En un comunicado oficial, la entidad señaló que la Oficina de Investigaciones de Seguridad de Nueva York retuvo el dispositivo, un iPhone Apple modelo 15 Plus, el pasado 13 de marzo, cuando prohibió el ingreso de Franco Loor a territorio estadounidense.

«El dispositivo -que fue retenido en el aeropuerto John F. Kennedy, de acuerdo con las atribuciones y facultades conferidas por la Ley de Estados Unidos- se entregó en una bolsa sellada del Departamento de seguridad de ese país», señaló.

La Fiscalía sostiene que el celular en cuestión podría aportar elementos relevantes en el marco de la investigación por presunta asociación ilícita dentro del caso Ligados, en el que están señalados Eduardo Franco Loor, los exconsejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos, así como la actual consejera Nicole Bonifaz.

El Ministerio Público indicó que ingresó el dispositivo «en legal y debida forma» a la cadena de custodia durante la tarde de este jueves.

Además, la entidad comunicó que «ha solicitado a la autoridad competente, la autorización respectiva para la práctica de pericias y análisis digital del contenido del dispositivo celular».

Reacción de Franco Loor

Tras conocerse que su teléfono celular está en manos de la Fiscalía ecuatoriana, Eduardo Franco Loor se pronunció en su cuenta de X, donde afirmó que en dicho dispositivo «no encontrarán nada irregular, ningún indicio o prueba de ningún delito», ya que asegura haber dedicado su vida a la enseñanza universitaria por más de cuatro décadas y al ejercicio profesional del derecho.

El exabogado de Jorge Glas recalcó que es «un hombre culto y honesto», y que siempre ha actuado dentro del marco de la legalidad, guiado por principios éticos y cristianos. En ese sentido, sostuvo que nunca ha cometido delito alguno y que en el caso por el cual se lo investiga, «jamás me he asociado ilícitamente con nadie». Añadió que no existen elementos suficientes para formular una acusación en su contra y confía en que «brille la justicia y la verdad».

Sobre su rol en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Franco Loor aclaró que actuó en calidad de consejero electo y no a título personal. En su defensa, explicó que las resoluciones adoptadas por el Pleno del Cpccs están amparadas en la legalidad, de acuerdo con el Código Orgánico Administrativo. Además, argumentó que «los organismos o entidades del sector público no pueden cometer delitos», ya que, según el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), únicamente las personas naturales o jurídicas de derecho privado pueden ser sujetas de responsabilidad penal.

Cabe señalar que, dentro del caso Ligados, también figura como elemento de convicción un teléfono celular perteneciente al exconsejero Augusto Verduga. La Fiscalía ha difundido conversaciones extraídas de ese dispositivo, en las que se evidencia que la llamada ‘Liga Azul’ —integrada por consejeros afines al correísmo— mantenía vínculos con representantes de la Revolución Ciudadana, compartiendo intereses y objetivos políticos.

Confirmación de Fiscalía

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Según el comunicado emitido por ADN, la bancada asegura que no permitirá que la Asamblea Nacional sea «cómplice de la impunidad y la corrupción». La solicitud de juicio político se basa en los chats revelados por la Fiscalía General del Estado (FGE), en los que se evidenciaría que los exconsejeros habrían actuado bajo intereses políticos en la designación de autoridades de control, como la Superintendencia de Bancos.

«Los chats del exconsejero Augusto Verduga muestran un claro contubernio que sometió a la República del Ecuador a un impresentable show político, afectando gravemente la institucionalidad del Estado», señaló la bancada en su comunicado.

Contexto

La investigación de Fiscalía inició en enero del 2025 con el allanamiento a las instalaciones del CPCCS, en Quito, en donde una fiscal decomisó a la fuerza el celular de Verduga. A vísperas de las Elecciones 2025, el oficialismo sumó una denuncia al órgano judicial por la misma causa y emprendió acciones de fiscalización en la Comisión de Seguridad, presidida por la legisladora de ADN, Inés Alarcón.

“Hay pruebas contundentes de que han falsificado evidencias para incriminarme. Muchos de los chats que presentan son montajes descarados”, señaló el exconsejero Augusto Verduga ante las acusaciones en su contra.

https://twitter.com/VerdugaAugusto/status/1902888023114780934

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La Fiscalía afirmó que los cuatro acusados están vinculados con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Tres de ellos ejercieron como exconsejeros relacionados con el correísmo, mientras que la cuarta ocupa actualmente el cargo de consejera. De acuerdo con la acusación, su intención era alcanzar, junto a una organización política, el control del sistema financiero y de justicia en Ecuador.

