A partir de las 09h30 se llevó a cabo la audiencia de acción de protección, interpuesta por la periodista debido a la revocatoria de su visa, en la Unidad Judicial Especializada de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, al norte de Quito.

Después de casi dos horas, las partes procesales expusieron sus argumentos, sin embargo, ningún jurista del gobierno dio a conocer los motivos de revocatoria, pues todo estaría fundamentado en un informe secreto del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

»Los derechos, obligaciones y deberes de los extranjeros son iguales a los de los ecuatorianos (…) la señora Santiago incumplió la norma y atentó contra la seguridad del Estado», dijo la defensa de Cancillería.

Asimismo, otro de los abogados señaló que el gobierno no ha vulnerado la libertad de expresión de la periodista ya que sigue activa en redes sociales sin censura por parte del Estado.

Suspensión de la audiencia

La audiencia fue suspendida debido a que durante la intervención del abogado de Santiago, Carlos Soria, el Viceministerio de Movilidad Humana presentó nuevos documentos que no habían sido expuestos anteriormente. Ante esta situación, la jueza dispuso un plazo de 48 horas para que la accionante revise las 34 fojas.

Para Soria, el actual proceso evidencia una clara persecución política por lo que solicitaron medidas cautelares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (AGM).

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«Cuatro policías me tenían así (sostenido por cada extremidad) y ahí me leyeron los derechos, mientras este sinvergüenza, un jovencito (…) y luego lo vuelven a filmar para hacer un amarre. Me sientan, yo estaba todo apaleado, me ponen nuevamente a leerme los derechos. Me sientan ahí y yo me desvanezco. Me dicen: ¡párese! ¡párese!, yo trtaba de pararme, pero no podía por la paliza que me habían dado. Hay dos vídeos, el verdadero cuando me bajaron del carro todo torturado, humillado, colgado de los pulgares como en la época de la dictadura. Y el segundo vídeo», dijo en la conversación.

Agregó que lo que tiene claro es que no va a claudicar. «El asilo político no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político».

El expresidente Rafael Correa se pronunció acerca de su compañero de militancia y la situación por la que atraviesa. «Responsabilizamos a Daniel Noboa por la integridad física y emocional de Jorge», escribió.

Berlín busca comunicación con Ecuador

El exvicepresidente Glas, de 54 años, tiene también la ciudadanía alemana, por lo que Berlín intenta establecer contacto con las autoridades ecuatorianas.

«Estamos siguiendo muy de cerca el caso del señor Glas y estamos tratando de establecer contacto directo con las autoridades ecuatorianas», informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania a la revista Spiegel.

Una de las tareas de las misiones alemanas en el extranjero es precautelar el cuidado de los ciudadanos alemanes encarcelados. (MIB)

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De acuerdo con el relato, Laso guadaba prisión en la celda #3 de transitoria en la cárcel de Latacunga. Al llegar Norero se le solicitó cambiar de celda por la #1 transitoria. En ese cambio empezaron a llegar colchones ortopédicos y comida al espacio que iba a ocupar Norero.

En ese contexto, indica que se convirtió en el hombre de confianza de Norero y vio pasar a algunas personas, entre ellas a la miembro de la Comisión de Pacificación de las Cárceles creada por el expresidente Lasso, Claudia Garzón. Ella era el nexo de Norero con el exdirector del SNAI, Pablo Ramírez, quién solicitó USD 200.000 como «donación» a esta institución gubernamental. Cuando le hizo la transferencia, ambos se reunieron en el Centro de Rehabilitación.

Reunión con miembros de bandas delictivas

Según el testigo, Leandro Norero tuvo muchas conversaciones con alias Fito, alias Junior, alias Choclo, con Xavir Jordán y con Ronny Aleaga. Este último «al haber sido parte de los Lating Kings tiene contacto muy cercano con alias «Diablo», líder de esta organización a nivel nacional», expresó.

Por otro lado, Claudia Garzón salió beneficiada por Norero, con quien habría mantenido una relación sentimental y a la que el narcotraficante le habría regalado un departamento en Bogotá, otro en Cartagena y un vehículo a su hija.

Sobre el expresidente Rafael Correa, Laso habría dicho que Norero se reunió con el exmandatario por videollamada para hablar sobre la libertad del exvicepresidente Jorge Glas.

