De acuerdo con la asambleísta por la Revolución Ciudadana y presidenta de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, Pamela Aguirre, es necesario no solamente hacer una auditoría del patrimonial, ya que, en su declaración juramentada está en USD 0 de activos, pasivos y patrimonio.

«El exvicepresidente, Alfredo Borrero presentó inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales: Declaró $0 dólares de patrimonio. Lo denunciamos ante la Contraloría General del Estado. Además de la auditoría a la gestión, debe hacerse una auditoría patrimonial. Si mintió en su declaración jurada, podría ser perjurio», escribió en su cuenta de X.

Una orden de trabajo también se emitió para Guillermo Lasso, respecto del cumplimiento de sus funciones del 24 de mayo de 2021 al 23 de noviembre de 2023.

A Lasso se le hicieron dos auditorías cuando inició su gestión en el 2021: al desempeñar el cargo y por el periodo del 24 de mayo y el 30 de septiembre de ese año, según la CGE. En esos dos exámenes, el expresidente salió bien librado, ya que no se encontraron empresas en paraísos fiscales a su nombre durante el período de su candidatura.

La Ley de la Contraloría establece que los informes de auditoría gubernamental son tramitados desde la emisión de la orden de trabajo de la auditoría hasta la aprobación del informe, que debe hacerse en el término máximo de 180 días improrrogables.

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Sin embargo, la Cámara de Energía del Ecuador expresó su rechazo ante la decisión de la petrolera por encargar este trabajo a una auditora nacional. Pese a ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó la resolución de Petroecuador.

La convocatoria para la contratación se realizó en agosto de 2022 y buscaba esclarecer y ordenar los balances y cuentas de la empresa pública en los años 2019, 2020 y 2021. Los estados financieros de la estatal petrolera están actualizados hasta 2018.

Compromiso con el FMI

La auditoría es fundamental para el Gobierno de Guillermo Lasso. Es parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que se ejecutaría con un préstamo no reembolsable del BID, reportó El Universo. El programa se firmó en octubre de 2020 y termina en diciembre de este año. No obstante, aceptó aplazar las metas.

El Ministerio de Economía es el canal directo con el FMI. Sin embargo, el Gobierno está a la expectativa ya que no han encontrado firmas interesadas en hacer el trabajo. Si la auditoría se lleva a cabo, este sería otro acuerdo que logra finalizar con el Fondo… obviamente para pedir más dinero prestado y seguir endeudando al Ecuador.

En busca de un nuevo acuerdo con el FMI

El régimen de Lasso anunció que el FMI aprobó un desembolso de USD 700 millones al Ecuador. Según el Gobierno, este acuerdo es bien percibido por los mercados internacionales.

Con este nuevo préstamo, el Gobierno prevé iniciar la negociación de un nuevo acuerdo para el primer trimestre de 2023. Este es un nuevo programa crediticio.

Para el ministro de Economía, Pablo Arosemena, es vital contar con el visto bueno del FMI. El nuevo acuerdo (de tipo RST de resiliencia y sostenibilidad) con el Fondo dependerá de las resoluciones de Petroecuador frente a su problema de auditoría.

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Una investigación de la Fundación Lucha Anticorrupción explicó que el 17 de diciembre del 2020, Jorge Markeley, jefe de equipo de la CGE notificó al ISSPOL que no se ha realizado la auditoría desde 2017.

El desfalco a más de 80.000 miembros policiales en servicio pasivo en el caso ISSPOL alcanza los USD 950 millones. En este sentido, la Fundación Lucha Anticorrupción se pregunta si las evasivas de la CGE para auditar al ISSPOL servirían para hacerles el juego a quienes se llevaron el dinero.

Veeduría ciudadana

La Fundación de Lucha Anticorrupción invitó a la ciudadanía a formar parte de la veeduría que investigará a fondo este tema. Su titular, Juan Esteban Guarderas invita a la CGE a cumplir sus obligaciones y realizar el proceso de auditoría para evitar que el caso ISSPOL quedé en la impunidad.

