«Luego de la revisión del expediente, el fiscal determinó que al momento no existen elementos de convicción suficientes para mantener el pedido de formulación de cargos, por lo que dispuso la revocatoria respectiva, y dejó sin efecto la solicitud del 2 de agosto», expresó el exfutbolista a través de un comunicado en su cuenta de X.

Durante la mañana del 4 de agosto, la Fiscalía pidió audiencia de formulación de cargos contra Cevallos y cuatro personas de su administración por el mencionado delito. Según el expediente al que accedió diario El Universo, en la investigación previa habrían elementos de convicción para presumir la participación como autores y cómplices contra Cevallo y los cuatro involucrados más.

No obstante, el expresidente del BSC respondió que la investigación previa continúa sustanciándose como una etapa preprocesal, por lo que no cabe un juicio penal por ahora. «Dentro de dicha investigación demostraré hasta la saciedad que todo el sainete armado en mi contra, no constituye nada más que las más bajas intenciones de menoscabar mi honra y buen nombre», refirió.

Para Cevallos, la actual administración del club está detrás de todo este hecho. De acuerdo a sus palabras, la directiva pretende impedir su participación en la vida social del equipo. También instó a la prensa a difundir esta noticia, así como se expandió la formulación de cargos.

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La autoridad judicial aceptó el recurso de régimen semiabierto solicitado por Rivera el pasado mes de mayo. La medida se acogió gracias al informe de buen comportamiento y al no tener otros procesos penales en curso.

Aunque Rivera cumplirá el resto de su condena en libertad, tendrá que acatar una serie de medidas de control dispuestas por la justicia. Así pues, no podrá salir del país, usará un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete), deberá presentarse periódicamente y recibir tratamiento psicológico ante una entidad estatal.

Delito por caso Odebretch

En junio de 2017, Ricardo Rivera fue detenido tras haberse revelado la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebretch. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos descubrió que la empresa brasileña había repartido sobornos a cambio de obras con el Estado ecuatoriano. La justicia norteamericana ubicó que Rivera, a nombre de su sobrino Jorge Glas, habría sido uno de los enlaces de esta trama criminal. La investigación determinó USD 13.5 millones fueron repartidos en coimas a cambio de contratos con el estado.

En diciembre de 2017, Rivera -junto con Jorge Glas y otros tres implicados- fueron sentenciados a seis años de cárcel por asociación ilícita en el Centro Penitenciario Regional Número 4 del Guayas hasta el día de hoy.  

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Pese a los pedidos de la Fiscalía de prisión preventiva para los dos procesados, la autoridad judicial determinó esta medida solo para para César Yunda. Para Sebastián, estableció presentaciones periódicas, lunes y viernes, en el Complejo Judicial Norte, desde el 27 de septiembre.

También solicitó el uso de grillete electrónico, que será colocado el 1 de octubre. Además, impuso la prohibición de salir del país.

Según un reporte de la Interpol, Sebastián Yunda se encontraría en Bolivia. Esta información fue confirmada por su abogada, Gabriela Moreira. De acuerdo al mismo informe, César Yunda estaría en México.

A Sebastián Yunda se lo acusa por supuestos tratos y negociaciones relacionadas con el Municipio de Quito. En su teléfono celular se encontraron conversaciones, donde gestiona pruebas PCR y eventos artísticos para sus amigos, con empresarios y funcionarios del municipio.

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El objetivo de la organización era perseguir a funcionarios kirchneristas y también a una serie de sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, el petrolero Guillermo Pereyra y el líder de los lecheros, Héctor Ponce.

Para los legisladores, «el máximo responsable» de ese entramado era el exmandatario. Según señalaron, «emitía las órdenes y trazaba las estrategias» de los delitos cometidos por la denominada «mesa judicial» de Cambiemos.

La denuncia fue colocada por los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés. Solicitan que se investiguen «las distintas acciones de presión, intimidación, amedrentamiento y abuso sufridas por dirigentes políticos y sindicales opositores». Estas acciones aparecieron a partir del 10 de diciembre de 2015.

Juicios en Latinoamérica

Macri no es el único político que enfrenta juicios por parte de los legisladores. A pocos días de salir del poder, la Asamblea de Bolivia presentó un pedido de juicio contra Jeanine Añez por las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) y otros hechos.