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Mientras el consejero del CPCCS, Juan Esteban Guarderas, realizaba una rueda de prensa pidiendo la renuncia del alcalde, en el Palacio Municipal, un grupo de simpatizantes mostraron su apoyo al burgomaestre.

«Esto que pretenden hacer es un absurdo jurídico. Tengo la claridad, la convicción, la firmeza de decir que no hemos cometido ninguna infracción electoral. Tanto así que el día de hoy han dejado claro lo que quieren. Es evidente que para algunos, determinados alcaldes somos incómodos», dijo Muñoz a los ciudadanos.

Agregó que «si uno fuera de la alcurnia que a ellos les interesa, seguramente no habría problema. Si uno trabaja del lado del pueblo humilde, sencillo, ahí empiezan las preocupaciones». Muñoz dijo que lo que buscan es su renuncia y que para él evidentemente «le entra por aquí (un oído) y me sale por acá (otro oído)».

«Para mí es una obligación cumplir con ustedes, las ofertas de campaña. Eso me entra por un oído y me llega al corazón. La mejor forma de decirles a ellos que pierden su tiempo con sus absurdos jurídicos y de estar con la gente es dedicándome a trabajar como lo hago. 24 horas al día por la ciudad», expresó.

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Salazar fijó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra Terán, el vocal Xavier Muñoz, la exvocal Maribel Barreno y cinco funcionarios más por el presunto delito de obstrucción de la justicia. De acuerdo con la fiscal, cuenta con los elementos suficientes para imputar los cargos.

A lo que, Terán recalcó que la máxima autoridad de la FGE «intenta señalar a quien preside el CJ y a sus funcionarios solo por cumplir sus labores».

Terán mencionó que los jueces conocen los asuntos disciplinarios -contra sus homólogos- y otras causas, pero no por eso estarían obstruyendo a la justicia.

«No observamos los casos que lleven, no juzgamos personas sino conductas», dijo en Noti Mundo.

Según el presidente del CJ, la entidad en ningún momento ha actuado con «amiguismos, compadrazgos o espíritu de cuerpo» como aseguran otras autoridades.

De cara a la Corte

Terán, Muñoz, Barreno y otros funcionarios enfrentarán una audiencia de formulación de cargos en la Corte Constitucional (CC) a las 12:00 de este 20 de octubre. Salazar acusó a los implicados de obstruir a la justicia.

La fiscal aseguró que los implicados habrían cometido las primeras infracciones en el caso «Las Torres», en el que se investiga al excontralor general del Estado, Pablo Celi.

Salazar en el proceso puede solicitar medidas cautelares para los implicados que irían desde prisión preventiva, uso de grillete electrónico hasta prohibición de salida del país, sin embargo, la decisión final la tomará el juez a cargo.

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«Voy a seguir presentando acciones ya sea constitucionales o judiciales con la finalidad de hacer respetar mis derechos humanos, constitucionales. No se trata de volver o no volver a la presidencia de la Asamblea. Aquí se trata de exigir la reparación de todo el daño causado», dijo la legisladora antes del inicio de la audiencia.

Por otra parte, el asambleísta Esteban Torres (PSC) criticó duramente las acciones de Llori. «La justicia constitucional no es indemnizadora, es reparatoria. Resulta insólito que una persona, la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori pida USD 8 millones, los cuales ni siquiera son demandados. Porque constan en la demanda el presidente del Legislativo y los miembros de la ex comisión Ad hoc«.

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La audiencia es de los pueblos no contactados (Tagaeri y taromenane) contra el Estado ecuatoriano por la vulneración de sus derechos estipulados en la Constitución y la Ley.

Con este objetivo, la defensa de Iza solicitó a la jueza Paola Bedón que se levante temporalmente la restricción de salida del país. El pedido se aceptó por parte de la magistrada.

«Su presencia es importante, pues en su calidad de presidente de los Pueblos y Nacionalidad Indígenas se tiene programado un desarrollo de agenda que permitirá realizar una defensa adecuada que será emblemática en la región para los pueblos no contactados», aseguró.

La medida estará vigente del 21 al 25 de agosto. Iza tiene un juicio en curso por presunta paralización del servicio público en calidad de autor mediato.

