesinato.

Luego de tres días del crimen, trasladaron a «La Roca» a Adolfo Macías, Alias “Fito”, líder de la banda “Los Choneros”. El excandidato, días antes a su muerte, habría recibido amenazas por parte de grupos criminales ligados al cartel de Sinaloa.

Audiencia privada

El 18 de agosto, la jueza a cargo del caso autoriza una audiencia privada en donde se examine la información de tres tablets, trece celulares y un dron incautados en los allanamientos. A su vez, la Fiscalía dispone se abra una investigación interna en la Policía Nacional, así como la presentación del informe de protección al ex candidato.

Galo Valencia, tío de Villavicencio, asistió a la fiscalía, junto con la hermana, hijas y viuda de Fernando, el 28 de agosto, en dónde resonó el cuestionamiento acerca del paradero del celular del ex candidato.

Allamientos

Casi un mes después del crimen, la noche del 7 de septiembre, Fiscalía ejecutó allanamientos que resultaron en dos capturas y cuatro órdenes de detención en la cárcel del Inca. De este modo, en el primer mes se vincularon a 13 personas al asesinato. Bajo la idea de Fiscalía que la orden de liquidar a Villavicencio se realizó por medio de llamadas de WhatsApp, desde el teléfono de un recluso en la cárcel de Cotopaxi.

Frente a la expectativa de resultados que pudiera arrojar la Fiscalía en el primer mes, los asambleístas por el movimiento Construye, exigieron respuestas y anunciaron la formación de una comisión en la Asamblea Nacional, que investigue el crimen de Villavicencio. A la exigencia también se sumó el movimiento Revolución Ciudadana, entre otros asambleístas.

El celular de Villavicencio y el FBI

Sobre el teléfono celular de Fernando, Galo Valencia declaró que la hija del excandidato, Amanda, lo habría recibido de César Gonzaga (escolta y amigo de Villavicencio) para después arrojarlo al río Tomebamba en la ciudad de Cuenca, declaraciones que Amanda no desmintió. Sin embargo, Verónica Sarauz, indicó que habría entregado el celular al FBI.

Cerca de finalizar el mes de septiembre, el FBI ofreció USD 5 millones, para quien diera información del asesinato del ex candidato. Días después, el 2 de octubre, Michael Fitzpatrick, Embajador de EEUU, informó que registraron llamadas y correos que ayudarían a recabar pistas.

El 3 de octubre, la FGE ordenó la revisión de los teléfonos del ex candidato de Construye, Christian Zurita, del asambleísta electo, Patricio Carrillo. También el de Carlos Figueroa, médico y amigo de Fernando y Antonio López Cobeña, gerente de la campaña de Construye.

Las discrepancias sobre la importancia del teléfono de Villavicencio en el caso se extendieron. Christian Zurita insistió que no se debía hacer pública la información ni hacer parte de la investigación el dispositivo. De ser el caso, “se destruiría la reputación de Villavicencio”.

Asesinato de los autores materiales

El 6 de octubre, asesinan a los siete reos colombianos, los presuntos autores materiales en el caso Villavicencio. Cabe destacar que, en los teléfonos de los investigados se encontraron llamadas desde la cárcel de Latacunga, que tenía el control de la banda delincuencial “Los Lobos”.

En un comunicado de la FGE, el 8 de octubre, se informó del testimonio anticipado de un testigo protegido, quien narró los preparativos y el monto ofrecido por los autores intelectuales. Zurita responsabilizó al gobierno del expresidente Rafael Correa e indicó que el monto ofrecido por la muerte de Villavicencio fue de USD 200. 000.

Frente a estas acusaciones, el expresidente indicó “Se lo dijimos: asesinan a Villavicencio, retrasan un mes la indagación previa, matan a todos los sicarios excepto a uno, a quien tienen en un cuartel militar y lo hacen acusarnos el 10 de octubre, cinco días antes de las elecciones. Cualquier cosa con tal de impedir nuestra victoria”, y catalogó el testimonio como “un tremendo fraude procesal”.

