La construcción del metro se encuentra en un 98 % de toda la estructura, pues no posee una señal telefónica estable para los usuarios y en algunas estaciones faltan las señaléticas. Este transporte cuenta con 15 estaciones desde el Terminal Quitumbe hasta El Labrador. Tiene 18 unidades de 109 metros con capacidad para mil personas aproximadamente.

Desde el 2021 se fijó una tarifa de USD 0.45, sin embargo, la empresa a cargo de su operación no está definida. Cabe recalcar que no es la primera vez que se realiza un concurso para elegir un operador. Actualmente, la disputa se encuentra entre una empresa franco-colombiana y de Sao Paulo, en Brasil.

Según un miembro del equipo Metro de Quito, el proceso de selección de la empresa operadora se encuentra en fase final. Se estima que dentro de dos semanas se defina la ganadora. “Estas son las dos empresas con mejor puntaje. La decisión depende del Directorio del metro, las reuniones y acuerdos a los que lleguen”, comunicó.

Sistema de cobro

Pese a que el metro de Quito tiene prevista su inauguración en diciembre, el sistema de cobro está por definir. Es decir, la empresa operadora se encargará de establecer el método de pago (efectivo o tarjeta). El metro pretende emplear un sistema de recaudo integrado que permita mejorar la movilidad de los quiteños.

“Con las tarjetas de recaudo son USD 0.60 para las personas que deseen tomar los otros transportes como trole, ecovía o algún otro medio. Todo esto en las estaciones multimodales: Quitumbe, el Recreo, Magdalena, el Labrador”, detalló un empleado de la comisión del Metro.

La ordenanza del 2021 ratifica este precio, lo que mantendrá las rebajas para personas adultas, con discapacidad y menores de edad.

En caso de desastres naturales y otros

El transporte soporta un sismo de hasta 8.5 a escala de Richter por el material con el que fue construido. A pesar de ello, la mayor falla que puede presentar en este caso es el corte eléctrico.

“Si se llegase a presentar una falla eléctrica, el metro tiene una batería que dura de 40 a 50 minutos. Hay que aclarar, no para que esté en funcionamiento, sino para que mantenga encendidas las luces, den indicaciones, etc.”, manifestaron.

Aseguraron que todo el personal se capacita para atender una emergencia. En caso de que escale a un grado superior, el transporte cuenta con botones de intercomunicación con el ECU 911 para solicitar ayuda y enviar una unidad de socorro.

“Estamos realizando capacitaciones, por ejemplo, en casos de violencia de género, o emergencias de salud. Se crearon protocolos planteándose posibles situaciones. Se capacitan a guardias, operadores, policías y funcionarios”, afirmaron.

Ante posibles inundaciones, Metro de Quito cuenta con 15 pozos de bombeo y tres bombas para succionar o absorber el agua y sacarla a la superficie. En cuanto a las plagas, como ratas y otros animales, informaron que la empresa operadora contratará personal especializado para que atienda esos problemas.

Declaraciones del exalcalde Augusto Barrera

Según el exalcalde, el proyecto desde su iniciativa estaba bien formulado, estructurado y contaba con un financiamiento claro. Sin embargo, la demora se atribuye a la inestabilidad política de administraciones posteriores. Es pertinente recalcar que la iniciativa del metro se oficializó en el 2013 y nueve años después no se ha ejecutado ninguna operación de este sistema de transporte.

“Es insólito que en las últimas administraciones no se haya considerado las operaciones del metro. La obra física está completa, lo que no hay es un modelo de operación. Este sistema de transporte se debió inaugurar hace cuatro años”, enfatizó.

Barrera puntualizó que el metro debe estar integrado con los otros sistemas de transporte y no crear una competencia entre ellos. También dijo que pese a estar todo el sistema detallado, nunca estuvo claro cuál era la columna vertebral del metro. “Cuando lo gestioné, lo detallé todo en 12 ítems, cantidad de tierra, problemas sociales, naturales, todo”, declaró.