Pueblos en aislamiento vs. Ecuador

Esta demanda inició en 2006 tras una masacre en la que fallecieron alrededor de 30 personas tagaeri y taromenane. En 2003 y 2013 también ocurrieron masacres contra los pueblos no contactados.

En esta audiencia, ambas parte presentarán documento, pruebas y testimonios. ambos pueblos se encuentran amenazados sin que el Estado ecuatoriano haga algo para preservar sus derechos. El aumento de la producción petrolera los pone en peligro y también a la selva donde habitan.

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“Está preocupado. Incluso me dijo que si se acepta el pedido no se quiere ir porque no mira la posibilidad de despedirse de nuevo de su mamá e hijos.  Tenemos dos años litigando. La Corte Interamericana se tomaría esa cantidad de tiempo. La excepcionalidad aplica porque hay medidas cautelares que no se han cumplido y está en peligro la vida de Jorge Glas”, dijo la abogada a Radio La Calle.

Vera forma parte del equipo legal internacional de Glas. “Trabajo en un estudio de Bélgica y lidero los temas de Glas. El 9 de abril se le otorgó un habeas corpus y vimos la repercusión que generó eso. Aunque la SNAI expresó que no conocían el paradero del exvicepresidente, finalmente la Corte provincial realizó la audiencia de apelación. La gravedad del caso radica en la presión política que ha sufrido el exvicepresidente”, añadió.

“La Corte Provincial de Santa Elena declaró la nulidad del habeas corpus y todo regresó a foja cero. El SNAI no lo trasladó a Latacunga por razones de seguridad y nos dan la razón de que en los cuatros años que pasó allí, su vida estuvo en peligro”.

Caso Singue

A todo esto, se suma el laudo final de caso Singue donde un tribunal internacional identificó una actitud dolosa por parte del Estado ecuatoriano en el informe de Contraloría que llevó a la investigación penal de este caso.

Este informe tuvo cifras inconsistentes, por lo que, como prueba, no tendría una validez debido a las imprecisiones.

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Nicole Malavé, simpatizante del movimiento Revolución Ciudadana, interpuso la demanda de habeas corpus a favor del ex vicepresidente, según recopiló diario El Universo.

La simpatizante presentó anteriormente una demanda de habeas corpus a favor de Glas en abril de 2022, ante el juez de Manglaralto, provincia de Santa Elena, Javier Moscoso, quién se la concedió y Glas pudo obtener su libertad.

El ex vicepresidente fue liberado el pasado 9 de abril de 2022. No obstante, volvió a ser encarcelado, puesto que el fallo del juez de Manglaralto se declaró nulo.

La audiencia

Soledad Manosalvas, jueza de la Unidad Judicial especializada de Garantías penitenciarias del Distrito Metropolitano de Quito, avocó conocimiento, aceptó a trámite la demanda y convocó a la diligencia en el Complejo Judicial Norte de Quito para la fecha prevista.

Manosalvas requirió al Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de libertad y adolescentes infractores (SNAI) le remita la carpeta de Glas y certificados de: no fuga, que se encuentra en mínima seguridad y que indique el tiempo que lleva cumpliendo su pena.

Además, se prevé que en la audiencia comparezca no solamente el vicepresidente, sino también representantes del Centro de rehabilitación social regional Cotopaxi, el Centro de rehabilitación social masculino Pichincha, el SNAI, y la Procuraduría General del Estado.

Además, tendrán que realizar su relato testimonial los médicos de Glas, y el director del centro de privación de libertad de Cotopaxi.

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La audiencia se instaló en septiembre de 2021, pero varias veces han pospuesto su culminación, por lo que, el proceso penal aún no se resuelve. Hace más de siete meses se dio la primera parte de la audiencia preparatoria de juicio.

La causa se sigue por los hechos registrados el 30 de septiembre de 2010. Hoy se conocerá la resolución de la Jueza respecto a los pedidos de nulidad de las partes.

Cerca de las 10h30, la jueza a cargo declaró la validez de todo lo actuado hasta ahora en el proceso. Además, rechazó los vicios de nulidad planteados por las defensas. Fiscalía continuará con la presentación de su dictamen acusatorio.