Audiencias que se suspendieron

Tras 90 días de recolección de pruebas, la FGE cerró la etapa de instrucción fiscal. Se realizó el llamamiento a juicio para el día 29 de noviembre, en la Unidad Judicial Penal. No obstante la audiencia se aplazó al día 19 de diciembre por pedido de procesados. Por segunda vez al día 6 de febrero de 2024 “a causa de artimañas de los abogados”, según indicó la Fiscal Diana Salazar.

Mientras tanto en la asamblea se formó la comisión que investigaría el caso, con el fin de realizar seguimiento a las instituciones públicas. La comisión la conformaban dos asambleístas de ADN, dos del movimiento Construye y uno de Pachakutik, Revolución Ciudadana y el PSC. Cabe destacar que no pudieron comenzar su trabajo sino hasta un mes después a causa de falta de presupuesto para la asignación de un secretario.

La FGE también difundió chats de Leandro Norero, quien “tenía la mirada sobre el candidato” por la difusión de la foto de la piscina publicada el 28 de mayo de 2023. Según Diana Salazar, este mantenía conversaciones con Xavier J., Xavier N., Mayra S., y Ánderson B. En dichas conversaciones se comprometía a “resolver” para evitar la difusión de información.

Al finalizar el mes de enero y a puertas del inicio de la audiencia, Zurita sustentó que el teléfono de Fernando Villavicencio se encontraba en fiscalía, y que su intención siempre fue cuidar la filtración de información de «las pruebas más importantes»

Antes de la audiencia, dos de los seis procesados cambiaron de abogados, lo que provocó una nueva postergación. Se aplazó para el martes 27 de febrero, indicando que «no se aceptarán más dilataciones».

Audiencia preparatoria del juicio

Según Fiscalía, la orden de asesinar a Villavicencio llegó desde el grupo «Los Lobos» en un mitin político pasado en Santo Domingo. Fue Carlos Angulo, alias «invisible», quién enviaría la señal al sicario que acabó con la vida de Fernando.

Fue así como el 27 de febrero, la fiscalía llamó a juicio a 6 personas, de los cuales, uno (Oscar Fierro) recibió el sobreseimiento. Ana Hidalgo, fiscal que lleva el caso, acusó de coautora del crimen a Laura Castillo, encargada de la logística, pues, según Fiscalía, fue quien se reunió y proporcionó vehiculos, armas, municiones e incluso camisetas con el logo del partido de Villavicencio.

La audiencia habría durado cerca de diez horas, por lo que la jueza Irene Pérez solicitó volver a juicio el día 28 de febrero. Los 6 implicados fueron: Carlos Angulo, supuesto autor; Laura Castillo, alias «La flaca», coautora; Johan Castillo, autor material y fallecido. Érick Ramírez, Víctor Flores y Elizabeth Chimbo aparecen como cómplices.

En la versión del testigo protegido, José Patricio A.M., se recabó que a la cabeza de la operación se encontraba alias «Invisible» y alias «Chino». Este último quería el mérito del asesinato. El testigo señala su intención de llamar a la policía antes del crimen. Su pareja, Laura Castillo, lo persuadió, ya que, según su relato «ya tenían comprados abogados y fiscales». La motivación para asesinar al candidato, además del dinero, también era «subir de rango». De acuerdo con el testimonio, quienes hagan el trabajo tenían derecho a «medio Quito y a las cárceles».

Mientras tanto, la investigación sobre el teléfono de Fernando Villavicencio, a diferencia de las declaraciones de Zurita, seguía a cargo del FBI, según la fiscal Hidalgo. Asegurando que no puede revelar detalles de lo encontrado en el dispositivo. «Es una investigación previa que tiene garantías de reserva», sostuvo frente a la comparecencia en la Asamblea.

La nueva audiencia sobre el caso Villavicencio se fijó para los días 8 y 9 de abril. Se postergó a pedido de Alexandra Ch., por cambio de abogado, a los días 13 y 14 de mayo. Esta última fecha también se postergó hasta el 25 de junio, por motivo de solicitud de uno de los abogados defensores.

El 20 de junio, familiares, simpatizantes y allegados de Villavicencio organizaron un plantón para exigir agilidad en las investigaciones del caso. También criticaron el accionar de la comisión de investigación de la asamblea.

