El 17 de noviembre la asambleísta de UNES, Sofía Espín realizó una solicitud a la CGE un examen especial a Santos. Según la legisladora, de ser cierta la sociedad offshore “estaría incumpliendo la Ley sobre Paraísos Fiscales. No podría ser servidor público y por tanto debería ser destituido.”

El 7 de diciembre, Espín confirmó en un tuit que la CGE acogió su denuncia. La entidad autorizó a la Dirección Nacional de Auditoría que realice la investigación de la presunta infracción del titular ministerial.

Antecedentes

El medio español Público reveló que Santos tiene una empresa offshore en Santa Laura Victoria Ltd., en Bahamas, que sigue activa hasta el día de hoy. Según la documentación difundida, la empresa se ofrecía para «garantizar préstamos y prestar dinero con o sin garantía o seguridad a cualquier persona, empresa o corporación».

Al tiempo que preveía «dedicarse a cualquier negocio o negocios, o a cualquier acto o actividad», que no estuviese prohibida «por ninguna ley vigente en Bahamas».

Por su parte, Santos en entrevista para Radio Sonorama, afirmó que fue propietario de esta empresa antes que Lasso lo posicione como ministro de Energía. Además, según él, no es un delito ser director de una offshore. El problema surge cuando constan en las empresas, reciben y sacan dinero.

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