Desde el 15 de marzo, la Fiscalía investiga penalmente a los exconsejeros de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. También procesa a la actual integrante del CPCCS, Nicole Bonifaz, por el delito de asociación ilícita.

Según la acusación del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, el expediente revelaría una planificación y ejecución de estrategias ilícitas. El objetivo de estas acciones habría sido tomar el control de la institucionalidad del Estado.

¿Intento de control del sistema financiero?

Los procesados intentaron influir en el sistema financiero al incumplir la sentencia 372-23-EP-24 de la Corte Constitucional (CC) para designar a un Superintendente de Bancos afín a sus intereses, según señaló la Fiscalía. El exconsejero Augusto Verduga habría promovido este nombramiento, de acuerdo con el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

Durante una sesión del CPCCS el 22 de enero de 2025, Verduga propuso tomar en cuenta una resolución constitucional que declaraba la vulneración de derechos de Raúl González. Este último no pudo asumir el cargo de superintendente de Bancos en 2022. A pesar de que la sentencia no afectaba nuevos procesos de selección, Nicole Bonifaz, Eduardo Franco, Yadira Saltos y Augusto Verduga aprobaron la moción con sus votos.

Como resultado, la posesión de Roberto Romero, designado legalmente para el cargo en 2024, fue postergada. En su lugar, se solicitó a la Asamblea Nacional la posesión inmediata de Raúl González, en abierta contradicción con la decisión de la Corte Constitucional.

Fiscalía investiga presunto intento de control en el Consejo de la Judicatura

Durante la formulación de cargos del caso Liga2, la Fiscalía señaló que el sistema financiero no fue el único ámbito que los procesados intentaron controlar. Según el fiscal subrogante Wilson Toainga, estas personas habrían actuado en coordinación con miembros del movimiento Revolución Ciudadana (RC5) para influir en la designación de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

De acuerdo con la investigación, este presunto control se habría ejecutado mediante gestiones con personal de la Asamblea Nacional y funcionarios de la Defensoría Pública, cuyas posturas ideológicas coincidían con las del correísmo. La Fiscalía sostiene que existen conversaciones en las que el exconsejero Augusto Verduga habría coordinado con miembros del CPCCS y de RC5 para retrasar el concurso del Consejo de la Judicatura con la intención de que, en caso de ganar las elecciones presidenciales, el Gobierno de Luisa González enviara la terna correspondiente.

Para concretar este plan, se habrían planteado medidas cautelares y tráfico de influencias, según Toainga. La Fiscalía indicó que los hechos evidencian la existencia de una asociación ilícita que buscaba el control del Estado, comprometiendo la imparcialidad en la selección de autoridades, responsabilidad del CPCCS.

Evidencias y formulación de cargos

Según la Fiscalía, dentro de la investigación se revelan conversaciones que muestran cómo el exconsejero Augusto Verduga recibía y gestionaba hojas de vida, actos notariales y carpetas de posibles candidatos para las ternas. Estos documentos habrían sido enviados desde la Asamblea Nacional y la Defensoría Pública, con el respaldo de personal del CPCCS y miembros del movimiento Revolución Ciudadana. Para la Fiscalía, esto demuestra una clara intención de actuar en contra de la Constitución y la ley.

Durante la audiencia, el fiscal Toainga presentó los elementos de convicción que sustentan la acusación contra los cuatro implicados, lo que permitió fundamentar el pedido de una instrucción fiscal. Tras casi ocho horas de audiencia, el conjuez Aguirre ordenó el inicio de una instrucción fiscal por 90 días y dictó medidas cautelares contra los procesados, como la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país.

Los cargos formulados corresponden al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) bajo la figura de asociación ilícita. La Fiscalía recalca que el grado de participación de los acusados es en calidad de autores directos.

¿Qué dice Augusto Verduga?

El exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, procesado en el caso Liga2, se pronunció a través de su cuenta en X con un extenso texto de nueve párrafos, en el que expresó su postura sobre el proceso judicial en su contra y denunció lo que considera una persecución política.

Verduga señaló que «la narración de los poderosos se hace oír sin pudor, sin rubor, mientras que los verdaderos problemas de la gente quedan enterrados en la miseria de la manipulación mediática». Además, aseguró que «mi único ‘delito’ ha sido desafiar al poder más monstruoso que hemos tenido en este país: la banca privada», criticando el rol del sistema financiero en la economía del país.