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En fotografías que la prensa local divulgó se observa el cuerpo ensangrentado del funcionario en el piso cerca de un local comercial. También en vídeos aparecen sus colaboradores y los ciudadanos subiéndolo a un vehículo para llevarlo al hospital. Sin embargo, las autoridades policiales informaron de su deceso a las 09:20.

Tras los disparos, los sicarios huyeron y aunque la Policía puso en marcha un operativo para su captura, todavía no han sido identificados y capturados. Es el segundo caso de este tipo en menos de tres días, la noche del miércoles recibió disparos el alcalde de Camilo Ponce Enríquez en Azuay que le causaron la muerte. Ambos cantones son mineros en el país.

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El trágico suceso ocurrió la noche del 18 de abril mientras el burgomaestre realizaba actividad física en compañía de su guardespaldas, quien también murió en el acto. Según la Policía Nacional, el hecho habría sido perpetrado por parte de varios antisociales, quienes se movilizaban en una camioneta que después fue incinerada y localizada por el personal policial.

En octubre de 2023 ya había recibido amenazas de muerte, incluso, denunció que sujetos habían disparado contra su vivienda, tras este suceso se movilizaba con resguardo de seguridad.

Sánchez llegó a la alcaldía de Ponce Enríquez en las elecciones pasadas del 2023 a sus 52 años de la mano de la organización política »Cambio Histórico Ponceño». Era un empresario minero, abogado y activista social. Además, era presidente de la Asociación de Municipalidades (AME) de la zona 6.

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¿Y el Plan Fénix?

El pasado 24 de marzo, la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, y su director de comunicación Jairo Loor fueron encontrados muertos en la Playa Punta Napo, Manabí. Ambos funcionarios estaban en un carro sin placas y fueron asesinados a tiros.

La lista de alcaldes asesinados sigue creciendo, en medio del polémico Plan Fénix y la declaratoria del conflicto interno armado. (AGM).

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La Policía Nacional indicó que, según las versiones de los moradores, aproximadamente a las 18h55 del sábado 30 de marzo, habrían llegado varios sujetos armados a bordo de un vehículo, los cuales dispararon en contra de un grupo de personas que se encontraban en el sitio.

Producto del atentado, dos personas fallecieron al instante, y varias personas resultaron heridas, y se las trasladó a diferentes casas de salud.

«Debido a las circunstancias, se activó el Código Plata, y las personas heridas se encuentran con resguardo policial. Las unidades policiales especializadas se encuentran realizando las diligencias y protocolos pertinentes, a fin de esclarecer este hecho», agregó la institución.

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«Pero ojo quienes asesinaron a FV (Villavicencio) fueron Los Lobos», es la primera declaración que hace Aleaga acerca de sus chats con la Fiscal. Es frase la habría escrito la funcionaria al respecto del crimen contra el excandidato presidencial. El exasambleísta alega que «tan pronto se dio el crimen, ella se enteró que fueron Los Lobos».

Según la narración de Aleaga, la fiscal habría mencionado que «A mí me dijeron el lunes en la noche en la casa del embajador, salí y pedí a la fiscal hacer todo para la cooperación, pero los mataron. Ellos saben que sí ustedes (presuntamenta la RC) ganan, todo queda ahí». De acuerdo con Aleaga, la Fiscal General manipuló la información del asesinato de Fernando Villavicencio para «sus fines oscuros y turbios».

Más conversaciones

El exlegislador se refirió a otra conversación – el 4 de febrero de 2024 – en el contexto del caso Metástasis sobre los chats entre alias La Negra y El Ruso. La fiscal pregunta «¿A Mayra Salazar le decían la negra?». Aleaga dice que «mmmm a Mayra Salazar, creo que sí y gordita también porque como ella trabajaba con F Gallardo y era súper blanca. Me imagino así la llamaban».

Según Aleaga, la fiscal empezó a posicionar que alias la negra no era ella, sino Mayra Salazar. Según el exasambleísta, existen 1.500 conversaciones con la fiscal que están periciadas por una agencia de los Estados Unidos. Por el momento, Aleaga salió del país y su paradero no se conoce.