Rechazo al dictamen

Wilson Velástegui, abogado de Luis Castro, no entiende cómo en este caso no están procesados el jefe inmediato de su cliente, de quien él recibió las disposiciones, el ministro de Defensa o el presidente de ese momento.

Él supone que se quiere utilizar este proceso como trampolín para ver si se llega al expresidente Rafael Correa, “a quien no le pueden extraditar”.

Ahora, la Fiscalía solicitó que se llame a juicio a 9 militares, en calidad de autores directos, por el presunto delito de asesinato.

Independientemente del pedido de la Fiscalía de llamar a juicio a los nueve militares procesados, Edwin Romero, abogado de la familia del policía muerto, espera que se abra otro proceso penal para sancionar a quienes ordenaron la Operación Rescate.

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“La embajada de Alemania se permite solicitar el acceso virtual a la audiencia en el proceso de apelación del hábeas corpus del ciudadano ecuatoriano – alemán Jorge David Glas Espinel el 18 de mayo en la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, para comparecer a la justicia en conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional y en el marco de la asistencia consular a ciudadanos alemanes”, dice el documento.

La embajada también aclaró que el pedido se debe a la nacionalidad alemana de Glas. “La Embajada de la República Federal de Alemania en Ecuador quiere aclarar que el Sr. Jorge Glas también tiene nacionalidad alemana. En marco de la asistencia consular que otorgamos a cualquier ciudadano alemán se incluye la posibilidad de observar el proceso judicial”.

Agregaron que la observación del proceso judicial se estipula en la Convención de Viena sobre asuntos consulares y es un acompañamiento rutinario. MIB

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“Aquí se ha hablado de una conciliación y es cierto, habrá una nueva audiencia, pero me atrevo a decir que esa conciliación por el país debería empezar por una decisión de la presidenta de dar un paso al costado. Esto es insostenible. Es la cuarta acción que se ha presentado para activar a la función judicial. Son las 15:30, tienen media hora para llevarnos presos con la petición que han hecho. A ese abismo llegamos. Otra cosa, vamos a estar en la Asamblea, que nos detengan con esa denuncia. Aquí hay que solucionar el problema y pasa por la presidenta”, dijo a los medios.

Acción de protección

La presidenta del Legislativo presentó una acción de protección en contra de los miembros del CAL, a excepción de Nathalie Arias (BAN) y Yessenia Guamaní (ID) por presuntas irregularidades al momento de calificar la denuncia del asambleísta Torres en su contra.

El coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, expresó que las acciones planteadas por Llori son correctas. “La presidenta Llori presentó una acción de protección relacionado con el debido proceso y la seguridad jurídica. Ustedes han sido testigos que en las dos reuniones del CAL del miércoles 6 de abril y el lunes 11 se dieron violaciones al procedimiento”.

Sobre el caso de la denuncia de Toores dijo que “Firmó como Luis Esteban Torres Torres y en la Notaría declaró Luis Esteban Torres Cobo. Es inaudito y no procedente que un documento diga una cosa. No se cumplió con la ley”. MIB

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Quito, 06 de oct. (La Calle).- En la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de formulación de cargos en el caso “Helicópteros Dhruv”.

La Fiscalía informó: “con la presencia de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, se instala la audiencia de formulación de cargos contra 15 personas por su presunta participación en el delito de peculado”.

Entre los investigados se encuentran los exministros de Defensa Javier Ponce y Wellington Sandoval como tres generales de la Fuerza Aérea: Carlos Morales, Leonardo Barreiros y Rodrigo Bohórquez.

La Corte Nacional aclaró si es aplicable las medidas cautelares para los investigados.

A los acusados, sostiene la Fiscalía, ha formulado cargos «por irregularidades y disposiciones arbitrarias» en la compra de siete helicópteros Dhruv.

El contrato fue suscrito el 5 de agosto de 2008 con la compañía Hindustan Aeronautics Limited (HAL) de la India. De siete helicópteros que costaron más de 45 millones de dólares, cuatro se accidentaron y tres quedaron inmovilizados, luego de las respectivas verificaciones.

El caso fue reabierto en diciembre de 2020, luego de que el exfiscal general del Estado, Galo Chiriboga, solicitó que se reabra el caso.