Recalcó que aunque la parte operativa puede estar completa, la parte comercial puede tardar. Debido a la inoperancia del sistema de recaudo que la empresa pretende implementar. (N.J.C)

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Barrera sostuvo que es uno de los más interesados en que se lleve adelante las investigaciones y pidió que estas se desarrollen con “diligencia y prolijidad”. Además, agregó que si llegase a encontrar irregularidades deberán aplicarse todo el “rigor de la ley”.

Asimismo, explicó que las reuniones que mantuvo con la empresa pública Metro de Madris fueron “única y exclusivamente en el marco público e institucional. Además, agregó que ese proceso permitió que la obra, al momento de finalizar su gestión, quedó encaminada y está prácticamente está concluida en los aspectos constructivos, aunque con un importante retraso operacional.

El medio El Confidencial señaló que el consorcio GMQ, de España, pagó coimas por 1,2 millones de dólares a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito. De esa forma, se aseguraba un contrato de 20 millones de dólares, que consistía en el asesoramiento técnico de la gerencia del proyecto.

Asimismo, insistió en que no puede dejar de señalar «que llama la atención las razones por las que está denuncia, se realiza nueve años después de los supuestos hechos irregulares y justamente la misma semana en que se inicia un proceso para la contratación de un operador internacional”.

El Caso

Según la Fiscalía española que investiga el caso, en el concurso para asesorar la gerencia técnica participaron los consorcios Sener-Ascec; Geodata-Ingeconsult; Ineco y GMQ. Este último, conformado por las españolas Bustren, KV Consultores y Prointec.

Fue la Comisión Técnica la que recomendó al gerente del Metro de entonces, Édgar Jácome, la adjudicación del contrato al Consorcio GMQ.

El 5 de junio de 2013, Jácome firmó la adjudicación, ya que el alcalde Barrera emitió una resolución en la que la Empresa Metro de Quito tendría a su cargo la administración de esos contratos.

La comisión detalló que GMQ era el único que cumplió con los requisitos. Sin embargo, la Fiscalía de España mencionó que el contrato se logró a través de coimas.

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“¿Usted cree que a la mayoría de gente que está en esto le importa Yachay? Yo estoy convencido que no. No les importa. A veces me da la impresión de que no les importa ni a unos ni a otros, de que es simplemente una especie de campo de disputa política. A mí si me duele porque yo trabajo en educación superior y entiendo perfectamente que el proyecto puede ser potenciado si, efectivamente, se logra reorientar algunas decisiones y algunas cosas en lugar de seguir en esa disputa”, sostuvo en entrevista con Radio La Calle.

Para Barrera, Yachay debería convertirse en una universidad de doctorado, vinculada a proyectos de investigación. Sostiene que así fue concebido inicialmente. “Hay que darle condiciones para que tanto los profesores como los alumnos que están ahí tengan posibilidad de desarrollar proyectos. Hay que generar un régimen adecuado para que toda la inversión que se ha hecho no quede desperdiciada”, sostuvo.

El académico insistió en que es necesario tomar decisiones sobre temas de infraestructura, no obstante, cuestionó que esto no se hace porque “resulta más rentable que eso este así, porque a partir de eso se puede construir una lógica política”

En este sentido hizo un llamado para pulir el proyecto de la Ciudad del Conocimiento y, fundamentalmente, de la universidad.

“Colocar un proyecto educativo de esa magnitud como una especie de objeto de disputa política me parece absolutamente perverso, venga del lado que venga (…) Esas no son cosas de propiedad de nadie, no es de quien provisionalmente puede tener funciones, estas cosas son de la ciudadanía, son hechos con recursos de la ciudadanía, y en la medida que atienden derechos fundamentales, evidentemente deben ser protegidos, preservados y optimizados”, enfatizó.

¿Qué hacer con Yachay?