El exconsejero afirmó que «la persecución que estamos viviendo no es solo política; es un ataque brutal a nuestra esencia, a nuestra lucha, a nuestras ideas. Es una campaña de estigmatización diseñada con un solo fin: silenciar a aquellos que no se someten, a aquellos que cuestionan el orden corrupto que ha caracterizado a este Gobierno y sus dos antecesores».

También mencionó que «este ciclo de destrucción está por llegar a su fin», mostrando su convicción de que la situación actual cambiará. Finalmente, en su mensaje, sostuvo que «ya basta de la continuidad oscura de un proyecto que, bajo las administraciones de Moreno, Lasso y Noboa, ha llevado al Ecuador a la ruina. No cabe duda: el pueblo está despierto, el país está cansado de este juego sucio y pronto veremos el amanecer de una nueva etapa para nuestra sufrida Patria».

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La entidad, a través del fiscal subrogante Wilson Toainga, solicitó al magistrado la prohibición de salida del país y la presentación periódica para los exconsejeros del Cpccs, Augusto Verduga, Yadira Saltos y la consejera Nicole Bonifaz. Para el exvocal Eduardo Franco Loor, quien se conectó a la audiencia desde un centro médico, pidió arresto domiciliario y uso de grillete electrónico.

Según la Fiscalía, los procesados habrían intentado controlar los poderes del Estado desde el Cpccs, favoreciendo a un movimiento político. Durante la audiencia, celebrada el 15 de marzo en Quito, el juez acogió parcialmente las solicitudes de la Fiscalía, dictando la medida de prohibición de salida del país para los cuatro implicados.

Detalles de la audiencia

Los exfuncionarios participaron en la audiencia de manera telemática. Eduardo Franco Loor compareció desde una casa de salud en Guayaquil, donde se lo observó en una camilla y vistiendo una bata médica. Franco Loor permanece bajo custodia policial luego de que Estados Unidos le negara el ingreso al país, según su defensa, por motivos ajenos a su conocimiento.

Todos enfrentan cargos por supuesta asociación ilícita, usurpación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La investigación se originó tras una denuncia del superintendente de Bancos, Roberto Romero Von Buchwald respecto a su nombramiento.

El caso «Ligados» se remonta a enero de 2024, cuando Verduga, Franco Loor y Saltos fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una infracción grave. Durante los allanamientos realizados en enero, Fiscalía decomisó el teléfono de Verduga, lo que generó controversia. Verduga, a través de sus redes sociales, denunció que se estaría planeando un nuevo intento de persecución en su contra.

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“Mucho me temo que a este ritmo la abogada Diana Salazar se prorrogue en sus funciones”, dijo en entrevista para La Calle.

Resaltó que por una resolución del pleno del Cpccs presentó un proyecto borrador del reglamento, sin embargo, manifestó que hasta la fecha no existe una retroalimentación formal de los otros consejeros solo críticas a través de medios de comunicación.

Verduga planteó la eliminación de la prueba oral en el concurso por la carga de subjetividad. Puso el ejemplo de la designación de la fiscal Diana Salazar en la época del Trujillato, en donde sacó 10/20 en la evaluación escrita y 20/20 en la oral con la calificación de los mismo consejeros.

Según el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, en dos semanas se debe aprobar el reglamento del concurso. El organismo debe elegir a la autoridad antes de abril del 2025, fecha en la cual Diana Salazar culminaría su ciclo en el cargo.

El tiempo corre

Ante las declaraciones de Verduga, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, indicó que las autoridades no deben prorrogarse ya que los plazos están establecidos en la ley.

Asimismo, informó que desde la Asamblea están fiscalizando todos los concursos y que la información emitida por la entidad expone retrasos injustificados que desembocarían en una incumplimiento de funciones. Enfatizó que los todos los vocales del Cpccs deberán comparecer a la mesa parlamentaria para definir fechas concretas.

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“Entre esos cuatro nombres, estamos intentando conformar un binomio, ese binomio de la amplitud y el cambio. (…) “Nuestra idea es plantear ese binomio que pueda cambiar y transformar el país”, señaló luego de anunciar a Luisa González, Gustavo Jalkh, Augusto Verduga y Paola Pabón, como las opciones a definir.