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Jiménez remitió al Comité de Ética de la Asamblea un certificado médico del hospital Carlos Andrade Marín, donde se especifica que padece contracturas musculares y cefalea debido a tensión. El permiso médico fue otorgado por el 23 y 24 de septiembre.

Por su parte, Alejandro Jaramillo de la ID, quien impulsa este proceso disciplinario, argumentó que le era “imposible” acudir a la hora señalada. Por ello, pidió que se aplazara esta comparecencia.

Al Comité de Ética de la Asamblea solo asistió la asambleísta de UNES, Victoria Desintonio, quien también es una de las proponentes del proceso contra Jiménez.

La audiencia se retomará mañana para garantizar el derecho a la defensa de la legisladora Bella Jiménez.

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El funcionario fue detenido en la mañana tras un operativo liderado por la Fiscalía que investiga un presunto delito de delincuencia organizada.

En total fueron 25 los allanamientos realizados por el Ministerio Público  en Quito y Guayaquil dentro de las indagaciones para desenredar una supuesta trama de corrupción que involucraría a la Contraloría, la secretaría de Presidencia de la República y la estatal petrolera Petroecuador.

Antes de la audiencia de formulación de cargos, Celi fue trasladado a la Unidad de Flagrancia tras su detención.

En un comunicado interno de Contraloría se indicó que el Contralor continuará al frente de la institución y que este proceso no detiene el trabajo que se lleva adelante.

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«Debido a que luego de dieciséis años de gestiones infructuosas de búsqueda por parte de los familiares de la víctima, ni la investigación penal, administrativa, o la queja presentada ante la Defensoría del Pueblo fueron llevados a cabo con la debida diligencia dando como consecuencia que el joven Guachalá sigue desaparecido», comunicó la CIDH.

La ciudadanía tendrá acceso a las audiencias a través de las redes sociales de la CIDH. Este caso forma parte del Período Ordinario de Sesiones N° 138, que inició el pasado 2 de noviembre de 2020.

Los hechos

Un 10 de enero del 2004, Zoila Chimbo, madre de Luis Eduardo Guachalá internó a su hijo en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara, en Quito, debido a ataques de epilepsia.

El 12 de enero de ese año, Zoila acudió al Hospital para visitar a su hijo. No lo encontró en ninguna parte del lugar, el personal no supo brindarle información específica sobre Luis. La doctora encargada de la
recuperación de Guachalá le dijo que se comunicarán vía telefónica para definir una fecha de visita.

El último reporte del Hospital Psiquiátrico Julio Endara dice que Luis Eduardo “abandona el hospital, se le busca, no se le encuentra”. Luis desapareció siete días después de su internamiento, 17 de enero del 2004.

Zoila asegura que en una ocasión durante una llamada que hizo al Hospital, le dijeron: «señora no haga problema de gana, que está haciendo una tormenta en un vaso de agua, que mejor esté feliz porque su hijo se había desaparecido».

Desaparecidos en casas de salud

Fausto Witt, Álvaro Nazareno y Luis Eduardo Guachalá desaparecieron en manos del sistema de salud pública. Se trata de tres casos de desaparición forzada.

Fausto Witt, desapareció en 1999 cuando estaba internado en el mismo hospital en el que desapareció Luis Eduardo. Álvaro Nazareno, desapareció el 14 de marzo de 2011 cuando estaba internado en el Hospital Público Eugenio Espejo, en la ciudad de Quito.

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“México, Argentina, Cuba, China y otras representaciones diplomáticas certifican que no he pedido asilo u otra forma de protección”, escribió la máxima autoridad de la provincia en sus redes sociales.

El 04 de septiembre, la Cancillería del Ecuador ratificó en un comunicado que no existen pedidos de protección internacional ni de asilo político por parte de Pabón.

Adicionalmente, la prefecta denunció al Fiscal Provincial Alberto Santillán y al Teniente Coronel de la Policía Carlos Albán por el supuesto delito de Fraude Procesal.

Según Pabón, ellos habrían falseado un informe en el que ella supuestamente habría pedido asilo político a la embajada de México.