La Comisión especial de la Asamblea que investiga las masacres también propuso procesos judiciales contra varios ministros. Karen Longaric (Relaciones Exteriores), Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno), Fernando López (Defensa). Además, de Álvaro Coímbra (Justicia), Álvaro Rodrigo Guzmán (Energías) y María Pinckert (Medioambiente y Agua).

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Un juez negó la solicitud de caución interpuesta por la familia Bucaram. El magistrado señaló que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios para ser aprobado. Adicionalmente, FGE solicitó que se revisen las medidas cautelares impuestas sobre Gabriela Pazmiño, pues no ha cumplido con la presentación periódica ante la Fiscalía. 

Los hermanos Michel y Dalo Bucaram, Gabriela Pazmiño y Abdalá Bucaram Ortiz son investigados por una presunta asociación ilícita para la venta irregular de insumos médicos en los hospitales de Guayaquil, en el marco de la crisis sanitaria producto del Covid-19.

Antecedentes

En agosto, la policía detuvo a Abdalá Bucaram Ortiz. El ex presidente supuestamente estaba implicado en la venta ilegal de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. El ciudadano israelí Shy Dahan, asesinado en prisión, y los familiares de Bucaram también habrían sido parte de esta red de asociación ilícita. Fiscalía celebró la detención del ex mandatario. No obstante, Bucaram quedó en libertad horas más tarde.

El 03 de septiembre de este año, los hermanos Michel y Dalo Bucaram, junto con Gabriela Pazmiño, solicitaron al sistema judicial el recurso de caución. Esta medida habría permitido el retorno de los implicados al país y su defensa en libertad, a cambio del pago de una fianza de USD 30.000, tarifa sugerida por los implicados.

Jorge Acosta, abogado de la familia Bucaram, consideró este recurso pertinente para evitar la prisión preventiva contra sus clientes. Acosta señaló que la familia Bucaram es víctima de una perseución política y mediática para velar las verdaderas raíces de la corrupción. (JBS)

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De acuerdo con la Fiscalía, Tuárez ofertaba cargos públicos. “No solo recibían dinero, sino también metales preciosos, como piedras, esmeraldas y hasta barras de oro”, indicó el fiscal a cargo del caso, César Suárez.

Por otro lado, la abogada defensora del sacerdote cuestiona las pruebas encontradas por Fiscalía y asegura que su cliente es inocente. “Han indicado que existen piedras preciosas y dinero. Pero al momento de preguntar a los peritos quisiera me digan si las evidencias fueron encontradas en el celular de mi defendido”.

El pasado 25 de julio, Fiscalía presentó un pedido acusatorio contra Tuárez y seis personas más por los ofrecimientos de cargos públicos a cambio de sumas que van desde los USD 5.000 a 500.000.

De acuerdo con el organismo, Tuárez era el encargado de ofertar cargos públicos en sus diferentes modalidades, para instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección Nacional de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador.

El pasado 29 de noviembre, después de 12 horas de audiencia de formulación de cargos, 33 ciudadanos, incluido Tuárez, recibieron prisión preventiva por sospecha de negociar cargos en instituciones estatales.

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Además de la decisión, el juez también ordenó que retiren las medidas cautelares que pesaban en su contra. Con ello, podrá salir del país y no será necesaria la presentación periódica ante la Fiscalía.

De su lado, su familia celebró la resolución.

Segundo implicado

Dentro de la investigación, también la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió la vinculación de Mauro F. quien continuará en la misma. Según los peritos, hay indicios de posible enriquecimiento privado no justificado

El 9 de enero, la Policía detuvo tanto Mauro F. como a Rivadeneira. Según los anuncios de la Fiscalía, ambos habían movido montos que ascendían por USD 5 millones. Para este jueves 6 de agosto, finalmente los movimientos recayeron en Mauro F.

El informe pericial indica que los ingresos que declaró al Servicio de Rentas Internas (SRI) Mauro F., no coincidían con los valores registrados en el sistema financiero. Según explica el documento, hay una diferencia de USD 6,2 millones.

Contexto

El 11 de enero, tras 10 horas de audiencia de formulación de cargos, el juez dictó medidas sustitutivas para Pedro Rivadeneira. Para entonces, Rivadeneira afirmó que sí tenía relaciones de amistad con Mauro F. por la compra de una casa en 2017.

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