Luisa González

La presidenta de RC5, se perfila para presentarse como parte del binomio presidencial para las siguientes elecciones. González, de 46 años, luego de su cargo como asambleísta por la provincia de Manabí, buscó, junto a Andrés Arauz, alcanzar la presidencia de la República, manteniéndose como favorita en primera vuelta con el 33,61% de los votos. Sin embargo, en la segunda vuelta no pudo alcanzar una mayoría, juntando únicamente el 48,17% de aprobación.

Luisa González se desempeñó como secretaria general de Despacho en el gobierno de Rafael Correa, fue también secretaria nacional de administración pública, así como viceministra de turismo en 2014 y ministra de trabajo en 2017. En cuanto a la formación académica de la exfuncionaria, destaca su título en jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador, y sus dos maestrías en Alta Gerencia y Economía Internacional y Desarrollo.

Gustavo Jalkh

El guayaquileño de 57 años edad, destacado por su trabajo en leyes y doctorado en jurisprudencia en la PUCE, así como su PHD en derecho internacional en la Universidad Sorbona de París, se ha posicionado como una fuerte opción para representar al movimiento Revolución Ciudadana en las siguientes elecciones presidenciales.

Entre su trayectoria profesional, destaca su participación como presidente del Consejo de la Judicatura desde 2023, la reestructuración de la policía Nacional y el fortalecimiento del sistema de seguridad de DDHH como Ministro de Gobierno en 2009, así como su cargo de Subdirector Ejecutivo de la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo (CLD).

Augusto Verduga

Abogado de la Universidad Católica de Guayaquil, con maestrías en Argumentación Jurídica y en Derecho Constitucional, Augusto Verduga, a sus 36 años, es también uno de los nombres más sonados para ser parte del binomio a la presidencia de 2025. Se desempeña como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Ocupó cargos como Director Jurídico de la Subsecretaría de Gestión Marina y costera del Ministerio de Ambiente, analista jurídico en el Consejo de la Judicatura y Abogado de política normativa en el Servicio Nacional de Aduana.

Verduga, simpatizante de las políticas del gobierno de Rafael Correa, se define como un “hombre de izquierda” lo que se ha evidenciado en el colectivo y medio digital “La Kolmena”, donde participa como miembro activo. Dentro de su experiencia profesional también consta como docente universitario en Ecotec y la Universidad Católica de Guayaquil.

Paola Pabón

La actual prefecta de Pichincha, quién confirmó los nombres de los precandidatos a la presidencia, consta como una importante opción para representar al movimiento Revolución Ciudadana. La ibarreña de 46 años tiene como formación académica una licenciatura en Ciencias Públicas y Sociales de la UCE y un título como abogada de Tribunales y Juzgados de la República, a su vez una maestría en Políticas Públicas.

Dentro de la trayectoria política de Pabón, se registra su participación como gestora de desarrollo comunitario de la Prefectura de Pichincha, así como su cargo de asambleísta por esta provincia en los periodos 2009 y 2013, donde desempeñó el rol de coordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres y la Comisión de Gobiernos Autónomos.

Paola Pabón, luego de ocupar el cargo de subsecretaria de Gestión política, fue electa en 2019 como Prefecta de Pichincha. Durante las protestas hacia el gobierno de Moreno, la acusaron de “rebelión” y permaneció 71 días en prisión. Después usó un grillete electrónico. La persecución política duró hasta febrero de 2022 en donde fue removido el grillete y manteniéndose en el mismo cargo. (J.S.O)

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No obstante, el nombre de Jalkh empieza a figurar como una opción real, tras aparecer por primera vez en una encuesta de intención de voto. Paralelamente, Jalkh ha empezado a difundir sus ideas a través de los medios de comunicación. Su más reciente participación fue el pasado 5 de julio en un foro organizado por el Colectivo Progresista Rumbo Democrático Quito.

“Sé que mi nombre está circulando. Es la primera vez que veo mi nombre en una encuesta… Pero mi nombre está ahí”, afirmó Gustavo Jalkh. Sin embargo, también reconoció que los nombres de los candidatos se confirmarán cuando el plan electoral y de gobierno esté definido.

Jalkh tiene una extensa experiencia en el sector público

Jalkh (de 57 años) fue Presidente del Consejo de la Judicatura (2013-2018) y exsecretario particular y ministro de Gobierno de Correa. Asimismo, ha ejercido la docencia en varias universidades. En 2016, recibió la “Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia”, otorgada por la Fundación Carlos III de España, en reconocimiento al trabajo realizado en la Judicatura de Ecuador y por su labor en pro de la justicia de Iberoamérica.