La respuesta de la Fiscal

Salazar respondió al video de Aleaga en su cuenta de X con una noticia de RCN Radio sobre el exsenador Rodrigo Lara Bonilla y el capo del narcotráfico, Pablo Escobar. «Se tardó 3 meses en usar la misma estrategia que Pablo Escobar aplicó –en su momento– contra el Presidente de Colombia. No se equivoque, señor procesado, la ciudadanía sabe muy bien que los prófugos vienen por mí.»

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Sus cuerpos aparecieron dentro de un vehículo Kia Sportage azul rentado. La Policía se pronunció, horas después del asesinato. Indicó que sus familiares no habían sabido nada de ella desde la mañana del 23 de marzo y al rastrear el GPS del vehículo, realizaron el macabro hallazgo.

La Policía descartó un robo, ya que las pertenencias de ambos estaban en el coche. La alcaldesa se movilizaba en el asiento del copiloto.

¿Quién es Brigitte García?

García fue la primera ciudadana de Canoa, una parroquia rural del cantón San Vicente, en ganar una alcaldía, también es la más joven alcaldesa del país. Electa con 26 años, la asesinaron a los 27.

La mayor de cuatro hermanos, estudió Enfermería. Al graduarse, se inclinó por la política. Fue militante de la Revolución Ciudadana y llegó por ese partido político a las elecciones seccionales 2023.

Su labor como alcaldesa se enfocó en el servicio de agua potable, una de las carencias más evidentes en el cantón.

Sus compañeros de la Revolución Ciudadana presentaron sus condolencias por redes. sociales. El expresidente Rafael Correa escribió:

También el excandidato del PSC, Jan Topic tuvo unas palabras al respecto, increpando al presidente Daniel Noboa:

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Los hechos

El tío Mauro – padre de Dana y principal sospechoso – la había citado para un almuerzo el 1 de febrero y le dio las últimas instrucciones. A las 18:00 debía sacar a Dana a la tienda, antes debía enviar un mensaje desde el teléfono de la niña a un número desconocido para confirmar el encuentro, con el fin de despistar a los familiares.

A los tres días de la desaparición de la menor, a la madre de la niña le llegaron llamadas de personas que pedían dinero a cambio de la devolución de Dana. Sin embargo, ella no se convenció porque no le dieron pruebas de que tenían a su hija. El sargento de Policía, M. Ramos debía dinero a una mujer y quería que la madre de la niña cobrara una póliza de seguros de la que no se sabe la cifra.

Las pistas

Los agentes de la Unidad de Delitos Contra la Vida (Dinased) y la Fiscalía – por la información recabada – sospechan que hay más personas que se involucraron en este delito. La Defensoría del Pueblo espera obtener más pistas cuando llegue la versión completa de la necropsia.

La Policía informó que al parecer Dana Ramos fue asfixiada con una almohada y después la arrojaron a la cisterna de la vivienda de los padres del sospechoso. Policía y Dinased fueron a recabar más indicios en el lugar con la ayuda del Cuerpo de Bomberos de Riobamba que vaciaron la cisterna donde hallaron el cadáver. Denis Valverde, miembro de la institución, mencionó que utilizaron una bomba de succión para extraer toda el agua.

El tiempo de la instrucción fiscal es de 90 días. Mientras tanto, los padres de familia en el Porvenir, el barrio donde sucedieron los hechos, nno dejan salir a sus hijas e hijos después de lo que sucedió con Dana y esperan que se esclarezca lo más pronto.

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Los sospechosos

Por este caso hay dos personas detenidas, una mujer y un policía en servicio activo, padre de la pequeña. El sargento M. R. Ramos se desempeñaba como agente investigativo de la Policía Judicial de Chimborazo, según información de la institución. Ramos cumple prisión preventiva tras su detención el 9 de febrero.

La mujer procesada es Evelyn B. Fue detenida el 8 de febrero durante las pesquisas de la Fiscalía que realizó siete allanamiento por este caso. La sospechosa es prima de Dana. Se encuentra con arresto domiciliario y custodia policial permanente, al estar en estado de gestación.