Augusto Barrera sostiene que hay que trabajar carreras de cuarto nivel, maestrías y fundamentalmente doctorados. Asimismo, dice que hay que evitar los errores conceptuales. “Es decir, si usted es la mejor alumna de periodismo de una universidad, yo como autoridad no puedo utilizar su capacidad, su esfuerzo, para reivindicar una institución políticamente. Que ahí existan extraordinarios profesores y estudiantes es una maravilla. Eso es parte de su esfuerzo. Yo a eso no le puedo dar un uso político, como tampoco puedo contraponer eso a lo que hace la Central, o a lo que hace la Politécnica (…) Es decir, no podemos decir que todo el demás sistema universitario es pésimo, mediocre y que solamente la excelencia está ahí. Ese es un error fatal, porque Yachay como todo el resto de Universidades, debe ser parte de un sistema de Educación Superior de Investigación y de Innovación que empuje al país”, explicó.

Respuesta a las declaraciones de Pamela Aguirre

Antes de votar el informe sobre las universidades emblemáticas, que fue rechazado, el pasado 22 de febrero, la asambleísta Pamela Aguirre de UNES dijo que desde el 2017 en adelante, con Lenin Moreno, se empeñaron en destruir todo lo que construyó la Revolución Ciudadana y que, a través de sus ministros, entre ellos, Augusto Barrera, decidieron paralizar una serie de construcciones y dejar el proyecto a medio camino. “Coartaron la posibilidad de seguir creciendo”, insistió Aguirre en una rueda de prensa.

Ante estas declaraciones, Barrera aclaró que fue secretario de Senescyt entre mayo del 2017 y agosto del 2018, y que ese periodo es su responsabilidad. Aseguró que tanto la universidad como la empresa pública tienen un régimen de gobierno y de responsabilidad diferentes.

“Cuando yo asumí las funciones de secretario (…) lo primero que recibí como secretario de la Senescyt fue insistentes, dramáticos pedidos, básicamente del rector, de los profesores y fundamentalmente de los estudiantes en relación a las condiciones terribles en las cuales ellos estaban recibiendo en ese momento su actividad. Es decir, había más o menos cerca de 1.000 estudiantes, pero teníamos un problema gravísimo. Y es que en la práctica esos 1.000 y pico de estudiantes tenían algo más de 12 aulas y cuatro laboratorios. Y, por lo tanto, tenían que recibir clases en las aulas del Instituto Superior Tecnológico, que no son de la universidad y que es una institución que queda ahí cerca. De hecho se utilizaban aulas de ese instituto. Entonces, cuando yo asumí la responsabilidad, evidentemente había un problema enorme y yo tengo los sustentos de las cartas de que era inviable mantenerse así”, contó.

Asimismo, enfatizó en que había edificios que estuvieron abandonados dos años antes de que iniciara su gestión. De igual forma dijo que fue después de su salida cuando se convirtió a Yachay en una especie de apéndice de Senescyt y después en la empresa. “Mientras yo estuve, lo que estábamos haciendo es consolidar, fortalecer y darle viabilidad al proyecto. La decisión que me parece absolutamente absurda de mezclar todo y de trasladar los bienes es una decisión que se toma dos años después”, aseveró.

“Para mí era importante precisar estar cosas. Hay la documentación y mi afán no es politizar. Insisto, mi mensaje central es que tenemos que ir más allá. Tenemos que precautelar los elementos fundamentales y evitar que Yachay se convierte en una especie de botín de disputa política (..) Es increíble, todos estamos discutiendo eso y pregunten cuantos cupos hemos abierto o si los famosos cambios a la Educación Superior se han cumplido, el ofrecimiento de que ahora todo el mundo puede entrar a la universidad”, cuestionó.

Barrera reiteró que Yachay no le pertenece a algún gobierno o a alguna persona.  “Por favor, dejemos de pensar así. El primer esfuerzo es comenzar a tratar esto por fuera de la polarización que lo único que hace es eso, convertir a Yachay en un pretexto del debate político, de la persecución, del encubrimiento o de la pelea política. Ojalá esto permita que salga de ese espacio, y pueda ser pensado de una manera diferente”, sentenció

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