En su más reciente intervención, Jalkh hizo un llamado a la unidad del progresismo para vencer a la derecha en 2025. Destacó la importancia de unirse en torno a los objetivos nacionales más importantes, subrayando que es necesario tener un plan no solo para ganar, sino para cumplirlo y mejorar el país.

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Tras los comicios electorales del 5 de febrero, las cifras dejaron a Augusto Verduga (17.30%) y a Alembert Vera (8.18 %), pegados a la línea de la izquierda política, como los candidatos más votados para ser parte del Cpccs.

Después de una resolución de la Corte Constitucional (CC), Vera dejó la institución y su nuevo reemplazo será el abogado Juan Esteban Guarderas. El nuevo consejero tiene una línea ideológica completamente opuesta a la de Vera.

Ahora la estructura del Cpccs dio un giro de 180°, pues se avecina una nueva mayoría que antes estaba conformada por los consejeros Yadira Saltos, Augusto Verduga y Alembert Vera y Johanna Verdezoto, quien luego se apartó.

La posesión

Este 10 de octubre Bonifaz fue posesionada como nueva presidenta del Cpccs. Por otro lado, la designación de Fantoni procedió con la moción de la consejera Mishelle Calvache y fue aprobada con los cuatro votos provenientes de la proponente, Guarderas, Bonifaz y el mismo Fantoni (la posible nueva mayoría).

Los tres votos en contra fueron por parte de Saltos, Verdezoto y Verduga. Este último consejero señaló que se oponía a esta decisión porque nacía de una arbitrariedad, es decir, de la decisión de la Corte Constitucional que dejó a Alembert Vera fuera del Cpccs.

Las primeras decisiones

El concurso para la elección del nuevo contralor del Estado ha tenido más baches en el proceso, actualmente se encuentra suspendido por orden de un juez. En este sentido, el pleno de la institución resolvió con seis votos a favor que se emita un informe jurídico en un plazo de cinco días. (AGM).

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La hasta ayer vicepresidenta hizo su primera aparición en redes sociales con un video en el que «ratificó su compromiso de devolver la institucionalidad del Consejo a los 17 millones de ecuatorianos».

«Hago un llamado a todos los consejeros a trabajar juntos por sacar a la única institución que le permite a los ciudadanos participar de manera activa», expresó.

Según Bonifaz, es momento que el Cpccs se redirija a una verdadera democracia y cuente con las garantías jurídicas necesarias.

Además, Juan Carlos Cárdenas será oficializado como vocal de la entidad en los próximos días. A través de un video en redes sociales mencionó que sus prioridades son:

• Transparentar el concurso a Contralor General del Estado;

• auditar a los GAD’s para que instalen las casas de acogida para las mujeres que han sido violentadas, y;
• comenzar un proceso agresivo de limpieza de las instituciones públicas. «Ahí hay funcionarios que tiene contratos ilegales», dijo.

El inicio del inicio

La noche del 6 de octubre Vera fue separo del Cpccs, mientras que los otros consejeros (Augusto Verduga, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz, Johanna Verdezoto, Mishelle Calvachi y Andrés Fantoni) se mantuvieron como vocales. Sin embargo, la Corte Constitucional advirtió que estará vigilante a las acciones de los integrantes del Cpccs.

La resolución se da luego de que Vera diera paso a la creación de una veeduría que revisaría las actuaciones del Cpccs-Transitorio y la designación de jueces de la Corte.

Una de esas acciones fue la designación de Diana Salazar como fiscal general del Estado (FGE). A esto se suma la denuncia del colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) sobre el presunto plagio de Salazar en su tesis y un artículo científico.

El dictamen también incluía el archivo de la veeduría y cualquier acción levantada en contra de la fiscal, todo en un plazo de 10 días.

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Una vez concluido el plazo, la Corte continuará con la deliberación y la toma de decisiones. «Actuaremos en absoluta independencia y asegurando el debido proceso», detalla el comunicado.

El pasado 25 de septiembre, la CC llamó a una audiencia al Cpccs luego de que este aceptara crear una veeduría que pretendía revisar las acciones del Cpccs- Transitorio. Entre esas decisiones está la designación de la fiscal general del Estado (FGE).

La máxima autoridad de la entidad, Diana Salazar, alegó que los consejeros irrespetaron un dictamen de la Corte que blindas las acciones del Cpccs-T. Además, pidió la destitución de cuatro de los siete consejeros, quienes fallaron a favor de esa decisión.