El coronel Renato González, director de la ISSPOL, recalcó que no le importa si el proceso de auditoría lo hace Contraloría o una empresa extranjera, ellos quieren que las cuentas estén claras para enfrentar las investigaciones de corrupción y recuperar el dinero. CGE le debe USD 11 millones al ISSPOL por auditorías en el período 2004 -2012. MIB

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«Entre las recomendaciones del Informe No Vinculante que hace relación al Informe Anual de Gestión del expresidente de la República consta que la documentación se remita a la Contraloría para una auditoría de gestión», informó la Asamblea Nacional en redes.

Actualmente, la Contraloría tiene a su administrador principal, Pablo Celi en la Cárcel #4 de Quito por una investigación de presunta estructura delictiva. Por lo que el ente de control está en un limbo por la falta de un liderazgo claro.

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Falta de sustento

El informe no vinculante llegó a la conclusión de que, entre otras cosas, la información del trabajo del Ministerio de Inclusión Social está incompleta. De manera que es difícil contrastar datos como la fuente de financiamiento en la emergencia sanitaria y los programas de transferencia monetaria.

Los asambleístas tampoco pudieron contrastar los costos de los programas del MIES en el presupuesto general del Estado.

El pasado 28 de mayo, el expresidente Moreno entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional su informe de gestión durante los cuatro años al frente del gobierno. El Legislativo decidió analizar el documento que describe los programas que se pusieron en marcha en el transcurso de su mandato.

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«En uso de la competencia privativa que tiene el Consejo Nacional Electoral (CNE) debo indicar que el proceso electoral comprende el período de tiempo desde la etapa prelectoral y poselectoral. La base de datos y el sistema informático cumplieron períodos de sellado y enceramiento», dijo el vicepresidente Enrique Pita, quien votó en contra.

Pita agregó que tampoco está de acuerdo en iniciar acciones sobre una supuesta intromisión del contralor Celi. De acuerdo al funcionario, está en manos de los consejeros negar o aprobar el pedido.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint también se mostró en contra del pedido. El CNE en aras de la transparencia y respeto al marco legal, exhorta a los organismos de control a realizar las auditorías que estimen pertinentes una vez que haya concluido oficialmente el proceso», expresó.

El consejero José Cabrera coincidió con los demás consejeros. No obstante, Luis Verdesoto si considera pertinente la realización de ese examen en medio del proceso electoral.

Pedido de Contraloría

«Antes de varios pedidos ciudadanos realizados en aras de que este organismo de control, en el ámbito de sus competencias establecidas, ejecute un examen especial que permita garantizar la necesaria transparencia, seguridad jurídica y adecuado manejo de los recursos públicos», dice parte del documento.

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Cabrera indicó que “no hay ningún problema ni con el sistema informático, ni con la página web del Consejo Nacional Electoral. El país estuvo informado segundo a segundo (…) El reclamo de Yaku Pérez tiene que ver con las Juntas Electorales. Nos sorprendió el pedido del contralor en pleno proceso electoral”.

El funcionario aclaró que tres días antes se sella el sistema informático y solo el personal autorizado tiene acceso. “La base de datos queda intocable. Es preocupante y en el transcurso del día responderemos al pedido de Contraloría”.

Una nueva auditoría

La Contraloría General del Estado ya realizó una auditoría al Sistema Informático del Consejo Nacional Electoral, cumpliendo con las disposiciones de la ley. La auditoría fue del proceso de elecciones seccionales del 2019.

“La ausencia de mecanismos automáticos para el control y supervisión del proceso de conteo de votos y emisión de actas de escrutinio. La puesta en cero de la Base de Datos del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados ocasionó que no se asegure la integridad de las bases de datos, repositorios de imágenes y librerías de este sistema y no se garanticen los principios de transparencia y seguridad del proceso electoral de 24 de marzo de 2019”, indica el examen de agosto de 2020.

Sin embargo, el contralor Pablo Celi indicó que esta nueva auditoría funge como un “el examen especial dará seguimiento a las recomendaciones señaladas en la auditoria de agosto de 2020”.

De acuerdo con la disposición transitoria sexta del Código de la Democracia, “El Consejo Nacional Electoral, tuvo un plazo de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigencia de esta  Ley, para realizar una auditoría a su sistema informático para el conteo de votos y resultados”.

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