El 31 de agosto, Santillán pidió una audiencia para la revisión de medidas cautelares de la prefecta por el supuesto pedido de asilo. La audiencia puede derivar en una nueva orden de encarcelación para la autoridad provincial

Pabón, Virgilio Hernández y el activista Christian González tienen una investigación por el supuesto delito de rebelión en las protestas de octubre del 2019.

Ambos reiteradamente han calificado a estas acusaciones como “intentos de persecución política en contra suya por parte de las autoridades de turno”.

Desde octubre hasta el día de hoy, el caso todavía no tiene una resolución fija. En consecuencia, los tres ciudadanos portan el grillete electrónico en sus tobillos. Una medida cautelar que sustituyó a la prisión, en la que pasaron 72 días. (DR).

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“El juez Jhayya ha dado paso al pedido del fiscal para revisar las medidas sustitutivas ¡Paren las injusticias! No es necesario revisar las medidas, no es necesario encarcelarme porque NO he pedido asilo a ninguna embajada”, escribió Pabón en su cuenta oficial de Twitter.

El pedido indica que “se convoca a audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de medida cautelar y protección para el lunes 7 de septiembre a las 11:00”. Frente a esto la prefecta añadió que “la audiencia será el lunes, tengan la seguridad que estos días me encontrarán trabajando por Pichincha y su gente”.

Los hechos

El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán acusó a la prefecta Paola Pabón de solicitar asilo político. Santillán indicó al juez que existe una alerta de información que textualmente dice: “Teniendo como antecedente que varias personas que se han encontrado cumpliendo medidas cautelares han aprovechado estas circunstancias para salir del país”.

Cortina de humo

“Me parece demasiada casualidad que esto suceda después de un fin de semana donde los dedos apuntan a quienes han generado corrupción en este país (…) Qué mejor cortina de humo que encarcelar a la prefecta de Pichincha, qué mejor cortina de humo que enviarla de nuevo a Latacunga”, dijo en rueda de prensa.

Pabón reiteró que no solicitó asilo al gobierno mexicano. “No he solicitado asilo ni a la embajada de México ni a ninguna otra. Que quede claro. No he solicitado asilo político y no lo solicitaré. Porque soy la prefecta de Pichincha, no estaré por los tejados, no golpearé las puertas de la embajada. Estoy aquí y aquí enfrentaré este juicio”, expresó.

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“Audiencia preparatoria de juicio contra tres personas se declaró fallida, por inasistencia injustificada del abogado de Paola P. El juez convocó la diligencia para el viernes y ofició a la Defensoría Pública, en caso de que no se presenten los abogados particulares”, indicó el tuit de Fiscalía.

“Nosotros abrigamos la posibilidad de que haya justicia en este país, queremos una justicia sin presión, sin que se utilicen como instrumento para perjudicar a los adversarios políticos. Enfrentamos un proceso de rebelión armada, luego se cambiaron los cargos a rebelión, sin un solo indicio a propósito de la protesta ciudadana que se dio en en octubre, dijo Pabón en sus declaraciones.

Ahora lo que la Fiscalía tiene que demostrar que tiene indicios de que esa conspiración internacional . Toda la opinión pública escuchó que habíamos contratado venezolanos para causar violencia. Fiscalía no encontró ninguna prueba de ese tema”, indicó Hernández.

El pasado 24 de diciembre, la jueza Pavlova Guerra dictó la resolución de la revocatoria de la prisión preventiva para Paola Pabón, Virgilio Hernández y Cristian González. Resolución que resultó a su favor. La magistrada dictaminó medidas cautelares como el uso de grillete electrónico, presentaciones periódicas en Fiscalía y prohibición de salida del país. Los tres ciudadanos estuvieron en prisión durante 72 días.

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La diligencia está a cargo del juez de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del Núcleo Familiar con sede en el cantón de Latacunga, Walter Chicaiza.

El pasado martes 16 de junio, el periodista Patricio Mery Bell y varias publicaciones en Twitter alertaron sobre un presunto amotinamiento en la cárcel de Cotopaxi. Allí, dijeron, los reclusos trataban de evacuar a Glas por los contagios masivos de Covid-19.

Ese mismo día, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) desmintió las publicaciones difundidas. En las mismas, aseguraban que Glas fue trasladado a otro sector de la prisión.

Por el momento, la audiencia continúa.

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