El presidente del Cpccs, Alembert Vera y el consejero Augusto Verduga enfatizaron que la entidad no ha tomado acciones que incumplan las disposiciones de la CC. Resaltaron que los procesos que llevan en curso no “topan” a la designación de la fiscal.

“No es de nuestra competencia y el objetivo nunca fue destituir a nadie. No se ha violentado o incumplido nada”, dijo.

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El enrollo empezó cuando el Cpccs aceptó crear una veeduría que pretendía revisar las acciones del Cpccs-Transitorio. Salazar fue designada máxima autoridad de la Fiscalía en ese periodo.

La fiscal, en la audiencia convocada por la CC, aseguró que los consejeros pretendían revisar la documentación presentada por la fiscal para el concurso de méritos.

Según ella, que el Cpccs haya aceptado la veeduría solicitada por AJP le permite revisar esos informes, por lo que estarían irrespetando el dictamen interpretativo de la Corte.

«Es claro que las actitudes de los consejeros socavan los bienes ajenos al bien común. Está en sus manos hacer cumplir lo que dicta la ley», apuntó.

«No incumplimos nada»

En la primera ronda de intervenciones, el presidente del Cpccs, Alembert Vera y el consejero Augusto Verduga enfatizaron que la entidad no ha tomado acciones que incumplan o irrespeten las disposiciones de la CC. Resaltaron que los procesos que llevan en curso no «topan» a la designación de la fiscal.

«No es de nuestra competencia y el objetivo nunca fue destituir a nadie. No se ha violentado o incumplido nada», dijo.

Verduga comentó que son dos cosas distintas revisar una investigación presentada por la ciudadana y otra es generar actos de nulidad (lo que repite Salazar).

«Aprobar un informe de investigación no es cometer un acto administrativo encaminado a modificar la designación de Salazar», dijo.

Recalcó que si las denuncias demuestran que la fiscal tiene algún tipo de responsabilidad no implica que el Cpccs puede modificar esa designación. «Además, es muy probable que cuando eso pase Salazar ya haya terminado el periodo», expresó.

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El consejero Augusto Verduga mira la polémica que ha desencadenado la petición de la veeduría como »una arremetida más de ciertas empresas de la comunicación para manchar al actual Cpccs», dijo en entrevista para Radio La Calle.

La solicitud la presentó la ciudadana Betty Moreira en el período de Gina Aguilar, sin embargo, fue rechazada por ir en contra de un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional (CC). En mayo del 2019, el órgano de control resolvió que las decisiones del Cpccs-T no pueden ser revisadas por el Cpccs definitivo, un blindaje que hoy deja entre la espada y la pared a la actual administración.

Ante la negativa de su diligencia, Moreira interpuso una acción de protección contra el Cpccs. El juez de Montecristi, Leive Quimís dispuso a la entidad, el acompañamiento técnico y la asignación de recursos económicos al proceso de veeduría.

A partir de esta disposición, el presidente del Cpccs, Alembert Vera abrió las inscripiciones para el proceso. Por su parte, la CC ya inició una investigación y si se determina el incumplimiento de la sentencia los consejeros podrían ser destituidos.

Por otro lado, »al no acatar el fallo del juez de Montecristi también se podría incurrir en el incumplimiento de decisiones ilegítimas a la autoridad competente», resaltó Verduga.

El otro relato…

Para el exmiembro del Cpccs-T, Pablo Dávila esta veeduría tendría la intención sacar de funciones a los jueces de la CC. »Yo estoy convencido que detrás de esta argucia jurídica lo que hay es una estrategia de orden político para desestabilizar una vez más al país», dijo en entrevista para Ecuavisa.

Por su parte, Vera aclaró que no existe ninguna intención de tumbar a la CC y resaltó que la institución tampoco tiene las atribuciones para destituir a funcionarios. Para él, los medios de comunicación masivos están creando otro relato.

Para Verduga este es un tema que debe resolver el Cpccs junto a la Corte. También enfatizó en que la entidad envió su cuestionamiento a la secretaría técnica de la Corte sobre cómo proceder en este dilema jurídico.

De igual manera, dijo que en los procesos de elección a la nuevas autoridades de control existen sentencias de la Corte Constitucional que ocasionan el retroceso de los procesos, tal es el caso de los concursos para la elección de contralor y la autoridad para el Consejo Nacional Electoral (CNE).

