En su domicilio de Samborondón se recabaron algunos indicios, entre los que se incluyen computadores, dispositivos móviles, tarjetas de memoria y documentos. Respecto a la ubicación de Toledo, la institución indicó que están realizando otros 3 allanamientos en oficinas y domicilios de Guayaquil para ubicar al abogado.

Denuncia realizada

El abogado Diego Chimbo, defensa del exasambleísta Pablo Muentes, involucrado en el caso Purga, colocó en la Fiscalía Provincial de Pichincha, una denuncia por peculado y fraude procesal en contra de Francisco Fierro, Ricardo Noboa Bejarano, Esteban Noboa Carrión y Mayra Salazar.

El jurista habló con los medios de comunicación e indicó que «el Banco del Pacífico pagó por la defensa de Mayra Salazar en el caso Metástasis» y presuntamente habría sembrado información en el testimonio anticipado de la comunicadora en el caso Purga.

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Indica que el hecho de la difusión del mismo, es única responsabilidad de los abogados de Cáceres y Camacho con el fin de hacer de este caso un show.

“Ahora dirá también que Sebastián Camacho estaba sordo, que estaba somnoliento porque eso es lo que dicen los abogados defensores”, dijo Elizabeth Otavalo en una entrevista para Radio La Calle.

Audiencia de Sentencia

German Cáceres y Sebastián Camacho debieron presentarse el viernes 19 de mayo del 2023 a su audiencia de sentencia, pero por motivos desconocidos no asistieron a la misma.

La audiencia se canceló tras la espera de 40 minutos de los implicados. Cáceres y Camacho (por omisión) serán enjuiciados por femicidio a 34 años (8 meses) y 22 años de cárcel, respectivamente. Cabe destacar que la defensa de Camacho sí asistió, pero la de Cáceres no.

Sanción para los ausentes

Por consecuencia de la ausencia, Elizabeth Otavalo afirma que la sanción que aplicó el Tribunal hacia los abogados de ambos enjuiciados fueron dos salarios mínimos, y que se dio la orden para iniciar la investigación por medio del Consejo de la Judicatura (CJ) para conocer una justificación razonable por su inasistencia al caso.

Falta de atención y apoyo judicial

Otavalo asegura que, lamentablemente, los casos de femicidio siguen aumentando porque no hay sanciones ni precedentes por parte de las autoridades. En consecuencia, teme porque no se haga justicia por la muerte de su hija, por falta de atención en el Ministerio de la Mujer, y por la falta del acompañamiento judicial adecuado.

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Se presume que la voz del audio pertenece al vocal de la Judicatura, Juan José Morillo. En la conversación se escucha decir que el vocal Xavier Muñoz estaría repartiendo cargos en notarías y juzgados.

En el minuto de grabación se escucha: «Él está repartiendo cargos como notarías, está repartiendo cargos como jueces, está diciendo que va a haber un concurso en la Corte Nacional de Justicia y que, obviamente, ahí les va a poder dar espacios».

Agrega que «ventajosamente, la gente que apoyó a Llori nos está apoyando a nosotros. Ellos fueron los que me dieron esa alerta». El área de comunicación de la Judicatura le dijo a diario expreso que la posición de Murillo sobre estos audios se reflejó en el comunicado que publicó con Maribel Barreno hace unas semanas y las dos comparecencias que tuvo en la Comisión de Fiscalización. MIB

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Además, hace referencia a una manifestación, también para exigir la salida del alcalde, que tendría lugar el 10 de agosto y que aglutinaría a las Cámaras de la Construcción, a la Cámara de Comercio de Quito, a la Cámara de Industriales e incluso al arzobispo de Quito y a los medios de comunicación.

En la grabación, se habla de plantear un pedido directo a la Corte Constitucional para aplicar el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. “Para que salten el proceso lento y tomen la decisión inmediata para sacarle a Yunda del puesto que está ocupando”, se escucha en el audio.

Finalmente, señala que luego constituirán una comisión de la ciudad «que va a hacer propuestas, cuando tengamos un gobierno decente; propuestas sistemáticas para volver a manejar la ciudad debidamente”, dice Sevilla.

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“El fondo del audio es que, la Ministra conoce que alguien le dice que a su nombre se está pidiendo prebendas y cargos. La obligación del Ministro en ese segundo es decir, denuncie, vaya en este momento a la Fiscalía”, aseguró Gómez.

Ahora, Romo enfrenta un proceso de censura y destitución en la Asamblea Nacional por incumplimiento de sus funciones. Sobre la existencia de este audio, la Ministra dijo: “no tiene ninguna relación conmigo ninguna de estas acusaciones y, si es que cualquier persona considera que hay algo que investigar, pues tienen que hacerlo las autoridades competentes”.

El audio revela una conversación entre una persona que se presenta como Gerente General del Hospital de Tulcán y la Ministra de Gobierno. La funcionaria del hospital declara que Andrés Romo habría pedido su renuncia por “el hecho de no haberle concedido algunos contratos”.

Roberto Gómez cuestiona que la Ministra Romo conoce de la existencia de este audio y no se pronuncia de ninguna forma sobre esto.

CLL

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