Lo que se sabe

La iinformación de la Fiscalía indica que los presuntos mensajes extorsivos a los familiares de la menor provienen de la red de Internet de la prima.

“Con base en los elementos de convicción recabados en las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, se determina que ellos (el padre y la prima) serían los presuntos ejecutores de la desaparición de la niña Dana Alejandra Ramos Pilataxi”, explicó la institución.

La iinstrucción fiscal durará 90 días. Los agentes podrán recopilar más datos para dar con los culpables y las circunstancias de este caso.

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«Me parece importante señalar lo que me comentaba la ministra (Patricia Bullrich) que asesinaron al fisca que encargaron la investigación del viaje de la mujer de Fito a la Argentina con su familia. Cuando le encargaron la investigación, lo asesinaron. Para dar una idea de la magnitud de la organización que lideraba este delincuente ecuatoriano», dijo Francos en una rueda de prensa.

El 16 de enero, un día antes de que criminales le dispararan cerca del centro comercial Albán Borja, donde funciona el Complejo Judicial, Suárez pidió una certificación de kla situación jurídica de la esposa de Adolfo Macías.

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Tras el asesinato de un servidor de la Dirección de Fomento y Desarrollo Productivo, ocurrido la tarde del martes 14 de noviembre en el centro de la ciudad, la prefecta brindó una rueda de prensa donde arremetió contra dos comunicadores.

«Eso hizo que se abriera una brecha de amenazas. A ese señor le sigo un juicio porque ha puesto en riesgo vidas inocentes, a mi familia y el progreso de Esmeraldas, puesto de que desde ahí trabajamos con zozobra», señaló la autoridad.

En agosto de 2023, el periodista publicó en el medio digital Hoja de Ruta un reportaje sobre el patrimonio de Zambrano, lo cual consta en la documentación pública del sitio web de la Contraloría General del Estado. La noticia llegó a los oídos de la prefecta, por lo que realizó un video de respuesta donde lo insultó, pero no pudo desmentir la información.

Zambrano señaló que puso una denuncia en contra del periodista y que ya van cuatro funcionarios a los que les han arrebatado la vida, por lo que aseguró que ha presentado las denuncias en Fiscalía.

Adicionalmente, aprovechó la situación para atacar al comunicador Sigifredo Quiñónez, quien dirige el medio Etiqueta Negra que informa sobre noticias locales de la provincia. Zambrano lo acusó de «motivar el odio a la prefecta de Esmeraldas» y apuntó que Quiñónez posee supuestos nexos con bandas delincuenciales.

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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) confirmó que el único deceso registrado correspondió a una persona vinculada a los mandos de un grupo de delincuencia organizada (GDO), es decir, a Freddy Anchundia.

¿Pero, quién era alias ‘Anchundia’? La Policía Nacional lo ubicaba como el líder de la banda delictiva R7, una fracción que surgió tras la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias ‘Rasquiña’, quien era conocido como el máximo líder de Los Choneros.

‘Anchundia’ y los R7

Según el portal GK, los R7 son una banda carcelaria fundada por Freddy Anchundia y alias ‘Negro Ángelo’. La agrupación criminal -con operaciones en la Costa ecuatoriana- se dedica al microtráfico y sicariato.

Sin embargo, no es comparable a actividad organizativa de grandes bandas como Los Choneros, Los Lobos o Los Chone Killers, sino que «funciona tejiendo redes con las megabandas que existen en las cárceles», reseña el medio.

Del GDO sobresalía ‘Anchundia’, quien ganó protagonismo en las masacres carcelarias de 2022. Las autoridades le atribuyeron el mando de dos de esos sucesos sangrientos: la de la cárcel de Turi (Azuay) en abril y la de la prisión de Santo Domingo de los Tsáchilas en mayo. El resultado fue 65 presos asesinados.

Su traslado

Después de aquel enfrentamiento en Turi en contra de alias ‘Ariel’ de Los Lobos, ‘Anchundia’ fue movilizado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en Guayaquil, reporta El Universo.

Una medida cautelar logró su paso a la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo. Los incidentes no se hicieron esperar, pues ocurrió la siguiente masacre que dejó un saldo de 44 reclusos asesinados.