»Por ser de izquierda»

La CC ya pidió a la institución la información para determinar si se está cumpliendo con el dictamen. Desde el punto de vista de Verduga, lo que dictaba esta sentencia es que el Cpccs no podía revisar de oficio la actuaciones del ‘transitorio’, pero no se habló de un blindaje a los ciudadanos.

»No solo es el dictamen de la Corte, sino también un artículo de la propia Constitución en donde se establece que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador de todos los actos del poder público», recalcó.

El panorama del dilema jurídico desembocó en una crítica política a la gestión del Cpccs, no solo ahora, sino desde la posesión de los consejeros en la Asamblea. De acuerdo a Verduga este problema es por su tendencia ideológica.

»Yo estuve militando en un medio de comunicación de izquierda, entonces esos son mis valores, yo creo en la justicia social, si eso me hace cercano a cierta tendencia política ese será el rótulo que me pongan. Yo no tengo ninguna hipoteca con ningún movimiento político», recalcó.

El contexto del ‘trujillato’

Tras la consulta popular del expresidente Lenín Moreno, en el 2018, se instauró el Cppcs transitorio también conocido como ‘trujillato’ porque era liderado por Julio César Trujillo, quien falleció en el 2019.

La gestión de esta administración tuvo diversas críticas en el nombramiento de autoridades. El abogado Ramiro Aguilar señaló que la »ilegalidad más monstruosa» que hizo el Cpccs-T fue declarar en vacancia a la Corte Constitucional durante 60 días y cesar de sus cargos a los nueve jueces que estaban en funciones.

El jurista recalcó que ninguna norma permitía que el Cpccs tome esa decisión, ni siquiera la consulta popular de Moreno, por la tanto, habría una violación a la Constitución.

Por otro lado, indicó que hubo un «tomo de ilegalidades» en las decisiones que adoptó el ‘trujillato’, por ejemplo, en la designación del contralor; de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE); los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ); en la acreditación de Diana Salazar a la Fiscalía »cuando había sacado 10/20 en la prueba escrita», destacó. (AGM).

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Según la UCE, no se utilizó ningún sistema antiplagio porque los académicos de la comisión y los miembros del Honorable Consejo Universitario (HCU) hicieron «una rigurosa evaluación».

Desde el HCU se explicó que no hay plagio porque la hipótesis que presentó Salazar era nueva ya que el «coyoterismo» es un aporte original en el campo del Derecho. Además, resaltaron, nuevamente, que el modo de citar recayó en una «impericia» y no en plagio como lo denunciaron los integrantes de Acción Jurídica Popular (AJP).

El consejero de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Augusto Verduga asegura que esta acción evidencia una «pequeña ayuda de amigos«. La razón es que en la audiencia del Cpccs se comprobó que varios de los párrafos que escribió la funcionaria eran idénticos a otro trabajo académico.

El informe de la UCE

El 28 de junio, la UCE calificó de «impericia» y «omisiones inintencionadas» los errores identificados en la tesis de pregado de la fiscal Salazar. El HCU hizo público el informe y resolvió la verificabilidad de la ex estudiante en las técnicas de citación.

Un poco más de un mes le tomó a la UCE emitir un informe, luego de polémicas como la no presentación a comparecencia y respuesta de su rector ante el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), también presiones en redes sociales que ubicaron a la misma como tendencia.

La denuncia por presunto plagio

AJP solicitó a la CJ la suspensión y destitución de Salazar, por presunto plagio en su tesis de pregrado. Esta denuncia se presentó el 22 de mayo de 2023.

Según los denunciantes, la tesis académica que le otorgó a la fiscal el título de abogada tendría un 40 % de plagio. Como principales acciones se presentaron tres denuncias en el CJ, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE). (DCJ)

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Verduga, en entrevista con Radio La Calle, cuestionó que los académicos del país no hayan reaccionado al «documento burdo» que entregó la universidad. Recalcó que la definición de plagio está claramente definida y la intentaron sustituir con otros términos.

El consejero aseguró que en la audiencia pública, a la que no se presentó Salazar, identificaron que la tesis de la fiscal tenía más de 37 mil palabras idénticas a la de otros autores.

Otra investigación

Además, Verduga detalló que Acción Jurídica Popular (AJP) presentó otra denuncia de otro supuesto plagio en un artículo científico publicado en la Revista Académica Central. Según el colectivo, el documento tendría un 25 % de plagio, pero en esta ocasión a uno de los trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE), identificado como Diego Rodríguez Villamarín.