Aunque la Policía lo calificó como partícipe de las dos revueltas, por su parte, la función Judicial no lo vinculó en procesos relacionados a los delitos cometidos en las masacres. Luego fue trasladado otra vez a La Roca.

Historial delictivo

En esta última prisión, ‘Anchundia’ cumplía una sentencia por asesinato en Pedernales, en 2016. Sin embargo, en septiembre de 2023, fue movilizado de allí a la Regional de Guayaquil por un atentado perpetrado con un dron, el cual falló.

De acuerdo a GK, ‘Anchundia’ (de 37 años) tiene procesos judiciales por sicariato, microtráfico y evasión. En 2015, su rostro era uno de los más buscados de Pedernales por haber matado a un hombre en La Chorrera.

Fue líder de una banda conocida como Los Anchundia, una organización delictiva de alrededor de 50 miembros dedicados al microtráfico y sicariato en Pedernales y en otras zonas de Manabí. Esta banda nació después de que ‘Anchundia’ fuese expulsado de otro grupo criminal llamado Los Gatos Secos por discordancias con su líder.

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La Intendencia de Policía de Pichincha informó a través de su cuenta de X que realizó un operativo de control los días 27 y 28. Las autoridades recibieron una alerta de un fallecido en las calles Alonso de Angulo y Rafael Grau. El Cuerpo de Bomberos de Quito y entidades de salud confirmaron el deceso de dos individuos.

La mañana de este lunes 30 de octubre se procedió a clausurar la discoteca como medida cautelar.

Según el boletín de prensa, las víctimas fueron estaban tendidas en el suelo del establecimiento. Las heridas -al parecer- fueron producidas por proyectiles de un arma de fuego. Los occisos fueron identificados como Marco B., de 35 años, y Vagner C., de 27 años, quienes registraban antecedentes penales.

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En el enfrentamiento de balas resultó gravemente herido su guardaespaldas y murió.

Durán, en el abandono

El cantón costero es uno de los territorios más golpeados por la inseguridad y el crimen organizado en todo el Ecuador. Su alcalde, funcionarios y ciudadanos viven a diario un peligro latente que el Gobierno Nacional no ha atendido hasta la fecha.

El 2 de octubre, la directora de Recursos Humanos del Registro de la Propiedad del Municipio de Durán recibió una amenaza de muerte, afirmó el alcalde de ese cantón, Luis Chonillo a través de su cuenta de X.

El burgomaestre denunció que la funcionaria encontró un sobre en el parabrisas de su vehículo, el cual contenía una nota intimidatoria y una bala. Añadió que procedieron a formalizar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y solicitaron una investigación inmediata.

Chonillo reiteró al régimen de Guillermo Lasso su asistencia en cuanto a resguardo y seguridad permanente hacia los servidores públicos e instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Durán.

Chonillo, en peligro

El alcalde dejó el Ecuador el 23 de mayo de 2023 tras un atentado en su contra. La falta de resguardo policial lo obligó a abandonar el país y ejercer el cargo de forma telemática. Ha señalado la falta de apoyo del Gobierno Nacional, así como el desinterés del ministro del Interior, Juan Zapata, por atender sus llamadas; acusaciones que este último niega.

Además, la familia de Chonillo salió del país por los mismos motivos y -en entrevista para la Posta– dijo que debe cambiar de domicilio periódicamente. Desde el día de su salida expresó que no volvería hasta que las autoridades puedan garantizar su seguridad.

Por otro lado, tanto el alcalde como la directora de esa área no han sido los únicos funcionarios asediados por delincuentes o miembros del crimen organizado. El concejal de Durán, Bolívar Vera fue secuestrado y asesinado en el sector El Arbolito, norte del cantón, la tarde del 7 de septiembre de 2023.

El cantón de Durán es parte de la Zona 8, la que registra el mayor número de homicidios intencionales en el Ecuador y donde operan bandas del crimen organizado. Es considerada una de las zonas más peligrosas. Allí las clases educativas se han suspendido en reiteradas ocasiones debido a la inseguridad, hasta tal punto que reportan extorsiones entre los estudiantes.

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