Según la indagación, la víctima ingreso a la entidad de control en 2021 y desde 2021, año en que se publicó el artículo, tuvo ascensos progresivos. Las autoridades suponen que la fiscal pudo influir en el trabajador luego del hecho denunciado.

«Como Consejo no tenemos la capacidad para destituir como lo mencionaron otros medio, pero tenemos la atribución de atender un oficio ciudadano. Enviamos la documentación necesaria a las autoridades correspondientes para que se sancione», refirió.

Verduga explicó que en esta investigación debería aumentarse otra investigación por el presunto delito de perjurio. Salazar habría jurado que toda la documentación anexada en su carpeta era de su autoría, pero las indagaciones muestran algo diferente.

Finalmente, enfatizó que el Cpccs no el teme a las supuestas amenazas que realiza la fiscal con abrir otra indagación. «Estamos actuando bajo el amparo de la ley y el derecho nos respalda», dijo.

El artículo

AJP denunció otro supuesto plagio a la fiscal en un artículo científico que fue publicado en la revista “Derecho Penal Central” en agosto de 2021. AJP encontró que un 15% del plagio es procedente de una tesis del año 2020 que le pertenece a una estudiante de la Universidad Politécnica Nacional. Además, la tutora de este trabajo sería la hermana de la fiscal, Yasmín Salazar Méndez.

Angélica Porras, docente universitaria e integrante de la AJP, explicó que el resumen que se pone en el inicio de un artículo debe referirse al contenido del mismo. Sin embargo, el artículo de la fiscal “no tiene nada que ver con el resúmen puesto“.

“No es posible que haya acdémicos que salgan a decir que no importa que la fiscal haya copiado en 2005, bueno también copió en 2021″. De la misma manera, Porras aclaró que en su experiencia como docente ese “tipo de errores” no pueden pasar. (N.J.C)

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La Fiscalía inició una investigación previa que fue notificada el 18 de mayo de 2023. Se trataría de una denuncia por supuesto incumplimiento de decisiones, destrucción de archivos y presunto plagio de tesis de un miembro del Cpccs.

En entrevista con Radio La Calle, el consejero afirmó que se ha facilitado toda la información para esclarecer este hecho, al que calificó de “bochornoso», ya que es obligación de la entidad a la que representa, brindar toda información que es pública y que consta en los archivos del Cpccs.

También mencionó que es impresentable que se utilice a la Fiscalía para “fines protervos e intimidatorios” en un Estado constitucional de derechos y justicia.

Verduga aseguró que, físicamente, es imposible la adulteración de estos archivos, pues están almacenados en la nube digital y publicados en la página web del Consejo. Además, los documentos están en custodia del secretario general de la institución con sellos y códigos de barras que impiden su vulneración.

Hizo énfasis en la poca legitimidad democrática de la designación de Diana Salazar como Fiscal. También refirió que no van a tolerar ningún tipo de intimidación.

Finalmente, indicó que planteó una propuesta de reforma al Reglamento de Veeduría hacia la participación ciudadana para que este mecanismo sea más célere, más transparente y así aumentar los espacios de participación. (M.W.S)

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Vera fue mocionado por Verduga. La petición fue aprobada con seis votos a favor y una abstención de Yadira Saltos.

«Ecuador no esta para discursos, está para acciones, para empleo. El Consejo debe ser el simbolismo de actuar con democracia y ser un ejemplo para la ciudadanía«, refirió.

El nuevo presidente del Cpccs es doctor en Derecho Penal, trabajó como defensor en Tribunales del país y fue profesor universitario. Además, es proponente de temas relacionados a Jurisprudencia ecuatoriana.

El servidor fue defensor del expresidente Rafael Correa en el caso El Universo. Logró que la justicia falle a favor del exmandatario. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos (Corte IDH) determinó que el caso no fue válido y el Estado debió pedir disculpas, según Primicias.

Historial de Bonifaz

La consejera Johanna Verdezoto nominó a Bonifaz como vicepresidenta. La funcionaria obtuvo cuatro votos a favor, uno en contra y una abstención.

La nueva vicepresidenta es ingeniera en Administración Pública, máster en Negocios Internacionales y Derechos Humanos, Interculturalidad y Género.

Bonifaz se desempeñó como asesora en la Gerencia General de Petroecuador, el Ministerio de Producción y la Asamblea Nacional. (N.J.C)

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